Cancilleres del Perú

Nació en Lima el 26 de octubre de 1946, estudió en esta misma ciudad en los colegios católicos Inmaculado Corazón y Santa María, y contrajo matrimonio en 1973 con Verónica Díaz Núñez, con quien tuvo cuatro hijos. Descendiente de una rama de destacados académicos, profesionales y políticos, Eduardo Ferrero se distinguió en los estudios mostrando temprano interés y decidida vocación por los asuntos internacionales. En su formación académica fue Bachiller en Derecho, Abogado y Doctor en Derecho con grados obtenidos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde por décadas fue profesor principal en Derecho Internacional Público, al igual que en la Academia Diplomática y en otras universidades del país y del extranjero.

La vocación por los asuntos internacionales y el Derecho del Mar

Desde el inicio de su carrera profesional y docente, Ferrero evidenció un particular interés en los asuntos del Derecho del Mar, habiendo dedicado buena parte de su vida a la defensa de la soberanía marítima del Perú hasta las 200 millas. Su tesis de doctorado fue sobre ese tema y al término de sus actividades de postgrado en la Universidad de Wisconsin, en 1972 fue invitado a participar con un distinguido grupo de especialistas extranjeros en una investigación interdisciplinaria en el prestigioso Scripps Institution of Oceanography, en California, como producto de lo cual en 1973 publicó su primer trabajo en defensa de la tesis peruana de las 200 millas. Entre sus diversas publicaciones en esta materia destaca su libro El Nuevo Derecho del Mar: EI Perú y las 200 Millas, publicado en 1979.

Cuando Ferrero renunció a su cargo en la Cancillería en 1982 ocupaba yo el cargo de Director de Asuntos Políticos y Diplomáticos y, apenado por su decisión, hice un pequeño almuerzo de trabajo al que asistió también el Embajador Alejandro San Martín. Para nuestra sorpresa, pues nunca se había intentado antes en el Perú, nos indicó que proyectaba crear una institución para el estudio de los asuntos internacionales. Poniéndose a la obra, poco después inauguraba el Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI), que es la institución que en más de tres décadas mayor tarea ha realizado en materia de investigación y difusión de las cuestiones más relevantes para las relaciones internacionales y la política exterior del Perú. Fue muy grato acompañarlo desde el inicio, junto con un distinguido grupo de profesionales que hicieron y siguen haciendo contribuciones académicas y políticas de gran importancia para las relaciones internacionales del país. Por tres lustros, Ferrero fue el incansable promotor de tales actividades, compartiendo su tiempo con la enseñanza universitaria y la publicación de sus propios trabajos. Además de los temas sobre el Derecho del Mar, Eduardo Ferrero fue autor y/o editor de diversos libros y trabajos académicos sobre temas de Derecho Internacional, relaciones internacionales y política exterior peruana.

A inicios de 1995, el conflicto con Ecuador exigió la participación de todos quienes tuvieran competencias para ayudar a que, más allá de cualesquiera diferencias políticas, se lograra detener las hostilidades primero y encontrar luego una solución definitiva al cincuentenario diferendo.

Lo primero fue lograr un alto el fuego y cese de hostilidades en la enmarañada geografía fronteriza, donde en 1995 habían ingresado a territorio peruano tropas ecuatorianas. El Ministro Efraín Goldenberg y el Vice Canciller Eduardo Ponce fueron actores principales en esa peligrosa y angustiosa etapa. Trabajaron denodadamente con sus contrapartes ecuatorianas y los representantes de los Países Garantes, alcanzando el 17 de febrero en Río de Janeiro el fin de las acciones armadas con la Declaración de Paz de Itamaraty. Derivada de esta y, no sin dificultades, se estableció una Misión de Observadores Militares Ecuador Perú de los Países Garantes (MOMEP) que, instalada en la zona de conflicto, verificó la separación de tropas y aseguró la realización de patrullas y otras tareas. La Declaración dispuso también que más adelante se realizarán «…conversaciones sustantivas» para solucionar las diferencias que llamó de “impases subsistentes»

Poco tiempo después asumió la Cancillería el Dr. Francisco Tudela Van Breugel-Douglas, quien inició con el Canciller Galo Leoro, del Ecuador, y los altos representantes de los Países Garantes una etapa en la cual se avanzaron considerablemente asuntos relativos a la manera como debía conducirse un proceso complejo que condujera a “…una paz justa y definitiva” entre los dos países. Múltiples reuniones jalonaron esa etapa procesal que concluyó con el Acuerdo de Santiago del 29 de octubre de 1996, en el cual los gobiernos del Ecuador y del Perú se comprometieron a iniciar conversaciones de naturaleza sustantiva con el fin de lograr una solución definitiva a los impases subsistentes identificados por las partes, estableciéndose expresamente que estas conversaciones se realizarían conforme al Protocolo de Río de Janeiro. La gestión de Tudela fue esencial para encaminar lo que empezó a denominarse el “Proceso de Brasilia».

La gestión como canciller y las negociaciones con Ecuador

Ya en esa época se inició la valiosa participación de Ferrero en el proceso de paz con el Ecuador. Primero, como uno de los embajadores en misión especial enviados en 1995 a numerosos países para explicar a los gobiernos la posición del Perú luego del conflicto armado. Más adelante, como miembro de nuestra delegación en las negociaciones que se iniciaron a fines de 1996, y, finalmente, desde julio de 1997 como Ministro de Relaciones Exteriores hasta prácticamente las vísperas de los acuerdos de Brasilia de octubre de 1998.

En la gestión del Canciller Ferrero se realizó lo sustantivo de las negociaciones con Ecuador, en el marco del denominado “Proceso de Brasilia”. Este fue un período de extraordinaria actividad política y diplomática. Al comienzo de la gestión del canciller Ferrero se continuó con las conversaciones entre las delegaciones de las dos partes, que seguían presentando sus posiciones sobre los impasses subsistentes. Sin embargo, Ferrero advirtió que se trataba de posiciones paralelas muy distantes entre sí y sin ningún punto importante de encuentro.

En estas circunstancias, un momento determinante fue cuando el 9 de octubre de 1997 el Canciller Ferrero declaró que el Perú no aceptaba la pretensión ecuatoriana contenida en los impases de conversar sobre el “acceso libre y soberano al Marañón-Amazonas», por tratarse de territorios peruanos que no estaban en negociación.  La firme posición asumida públicamente por Ferrero obviamente fue mal vista en el Ecuador y criticada por algunos en los círculos políticos peruanos, calificándola de riesgosa y contraria a los usos diplomáticos. En realidad, esta acertada posición fue un punto de quiebre que permitió reencauzar las negociaciones de manera realista y dio a entender a Ecuador que su pretensión extrema, invocada ya por décadas, era imposible de lograr. Con ello se liquidó, aunque no fuera inmediatamente reconocido, una pretensión que carecía de asidero en el Protocolo de Río y, por ende, en el Derecho Internacional.

Con ese entendimiento, en la Declaración de Brasilia del 26 de noviembre de 1997 se convino en ampliar las negociaciones para que incluyeran, además del elemento central cual era la fijación en el terreno de la frontera común, los temas ya mencionados: Un tratado de comercio y navegación, un acuerdo amplio de integración fronteriza y el establecimiento de una comisión binacional sobre medidas de confianza mutua y seguridad. La Declaración encomendó la preparación de un “cronograma” que incluiría la metodología y plazos tentativos para alcanzar acuerdos en los cuatro temas. A su vez, la elaboración del cronograma encontró serias dificultades por la pretensión ecuatoriana de utilizar lenguaje, por veces equívoco, que podría desnaturalizar el propósito y alcance de la Declaración de Brasilia. Siguiendo instrucciones precisas del canciller Ferrero, la delegación peruana acordó finalmente con la delegación ecuatoriana un texto del cronograma que resguardaba los derechos e intereses del Perú, el cual fue aprobado en Río de Janeiro el 19 de enero de 1998.

Se empezaron entonces a tratar los dos temas pendientes del Protocolo de Río de Janeiro, o sea, la demarcación total y definitiva de la frontera terrestre y el acuerdo de comercio y navegación. Asimismo, se iniciaron las negociaciones de dos temas nuevos que apuntaban al cambio de la relación bilateral con perspectiva de futuro: La cooperación y desarrollo fronterizo y la confianza mutua en el área militar. En el primero, se trataba de potenciar con beneficio recíproco una histórica vinculación de vecindad repleta de valiosos elementos sociales, comerciales, culturales y demás; y que adicionalmente era el mayor anhelo de las comunidades fronterizas. En lo militar, debía tenerse presente la significación de ese factor en el ámbito interno ecuatoriano; asunto que debe dejarse a la tarea de los historiadores.

En apretada síntesis, los Gobiernos del Ecuador y el Perú, bajo la dirección de sus Cancilleres José Ayala Lazo, de Ecuador y Eduardo Ferrero Costa, del Perú, y con el apoyo de los Países Garantes, redireccionaron las negociaciones mediante un abordaje no solamente de las cuestiones pendientes, sino del conjunto de la relación bilateral, especialmente teniéndose en cuenta que ambos pueblos, justificadamente, esperaban de sus gobiernos que encontraran el camino hacia la paz definitiva y nunca más se produjeran los enfrentamientos que costaron la vida y la sangre de sus hijos, animosidad por décadas, grandes gastos militares, confrontaciones políticas y diplomáticas en muchos ámbitos internacionales e innumerables oportunidades desperdiciadas.

Comprensiblemente, la mayor dificultad fue para la Comisión de Fijación en el Terreno de la Frontera Terrestre Común. Su trabajo debía ceñirse al procedimiento jurídico de solución de los desacuerdos establecido en el cronograma de Brasilia, con el concurso de los Países Garantes. Tal procedimiento contemplaba las “opiniones-pareceres» que emitirían dos grupos de expertos jurídico-técnicos sobre los impases de las partes relativas, ahora sí, exclusivamente a la “demarcación” de la frontera en las zonas en que no habían concluido los trabajos, debido a la suspensión de las tareas en el terreno por parte del Ecuador hacia 1947. El Canciller Ferrero condujo estas negociaciones con mucho detalle impartiendo las instrucciones necesarias a nuestra delegación, al igual que hizo también con especial interés con los trabajos de la Comisión para el Tratado de Comercio y Navegación. La firmeza de la posición peruana hizo que quedaran atrás las pretensiones ecuatorianas de modificaciones territoriales, de desconocer lo legítimamente actuado en las tareas demarcatorias o de adquirir derechos no contemplados en el Protocolo de Río de Janeiro. Con todos sus grandes problemas, se trataba ya de una nueva etapa en la solución del diferendo.

Ese fue, en cierta manera, el fin del contencioso ecuatoriano-peruano. A pesar de su rechazo inicial a los pareceres técnico-jurídicos, ya no había nada que, razonablemente, Ecuador pudiera alegar. A partir de ahí, el proceso pasó a tener carácter más político hasta su encausamiento al final en la llamada “diplomacia presidencial». En el Ecuador, el Gobierno difícilmente disimulaba su desazón y, paulatinamente, los pareceres jurídico-técnicos encontraron un camino hacia los medios de comunicación.

Ecuador pretendió entonces que culminara la negociación del tratado de comercio y navegación antes de dar su aprobación a los pareceres jurídico-técnicos sobre demarcación, a fin de conocer de antemano las facilidades que el Perú estaría dispuesto a otorgarle. El Canciller Ferrero consideró que ello no podía aceptarse y que las negociaciones de ambos temas deberían continuar y concluir en forma paralela. Algo después, Brasil, como coordinador de los Garantes, presentó sugerencias para la conclusión de lo pendiente, incluyendo el establecimiento de parques ecológicos en el Alto Cenepa, zona de los enfrentamientos armados de 1995; y facilidades adicionales inconvenientes en materia de comercio y navegación que el Canciller Ferrero no aceptó.

A partir de mayo de 1998 en que se entregaron los pareceres jurídico-técnicos, los cancilleres asumieron más directamente la negociación de los asuntos pendientes. Ferrero acordó con su par ecuatoriano, el distinguido diplomático y jurista José Ayala Lasso, reunirse en Washington el 15 y 16 de junio, con la participación de los representantes de los cuatro Países Garantes. Al inicio de la reunión, Ferrero sostuvo la necesidad de que Ecuador reconociera sin dilación los pareceres jurídico-técnicos; y la improcedencia de concesiones territoriales al Ecuador, inclusive simbólicas, en el Alto Cenepa. El Canciller Ayala sostuvo que los pareceres eran no vinculantes de conformidad con los términos del cronograma. Alegó también las dificultades políticas internas del Ecuador, en medio de un proceso electoral no desprovisto de turbulencia.

El segundo día fue mucho más positivo y provechoso. Ferrero no presionó para la terminación inmediata del proceso, vista la circunstancia electoral ecuatoriana; y el canciller Ayala aceptó un diálogo de fondo sobre los pendientes, sin admitir formalmente la hipótesis de los Garantes de que culminara la demarcación según las opiniones-pareceres de los expertos. A continuación, en el entendimiento de que Ecuador aceptaría culminar la demarcación conforme a los pareceres, Ferrero aceptó la sugerencia de los Garantes de establecer parques ecológicos, pero que fueren, según sus palabras, “dos parques adyacentes, bajo soberanía de cada Estado, separados por la frontera debidamente demarcada […] y declarados por cada país zonas de protección ecológica”. Se descartaba así la aspiración ecuatoriana de un parque binacional único, aunque con la frontera demarcada en su interior. En relación al tratado de comercio y navegación, Ferrero expresó la disposición peruana a otorgar dos “Centros de Comercio y Navegación» para uso por empresas privadas del Ecuador, resguardando los derechos e intereses del Perú con el pleno acatamiento de dispositivos legales ya existentes y la consecuente reciprocidad ecuatoriana. Aun sin concluir todos los detalles, lo avanzado en Washington constituía lo esencial del acuerdo global, que el canciller Ferrero denominó el “paquete de Washington».

Las acciones para evitar un nuevo conflicto armado

Incomprensiblemente, el Presidente Alarcón no se decidió a suscribir los acuerdos con el Perú y Jamil Mahuad fue elegido Presidente del Ecuador el 12 de julio de 1998, con escasa mayoría y capital político sumamente exiguo. En esta situación, en su mensaje ante el Congreso de la República del 28 de julio de 1998, el Presidente peruano Alberto Fujimori expresó que las conversaciones prácticamente habían concluido con acuerdos especialmente beneficiosos para ambos países y que solo restaban algunos aspectos menores del proyecto de tratado de comercio y navegación, que debían completarse conforme al Protocolo de Río de Janeiro, sin reabrir la negociación de textos ya negociados. Agregó el Presidente que confiaba en que el nuevo Gobierno de Ecuador percibiera que la solución de Derecho, ahora reconfirmada por los expertos de los Países Garantes, no era negociable y debía ejecutarse plenamente”.

Durante el proceso de transición entre la elección de Mahuad y su asunción a la Presidencia, entre mediados de julio y comienzos de agosto de 1998, se produjo un grave incidente militar debido a nuevas infiltraciones de tropas ecuatorianas en territorio peruano en la zona de la Cordillera del Cóndor. Este asunto fue manejado inicialmente de manera totalmente confidencial por el gobierno peruano, y en particular por el Canciller Ferrero, en cuya solución pacífica él personalmente ocupó un papel fundamental.

Frente a la infiltración de las tropas ecuatorianas, a fines de julio el Presidente Alberto Fujimori, siguiendo los consejos de su asesor en asuntos de seguridad y de los altos mandos militares, habría tomado la decisión de ocupar militarmente la zona ingresando por la parte occidental de la Cordillera del Cóndor en territorio ecuatoriano. Informado de esta situación, el Canciller Ferrero no la aceptó y propuso al Presidente la alternativa de una intensa y firme acción diplomática con la activa participación de los Países Garantes, para lograr la misma finalidad del retiro de las tropas ecuatorianas infiltradas en territorio peruano sin el uso de la fuerza. Frente a lo que hubiera podido significar una guerra de catastróficas consecuencias para los dos países, la propuesta de Ferrero fue aceptada por el Presidente. Así las cosas, el Canciller Ferrero asumió la responsabilidad, encargándosele la dirección de las correspondientes negociaciones, que él inició de inmediato de manera totalmente secreta.

Cuando ya se encontraban en marcha intensas negociaciones reservadas para el retiro de las tropas, y teniendo en cuenta las noticias que empezaban a aparecer en los diarios peruanos y ecuatorianos, el 6 de agosto Ferrero ofreció una conferencia de prensa, denunciando públicamente la infiltración de tropas ecuatorianas en territorio peruano e indicando que se había optado por la gestión diplomática al más alto nivel con los Países Garantes para lograr el retiro de las mismas. Declaraciones contradictorias de las partes y diversas propuestas de los Países Garantes para la separación de las tropas en la frontera ocurrieron en esos días de tensión.

En estas circunstancias, obviamente el Presidente Peruano y su Canciller no asistieron a la ceremonia de transmisión de mando del Presidente Mahuad el 10 de agosto. Por su parte, al día siguiente el Canciller Ferrero asistió al Congreso de la República para exponer en sesión secreta sobre la política seguida frente a esta delicada situación, habiendo recibido el pleno respaldo del Congreso. En la moción aprobada, además, se condenó la infiltración de los efectivos ecuatorianos en territorio peruano y se exigió su retiro “… como un elemento indispensable para restablecer el clima de confianza necesario para continuar el proceso de conversaciones y culminarlo a la brevedad con el acuerdo definitivo que anhelan los pueblos del Perú y del Ecuador».

El 13 de agosto, durante una conferencia conjunta en Brasilia con el Presidente Fernando Henrique Cardoso, el Presidente Fujimori anunció que el Ecuador y el Perú habían llegado a un acuerdo para la separación de fuerzas mediante el establecimiento de una zona de control bajo la supervisión de la MOMEP. Posteriormente, el 17 de agosto el Canciller Ferrero, quien había estado dirigiendo personalmente las complejas negociaciones, declaró a la opinión pública que, con el establecimiento de la zona de control y vigilancia, de carácter excepcional, transitorio y temporal, se había evitado un conflicto entre el Perú y el Ecuador. Tres días después la MOMEP entregó a las partes un plan de separación de fuerzas; luego, Ecuador intercambió la información solicitada sobre la ubicación de las minas colocadas en la zona.

Finalmente, el 31 de agosto el Canciller Ferrero informó del retiro de las últimas tropas ecuatorianas de la vertiente oriental de la Cordillera del Cóndor de soberanía peruana y su ubicación en la vertiente occidental de la Cordillera del Cóndor en territorio ecuatoriano. Al lograr el retiro de las tropas ecuatorianas de modo pacífico, mediante una intensa negociación y acción diplomática con el invalorable apoyo de los Países Garantes, el Canciller Ferrero cumplió con su compromiso ante el Presidente de la República y el Congreso.

El final de la gestión hasta los acuerdos de Brasilia

Superado el riesgo del conflicto militar, era el momento de regresar a las negociaciones con el Ecuador. Para el Perú se hacía bajo la premisa de que todo lo fundamental ya estaba negociado y que el tema demarcatorio se encontraba resuelto con los pareceres jurídico-técnicos de los expertos de los Países Garantes. No obstante, del lado ecuatoriano, frente al incuestionable hecho de que el proceso de negociaciones para resolver “los impases subsistentes» estaba concluido de acuerdo a Derecho, el Presidente Mahuad y políticos ecuatorianos deseaban obtener “algo más” que pudiera ser presentado como una compensación. Mahuad había sido elegido con escasa mayoría y su capital político era sumamente exiguo. Además, téngase presente que la situación política interna del Ecuador era sumamente compleja y la turbulencia política no favorecía la ordenada conclusión del proceso bilateral. A su vez, un buen sector de la opinión pública ecuatoriana ya había entendido y asumido que se trataba de un proceso concluido y que había que escribir nuevas páginas en la relación con el Perú. Retomando el hilo, tras superarse la nueva crisis creada por las actividades militares ecuatorianas, a partir de setiembre Ferrero reinició las negociaciones y la diplomacia presidencial empezó a ocupar buena parte del espacio negociador. Ferrero, basado en el dato irrefutable de la conclusión del proceso y atento a la compleja y decadente situación política y económica ecuatoriana, consideró que era solo cuestión de tiempo que Ecuador reconociese la realidad y suscribiese los compromisos tal como ya habían sido negociados. Habiendo sido embajador en Ecuador de mediados de 1995 a mediados de 1997, compartí enteramente esa opinión.

No obstante, el presidente peruano y otros asesores tenían una opinión diferente y consideraron que debía darse a Ecuador ese “algo más”; lo que finalmente negociaron con el Ecuador y lo tradujeron en la transferencia en propiedad privada al estado ecuatoriano, a perpetuidad, de un kilómetro cuadrado de territorio peruano en la zona de Tiwinza, territorio en el cual se había realizado el conflicto militar de 1995 y donde fallecieron soldados tanto peruanos como ecuatorianos.

Ferrero mantuvo su opinión de que era inconveniente e innecesaria cualquier “cesión” al Ecuador en territorio peruano, por simbólica que fuere y expresó al Presidente su opinión contraria a la entrega del kilómetro cuadrado en Tiwinza. Verificando que ya se había decidido dar ese “algo más” y luego de tratar infructuosamente de convencer al Presidente de la inconveniencia de hacerlo, por cuestiones de principio y de consecuencia con su posición, Eduardo Ferrero renunció irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores el 2 de octubre de 1998. En su carta de renuncia, hecha pública días después, Ferrero expresó al Presidente que existían “divergencias relativas al tratamiento de un asunto vital de nuestra política exterior». Al renunciar, Ferrero optó por no hacer pública la decisión presidencial de entregar Tiwinza, guardando silencio en esos días a fin de no hacer abortar un largo proceso de negociaciones que nos podría conducir a la paz definitiva con el Ecuador. Por delicadeza, no me informó previamente de su decisión, considerando que como diplomático profesional de larga carrera no debería comprometerme en su decisión. Ese mismo día, renuncié a mi cargo de Viceministro y Secretario General de Relaciones Exteriores y dejé el Servicio Diplomático por años.

La vasta agenda de política exterior

Llegados a este punto, cabría preguntarse si Ferrero fue Canciller de un solo tema. Asombrosamente, no lo fue e inventó tiempo y energía para ocuparse activamente de muchos otros. Concluir las negociaciones y suscribir la Convención de Ottawa sobre minas antipersona fue cuestión de alta urgencia, precisamente porque Ecuador había sembrado indiscriminadamente decenas de millares de estos artefactos que podrán seguir causando víctimas por muchos años; al igual que en el caso de Chile en nuestra frontera sur.

El fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los países de la región mediante visita oficiales al Perú de los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, México, Paraguay y Uruguay fue otra de las prioridades de su gestión. Igualmente lo fue la incorporación del Perú a la APEC, que nos abrió camino al espacio económico más dinámico del mundo y que cada día muestra más desafíos interesantes y posibilidades. Enfrentar las consecuencias del fenómeno de El Niño requirió gestiones binacionales y multilaterales. Reencauzar las deterioradas relaciones con España fue otra tarea realizada por el Canciller Ferrero, al igual que la búsqueda de la consolidación de los acuerdos de integración.

Por razones obvias cuando ocupaba el cargo de Embajador en el Ecuador, viajaba frecuentemente a Lima y en mii primera reunión con el Canciller Ferrero, en julio de 1997, me sorprendió al informarme que retornaría al país para acompañarlo en su gestión como Viceministro y Secretario General de Relaciones Exteriores. Efectivamente, me despedí de las autoridades ecuatorianas el 28 de julio de 1997, en recepción a la que asistió también el Presidente Alarcón. Dejé Quito convencido de que la relación bilateral era como un resorte comprimido por el conflicto y que algún día, liberado de este, mostraría su enorme potencial. Así fue, para dicha de todos.

Fue un tiempo extraordinario de exaltación, de reflexión, de entrega y compromiso: con el país y sus derechos, con la paz que requerían y anhelaban los pueblos, con el futuro de todos.

El recordado Canciller Carlos García Bedoya insistía en que el Perú debía hacer todo esfuerzo para levantar las dos “hipotecas” que por los casos de Ecuador y Chile lo ataban al pasado. Mucho le habría alegrado la terminación del diferendo con Ecuador y, tres lustros después, con Chile. No es pues el mismo Perú el que al dejar el cargo, e inclusive más adelante, tanto había aportado el Canciller Ferrero.

La contribución posterior al Perú

Como la vida continúa, Eduardo Ferrero siguió destacándose en el servicio público y en el ejercicio académico y profesional. Reinició su Cátedra de Derecho Internacional Público en la universidad peruana y recuperó su función como miembro del Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial. Durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, entre los años 2002 y 2004, fue Embajador Representante Permanente del Perú ante la OEA, habiendo participado activamente en el seguimiento de la Carta Democrática Interamericana y en la negociación de la Declaración Americana sobre Seguridad Hemisférica, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Seguidamente, desde comienzos del 2004 hasta julio del 2006 fue Embajador en los Estados Unidos, cargo en el cual contribuyó al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y donde adelantó considerablemente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, participando en el mismo acto de la firma del tratado, que fue el primer acuerdo de esta naturaleza celebrado por el Perú.

Al término de su función diplomática, de regreso en el Perú fue el primer Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y socio del Estudio Echecopar Abogados. Alcanzó merecido reconocimiento en sus actividades profesionales como abogado, consultor de empresas y árbitro. En esta última función, es hasta la fecha miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y Presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana en el Perú. En el campo del litigio internacional ha seguido defendiendo a nuestro país; fue el Procurador ad hoc del Estado Peruano en el juicio seguido contra la Universidad de Yale para la recuperación de los objetos de Machu Picchu que Yale poseyó ilegalmente durante aproximadamente cien años. Además, actualmente defiende exitosamente al Perú en arbitrajes internacionales de inversión ante el Centro de Arreglo de Diferencias entre Estados e inversionistas (CIADI), que administra el Banco Mundial.

Por último, pero no menos importante, desde que se inició el proceso en enero de 2008 hasta que terminó en enero de 2014, Eduardo Ferrero fue un destacado abogado integrante del equipo peruano que defendió al Perú en la controversia con Chile sobre delimitación marítima ante la Corte Internacional de Justicia, dedicando seis esforzados años a esta tarea nacional. Siguiendo una continua política de Estado por parte de tres gobiernos y con un distinguido y calificado equipo de abogados internacionales, abogados nacionales y diplomáticos peruanos, el Perú logró obtener una Sentencia muy favorable para el interés nacional.

Tal como el mismo Ferrero ha señalado, “el fallo fue de derecho, es histórico y respondió en gran medida al objetivo peruano de lograr una delimitación marítima con Chile aplicando el criterio de la equidistancia a fin de llegar a una solución equitativa, conforme al Derecho Internacional del Mar. El resultado fue muy positivo para el Perú al obtener el reconocimiento de la soberanía en un área de mar, su suelo y subsuelo y los recursos allí existentes, de un total de 50,172 kilómetros cuadrados. Ello equivale al 75% del área solicitada a la Corte en nuestra demanda».