La sentencia, con la que concluye de manera «inequívoca e irrestricta» la revisión de las elecciones, como lo describió la presidenta del Supremo, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al Tribunal los 10 excandidatos presidenciales.

Durante la lectura de la sentencia, que fue realizada frente a autoridades del estado y representantes diplomáticos, Rodríguez aseguró que el fallo había sido resultado de “un proceso de peritaje” que permitió contrastar los boletines comunicados por el CNE con las “actas de escrutinio emitidas por cada máquina», en referencia al sistema automatizado de votación.

Pero las actas no han sido exhibidas públicamente por el oficialismo y el órgano judicial integrado por magistrados afines al Gobierno de Maduro, no hizo alusión alguna en su sentencia al incumplimiento de normas previstas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), como los plazos y esquemas para la publicación de los resultados discriminados por mesa y centro electoral.

TSJ: las actas publicadas por la oposición son «falsas»

Rodríguez aseguró que la decisión, que es inapelable, se basó en un informe elaborado por expertos “altamente calificados e idóneos”, aunque las credenciales de estos nunca fueron dadas a conocer.

La magistrada también apuntó que las actas de escrutinio publicadas en línea por la oposición, según las cuales el candidato Edmundo González Urrutia habría obtenido la victoria con alrededor del 70% de los votos, en un 83% del total de actas recopiladas por sus testigos, eran «falsas».

Sin embargo, cada mesa está dotada de una máquina que imprime un acta prácticamente imposible de replicar, de acuerdo con los expertos.

Por otra parte, la funcionaria reveló que el candidato opositor se expone a sanciones, que no especificó, por su negativa a asistir a la lectura de la sentencia.

Desde los pasados comicios y las protestas antigubernamentales que le siguieron, el Gobierno venezolano ha llevado a cabo lo que la oposición, los grupos de derechos humanos y los sindicatos describen como represión y ofensiva contra quienes piensen distinto.

Las acciones han incluido arrestos de figuras de la oposición y manifestantes, una investigación a líderes de la oposición por supuestamente incitar a los militares a cometer delitos, la aprobación de una ley que endurece las normas sobre las ONG y renuncias forzadas de empleados estatales que supuestamente apoyan opiniones a favor de la oposición.

Maduro también ha declarado públicamente que González Urrutia y la líder opositora, María Corina Machado, deben ser arrestados, en momentos en que denuncian ante la comunidad internacional el presunto fraude electoral y piden sanciones para el Gobierno.

Credibilidad del TSJ en duda y conflicto abierto

Antes del pronunciamiento del TSJ, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había hecho una publicación en la red social X, en la que recordaba que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, que documenta la comisión de delitos contra la dignidad humana en Venezuela, había advertido sobre la “falta de independencia e imparcialidad” del tribunal y del CNE.