Mientras la guerra de Ucrania entra en otra fase marcada por la resistencia militar y la incertidumbre diplomática, Estados Unidos está reajustando su política en Oriente Medio con dos movimientos de signo opuesto que revelan hasta qué punto Washington está dispuesto a combinar presión económica y apertura política según el interlocutor.
En cuestión de horas, la administración estadounidense ha ampliado su ofensiva de sanciones contra Irán y ha retirado a Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, al tiempo que los principales aliados europeos de Kiev prometían reforzar el apoyo militar a Ucrania. En Kiev, la celebración del 35 aniversario de la independencia ucraniana estuvo inevitablemente condicionada por una guerra que comenzó con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022 y que sigue recorriendo un frente de unos 1.200 kilómetros.
Volodímir Zelenski defiende que su Gobierno mantiene abierta la puerta a una salida negociada, aunque descarta cualquier acuerdo que obligue al país a aceptar las exigencias territoriales de Moscú. La posición ucraniana busca contener una idea que ha ganado peso durante los sucesivos intentos diplomáticos de los últimos meses, la posibilidad de cerrar el conflicto mediante concesiones que Kiev considera incompatibles
con su soberanía.
Durante los actos celebrados en la capital ucraniana, Reino Unido y Francia dan nuevas señales de que Europa pretende sostener esa posición mediante un incremento de la capacidad defensiva de Kiev. Londres ha anunciado que permitirá a Ucrania acceder a tecnología clasificada necesaria para producir misiles de crucero Storm Shadow, mientras París reclamó acelerar el envío de interceptores para hacer frente al aumento de los ataques balísticos rusos. Zelenski calcula que el país necesitará al menos 300 interceptores para atravesar el próximo invierno, cuando las infraestructuras energéticas volverán a situarse previsiblemente entre los objetivos prioritarios de Rusia.
A esa presión militar se suma una dificultad financiera que condicionará la capacidad ucraniana para prolongar el esfuerzo bélico, ya que Kiev cifra en unos 27.000 millones de dólares el agujero de financiación de su defensa durante este año. El Gobierno ucraniano vuelve por ello a mirar hacia los activos rusos congelados en el extranjero, cuyo uso sigue generando debates jurídicos y políticos entre sus socios, mientras más de medio centenar de países reclamaron en Naciones Unidas un alto el fuego ruso sin condiciones que Moscú rechazó.
Mientras Europa intenta impedir que el desgaste incline la guerra a favor del Kremlin, Washington está desplegando una estrategia distinta frente a Irán, basada en asfixiar progresivamente sus conexiones comerciales sin provocar de inmediato una ruptura del sistema financiero internacional. El Departamento del Tesoro estadounidense ha incluido a 60 personas, entidades y buques en una nueva ronda de sanciones y advierte de que
quienes mantengan relaciones económicas con Teherán podrían perder el acceso al sistema financiero basado en el dólar. Sin embargo, la administración ha evitado por ahora castigar directamente a las instituciones financieras chinas relacionadas con el comercio petrolero iraní.
Esa cautela refleja el delicado equilibrio que Washington trata de mantener con Pekín, principal comprador del petróleo iraní durante los últimos años y actor capaz de responder con medidas comerciales de considerable impacto. Estados Unidos quiere reducir los ingresos que permiten a Teherán sostener su economía y sus capacidades militares, aunque una ofensiva directa contra grandes bancos chinos podría abrir un conflicto financiero mucho más amplio en vísperas de las conversaciones previstas entre Donald Trump y Xi Jinping. China ya ha rechazado la estrategia de
sanciones y ha advertido de que protegerá sus intereses.
Desde Teherán, la reacción ha elevado de nuevo el riesgo alrededor del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz. Dirigentes iraníes han amenazado con responder tanto en el terreno económico como en el militar si las nuevas medidas estadounidenses ponen en peligro infraestructuras estratégicas del país, mientras la Guardia Revolucionaria conserva capacidad suficiente en misiles y drones para amenazar objetivos regionales y el tráfico marítimo. Casi seis meses después del inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, las conversaciones impulsadas con mediación paquistaní todavía no han producido una salida estable al conflicto.
Frente a esa escalada, la decisión adoptada con Siria muestra la otra cara de la política estadounidense en la región. Washington retiró oficialmente al país de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, donde permanecía desde 1979, después de que el Congreso completara el periodo de revisión de la decisión anunciada por Trump en julio. La medida elimina una de las principales fuentes de riesgo jurídico para bancos y
compañías interesadas en entrar en una economía devastada por casi catorce años de guerra.
El acercamiento se produce después del derrocamiento de Bashar al Assad en diciembre de 2024 y de la llegada al poder de Ahmed al Sharaa, antiguo dirigente de la insurgencia que años atrás había estado vinculado al Frente Nusra antes de romper con Al Qaeda. Washington considera que las nuevas autoridades sirias han dado pasos suficientes para distanciarse de las organizaciones y actividades terroristas, mientras Damasco busca recuperar acceso al sistema financiero internacional y atraer los miles de millones de dólares necesarios para reconstruir el país.
La apertura ya empieza a despertar interés empresarial, con contactos entre el Gobierno sirio y Bank of America y con Mastercard trabajando junto a QNB Group y el banco central sirio para preparar una infraestructura de pagos internacionales. Al mismo tiempo, las conversaciones entre Damasco y Washington han coincidido con el compromiso sirio de reducir de forma drástica las importaciones de petróleo ruso, un giro que podría recortar parte de la influencia económica acumulada por Moscú durante los años en que sostuvo al régimen de Assad.
Vistas en conjunto, las decisiones de estas últimas horas dibujan una política exterior occidental cada vez más condicionada por la competencia entre bloques, donde las sanciones, el acceso a tecnología militar, los flujos energéticos y la financiación internacional se han convertido en instrumentos centrales de poder. Ucrania intenta demostrar que resistir sigue siendo compatible con negociar sin aceptar una capitulación,
Irán responde a la presión económica con amenazas sobre algunos de los corredores energéticos más sensibles del planeta y Siria procura transformar su cambio político en una rehabilitación financiera que le permita regresar a los mercados internacionales.
En ese escenario, Washington parece dispuesto a premiar los movimientos que alejen a antiguos adversarios de Rusia, Irán o las redes yihadistas y a elevar el coste para aquellos gobiernos que continúan desafiando sus prioridades estratégicas, mientras Europa concentra recursos en impedir que Ucrania llegue debilitada a una futura negociación. El resultado es un orden internacional más transaccional, en el que las alianzas se miden
cada vez más por acceso a financiación, tecnología, energía y mercados, y donde cada concesión diplomática viene acompañada de una pregunta decisiva sobre quién gana influencia cuando termina la guerra o se levanta una sanción.