En Cox’s Bazar, ciudad costera de Bangladesh, viven en condición de refugiados más de un millón de rohingyas, una etnia birmana de origen musulmán desplazada por el Gobierno y el Ejército.
En operaciones militares, miles de rohingyas fueron asesinados. Las circunstancias aún están siendo investigadas por la justicia internacional como un posible genocidio.
Más allá de los muertos, cientos de miles de personas debieron irse al país vecino de Bangladesh. Siete años después, son un millón los que viven en uno de los campamentos de refugiados más grandes del mundo, en condiciones precarias.
A razón del hacinamiento, se registraron más muertos y otros intentaron ir en barcas endebles a Indonesia, en la mayoría de los casos sin éxito. Tras siete años de aquellos hechos, los refugiados se movilizaron bajo la lluvia bangladesí.
“Instamos a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que pongan fin al genocidio y la brutal tortura que se están cometiendo actualmente en Myanmar contra los rohingyas. Además, queremos volver a nuestro país con plenos derechos de ciudadanía”, dijo Mohammad Harish, un joven a la agencia Reuters.
En tanto, la Organización de Birmanos rohingyas en el Reino Unido (Brouk) lanzó un comunicado denunciando la “brutal campaña de asesinatos, violaciones en masa e incendios” contra miembros de la etnia en Rakhine, en el norte de Myanmar, que dio inicio al éxodo masivo de la comunidad.
En la misiva, Brouk también apuntó que alrededor de 600.000 rohingyas están en Myanmar en campos de desplazados o sin libertad de movimiento, padeciendo una situación “de apartheid”. Agregaron que en Rakhine la situación empeora continuamente.
“El genocidio que llevan cometiendo desde 2017 aún no ha terminado. No solo la Junta de Myanmar, sino también el Ejército de Arakán (una guerrilla de la minoría budista rakáin) están cometiendo genocidio contra los rohingyas. Cometen cualquier delito que quieran. Matan a los rohingyas que quieran. Si encuentran a alguno en el agua, los torturan y los matan allí mismo. Muchos murieron al cruzar la frontera hacia Bangladesh”, manifestó Kefayet Ullah, otro refugiado, a Reuters.
El Ejército birmano es investigado en los tribunales internacionales por supuestos delitos de lesa humanidad y genocidio por las operaciones en 2016 y 2017 contra los rohinyás, a los que las autoridades birmanas han negado la ciudadanía durante décadas.
Los hechos de 2017 fueron reconocidos por el actual Gobierno de Unidad Nacional birmano –compuesto por políticos y activistas prodemocráticos-, quienes expresaron su solidaridad con las víctimas.
Más de un millón de rohingyas están viviendo en el campo de refugiados de Bangladesh después de ser expulsados del norte birmano. © Mokammel Mridha / Reuters
El opositor Gobierno prodemocrático, que se automenciona como autoridad legítima de Myanmar, aseguró que los rohingyas son necesarios para lograr la revolución que derroque a la Junta Militar. Esta última rechaza las acusaciones sobre ataques étnicos y violaciones de derechos civiles.
Para Naciones Unidas, los actos ejecutados en 2017 suponen un caso de genocidio, mientras la Corte Internacional de Justicia sigue en la investigación. Países como Estados Unidos, se unieron a la afirmación de la ONU.
En marzo de 2022, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció el ataque del Ejército birmano de forma “sistemática y generalizada” contra la comunidad étnica, algo “crucial» para llegar a la determinación de crímenes contra la humanidad. “Estos abusos no fueron casos aislados”, sentenció.
En diálogo con la agencia EFE, un líder de la comunidad, afirmó que esperan que las autoridades de Bangladesh desbloqueen las posibilidades de repatriación a Myanmar. Las esperanzas se renovaron en parte gracias al nombramiento de Muhammad Yunus como nuevo líder interino del Gobierno, que aseveró que continuarán apoyando a los rohingyas.
Khin Maung, director ejecutivo de la Asociación de la Juventud Rohingya, resaltó que tienen “grandes esperanzas” en el nuevo Gobierno. “Esperamos poder regresar a nuestro país natal con la ayuda de este Gobierno”, agregó.
«Nuestro gobierno seguirá apoyando a los más de un millón de rohingyas que se encuentran refugiados en Bangladesh», dijo Yunus a diplomáticos de varios países destinados en el país el último domingo.
En su alocución, Yunus aclaró que se necesitan “esfuerzos sostenidos de la comunidad internacional para las operaciones humanitarias de los rohingyas y su eventual repatriación a su patria”.
El golpe militar de febrero de 2021 en Myanmar terminó con diez años de transición democrática y abrió una espiral de violencia que ha ahondado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Con EFE y Reuters
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