Cancilleres del Perú

José Gregorio Paz-Soldán, el gran Canciller del Presidente Ramón Castilla, es la figura emblemática del Servicio Diplomático del Perú y el personaje central en las celebraciones el 3 de agosto, Día del Diplomático. No en vano, la condecoración que el Ministerio de Relaciones Exteriores otorga a los funcionarios diplomáticos que han prestado valiosos servicios a la nación se titula “Orden al Mérito del Servicio Diplomático del Perú José Gregorio Paz-Soldán”.

Paz-Soldán nació en Arequipa el 9 de mayo de 1808, hijo de don Manuel Paz-Soldán y doña Gregoria de Ureta Peralta y Araníbar. Su padre, radicado en el Perú desde 1774, era tesorero de las Reales Cajas de esa ciudad, cargo que ejerció durante treinta y tres años, hasta 1825.

Recibido de abogado en agosto de 1831, inició de inmediato su carrera en la Magistratura. Luego de actuar como Relator de la Corte Superior, en julio de 1833 fue designado juez de Primera Instancia, y en 1839, a los treinta y un años, fue promovido a la Fiscalía de la Corte Superior de Arequipa. El mismo año, luego de disuelta la Confederación Perú-boliviana, fue designado diputado por Arequipa al Congreso de Huancayo, y en 1845 fue elegido Senador por ese mismo departamento. Al iniciar su primer gobierno, el presidente Ramón Castilla lo llamó para encargarle el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El nombramiento como Canciller de uno de los hombres más destacados de su era, el brillante abogado arequipeño José Gregorio Paz –Soldán, de treinta y siete años, estuvo muy a tono con el hábito de Castilla de incorporar a su gobierno a los talentos más sobresalientes, sin tomar en cuenta afiliaciones políticas adversas. Recurrió a liberales y a conservadores, a amigos y a miembros de la oposición.

El gran Ministro de Relaciones Exteriores del siglo XIX, aquel que organizó la Cancillería peruana y formuló por primera vez lineamientos de la política exterior del Perú, asumió su cargo el 19 de mayo de 1845. Consolidado el régimen político con el orden institucional que Ramón Castilla impuso en el manejo del gobierno, con José Gregorio Paz-Soldán el Ministerio de Relaciones Exteriores obtuvo la estructura básica que conservó hasta comienzos del siglo XX.

José Gregorio Paz-Soldán y Ureta era el diplomático, internacionalista y sobre todo, gran jurista que Castilla necesitaba para la defensa de los derechos del Perú frente a la prepotencia y el abuso de las naciones europeas. Ya había desempeñado importantes puestos de gobierno y encabezado misiones diplomáticas claves. Sería, pues, el llamado a establecer los fundamentos legales de las metas internacionales que Castilla se había propuesto.

Alternativa o sucesivamente, Castilla y Paz Soldán fueron amigos y adversos. Pero su vínculo substancial fue de admiración y respeto mutuo. Lo esencial de esa relación fue expuesto en una carta de Paz Soldán a Castilla, de fecha 30 de julio de 1848:

Bien sabe usted que su administración, su crédito y su nombre están ligados conmigo de un modo solidario; por lo mismo entre nosotros jamás han podido ni debido existir ni ser duraderos los resentimientos, quejas ni pasiones rencorosas. Yo respeto a Usted y aprecio a Usted como mi jefe y amigo.

Cuando Castilla convocó a José Gregorio Paz Soldán, el gran jurista estaba escondido. No tomó en cuenta que Paz Soldán era su acérrimo opositor: Lo había criticado en artículos que publicaba en El Comercio con el seudónimo de Casandra, en los que enjuiciaba, con mucha claridad y un estilo cáustico y franco, los acontecimientos de interés público. Castilla le dijo, sin preámbulos, que lo necesitaba: “…para arreglar una enojosa cuestión con motivo de una reclamación inglesa y ningún otro sino Ud. puede solucionarla. Queda Ud. nombrado Ministro de Relaciones Exteriores».

Dada la agitada vida política peruana y el hecho de que el Congreso solo se reunía cada dos años, el decreto de 1846 sólo fue refrendado como ley de la República en 1853. Precisamente su autor, José Gregorio Paz-Soldán, quien también fue Canciller del Presidente José Rufino Echenique, lo firmó el 19 de noviembre de ese año, como la Ley 91. Rigió hasta 1890, con algunas modificaciones en cuanto a sueldos y viáticos.

Cuando defendió el proyecto de Ley 17 ante el Congreso en 1847, el Canciller Paz-Soldán destacó firmemente la importancia de los estudios y el entrenamiento adecuados para los candidatos a la Diplomacia, único medio de asegurar un eficiente servicio exterior.

Castilla encontró resistencia en el Congreso para lograr la aprobación de los cuantiosos fondos que su accionar diplomático requería. La resistencia de los congresistas era comprensible porque no estaban acostumbrados a aprobar fondos para el mantenimiento de misiones diplomáticas en el exterior. Ante la disposición subsistente de reducir la partida de Relaciones Exteriores, el canciller Paz Soldán hizo ver al Congreso de 1847 que:

He recorrido varios presupuestos de las Repúblicas vecinas: Comparado el gasto de su lista diplomática con el nuestro y con nuestros recursos. Puede llamarse doble del que se quiere asignarnos. Para elegir la persona a quien pueda confiarse una legación, es casi indispensable ocurrir a aquellos que las han desempeñado antes, o que en el país han ocupado puestos de consideración o que en él gozan sueldos iguales, y que si se prestan deben hacerlo sin perder en categoría o en emolumentos.

         Agregó:

Los gastos destinados al sostenimiento de las relaciones son tan necesarios a la República como la que tiene que hacer en el mantenimiento de su ejército o en la conservación de su orden interior; pudiéndose decir que ello bien examinados producen ahorros y ventajas palpables […].Si constantemente hubiese existido Ministros de la República que abogasen por su causa en varios gabinetes extranjeros, habríamos ahorrado muchos bochornos y mucho dinero pagado después con profusión, cuando ya no quedaba otro arbitrio.

Paz-Soldán se mantuvo alerta a los abusos cometidos por los representantes de las grandes potencias contra el Perú. Cuando, a inicios de 1846, el cónsul británico William Pitt Adams presidió, en el salón de la Bolsa Extranjera, un tribunal para juzgar litigios e, incluso, pronunciar sentencias entre miembros de la colonia inglesa, redactó y presentó un decreto, el 26 de febrero, afirmando:

El Gobierno no consiente ni consentirá jamás, en que individuos o súbditos extranjeros se reúnan en lugar público a juzgar o decidir asuntos contenciosos, con violación de las leyes de la República y contra los principios establecidos en el Derecho Internacional.

El Gobierno no reconoce como válidos y obligatorios otros fallos, pronunciados en el territorio de la República, que los que pronunciaren los jueces y tribunales que establecen las leyes del Estado.

Frente al abuso de las grandes potencias en el asunto de los reclamos diplomáticos, Paz-Soldán expidió el Decreto 49 de 17 de abril de 1846, Declaración sobre Reclamaciones Diplomáticas, en el que el gobierno anunció el único caso en que serían aceptados los reclamos diplomáticos: si un súbdito extranjero hubiera recurrido a “…los tribunales, juzgados y demás autoridades de la República a solicitar justicia en defensa de sus derechos y constate que se le ha negado o retardado».

Al acuse de recibo de1 encargado de Negocios estadounidense Albert Gallatin Jewett, advirtiendo que no aceptaría la aplicación del decreto del 17 de abril hasta no recibir instrucciones de su Departamento de Estado, el Canciller Gregorio Paz-Soldán respondió, irónicamente, dando por hecha la aceptación del diplomático estadounidense. Ello desató la furia de Jewett, quien acribilló al Canciller con acusaciones y calificó el decreto como un “…conjunto de deformaciones legales y morales que presentan solamente crudas y perversas oblicuidades”. Aunque ya obraba en poder del Secretario de Estado el pedido peruano para el retiro de Jewett, por haberse convertido en persona no grata, James Buchanan se limitó a un llamado de atención para que moderara su actitud y no criticara en público al Gobierno peruano. Finalmente, y ante la insistente presión del Canciller Paz Soldán, el encargado de negocios Jewett fue retirado en marzo de 1847, cuando ya se le había marginado de todo trato oficial con el Gobierno.

En la contestación al Cónsul General Británico William Pitt Adams, el 12 de mayo, y también a los cónsules de Cerdeña y Dinamarca, el canciller Paz Soldán les indicó que:

…según el sentir del Ministerio no corresponde a los cónsules el derecho de protestar contra las declaraciones diplomáticas de los Gobiernos, en cuyo país residen, aun cuando se les haga conocer por falta de otro Ministro Público.

En la respuesta del Foreign Office que Pitt Adams transmitió al Canciller Paz-Soldán, Lord Palmerston advirtió, sin hacer referencia alguna a la declaración del 17 de abril, que, aunque la política era el quehacer particular de los diplomáticos y los asuntos comerciales aquel de los cónsules, ambos podían asumir las funciones del otro en caso de ausencia del funcionario apropiado. Agregó que, si a los cónsules británicos no se les permitiera ejercer sus funciones, el gobierno británico no tendría otra alternativa que ordenar al comandante de la flota británica estacionada en el Pacífico imponer este principio. Cuando Gregorio Paz-Soldán exigió explicaciones indicando que “…en dichas frases ha creído el Gobierno del Perú encontrar una amenaza”, Lord Palmerston instruyó a Pitt Adams para que informara al gobierno peruano que cuando un comandante británico recibía órdenes para presentar una demanda a un gobierno extranjero, se le daba, al mismo tiempo, instrucciones específicas en cuanto a las medidas que debía adoptar si el pedido no era satisfecho. Por ello, era siempre preferible que los asuntos no llegaran a ese extremo, sino más bien que se mantuvieran en manos de los diplomáticos o de los agentes consulares británicos.

En respuesta al peligro que el ex mandatario Juan José Flores planteó con su expedición militar organizada en 1847 en España e Inglaterra, con el apoyo disimulado de esos gobiernos para establecer una monarquía en el Ecuador, con abierta amenaza para el Perú, el canciller Paz-Soldán comunicó en circular a los gobiernos de Chile, Bolivia y Ecuador, en noviembre de 1846, que: «…el gobierno del Perú hará la guerra a los españoles por cuantos medios estén a sus alcances con el objeto de impedir cualquier tentativa que hicieren contra la independencia americana».

Acto seguido, el 9 de noviembre, Paz-Soldán remitió a todas las cancillerías hispanoamericanas, con copia al cuerpo diplomático en Lima, una circular que comunicaba la determinación del Gobierno peruano de defender la independencia ecuatoriana e invitando a cooperar en la lucha. En palabras vibrantes, Paz-Soldán señaló que:

En los derechos del Ecuador ultrajados por la España ha recibido el Perú una injuria, porque estima como propios los agravios hechos a los pueblos del continente americano, y mira como una violación de la justicia natural y del derecho de gentes cuanto se haga por quien quiera que sea con el objeto de arreglar los asuntos interiores de un pueblo libre de Sudamérica, darles leyes, cambiar sus instituciones, o hacerle adoptar otra forma de Gobierno que la que él mismo haya querido darse según sus conveniencias y circunstancias.

En respuesta a la acción de los diplomáticos hispanoamericanos en Londres, liderados por el Ministro peruano Manuel Iturregui, y a la presión de treinta firmas británicas cuyo comercio con América Latina se veía amenazado, el Canciller Británico Lord Palmerston ordenó la confiscación de los buques de la expedición. En España, las noticias del embargo en Gran Bretaña, y las denuncias de la oposición y de la prensa resultaron en el fracaso irremediable de la expedición.

A la vez, con la misma fecha, 9 de noviembre, Paz-Soldán dirigió una segunda circular a las cancillerías de Chile, Ecuador, Nueva Granada, Venezuela, Bolivia, la Confederación Argentina, Estados Unidos, América Central, México y Brasil, invitándolas a participar en el Congreso Americano de 1847, en Lima. Recordando el Congreso de Panamá, Paz-Soldán afirmó que:

… los últimos sucesos de la Península y la invasión del Ecuador bajo los auspicios del Gobierno Español, han venido a descubrir que los pueblos sudamericanos tienen necesidad de unirse y de formar alianzas para repeler pretensiones extrañas y azarosas a la causa americana.

Ninguna ocasión puede presentarse más favorable que la actual, para la ejecución de aquel proyecto, y por ello me dirijo, a nombre del gobierno peruano, al de V.E., para invitarle a que nombre el Plenipotenciario, si fuera de su opinión la reunión de un Congreso que pueda fijar de un modo sólido las bases de la futura tranquilidad y seguridad de los pueblos de Sud-América.

En el Tratado de Confederación, que los Plenipotenciarios del Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia firmaron el 8 de febrero de 1848, quedó establecido el mecanismo mediante el cual cualquier país miembro, víctima de una “agresión, ofensa o ultraje» por parte de una potencia extranjera susceptible de ser calificado como casus foederis o causa para la guerra, podría solicitar al Congreso Plenipotenciario que asumiera su defensa. Una vez decidida la justicia del pedido, el Congreso solicitaría a las naciones confederadas que se dirigieran individualmente al agresor exigiéndole satisfacciones o reparaciones. Si el pedido fuera desatendido, el Congreso declararía la existencia de un casus foederis y convocaría a los ejércitos de cada país miembro para el inicio de operaciones militares conjuntas. A partir de ese momento, todas las naciones confederadas se considerarían en estado de guerra con el agresor e interrumpirían toda relación y comercio hasta finalizado el conflicto.

Paz-Soldán estaba convencido de que un Ministro de Relaciones Exteriores ocupaba un lugar demasiado alto para ser un mero ejecutor de la política exterior del Presidente. Ejecutó las órdenes de Castilla con lucidez, competencia e imaginación porque compartía sus ideas y comprendió plenamente sus intenciones. Este no fue, ciertamente, el caso cuando Paz-Soldán fue Canciller de José Rufino Echenique, entre las dos presidencias de Castilla. Entonces, Echenique se dejó intimidar por las amenazas del encargado de Negocios francés Ratti-Menton, listo a ordenar la intervención de naves de la escuadra francesa, anclada frente al Callao, en apoyo de ciudadanos franceses que alegaban haber sufrido daños durante los disturbios políticos de 1854. Al negarse Echenique a firmar la nota de protesta para el diplomático francés, Paz-Soldán presentó su carta de renuncia en términos muy claros:

Usted oyó ayer mis opiniones resueltas y vigorosas por sostener nuestros derechos y me dijo usted que serían buenas para épocas normales. Ni la política exterior ni los cañones de los franceses me hacen dejar el Ministerio, sino la falta de confianza de usted y la desaprobación de mi conducta tan ásperamente manifestada en su carta de hoy.

En sepiembre de 1861, Castilla lo designó rector de la Universidad de San Marcos para hacer frente a las dificultades surgidas en ella. Paz-Soldán emprendió la reorganización de San Marcos; afirma Jorge Basadre que, con este nombramiento,»… quedó liquidada una larga etapa de decadencia de San Marcos y se inició un nuevo período en su historia.

El capítulo americanista de Paz-Soldán se corona con su participación, durante el gobierno de Juan Antonio Pezet, como delegado del Perú en el Segundo Congreso Americano celebrado en Lima en 1864. Producida la incursión española contra las islas de Chincha, el Congreso Americano demandó, primero, al Almirante Luis H. Pinzón, Jefe de la Escuadra, que las desocupara, y como el pedido fue desatendido, presentó un memorándum proponiendo insistir y planteando, en el punto segundo, «…que en caso negarse a las anteriores condiciones, las repúblicas representadas en esta conferencia abrirán contra las fuerzas de S.M.C. las necesarias hostilidades hasta conseguir que se atienda los derechos del Perú y demás republicas americanas».

A su fallecimiento, el 18 de diciembre de 1875, José Gregorio Paz-Soldán recibió el homenaje unánime de sus conciudadanos. De él afirma Carlos Moreyra Paz-Soldán:

…era intransigente en cuestiones de principio y categórico y hasta áspero cuando tenía que defender la verdad y afrontar problemas relativos a la soberanía, dignidad y derechos de la Patria. No hizo jamás concesiones en tales materias, prefiriendo muchas veces apartarse de la función pública, antes que incurrir en cualquier forma de debilidad o tibieza. Por eso, su colaboración nunca fue requerida por razones de simple o mera amistad, sino porque se le consideraba necesario, indispensable, sobre todo cuando se trataba de tareas de difícil realización. De ahí que, a lo largo de toda su existencia, marcó honda huella en las diversas actividades que emprendió.