Antecedentes Personales
El doctor don Francisco Javier Mariátegui y Tellería, nació en Lima el 22 de noviembre de 1793. Fueron sus padres don Antonio Ignacio de Mariátegui y Liernia, natural de Oñate, Guipúzcoa (España), donde nació el 29 de julio de 1740; y doña María Jacoba Tellería y Vicuña de Mariátegui, nacida en Lima el 23 de mayo de 1772. Fue el segundo de diez hermanos. El 21 de setiembre de 1819 se casó con la señora doña Juana Nepomuceno Palacio y Salas, con quien tuvo trece hijos.
Cabe mencionar que don Antonio Ignacio de Mariátegui y Liernia emigró muy joven de Guipúzcoa (España) al Perú, posiblemente en 1759, habiendo sido el fundador de la rama peruana de su familia paterna; en ese sentido el doctor Francisco Javier Mariátegui y Tellería fue peruano de primera generación, aun cuando se le podría considerar de una generación mayor por el lado materno.
Estudios y grados académicos
Estudio en el Real Convictorio de San Carlos, donde optó el grado de Bachiller en Sagrados Cánones (1813) y enseñó Filosofía y Matemáticas. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para luego graduarse de abogado (1817) ante la Real Audiencia. Posteriormente en 1822, optó el grado de Doctor en Jurisprudencia en dicha Universidad.
Actividad Pública
Desde muy joven formó parte del conocido Club Carolino, agrupación de patriotas que propagaron y perseveraron en la discusión y difusión de las ideas separatistas e independentistas, al tiempo que dieron apoyo y protección a quienes, dadas sus convicciones políticas, fueron perseguidos por las autoridades virreinales. Su actuación como conspirador y concertador de voluntades en favor del rompimiento definitivo de las ataduras coloniales con el Reino de España fue reconocida por sus contemporáneos y todos los historiadores de los años aurorales de nuestra República.
Es así que el doctor Mariátegui y Tellería fue uno de los primeros patriotas en suscribir el Acta de la Jura de la Independencia de 1821, así como Secretario de la Sociedad Patriótica en 1822 y diputado, y Secretario del Primer Congreso Constituyente de 1822. El General San Martín, al inicio del Protectorado, lo nombró Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, con lo cual pasó a ser designado como el primer funcionario público de la República. Se desempeñó en el cargo de Fiscal del Departamento de Lima y después fue designado abogado defensor de Censos y Obras Públicas. Posteriormente, en 1824, fundó la Corte de Justicia de Trujillo.
Su destacada labor antes, durante y después de 1821 lo hizo merecedor al justo título de Prócer de la Independencia, con todo lo que esa labor implicó en términos de organización, entrega, inteligencia y lucha política, clandestinidad, propagación del ideario libertario en favor del sistema republicano y en contra de los intentos de monarquización del Perú durante el Protectorado. Asimismo, su voluntad de seguir combatiendo con integridad y lealtad por sus ideales republicanos se manifestó tiempo después contra el despotismo y el absolutismo que exhibía Simón Bolívar, en especial durante el régimen vitalicio, concitando así la atención de la academia y de la prensa del siglo XIX.
Opiniones sobre su actuación
Así, tenemos que en el Diccionario Biográfico del General Manuel de Mendiburu (Tomo VII, páginas 231 a 235), al hablar de los prohombres que con su sacrificio, inteligencia y resuelto tesón nos dieron patria, el autor expresa lo siguiente:
Entre estos notables figuró siempre el doctor Mariátegui; y no hubo pensamiento, plan ni diligencia que no estuviera a su alcance y en que no le tocara desempeñar alguna comisión, mover resortes y tomar parte en la empeñosa ejecución de cuanto se creía conducente al éxito deseado. Y por eso se le perseguía con afán, viéndosele con frecuencia obligado a ocultarse y a apelar indirectamente a buscadas influencias para poder rehacerse y proseguir con sus designios. No porque fuera laborioso entrar en relatos de pormenores, nos permitiríamos silenciar el alto merecimiento del doctor Mariátegui que nos impone el deber de consignar en este artículo un justo recuerdo a sus servicios en obsequio de la Independencia del Perú. Estos servicios fueron muy importantes para el General San Martín, a quien ayudó con perseverante eficacia, granjeándose por ello su estimación, y la popularidad de que con razón disfruta.
Por su parte, José Toribio Polo, en un artículo apareció en El Perú Ilustrado el 5 de noviembre de 1887, entre otras cosas manifiesta:
Una vez asegurada la Independencia del Perú con el triunfo de Ayacucho, el doctor Mariátegui fue también uno de los más infatigables colaboradores en la obra de consolidar la autonomía nacional de la República, bajo el imperio de instituciones libres y verdaderamente regeneradoras; pues que, liberal avanzado y republicano por la más firme convicción a la vez que ardiente patriota por la natural tendencia de sus afectuosos sentimientos, aún no creía terminada su tarea con el resultado feliz de aquella gloriosísima jornada. Se abrió entonces para él un nuevo período de extraordinarios esfuerzos, no menos críticos e indispensables que los ya hechos a costa de mil sacrificios, y Mariátegui luchó sin reserva y sin reparar en peligros por la realización de aquel soñado, aun posponiendo a ese fin su tranquilidad personal y los goces de su familia […]. El primer Congreso que se reunió en el Perú tuvo en su seno, junto al eminente doctor Luna Pizarro, al ardoroso tribuno cuya elocuente palabra, resonando bajo la bóveda del santuario de la ley, manifestaba por primera vez en público sus doctrinas esencialmente liberales; las mismas que sostuvo con inquebrantable firmeza durante su larga carrera, ya como escritor y abogado en el terreno de la discusión razonada; desde lo alto del sillón gubernativo como Ministro de Estado; bajo el augusto dosel de la Justicia que distribuye el íntegro Magistrado; siempre, en todas partes y circunstancias, como el apóstol de las más sanas doctrinas y el tipo de esa fidelidad franca y honrada que sólo comunican las convicciones firmes y verdaderas como la santidad del espíritu.
A su vez, Jorge Guillermo Leguía, en su libro Historia y Biografía caracteriza al doctor Mariátegui como:
Fundador de nuestra patria; ardoroso propugnador del sistema republicano; doctrinario intemperante; juez integérrimo; incorruptible sostenedor del orden legal; escritor desgarbado y erudito, pero enérgico y eficaz en todos los aspectos de su acción fecunda (que) imprimió los caracteres de su alma inmaculada y vehemente. Jamás cejó en su cruzada nobilísima, y podría decirse de él que no sólo proclamó sino también vivió sus elevados principios. Mariátegui es la confirmación suprema del pensamiento de Gonzales Prada; la vida ejerce una propaganda lenta pero irresistible.
Fundador de nuestra patria; ardoroso propugnador del sistema republicano; doctrinario intemperante; juez integérrimo.
Asimismo, Diego Camacho, en el libro Paradigmas, escribe que:
Entre los próceres de la República, Francisco Javier Mariátegui es figura epónima y magistral. La pureza inmaculada de su vida y de su obra; la rectitud fue su gesto perenne; la armonía entre su doctrina y su acción; la consecuencia que guardó toda su vida, desde su arrogante y rebelde juventud, hasta su ancianidad gloriosa a los principios democráticos, lo erigen en una de las más brillantes figuras de nuestra Historia Republicana.
Y así podríamos seguir citando opiniones y enjuiciamientos sobre los méritos, aportes y paradigmas del prócer en su denodada lucha en favor de la independencia de la nación peruana, de la gestación y desarrollo de su estructura institucional, de su manifiesto destino republicano, de la libertad de pensamiento y credo de sus ciudadanos, y de la intangibilidad de su territorio conforme a los aceptados principios del uti possidetis y de libre determinación de los pueblos.
Pensamiento Político
Mariátegui ostentó una personalidad muy singular y fue dotado de calidades y dones que hicieron de él un político y un jurisconsulto forjado y perfeccionado en la brega de la infatigable lucha cotidiana. Sin embargo, no cabe duda de que sus genes, la tradición familiar, la impronta de su raza vasca, el culto al pensamiento libertario y republicano y su infranqueable convicción anticlerical, aunada a su formación masónica, hicieron de él lo que desde muy joven y hasta su muerte fue: Un iconoclasta irreductible que, sin embargo, creía con pasión y amaba sin condiciones lo que él intuía era su patria, esto es, el Perú emancipado de un poder colonial que a pesar de su eventual contribución a la simbiótica creación de esta nueva nación era perentorio seccionar y separar por el bien de su desarrollo futuro y la afirmación y consolidación de su personalidad colectiva dentro del concierto de países del siglo XIX.
Él tuvo grandeza y visión de largo plazo en sus análisis y propuestas, siempre salvaguardando el bien común de su pueblo y la justicia en la solución de las controversias y pleitos que le fueron confiados durante su larga carrera judicial. Vemos así que, desde los albores de la República, en reconocimiento a su norma de vida ocupó dignidades, promovió acciones y le fueron confiadas diversas responsabilidades públicas en su dilatada carrera (casi cuarenta y nueve años) al servicio del Perú:
Cargos Públicos
– Firmante del Acta de la Independencia, 15.7.1821
– Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, 3.8.1821
– Asociado a la Orden del Sol del Perú, 12.12.1821
– Miembro y Secretario de la Sociedad Patriótica, 10.1.1822
– Fiscal Departamental de Lima, 15.1.1822.
– Promotor de las protestas populares y participante de las gestiones en contra de los actos despóticos del Ministro don Bernardo Monteagudo que provocaron su destitución, 25.7.1822.
– Diputado por Lima en el primer Congreso Constituyente, del 20.9.1822 al 20.11.1822.
– Secretario del Primer Congreso Constituyente, del 20.2.1823 al 20.5.1823.
– Abogado defensor de Censos y Obras Públicas, 10.11.1823.
– Fundador y vocal de la Corte Superior de Trujillo, 11.4.1823.
– Fiscal de la Corte Superior de Lima,27.8.1825.
– Ministro de Estado en los Despachos de Gobierno y Relaciones Exteriores, del 27.6.1827al 19.5.1828.
– Ministro Plenipotenciario y Extraordinario del Perú en la República del Ecuador,18.2.1832.
– Árbitro entre la Nueva Granada (Colombia) y el Ecuador para resolver la cuestión de límites territoriales, 28.7.1832.
– Ministro Plenipotenciario y Extraordinario del Perú ante la República de Bolivia, encargado de negociar el Tratado de Paz para poner fin a la guerra entre ambos países, 20.2.1842.
– Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, 8.2.1845.
– Vocal de la Corte Suprema de Justicia, 29.4.1851.
– Presidente de la Corte Suprema de Justicia, períodos 1852-1854, 1855-1858, 1864-1865,1869-1870, año en que se jubiló.
Facetas de su actuación pública
En sus noventa y un años de intensa vida, don Francisco Javier tuvo diversas etapas en su actividad pública. Además de su fase formativa, en la que destaca haber sido discípulo dilecto de don Toribio Rodríguez de Mendoza en el Real Convictorio de San Carlos, el prócer exhibe el período de activista y gran promotor de la causa de la independencia al final del Virreinato y en los inicios de la República, su dedicación al fomento y defensa de los intereses del Perú en el ámbito internacional, como Canciller y Representante Diplomático en Ecuador y Bolivia, y su dilatada actuación como destacado miembro de la Judicatura.
Activista político y diputado
Como conspicuo miembro del grupo de los Carolinos, en 1820, a la llegada del General San Martín a Pisco, Mariátegui se dedica con sus correligionarios jóvenes a ejecutar las órdenes del Libertador, en el sentido de persuadir a los soldados del ejército realista para que desertaran y así debilitaran la evidente superioridad numérica de las fuerzas españolas, dado que el ejército patriota no estaba aún en condiciones de presentar batalla. El plan y su ejecución tuvieron, a pesar de los grandes riesgos que corrían los patriotas, un connotado éxito que el mismo prócer califica en su libro Anotaciones a la Historia del Perú Independiente de don Mariano Felipe Paz Soldán, al expresar que:
Fueron los trabajos de éste (Pablo Salazar) y de otros patriotas tan eficaces y tan ventajosos, que jamás consiguieron los españoles aumentar la Guarnición de Lima, y cuantas altas daban a los cuerpos eran inferiores a las bajas; cansados de la deserción se enfriaron algo y se apocaron nuestros enemigos […]. Lo cierto es que este sistema produjo bienes de consideración, y era tal el patriotismo que jamás pudieron los españoles descubrir lo menor. Tantas y tan bien tomadas fueron las medidas.
Otro episodio destacable por sus efectos y buena organización, vinculado al plan de deserciones inducidas que condujeron los carolinos en connivencia con el círculo del Libertador, fue el paso del gran Batallón Numancia a las filas del ejército patriota. Costó mucho trabajo y no menos riesgos y recelos, habida cuenta que cualquier desliz o error en los contactos clandestinos se pagaba con la muerte, dada la expedita práctica de los realistas para eliminar espías y desertores. El complot, finalmente, tuvo éxito y el hombre elegido, el capitán Tomás de Heres, venezolano, astuto y perspicaz, a pesar de su conocida adhesión a la causa realista, resolvió encabezar la masiva defección del Numancia hacia el ejército libertador. Por decisión de los complotados carolinos, Mariátegui fue encargado de ilustrar y orientar al capitán Heres sobre los pormenores del plan. Cuenta el Prócer, en su ya citado libro, que:
Heres entonces marchó a Aznapuquio, cuartel general de los españoles, después de dejar en ésta, asegurados, sus papeles y equipaje, y cumplió sus compromisos pasándose con el batallón al frente mismo de los enemigos de América. Tal fue el terror de éstos, tal su abatimiento, tanto influyó el paso alentando a los patriotas e infundiendo desconfianza en los españoles para los americanos, que ya nos fácil de llevar adelante el plan de seducción.
La convicción adversa a los planes del Libertador y Monteagudo se consolidó cuando estos patriotas leyeron el Estatuto Provisorio dictado por San Martín el 8 de octubre de 1821, en particular el párrafo que dice:
La obra verdaderamente difícil, que es necesario emprender con valor y firmeza y circunspección, es la de corregir ideas inexactas impresas en la actual generación. Empezando por la libertad para que sean inútiles los esfuerzos que se han hecho para alcanzarla, todo pueblo civilizado está en actitud de ser libre, más el grado de libertad que goce debe ser proporcional a su civilización.
No hubo, pues, ya duda de hacia dónde apuntaban los designios monarquistas, que sin duda menospreciaban la capacidad del pueblo peruano para gobernarse en democracia y libertad. Mariátegui, en su tantas veces citado libro, refuta la afirmación de San Martín al expresar que:
La libertad no se concede a los pueblos: Los hombres la tienen de la naturaleza. En las sociedades civiles, las constituciones las especifican, las enumeran y renuncian alguna parte; lo hacen los propios: y sí los pueblos, después de meditaciones y discusiones por medio de diputados elegidos con este objeto.»
Al poco tiempo, en medio de alguna asonadas y señales de malestar entre el propio ejército libertador en contra de las fuerzas colombianas, en el mes de julio de 1826 las autoridades detuvieron a un grupo significativo de “conspiradores” que aparentemente fueron delatados. Entre ellos estuvieron los generales Necochea y Correa (argentinos), los coroneles Vidal, Prieto y Ninavilca (peruanos), los coroneles Pedernera y Estomba (argentinos), el coronel Raulet (francés), el Coronel Tur (español), el Teniente Coronel Azcurrinaga (peruano), el Fiscal de la Corte Superior de Justicia Francisco Javier Mariátegui y el canónico Requena (peruanos). Si bien esta supuesta “conspiración” nunca fue probada, aunque el Libertador le asignara una importancia desmedida, lo cierto es que la inclusión de Mariátegui era reveladora de la atención que su personalidad política y su nacionalismo concitaban en el entorno de Bolívar. Y la reacción de este no se hizo esperar cuando sentenció que “… era preciso fusilar a seis u ocho y expatriar para siempre a Mariátegui».
Como este resultado convenía a sus designios, Bolívar aprovechó la coyuntura para imponer en el Perú la misma Constitución que había redactado para Bolivia, la cual es conocida como la Constitución Vitalicia. Luego de que el Libertador partiera del Perú rumbo a Colombia, en septiembre de 1826, fue jurada el 9 de diciembre de 1826 y derogada el 28 de enero de 1827.
Estas importantes decisiones, que acabaron con la herencia política de Bolívar en el Perú, fueron ampliamente respaldadas al día siguiente por una Asamblea Popular, a cuya movilización no eran ajenos Vidaurre ni Mariátegui.
Actuación Diplomática
El fácil colapso del Régimen Vitalicio, como lo denomina Basadre, trajo transformaciones centrales en la política peruana. Quizá, además de las ya descrita la más importante fue la convocatoria al Segundo Congreso Constituyente, el cual se instaló el 4 de junio de 1827 bajo la presidencia de Francisco Javier de Luna Pizarro, preclaro intelectual y político de origen clerical. Asimismo, bajo el influjo de su presidente, el Congreso eligió Presidente de la República, con mandato de cuatro años, al Mariscal José De La Mar, quien obtuvo el favor de los diputados, mientras el opositor don Andrés de Santa Cruz resultaba derrotado. Vicepresidente fue electo Manuel Salazar y Baquíjano.
Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores
El 24 de junio, el Presidente De La Mar designó como Ministro de Estado en los Despachos de Gobierno y Relaciones Exteriores al doctor Francisco Javier Mariátegui y Tellería, de treinta y tres años, con quien había compartido vivencias y experiencias políticas en las que pudo comprobar su afinidad de criterio, pensamiento doctrinario y caballerosidad a toda prueba.
En continuación de las labores realizadas por sus predecesores, José María de Pando y Lorenzo de Vidaurre, al Ministro Mariátegui le cupo la labor de organizar la Cancillería y las relaciones exteriores del país, naturalmente determinadas por las circunstancias y el devenir de los acontecimientos, en su mayoría condicionados por intereses ajenos al Perú. De su obra queda poco en los archivos documentales (por razones que no son del caso analizar) y los tratadistas y estudiosos han abordado los acontecimientos que le toco administrar sin mayor profundización en el pensamiento y las disposiciones de quien las conducía desde Lima.
Sin embargo, subsiste un documento en los archivos de la Cancillería peruana que da cuenta de que el Canciller Mariátegui impartió instrucciones a don Andrés de Santa Cruz cuando fue acreditado como Ministro Plenipotenciario y enviado extraordinario del Perú en la República Argentina, el 14 de febrero de 1828. Este pliego de instrucciones es ilustrativo de la concepción, los principios y los objetivos de nuestra política exterior de ese entonces.
En resumen, el documento expresa lo siguiente:
Habida cuenta que no se ha podido encontrar más documentación que, de manera general y con amplio espectro, proporcione un mayor esbozo de la política exterior del Gobierno del Mariscal La Mar durante la gestión del prócer, pasemos a relacionar algunas actividades y gestiones puntuales atendidas durante la gestión deI Canciller Mariátegui, no sin antes situar su gestión dentro del contexto de la política internacional de la región sudamericana de ese entonces.
Era evidente que la misión de Mariátegui consistía en poner la incipiente política exterior, tanto en cuestión de instrumental conceptual como en los magros medios existentes, al servicio de la consolidación ya no sólo del territorio y de la personalidad de la nación peruana, sino también de su propia existencia, tan atribulada por diversos factores en los inicios de la República.
Durante su corta gestión le cupo hacer frente a diversos acontecimientos y acometer situaciones que podríamos calificar de cuestiones mayores. Así, tenemos las siguientes, en orden decreciente de importancia:
Ignacio Ortiz de Zevallos, vocal de la Corte Suprema, fue nombrado por Bolívar y su Canciller José María Pando, en junio de 1826, como Ministro Plenipotenciario en Bolivia. En su pliego de instrucciones figuraba, como la principal, que debía lograr la “reunión, en República una e indivisible, de Perú y Bolivia», bajo la presidencia del Mariscal Sucre, en defecto de Bolívar. Posteriormente, Pando instruye que debía ser incorporada también la Gran Colombia, pero esta vez bajo el mando supremo del Libertador. Al caer el Régimen Vitalicio y asumir como Ministro y conocer de estas negociaciones, Mariátegui, el 11 de agosto de 1827, desaprueba a Ortiz de Zevallos con “suma extrañeza” la cesión de Arica a Bolivia, “que no estaba en sus Instrucciones».
Por “…su injerencia en los negocios del Perú, al extranjero de ser factor de asociaciones secretas y de juntas clandestinas y de estar íntimamente ligado con personas que, desde lejos, tratan de perturbar la tranquilidad pública”, el 25 de junio de 1827 fue expulsado del Perú el referido representante colombiano, al día siguiente de que Mariátegui asumiera la cartera de Relaciones Exteriores como vemos, para extirpar la impronta bolivariana no había bastado acabar con el Régimen y la Constitución Vitalicia. Los liberales republicanos cercenaron de un solo tajo a quien había desnaturalizado su misión diplomática y se había convertido en factor de múltiples conspiraciones y delaciones en contra de los intereses del Perú.
Como resultado de un fuerte incremento en las tensiones bilaterales entre el Perú y la Gran Colombia luego del desmontaje del régimen bolivariano, tensiones que finalmente provocaron la guerra con la Gran Colombia de 1828-1829, el Canciller Mariátegui vio por conveniente enviar a don José Villa en misión a Bogotá, en calidad de Ministro Plenipotenciario y con el propósito de atender y esclarecer algunos incordios que se habían generado entre ambos países. La misión se desarrolló entre fines de diciembre de 1827 y el 27 de mayo de 1828. Los temas centrales, tratados a la distancia por el Canciller colombiano y sin que Villa fuera recibido por Bolívar, fueron sucintamente los siguientes:
El Gobierno Colombiano, el 15 de diciembre del 1827, reclamó la devolución de doce mil pesos del General Jacinto Lara, que presuntamente fueron decomisados al encargado de negocios Cristóval Armero, el reclamo fue derivado al Ministerio de Guerra y Marina.
El Gobierno Peruano designó, en abril de 1828, al Teniente Coronel José Domingo Cáceres como enviado especial y encargado de negocios ante el Gobierno del Imperio del Brasil. Su misión central consistió en realizar intensas gestiones en Río de Janeiro para lograr el reconocimiento de la Independencia del Perú, abrir relaciones políticas con el Imperio y efectuar el seguimiento de la política exterior del Brasil hacia el Perú.
El 16 de noviembre de 1827 se efectuó una gestión en Washington D.C. ante el Gobierno de los Estados Unidos para poner en su conocimiento los sucesos que llevaron a la derogatoria de la Constitución Vitalicia y la aprobación de la nueva Constitución, así como expresar el temor del Gobierno del Mariscal La Mar ante los designios y demostraciones del General Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia, en favor de hacer la guerra al Perú. En esta ocasión se efectuó también una petición al Gobierno estadounidense para que interpusiera sus buenos oficios en defensa de la paz y la libertad del Perú.
En noviembre de 1827, el enviado inglés denunció ante el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores que súbditos británicos habían sido reclutados a la fuerza y se encontraban a bordo de la Fragata Presidente, anclada en el Callao. Asimismo, el representante diplomático presentó un reclamo formal en el sentido de que dichos ciudadanos británicos no podían hacer servicio militar en el Perú. La comunicación fue derivada al Ministerio de Guerra y Marina.
Ministro Plenipotenciario en la República del Ecuador
El 18 de febrero de 1832, Francisco Javier Mariátegui fue nombrado Ministro Plenipotenciario y enviado extraordinario del Perú ante la República del Ecuador. El 22 fue reconocido como tal por el Gobierno de Quito.
El 28 de julio del mismo año, la legación de la Nueva Granada en Lima informa por nota a la Cancillería Peruana que su Gobierno ha reconocido al doctor Mariátegui “…para mediar entre la Nueva Granada y el Ecuador en la cuestión de límites territoriales”.
Es así, que el entonces Presidente del Perú (e), doctor Manuel Tellería, por nota dirigida al Presidente del Ecuador el 8 de octubre de 1832, le informa que el Ministro Plenipotenciario, doctor Mariátegui, no podría continuar como mediador entre ambas repúblicas.
En el libro copiador correspondiente, depositado en el Archivo Documental de la cancillería peruana, se encuentra anotado que el doctor Tellería le explica en dicha nota al presidente del Ecuador lo siguiente:
Frustrada dolorosamente la mediación del Perú en las deplorables diferencias que subsisten entre sus hermanos los estados del Ecuador y del Centro, y habiéndome expuesto el Ministro Plenipotenciario Don Francisco Javier Mariátegui que las circunstancias de su salud y familia le obligan a desear vivamente el restituirse a su patria, he acogido sus votos y permitiéndole que se retire, rindiendo ante V.E. su último homenaje por la benévola acogida que ha merecido, y reiterando de mi parte las protestas más sinceras de amistad a V.E. y de las favorables disposiciones del Perú hacia la nación que rige V.E.
Ministro Plenipotenciario para la paz con Bolivia
La situación interna del Perú era anárquica y el espíritu de la nación había sido seriamente mellado por la muerte de Mariscal Agustín Gamarra, Presidente del Perú, en la Batalla de Ingavi el 18 de noviembre de 1841 contra el ejército boliviano. El Presidente en ejercicio Manuel Menéndez Gorozabel, y su Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Agustín Guillermo Charún, con el ánimo de concluir de una vez el proceso de paz con Bolivia y liberar al territorio peruano de fuerzas de ocupación, llaman a Francisco Javier Mariátegui a fin de nombrarlo «Ministro Extraordinario para celebrar Tratados Preliminares de Paz con el Gobierno de Bolivia», según reza la nota que le envían el 20 de febrero de 1842.
El Gobierno de Bolivia nombró como negociador a Hilarión Fernández, en tanto que el gobierno chileno, que ofreció ser mediador en las conferencias, designó a Ventura Lavalle bajo la condición peruana de que Santa Cruz no volvería a gobernar Bolivia y que las tropas de éste desocuparan el territorio peruano. Las reuniones se verificaron en territorio peruano, comenzando el 9 de mayo en el pueblo de Vilque, cerca de Puno.
El 28 de ese mes, Mariátegui confirma finalmente que el General Ballivián ha designado a Hilarión Fernández como Ministro Plenipotenciario y que pide que las conferencias se efectúen en Puno. No obstante, trasciende que el Consejo de Estado de Bolivia, en La Paz, habría nombrado a Andrés Quintero como Ministro Negociador, cosa que disgustó al Presidente Ballivián y concluyó con la designación de Hilarión Hernández.
El 14 de mayo, Mariátegui informa sobre el inicio de las negociaciones el 9, antes de dar cuenta de las tratativas, el Ministro peruano manifiesta que el Ministro Hilarión Fernández, por nota, ha expresado que sobre la llamada Columna de Ingavi, “… monumento militar erigido a la gloria de los defensores de Bolivia» y que es propiedad boliviana, no se puede pactar nada.
En lo referente a los temas abordados, sobre los que versaría el tratado, expresa que son los siguientes:
El 19 de mayo, ante las discrepancias verificadas durante la negociación, el Ministro boliviano propuso acordar»… una tregua de 2 y 3 meses para escuchar la voz de la razón y que se consulten los verdaderos intereses de las dos repúblicas”. En opinión de Mariátegui, todo esto habría que analizarlo en el contexto de la crítica situación política que experimenta el Gobierno peruano y las manifestaciones francamente hostiles del General Juan José Flores, Presidente del Ecuador, quien pretendía invadir el Perú presuntamente en connivencia con Ballivián.
Ante el impase existente, según cuenta Basadre, “Lavalle obtuvo el 5 de junio una entrevista entre los generales Ballivián y La Fuente, y los señores Fernández, Olañeta y Mariátegui en el pueblecito de Acora. Los militares llegaron a un acuerdo que los diplomáticos no habían podido efectuar. En una noche quedaron resueltos los puntos del tratado de paz. Ballivián se comprometió, por separado, sin que ello figurase en el texto del pacto, a ordenar que fueran retiradas de la columna erigida en Ingavi todas las inscripciones ofensivas para el Perú y a devolver el cadáver de Gamarra».
A pesar de los rumores, posiciones irreductibles y malos presagios, finalmente el Tratado Preliminar de Paz, también conocido como el Tratado de Puno, se firmó el 7 de junio de 1842. En opinión del padre Rubén Vargas Ugarte S.J., con este instrumento»…se allanaron todas las diferencias que existían entre uno y otro país”.
Jorge Basadre, por su lado, manifiesta que “Ballivián obtuvo que la desocupación del territorio invadido se realizara en una fecha posterior a la firma del tratado; y obtuvo, asimismo, el mantenimiento de la columna de Ingavi aunque sin sus palabras ofensivas, que él mandó retirar por decreto dado en Cochabamba el 25 de junio de 1842, en el que, además, autorizó a entregar los restos de Gamarra si comisionados del Perú lo pedían. Al mismo tiempo, quedaron silenciados los reclamos económicos que el Perú hacía a Bolivia tanto por la deuda contraída durante la guerra de la independencia como por los perjuicios ocasionados por Santa Cruz».
Al dar cuenta final de su misión como Ministro Plenipotenciario para pactar la paz con Bolivia, Mariátegui solicitó que se diera por terminada esta encomienda a fin de poder reintegrarse a sus labores cotidianas en Lima, esto es, en la Corte Suprema de Justicia del Perú, donde mi tatarabuelo laboró hasta jubilarse el año 1870, a los 77 años. Asimismo, se dedicó a la cátedra, a escribir libros sobre sus especialidades y a ejercer el periodismo utilizando sus seudónimos de Marca Martillo y Patricio Matamoros. No puedo dejar de anotar que fue, también, un notable polemista, habiendo sostenido discusiones públicas a través de los medios con Mariano Felipe Paz Soldán y Ricardo Palma, las que llegaron incluso a la publicación de libros.
Como se ha dicho, siendo ya un anciano longevo, pero aún muy combativo y lúcido, falleció en Lima en 1884, a los 91 años, con la satisfacción de haber visto la desocupación del territorio nacional, libre por fin de las tropas chilenas.
Con su muerte, sin embargo, no acabaron las controversias y cuestionamientos contra su persona. La curia limeña, a través de varios documentos eclesiásticos, se opuso a que fuera sepultado en el Cementerio General Presbítero Maestro, en razón de estar distanciado de la Iglesia católica, ser el fundador y gran propulsor de la masonería peruana y no haberse reconciliado con su religión. El incidente adquirió proporciones políticas, al punto que tuvo que intervenir el entonces presidente provisorio de la República, general Miguel Iglesias, quien ordenó su entierro y presidió el cortejo fúnebre en el que el Presidente de la Corte Suprema y seis nietos del prócer llevaron en hombros al venerable patricio hasta el cementerio. Por disposición del Congreso de la República de1 2 de agosto de 1926, sus restos mortales fueron llevados al Panteón de los Próceres, justa morada final para quien consagró su vida entera a la causa del Perú.
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