Bernardo Monteagudo nació en Tucumán, provincia perteneciente al Virreinato del Río de la Plata o Buenos Aires, en 1789, hijo del español Miguel Monteagudo y de la tucumana Catalina Cáceres. No obstante, hay otra versión que sostiene que su madre fue una esclava que se casó con un soldado de origen español quien asumió la educación de Bernardo.

Su experiencia en el Alto Perú

Comenzó sus estudios de Abogacía en Córdoba para luego continuarlos en la Universidad de Chuquisaca, en el Alto Perú o Charcas, donde se graduó en 1808 con la tesis Sobre el origen de la sociedad y sus medios de mantenimiento. Precisamente en esta universidad entró en contacto con Mariano Moreno y Juan José Castelli, futuros líderes del proceso emancipador en el Río de la Plata. Es interesante comprobar la activa participación de Monteagudo en la temprana Revolución de Chuquisaca del 25 de mayo de 1809, señalándose como el redactor de la célebre proclama insurgente. Para esas fechas, Monteagudo tenía escasamente diecinueve años y este sería el punto de partida de su carrera política. En lo que se ha considerado el «silogismo de Chuquisaca», Monteagudo lanzaba la siguiente pregunta: «¿Debe seguirse la suerte de España o resistir en América? Las Indias son un dominio personal del rey de España; el rey está impedido de reinar; luego las Indias deben gobernarse por sí mismas.»

Ya en 1808, al producirse la incursión de las tropas napoleónicas en España y la captura del rey, Monteagudo había escrito una interesante y crítica obra —considerada por algunos como una sátira política— titulada Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII, donde se recreaba una conversación imaginaria entre estos personajes y Atahualpa hacía un paralelo entre la invasión de los españoles a su imperio y lo que ahora sufrían estos de parte de los franceses. En este escrito, Monteagudo deja deslizar sus principios libertarios cuando manifiesta «… despertad ya del penoso letargo en que habéis estado sumergidos. Desaparezca la penosa y funesta noche de la usurpación, y amanezca luminoso y claro el día de la libertad. Quebrantad las terribles cadenas de la esclavitud y empezad a disfrutar de los deliciosos encantos de la independencia.»

Como parte de la represión que siguió a los eventos subversivos del Alto Perú, el virrey Cisneros ordenó tomar presos a los insurrectos y Monteagudo pasará preso a la Real Cárcel de Chuquisaca. No obstante, logrará fugarse del presidio y el 4 de noviembre se dirigirá a Potosí, donde se pondrá en calidad de auditor bajo las órdenes de Juan José Castelli, quien había tomado la ciudad el 25 de noviembre luego del triunfo de la batalla de Suipacha. Estando en esta ciudad, y a partir de la política de Mariano Moreno de erradicar a los españoles sospechosos de realistas, Monteagudo será testigo del destierro de cincuenta a trescientos peninsulares a la ciudad de Salta, experiencia que luego le servirá para aplicarla también en el caso del Perú. El 14 de diciembre de 1810, Castelli firmará la ejecución de los principales autores de las masacres contra los líderes del movimiento de Chuquisaca y Junta de La Paz de 1809, y nuevamente Monteagudo será testigo presencial de los hechos.

Su actividad política en Buenos Aires

En 1811 se traslada a Buenos Aires y se convierte en editor de la Gaceta de Buenos Aires, poniendo en práctica su vena periodística. Posteriormente, Monteagudo decide fundar su propio periódico, Mártir o Libre, donde argumenta abiertamente a favor de la independencia. El 13 de enero de 1812 participa de la fundación de la Sociedad Patriótica y se convierte en editor del periódico El Grito del Sud, vocero de dicha organización. Su labor periodística es sostenida y demuestra además su inclinación por redactar documentos que sustenten sus puntos de vista y acciones políticas. Así, el 6 de abril de 1812 publica en Mártir o Libre un artículo en el que califica de acto de sumisión el reconocer y obedecer a las Cortes de España y recalca que «… aun cuando quisiéramos reconocer las Cortes, como nunca podríamos consentir en enviar caudales ni recibir mandatos corporativos, el auto de reconocimiento sería estéril», además de implicar «un verdadero vasallaje.»

Monteagudo participará del Segundo Triunvirato que convocará el Congreso Constituyente como diputado por Mendoza. La Asamblea adoptará una serie de medidas que se venían discutiendo en las Cortes de Cádiz desde 1811, y que ya se habían puesto en práctica en el caso concreto del Alto Perú, como la abolición del tributo indígena, la eliminación de la Inquisición y la supresión de los títulos de nobleza. Todos estos puntos estarán incluidos en la Constitución liberal gaditana de 1812.

En 1814 brinda su apoyo al Director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Carlos María de Alvear, integrante de la denominada Logia Lautaro. A la caída del régimen, Monteagudo es encarcelado y luego de fugarse viaja a Europa —reside en Londres y París—, donde se deja ganar por el proyecto de la monarquía constitucional. Tras dos años de permanencia en el extranjero regresa a Mendoza, y en 1817, luego de la victoria de Chacabuco, San Martín lo nombra auditor de Guerra del Ejército de los Andes con el grado de teniente coronel. Se le atribuye haber redactado, en enero de 1818, la Proclamación de la Independencia de Chile, autoría que también se adjudica a Miguel Zañartu. Se convierte en consejero y confidente de Bernardo O’Higgins, primer Director Supremo de Chile.

Por dar curso a la pena de muerte de los caudillos chilenos Juan José y Luis Carrera sin consultar a la superioridad, San Martín ordenará su confinamiento en San Luis, concluido el cual retorna en 1820 a Santiago de Chile, donde funda el periódico El Censor de la Revolución y apoya la organización de la Expedición Libertadora que debía dirigirse al Perú.

El Protectorado y su labor como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del Perú

El 28 de julio de 1821, el general San Martín proclama en la plaza Mayor de Lima la independencia del Perú, y el 3 de agosto asume el cargo de Protector Supremo. Monteagudo será el brazo derecho de San Martín y algunos lo califican como el poder detrás del régimen del Protectorado. Parece que debido a sus problemas de salud, San Martín pasó largas temporadas recluido en el Palacio de la Magdalena, dejando las riendas del Gobierno a Monteagudo. Probablemente para legitimar esta figura, lo nombrará, primero, ministro de Guerra y Marina y, más adelante, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Con esta segunda nominación lo dejó prácticamente a cargo de la conducción del Perú. Según el viajero inglés Gilbert Mathison, Monteagudo hablaba un buen inglés y era un hábil negociador, pero era evidente su pasión por el poder.

Es durante su gestión que se toman medidas que ya le habían granjeado apoyo popular a la causa patriota en el Río de la Plata y Chile, como la libertad de vientres, la manumisión de los esclavos que se enrolaran en el ejército libertador, la abolición de la mita de los indígenas y la del tributo. Estas dos últimas reivindicaciones ya se habían otorgado a los indígenas con la Constitución liberal de Cádiz de 1812, que fuera anulada en 1814 al retornar Fernando VII al trono español. En palabras de Monteagudo, «… el que vea con indolencia las cadenas que arrastran otros cerca de él, ni es digno de ser libre ni podrá serlo jamás.»

No obstante, el desconocimiento de la realidad peruana hará que la libertad de vientres y, sobre todo, la manumisión de los esclavos les traigan antagonismos al Protector del Perú y a su ministro Monteagudo con los propietarios de haciendas y plantaciones de caña de azúcar y vid de las inmediaciones de Lima, quienes eran miembros de la élite. Vale recordar que la base de la mano de obra de estos centros productivos agrarios era esclava y, por lo tanto, el otorgamiento de la libertad a los esclavos significaba una obvia pérdida de capital de los hacendados peninsulares y criollos que manejaban estas propiedades. No en vano, a las pocas semanas de expedido el decreto, Monteagudo debió enviar cuadrillas militares que recapturaran a los esclavos liberados y que en caso de que estos no tuvieran una boleta que acreditara el batallón al cual habían sido adscritos, fueran retornados a sus dueños. Aunque ya para 1822 afirmaba en sus Escritos que era verdad que en el Perú ya no se encontraban «… esos grandes propietarios que unidos al gobierno absorbían todos los productos de nuestro suelo, pero subdivididas las fortunas hoy viven con decencia una porción considerable de americanos, que no ha mucho tiempo tenían que mendigar el amparo de los españoles.»

Otro tema por el cual Monteagudo alcanzó notoriedad fue el relativo a la política antipeninsular que desató contra los españoles residentes en el Perú y, sobre todo, en la capital. De acuerdo al viajero Basil Hall, era «enemigo acérrimo de toda la raza española.» En sus Memorias, el ministro tucumano se jactaba de que cuando llegó a Lima vivían en ella más de diez mil españoles, y que luego de su campaña quedaron escasamente seiscientos. Sin ningún resquemor, admitió: «… yo empleé todos los medios que estaban a mi alcance para inflamar el odio contra los españoles: sugerí medidas de seguridad y siempre estuve pronto a apoyar las que tenían por objeto disminuir su número y debilitar su influjo público y privado.» Y agregaba: «… esto es hacer revolución, porque creer que se puede entablar un nuevo orden de cosas con los mismos elementos que se oponen a él, es una quimera.»

Es decir, para Monteagudo no se podía construir un nuevo sistema político si quedaban rezagos del anterior. Quizá la diferencia radicara en el hecho de que mientras en el Río de la Plata y Chile la presencia de peninsulares no era significativa, en el caso del Perú y, sobre todo, de Lima era muy importante. Una cosa era deportar a los españoles que radicaban en el Río de la Plata y otra, deportarlos del Perú, donde manejaban el comercio de ultramar y los principales centros productivos, teniendo cuantiosas inversiones. Como el mismo Monteagudo reconocía: «Aunque el Perú tenía los mismos motivos de resentimiento contra el gobierno peninsular que el resto de América, en ninguna parte estaba más radicado su influjo, por el mayor número de españoles que existían en aquel territorio, por la gran masa de capitales, y por otras razones peculiares a su población.

Desde un principio planteará que era preciso distinguir que una cosa era la declaración de la independencia y otra la constitución que se adoptara para sostenerla. Su opción y su propuesta para el caso del Perú eran las de una monarquía constitucional. Pero si este proyecto pudo entusiasmar inicialmente a la aristocracia y la élite titulada limeña, su agresiva campaña antipeninsular le hizo perder adeptos en esta alta esfera. Para respaldar la propuesta monárquica se creó la Sociedad Patriótica, por un lado, y la Orden del Sol, por otro. A esta última, San Martín se refería como «… el patrimonio de los guerreros libertadores, el premio de los ciudadanos virtuosos y la recompensa de todos los hombres beneméritos.» Así, con la Orden del Sol, el emblema solar (alusivo a los Incas y su imperio) fue utilizado inteligentemente por San Martín para promover su política monárquica. En sus palabras, era «la expresión histórica del país de los Incas.»

Sobre la Sociedad Patriótica explicaba que estaría «… compuesta de los hombres más ilustrados, que reunidos bajo la especial protección del gobierno discutan todas las materias que puedan influir en la mejora de nuestras instituciones, publicando sobre ellas las memorias que cada miembro presente, según la profesión que pertenezca.»

No obstante, el proyecto iría perdiendo fuerza a través de los debates y los periódicos de oposición, que favorecían la alternativa republicana; y uno de los más álgidos opositores de la monarquía constitucional sería el exarcolino y luego ilustre profesor del Convictorio José Faustino Sánchez Carrión.

Como ministro de Gobierno, Monteagudo puso énfasis en el tema de la educación. Uno de sus principios era, precisamente, «fomentar la instrucción pública y remover todos los obstáculos que la retardan.» En su opinión, tanto la Sociedad Patriótica como la Biblioteca Nacional fueron las primeras empresas a las que se abocó el Protectorado «en medio de la escasez de erario.» Asimismo, el 6 de julio de 1822 se estableció una escuela normal de enseñanza mutua bajo la dirección del escocés don Diego Thomson, quien aplicaría el método lancasteriano que había demostrado tener éxito y requerir de pocos recursos económicos. Para Monteagudo, el fomento de la educación era clave, pues ayudaba a erradicar la ignorancia o, al menos, «esta quedaba reducida a unos límites que no vuelva jamás a traspasar.»

Sobre el tema concreto de las relaciones exteriores, el ministro expresará en sus Escritos que en diciembre de 1821 se remitió una legación extraordinaria a Europa encargada de negociar «cuanto convenga a la independencia y prosperidad del Perú.» Igualmente, se enviaron ministros extraordinarios a Chile y el Imperio mexicano, con la finalidad de «estrechar más las mutuas relaciones que nos unen.» La legación enviada a Europa también tenía la misión de entablar relación con el Gobierno de Buenos Aires y propiciar negociaciones de interés común. Finalmente indicará que el presidente de la Gran Colombia, «… anticipando nuestros votos, ha mandado […] un ministro extraordinario… con quien ya se había firmado un tratado.»

Si hay un tema que le preocupaba en términos de la seguridad interna era el puerto del Callao. Mientras esta plaza siguiera en manos de los realistas, la situación de Lima era precaria. De allí que le resultara promisorio que el 10 de septiembre, las fuerzas peninsulares abandonaran el puerto retirándose a la sierra en dispersión. A su entender, la rendición del Callao, que se efectuó por capitulación el 19 de setiembre, fue un hecho crucial, lo mismo que lo fue el día 21, en que se izaron en las fortalezas «los colores nacionales.»

Monteagudo fue, sin lugar a dudas, un personaje controversial que se granjeó numerosos enemigos. Para los republicanos se había vuelto «despótico,» para los peninsulares, «cruel»; «irreligioso» para los clérigos, «insolente» para la aristocracia, «semiteópre» para la élite blanca, «lascivo» para los padres de familia, «abominable extranjero» para los peruanos en general. Su impopularidad era evidente y se había creado consenso para rechazar su presencia y actuación política. Cuando en julio de 1822 San Martín partió hacia Guayaquil para entrevistarse con Bolívar, los anticuerpos que había generado el ministro tucumano se materializaron. Un grupo de ciudadanos peruanos liderados por José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete solicitó al Cabildo limeño que removiera del cargo a Monteagudo, propuesta con la que concordó plenamente Bernardo de Tagle y Portocarrero, IV marqués de Torre Tagle, obligándolo a Monteagudo a abandonar Lima. En las noches del 25 y 26 de julio la población rodeó el palacio y el municipio exigiendo su salida. El día 26, el ministro fue puesto bajo arresto domiciliario para protegerlo de la ira del pueblo; el 30, discretamente, lo sacaron de la capital.

A su regreso, San Martín comentó que se había dado con la sorpresa de que su ministro había sido removido, admitiendo que se trataba de un hombre de carácter difícil y que, en varias oportunidades, él mismo había estado al borde de sacarlo del cargo, pero que Torre Tagle lo había disuadido argumentando que no había quien lo reemplazara.

Bernardo Monteagudo regresaría al Perú dos años y medio después durante el Gobierno de Simón Bolívar, quien lo incorporó a su círculo de asesores. En una carta que el Libertador le remitió a Santander, vicepresidente de la Gran Colombia, el 4 de agosto de 1823, le expresaba que Monteagudo «… está aborrecido en el Perú, por haber pretendido una monarquía constitucional, por su adhesión a San Martín, por sus reformas precipitadas y por su tono altanero cuando manda […].» Añadió francamente que Monteagudo conmigo puede ser un hombre infinitamente útil.

Así, Bolívar le confiaría al tucumano, junto a Faustino Sánchez Carrión, la delicada tarea de preparar las reuniones del Congreso Anfictiónico de Panamá, que debía realizarse en 1826 para afianzar la cooperación latinoamericana. Se señala que en estas circunstancias, el abogado tucumano recibió un anónimo donde se le amenazaba: «Zambo Monteagudo, de esta no te desquitas.» Aunque no le dio importancia al hecho, el 28 de enero de 1825, cuando se dirigía a visitar a su amante, Juana Salguero, fue atacado frente al convento limeño de San Juan de Dios por el negro aguador o cargador Candelario Espinosa, quien lo apuñaló en el pecho. Surgieron entonces varias versiones sobre quién había sido el instigador del crimen. Algunos involucraron a Sánchez Carrión por la rivalidad que mantenían disputándose los favores de Bolívar; otros apuntaron a la enemistad que le dispensaban ciertos peninsulares recelosos de su política de independencia, e incluso se llegó a mencionar que en los entretelones estuvo la persona del Libertador. Hubo también quienes consideraron que no se había tratado de un asesinato premeditado, sino de un ataque para perpetrar un robo, como fue la opinión de Here O’Leary y del coronel Bedford Wilson, edecán del Libertador. No obstante, son solo conjeturas y no hay pruebas fehacientes al respecto.

Hipólito Unanue nació en Arica, que a la sazón era el puerto de la provincia de Arequipa. Su padre, don Antonio Unanue y Montalivet, era originario de Vizcaya y se dedicaba al comercio de cabotaje; su madre, doña Manuela Pavón y Salgado, pertenecía a una conocida familia ariqueña. Ambos fallecieron y quedó huérfano a corta edad, haciéndose cargo del niño el doctor Osorio, pariente materno, quien siendo natural de Tacna servía el curato de Arica. Quizá debido a esta temprana influencia, en un principio se pensó que Hipólito podría dedicarse al sacerdocio. Así, siendo aún adolescente fue trasladado a la ciudad de Arequipa, donde ingresó al Colegio Seminario de San Jerónimo y cursó estudios de Gramática, Filosofía y Artes. Otros cursos que tuvo que tomar, según puntualizó él mismo en su Guía Política, Eclesiástica y Militar, fueron Teología, Latinidad y Disciplina y Cómputo Eclesiástico; sin duda, en preparación para abrazar la carrera religiosa.

Sobre su vida académica e intelectual en Lima

Entre 1777 y 1780, el joven Unanue se trasladaría a Lima, donde lo recibió su tío materno, fray Pedro Pavón, quien era clérigo regular del Oratorio San Felipe Neri y había regentado entre 1760 y 1766 la cátedra de Anatomía de la Universidad Mayor de San Marcos, e influiría en que su sobrino se decantara por la medicina. Según José de la Riva Agüero y Osma, el padre Pavón, observando que “… su sobrino, a pesar de sus virtudes, no abrigaba verdadera vocación sacerdotal, lo dedicó a seguir la profesión de médico…”

Siendo la situación económica de Unanue modesta, debió aceptar el empleo de preceptor de don Agustín de Landáburu y Belzunce, hijo del acaudalado conde de Casa-Dávalos, en cuya casa se reunía lo más granado de la sociedad limeña, entrando así el joven Unanue en contacto con las grandes familias y la élite ilustrada de la capital. Al ingresar a este círculo social pronto sería invitado a participar en las connotadas tertulias que se llevaban a cabo en la casa de don José María de Egaña, reuniones que derivaron en la fundación de la Sociedad de Amantes del País (1787) y de su vocero, El Mercurio Peruano (1791).

Unanue será uno de los más activos colaboradores de dicha revista, firmando sus artículos con el seudónimo de Aristo y, al mismo tiempo, se desempeñará entre 1790 y 1795 como secretario de la Sociedad de Amantes del País, dando así rienda suelta a su vertiente intelectual. De sus publicaciones en El Mercurio Peruano destacan dos: su artículo sobre la “Idea general de los monumentos del Antiguo Perú e introducción a su estudio”, donde siguiendo la línea trazada por los viajeros del siglo XVIII emula los complejos arqueológicos existentes en el territorio peruano; y, en segundo lugar, su famoso tratado Disertación sobre el aspecto, cultivo, comercio y virtudes de la famosa planta del Perú nombrada coca, cuya descripción botánica toma del viajero Hipólito Ruiz. Adicionalmente, entre 1793 y 1795 publicó las Guías del virreinato del Perú, una especie de almanaques anuales que proporcionaban datos sobre política, estado eclesiástico, militar y de higiene y salud en el territorio peruano. En sus propias palabras, con esta última publicación, realizada a pedido del virrey, se trataba de ofrecer un breve recuento “… de las ciudades, los pueblos, el número y diversas castas de los moradores del Perú; los productos de los tres reinos […] relativo a la subsistencia y comercio en cada partido, el comercio del virreinato […] los gastos y entradas de la Real Hacienda en todos sus ramos […] y, en fin, cuanto puede servir para dar una completa pero sucinta idea del Perú.” Así, la Guía de 1793 ofrece, por ejemplo, una cronología de los virreyes del Perú, un catálogo de los títulos de Castilla del Virreinato peruano, los colegios reales de Lima, los regimientos y sus dotaciones, el número de minas de plata paradas y en labor, entre muchos otros temas.

Con relación a su carrera académica, Unanue obtuvo en 1783 el grado de Bachiller en Medicina, luego de que rindiera exámenes calificados de brillantes. En 1786 —tres años después—, a los treinta y un años de edad, obtuvo los grados de licenciatura, médico y doctor. La respectiva ceremonia de graduación se llevó a cabo el 23 de diciembre de 1786 en la capilla de la Universidad Mayor de San Marcos. No obstante, Uriel García Cáceres hace notar que no se conocen los títulos de las tesis de licenciatura y doctorado sustentadas por Unanue, y que Valdizán atribuye esta anomalía al saqueo perpetrado por las tropas chilenas durante la ocupación de Lima.

La trayectoria profesional de Unanue seguirá en ascenso y así, el 25 de junio de 1788 será nombrado médico interno de la enfermería del convento de San Francisco. Ese mismo año se presenta al concurso de oposiciones y logra obtener la codiciada cátedra de Anatomía, teniendo como opositor al doctor Miguel Tafur, con quien siempre cultivó una sincera amistad. El 1 de febrero de 1789, el doctor Unanue asumió oficialmente la regencia de la cátedra de Anatomía y desde ese momento tendrá como meta fundar un anfiteatro anatómico.

Las ciencias médicas y el favor de los virreyes

Es durante el Gobierno del virrey Teodoro de la Croix que Unanue comenzará a plantear su proyecto sobre la edificación de un anfiteatro anatómico, contando para ello con el aval del mencionado virrey. No obstante, el anfiteatro se inaugurará durante el Gobierno del virrey Francisco Gil de Taboada y Lemos, el 21 de noviembre de 1792. En la oración inaugural, Unanue hará mención de la postergación en que había estado la ciencia médica, señalando: ‘¡Desgraciado Perú! Éste ha sido tu suerte. Abismado en una total ignorancia de la Anatomía, faltaron en las provincias médicos inteligentes, y las enfermedades internas menoscabaron una parte de sus moradores. Faltaron cirujanos expertos y las externas consumieron las otras […]. Tú, saludable Anatomía, tú serás la que guiando el cuchillo y la tenaza, le conservarás la vida […]. Dichosa época, en que principia la restauración del Perú. De acuerdo a Basadre, a Unanue lo inspiraba una educación médica con proyecciones sociales y nacionales, orientada a tener hombres sanos, libres de endemias y epidemias; el objetivo era buscar la salud del pueblo, “posponiendo a ella todas las inclinaciones y las utilidades propias.”

Uriel García indica que Unanue nunca logró el reconocimiento oficial del Anfiteatro como colegio, y que tampoco se tiene conocimiento del plan de estudios que implementó, ni de la cantidad de profesores que ahí trabajaron y los nombres de los mismos. Sin embargo, en la Guía política, Eclesiástica y Militar del Virreinato del Perú, correspondiente a 1796, que Unanue editó por encargo del virrey Gil de Taboada, incluyó al Anfiteatro entre los colegios de educación superior que existían en Lima, junto al Convictorio de San Carlos y a El Príncipe.

La cercanía que existió entre Unanue y el virrey Gil de Taboada también queda plasmada en el hecho de que el virrey le encomendó la importante tarea de escribir, bajo su supervisión, las Memorias de su Gobierno. Se entiende entonces que se hayan identificado temas que aparecen en las mencionadas Memorias y que eran de interés para Unanue, como la mortalidad infantil, las epidemias en el Perú, las reformas en salubridad, el cuadro de la población del Virreinato, entre otros. Al dejar el cargo Gil de Taboada, en 1796, recomendó los servicios de Unanue a su sucesor. Para ese momento, la reputación del médico peruano había trascendido al ambiente limeño y su obra era ponderada por científicos extranjeros como el botánico Haencke, el mineralogista barón de Northenflicht, los sabios españoles Ruiz y Pavón, quienes inclusive le dedicaron una nueva planta descubierta por ellos, la Unanea febrífuga.

En 1798, durante el Gobierno del virrey de origen irlandés don Ambrosio O’Higgins, Hipólito Unanue fue nombrado médico de la Congregación San Felipe Neri, en reemplazo del doctor Cosme Bueno, quien había fallecido. Adicionalmente ocupará el cargo de cosmógrafo mayor del Reino. Desde 1802 toma contacto con el descubrimiento de la vacuna antivariólica de Jenner y la implantará con relativo éxito en el Perú. Cuando el médico catalán José Salvany, director de la Real Expedición de la Vacuna, incorporó a su equipo al doctor Marcos Unanue dará el discurso de honor. Sin embargo, a partir de su promoción, en 1803 será comisionado para inspeccionar una epidemia que se había desatado en Chilca.

Luego, no tendrá mayores logros hasta la entrada del virrey don Fernando de Abascal y Souza, en 1806. Precisamente ese año publicó su obra central, Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados en especial el hombre, resultado de una larga y acuciosa investigación. El trabajo sería muy bien acogido y ampliamente elogiado, incluso por Alejandro de Humboldt. Riva Agüero y Osma se referirá a él como ‘… la brillante flor de la escuela enciclopedista limeña […],’ una especie de poema sobre el clima; y la obra recibirá merecidas alabanzas, siendo su autor, a raíz de esta publicación, incorporado a las Academias de Madrid, Filadelfia, Baviera y Nueva York. Para ese momento, Unanue contaba con cincuenta y un años. En la sección III del mencionado tratado toca, por ejemplo, la influencia del clima en las enfermedades, refiriéndose a las del cuerpo y a las del ánimo. Mientras que en la sección IV aborda los medios de curar las enfermedades del clima y el poder del arte médico en la curación de las enfermedades. Dedicó esta importante obra a su mentor, el doctor Gabriel Moreno.

El 16 de noviembre de 1807, el virrey Abascal nombró a Unanue protomédico interino del Reino; se considera que dicho empleo era el máximo galardón profesional al que un médico podía acceder. De inmediato, el 29 de noviembre, el flamante protomédico presentó al virrey un memorial en el que le solicitaba se diera curso al establecimiento del Colegio Médico, como ya venían funcionando en Madrid, Barcelona y Cádiz. El 8 de junio se inició la construcción del edificio, con el apoyo económico del Cabildo de Lima y el Tribunal de Minería; y se terminó en 1811.

Unanue y la independencia del Perú

Si bien se ha sugerido que Hipólito Unanue participó de la denominada ‘conspiración de los Fernandinos’ –así llamada porque se asume que eran médicos de San Fernando los que estaban involucrados en la misma–, lo cierto es que no hay pruebas que indiquen que dicha conspiración realmente existió, por un lado, y menos que Unanue tomara parte en este tipo de intrigas políticas, por otro. Lo cierto es que ‘parece contar con relevancia,’ como lo ha denominado Vicuña Mackenna, no pasó de ser la reunión de algunos miembros del gremio médico, que tenían como propósito poder discutir, en un lugar donde todos confluyeran, las noticias de España y América sobre el vacío de poder dejado por la captura de Fernando VII. Además, no hay que olvidar la cercanía que existía entre Unanue y el virrey Abascal; no habría sido aconsejable ni estratégico provocar un enfrentamiento.

Sin embargo, un año después, en 1812, Unanue apoyará la implementación de la Constitución de Cádiz, que fue sistemáticamente retrasada por Abascal hasta que no le quedó otra alternativa que aplicarla, porque si no, iba a estallar una protesta generalizada, como el mismo virrey admitió en sus Memorias. Da la impresión de que Unanue albergaba esperanzas sobre los logros que podía alcanzar la nueva Constitución, que, en su opinión, ‘nos has restituido nuestros fueros’; es decir, le había otorgado representatividad a las antiguas colonias, que ahora eran parte integrante de la monarquía española. Cree que este nuevo modelo puede mantener ‘unidas a las familias del Perú con las de España.’ Todavía no se proclama abiertamente por la independencia, pero sí por un cambio en las relaciones entre la Corona española con sus territorios americanos. De allí que Basadre lo califique de reformista, por todavía creer en la posibilidad de un régimen de convivencia entre peruanos y españoles.

Precisamente, Hipólito Unanue será elegido el 4 de octubre de 1813 como diputado para representar a Arequipa en las Cortes de Cádiz. Pero su viaje se retrasa, tanto así que desembarca en el puerto gaditano a fines de julio de 1814, cuando Fernando VII ha retornado al trono español y lo primero que ha hecho es abolir la Constitución liberal. Unanue aprovecha que se encuentra en tierra española para llevar adelante algunos trámites que traía en cartera, para lo cual solicita una entrevista nada menos que con el monarca español, quien se la concede.

Aunque se ha argumentado que la principal razón para prolongar su estadía en Madrid fue desembargar los bienes de su discípulo Landáburu, que habían sido confiscados por haber sido este declarado traidor a la Corona y simpatizante con el partido de José Bonaparte en 1808, lo cierto es que no hay que desestimar el hecho de que en su entrevista con el rey obtuvo la Real Cédula aprobatoria para la creación del Colegio de Medicina de San Fernando, uno de sus grandes anhelos. En este sentido, hay que admitir que cuando Unanue buscó acercarse al virrey de turno (De la Croix, Gil de Taboada, Abascal), y en este caso concreto a Fernando VII, siempre estuvieron de por medio sus demandas en beneficio del avance de las ciencias médicas en el Perú; nunca postergó este propósito. Es por ello que entonces el impacto del memorial que elevó al rey en 1815, explicando que ‘… el deslucimiento y triste situación de los indios y vecinos de los pueblos se halla sin más remedio,’ y la escasez de hospitales y falta de buenos profesores que asisten a la enseñanza del Perú, medicina era inminente. A su regreso al Perú se retira a Arona, la hacienda que ha heredado de su discípulo Landáburu, ubicada en el valle de Cañete.

Ministro de Hacienda de San Martín y de Relaciones Exteriores de Bolívar

Cuando el general José de San Martín llega al Perú, en 1820, Unanue ya era toda una celebridad, aunque alejado de la vida pública. No obstante, el virrey Joaquín de la Pezuela le va a pedir que forme parte de la comisión diplomática que se iba a entrevistar con los patriotas en Miraflores, y luego será el virrey José de La Serna quien lo convoque para que participe en las conferencias de Punchauca. El cambio de virreyes se había producido el 29 de enero de 1821. Es decir, al momento de ingresar San Martín a Lima, el 10 de julio, Unanue aún era un hombre de confianza de los virreyes.

El primer contacto entre San Martín y Unanue parece haberse dado cuando este último es invitado a integrar la comisión organizadora del acto de jura de la Independencia, que tiene lugar en la plaza Mayor de Lima el 28 de julio. Cuando el 3 de agosto, el Protector del Perú designa su primer gabinete, coloca al doctor Hipólito Unanue a cargo del despacho de Hacienda. Vale recordar que a pesar de su formación médica, el tema de economía y finanzas no le resultaba extraño a Unanue, en la medida en que cuando preparó la Memoria de gobierno del virrey Gil de Taboada, en la tercera parte, capítulo primero de la misma, trató sobre el sistema de la Real Hacienda del Reino del Perú, donde se refirió a las Cajas Reales, ramo de tributos, reales aduanas, impuestos como las alcabalas y los almojarifazgos, renta del tabaco, Real Casa de Moneda, entre otros apartados de índole económico.

Como parte de su gestión como ministro de Hacienda de San Martín, estableció la moralidad en la administración de su ramo, mandó cerrar y balancear todas las cuentas del Gobierno real, dispuso se abriesen otras nuevas y, poniéndose de acuerdo con el Consulado y la Aduana, dictó el primer Reglamento de Comercio del Gobierno independiente, promulgado el 28 de setiembre de 1821. Su política económica se basó en algunos principios liberales para hacer prosperar el comercio, como la abolición de las aduanas del interior, la introducción de franquicias completas en la bodega de puerto para buques, la libertad absoluta de importación de maquinarias, instrumentos científicos y de labranza, además de libros e imprentas, y el facilitar el otorgamiento de licencias a los buques extranjeros para hacer comercio de cabotaje.

Adicionalmente, Unanue informó al Congreso, en diciembre de 1822, que los ingresos del Perú en los últimos seis meses habían sido de 735,000 pesos, mientras los gastos habían ascendido a 1,200,000 pesos y, de este monto, el 80 % se había empleado en gastos militares. De allí que de inmediato su cartera tomara medidas para reactivar dos importantes fuentes de ingresos: las aduanas y la minería. Para enfrentar la crisis financiera también anunció la creación del Banco Auxiliar de Papel Moneda, cuyo propósito era emitir papel moneda con la finalidad de hacer frente a la amenaza de un inminente colapso económico. Su gestión contó con el reconocimiento de San Martín, quien señaló: ‘… el viejo honradísimo y virtuosísimo Unanue, es uno de los consuelos que he tenido en el tiempo de mi incómoda administración.’ Para ese entonces, el galeno peruano contaba con sesenta y siete años de edad.

Cuando Bolívar hace su ingreso al Perú, el 1 de setiembre de 1823, acompañado de los diputados Joaquín de Olmedo y Faustino Sánchez Carrión, Unanue se acerca a conocer al Libertador. Debió impresionar a Bolívar, ya que al formar su gabinete le solicitará que, una vez más, se haga cargo del Ministerio de Hacienda e Instrucción, reconociendo en el prestigioso médico peruano no solo su capacidad intelectual, sino también su vocación de servicio. En esta oportunidad, Unanue trabajará arduamente para el fomento de las escuelas primarias y la implantación del sistema lancasteriano, que ya había dado sus primeros pasos durante el Protectorado.

Sobre esta segunda gestión ministerial, Unanue expresó: ‘Tuve la felicidad de poder vencer las dificultades de la situación, de pagar el ejército y los buques que sitiaban la plaza del Callao, las listas civil y eclesiástica y de restablecer las comunicaciones y atender con la mayor exactitud posible a todos los servicios, mientras se obligaba a capitular las fuerzas de la fortaleza del Callao.’ Paralelamente desarrolló una importante obra administrativa reflejada en numerosos reglamentos y decretos.

Su cercanía con Bolívar no fue solo como ministro de Estado, sino también como médico. Así, el 1 de setiembre de 1823, cuando al Libertador lo atacó un estado febril delirante, Unanue, junto al doctor Valdez, marchó a Pativilca a ofrecerle una pronta atención médica. Mosquera ha calificado el mal que aquejó a Bolívar como verdadrillo, mientras que Guevara ha señalado que al cuadro se sumó una manifestación hepatobiliar.

Con la muerte de José Faustino Sánchez Carrión, Unanue ocupó temporalmente la cartera de Relaciones Exteriores. Durante su gestión se concretará el Congreso Anfictiónico, sobre el cual comentará: ‘Creo que cuando menos, nuestros diputados y los de Colombia estén reunidos en Panamá. Este magnífico proyecto ha de hacer una fuerte impresión a la España.’ En otro acápite informa que con fecha de 18 de marzo se avisa de Londres que han llegado cartas de Lima anunciando la victoria de Ayacucho. También le inquieta la anarquía que se vive en Chile y la presencia de los portugueses en Mojos y Chiquitos. En otra misiva tendrá palabras fuertes contra el federalismo: ‘De lo contrario, a la guerra de la independencia seguirá la del federalismo haciéndose sobrar cada provincia: cáncer que de Buenos Aires ha pasado a Chile y de una y otra parte vendrá al Perú.’ Se referiría también a la necesidad de capturar el archipiélago de Chiloé, al que considera ‘la llave del mar del Sur.’ A la partida de Bolívar en setiembre de 1826, a tres años de haber llegado el Libertador al Perú, Unanue desempeñó momentáneamente la Presidencia de la República. Luego de este alto cargo, decide retirarse a su hacienda Arona a descansar al lado de su familia. Contaba entonces con setenta y un años.

Hipólito Unanue se había casado en 1799, a los cuarenta y cinco años de edad, con doña Manuela de la Cuba, natural de Lima, quien falleció en 1805 sin dejar descendencia. Su segunda esposa fue doña Josefa de la Cuba, sobrina de doña Manuela, quien lo acompañó hasta el final de su vida y le dio cinco hijos. Ellos fueron doña Josefa Unanue, casada con don Francisco de Mata Linares; doña Francisca, casada con don Pedro Paz Soldán; don Germán y don José, ambos solteros; y doña Rosa, casada con don Eugenio Larrabure.

Al colindar la hacienda Arona con la hacienda Montalván, perteneciente al general chileno expatriado en el Perú don Bernardo O’Higgins, se creó un flujo de confianza y amistad entre ambos personajes, quienes habían compartido experiencias similares al participar de manera destacada del proceso de independencia y transición a la República. Hipólito Unanue fallecerá en Lima el 15 de julio de 1833, siendo sepultado modestamente, según sus propias instrucciones, en el Cementerio General de Lima, que había mandado a construir el virrey Abascal a instancias del propio Unanue.

José Faustino Sánchez Carrión nació en Huamachuco, provincia ubicada en la sierra norte del Perú, perteneciente al departamento de La Libertad. Fue el quinto y penúltimo hijo del matrimonio conformado por don Agustín Sánchez Carrión y doña Teresa Rodríguez Ledesma. De los seis hijos del matrimonio solo sobrevivirían dos: José Faustino y su hermana Fermina. La madre, doña Teresa, falleció cuando José Faustino tenía escasamente siete años. A los quince, José Faustino fue enviado a estudiar al Real Seminario de San Carlos y San Marcelo, en Trujillo, pero su preparación para el sacerdocio solo duraría dos años, ya que en 1804 se trasladará al Convictorio de San Carlos, en Lima. Es allí donde comenzará su formación bajo la orientación del director del plantel, don Toribio Rodríguez de Mendoza, quien más adelante llegaría a presidir el primer Congreso Constituyente del Perú.

Sánchez Carrión, el Convictorio de San Carlos y las Cortes de Cádiz

El Convictorio de San Carlos sería denominado “semillero de principios revolucionarios” por las ideas liberales que en ese recinto se impartían. Durante la coyuntura de las Cortes de Cádiz, el virrey Fernando de Abascal y Sosa trató de reprimir no solo cualquier insurrección que surgiera en los territorios vecinos al Virreinato peruano, sino que también controló celosamente la actividad política de la capital. Un incidente que alarmó al virrey fue durante la convocatoria a elecciones municipales, el carolino Sánchez Carrión, a pesar de no contar con la edad precisa, trató de votar, produciéndose un sonado altercado. Varios destacados estudiantes vinculados al Convictorio de San Carlos —como Vicente Morales Duárez, Ramón Feliú y Joaquín de Olmedo, entre otros— se desempeñaron como diputados peruanos en las Cortes de Cádiz, evidenciando la sólida formación con la que contaban y su claro nivel de politización.

A consecuencia de estos desórdenes, en diciembre de 1812 el virrey solicitó a un grupo de personalidades que opinaran sobre la necesidad de sancionar a los implicados, que Abascal consideraba subversivos, y dentro de la lista de sindicados apareció el estudiante carolino don N. Carrión. En ese momento, Sánchez Carrión contaba ya con veinticinco años y al año siguiente, el 6 de noviembre, se le otorgará el grado de Bachiller en Derecho Canónico. El 29 de julio de 1818 será aprobado en su examen de Jurisprudencia Civil y Canónica, y el 9 de octubre incorporado al Colegio de Abogados de Lima, teórica y práctica, siendo el 9 de octubre incorporado al Colegio de Abogados de Lima. Su retraso en graduarse se debió a que se había dedicado a la enseñanza de la Filosofía y las Matemáticas, precisamente en el Convictorio de San Carlos, sin remuneración alguna, adonde seguía impartiendo clases hasta 1819.

También en 1819 contraerá matrimonio con doña Josefa Dueñas, de quien enviudó al poco tiempo, uniéndose en segundas nupcias con su cuñada, doña Mercedes Dueñas. Con su primera esposa tuvo una hija, y con su segunda cónyuge tuvo un hijo y tres hijas, la menor de las cuales, María Matea, nació cuando Sánchez Carrión ya había fallecido.

El Protectorado de San Martín y los debates con el ministro Monteagudo

Cuando don José de San Martín llegó al Perú, Sánchez Carrión se encontraba en Huamachuco atendiendo problemas de salud de su padre, que moriría en junio de 1821. José Faustino recién regresará a Lima a fines de dicho año, en momentos en que en la capital se encontraba bastante agitado y se planteaban críticas al Protectorado de San Martín y a la gestión de su ministro Bernardo Monteagudo. En estas circunstancias, Sánchez Carrión se reafirmará en su posición a favor de la república, contraponiéndose al proyecto de monarquía constitucional que trataban de implementar el protector del Perú y su ministro tucumano, con el cual pretendían traer a un príncipe europeo. Tampoco convence a Sánchez Carrión el argumento de que la monarquía constitucional sería temporal hasta que el Perú haya ganado la madurez política suficiente que le permita optar por la república. Es célebre su disertación ‘Sobre la inadaptabilidad del gobierno monárquico al estado libre del Perú’, y su famosa pregunta sobre ‘¿Qué seríamos a la presencia de un monarca? Seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos; tendríamos aspiraciones serviles’. Al mismo tiempo señalará: ‘[…] quisiera que el Gobierno del Perú fuese una misma cosa que la sociedad peruana, así como un vaso esférico es lo mismo que un vaso con figura esférica. En efecto, distinguir el Gobierno de la sociedad es distinguir una cosa de ella misma […]. Luego establecer el gobierno del Perú es fijar la salvaguardia de nuestros derechos, es constituir la sociedad peruana.’ En sus publicaciones periodísticas, Sánchez Carrión comenzó a utilizar el seudónimo de el Solitario de Sayán, aludiendo de esta manera a sus orígenes provincianos.

«Hubo dos periódicos que se involucraron en la intensa campaña antimonárquica que se desató en los medios: El Tribuno de la República Peruana y La Abeja Republicana. El primero, que tuvo corta vida, cumplió con el objetivo de informar sobre los acuerdos tomados en el Congreso, teniendo como director a Sánchez Carrión. No obstante, fue La Abeja Republicana el que se convirtió en tribuna de discusión y medio de difusión de los planteamientos políticos de Sánchez Carrión y sus colegas redactores favorables a la república. La Abeja Republicana estuvo orientada principalmente hacia un periodismo de carácter político e ideológico. Así, algunos de los puntos de coincidencia entre su plana de redactores eran el de atacar el sistema impuesto por Monteagudo, poner en evidencia los aspectos negativos del Protectorado y, sobre todo, promover la república como la forma de gobierno más idónea para el Perú. Sobre este último tema, el periódico en cuestión expresó rotundamente: ‘Nos hemos decidido por el gobierno republicano representativo […]. Creemos que este es el gobierno puede hacer libre y feliz al Perú y que está en él conforme a la voluntad general’. Además, formuló críticas al plan de Protectorado, a su déficit, su planteo no solo en el régimen peninsular, sino en la tradición Borbónica de la monarquía constitucional que impulsaban San Martín y su ministro Monteagudo.

Adicionalmente, a Sánchez Carrión le preocupaba que el Perú se convirtiera en una isla gobernada por un sistema monárquico y rodeada de países que habían adoptado como modelo la república. Temía que el Perú quedara aislado del contexto. Así lo expresa cuando señala: ‘¿Podrá agradar esta conducta a los demás estados independientes? Colombia se ha constituido en república, Chile y Buenos Aires están al consolidarse bajo igual sistema. La causa de nuestra separación de España es una en todas las secciones del continente, nuestros intereses públicos los mismos, pues nuestra concordia y fraternidad no deben exponerse por sola la imprudencia de establecernos en manera opuesta.’ Sus argumentos llegarían a calar en la población limeña, que paulatinamente iría retirando su apoyo al Protectorado y, sobre todo, al proyecto de la monarquía constitucional, que era la propuesta sanmartiniana. Luego de un año de declarada la independencia del Perú, las expectativas iniciales alrededor de la gestión del general San Martín se habían deteriorado ostensiblemente, como ponen de manifiesto los viajeros que por esa época visitaron Lima.

Fue después de la polémica entrevista de Guayaquil, celebrada el 26 y 27 de julio de 1822 entre el protector del Perú y el Libertador Simón Bolívar, que San Martín retornará a Lima, renunciará al Protectorado y convocará a elecciones. Antes de abandonar el Perú envía una nota al flamante Congreso Constituyente en la cual expresaba: “He cumplido la promesa sagrada que le hice al Perú: he visto reunidos a sus representantes. La fuerza enemiga ya no amenaza la independencia de unos pueblos que querían ser libres y que tienen medios para serlo. Un ejército numeroso bajo la dirección de jefes aguerridos está dispuesto a marchar dentro de pocos días a terminar para siempre la guerra.»

Casi un año más tarde, en junio de 1823, el Congreso extendió por tercera vez una invitación a Simón Bolívar para que viniera al Perú a concluir el proceso de independencia. Para darle mayor peso a la invitación se comisionó a dos integrantes del cuerpo legislativo: el guayaquileño don Joaquín de Olmedo y el huamachuquino José Faustino Sánchez Carrión, quienes debían trasladarse a Quito y escoltar hasta Lima al Libertador. No obstante, debido a asuntos internos, Sánchez Carrión no pudo acompañar a Olmedo a presencia de Bolívar, aunque se unió a ellos más adelante. Debido a este incidente se difundió una carta del Libertador donde afirma que: «Sin V.E., el Perú se pierde mientras un cuñado Canterac fuera derrotado: Sin V.E. no hay centro en la máquina peruana; enemigos podremos derrotarlos. Con esta idea, y sólo un poder como el del General Bolívar puede encontrarlos.» Con esta determinación, el Congreso ratificó el voto de obediencia y lealtad con el líder venezolano.

Sánchez Carrión: su gestión como ministro general de Negocios de Bolívar

Recién el 2 de agosto llegó el permiso del Congreso de la Gran Colombia que autorizaba a Bolívar a trasladarse al Perú, quien embarcó cinco días después desde Guayaquil a bordo del bergantín de guerra Chimborazo, en compañía de Olmedo y Sánchez Carrión. Los veintidós días de travesía sirvieron para que el Libertador pudiera hablar y conocer mejor a los diputados peruanos y establecer, sobre todo con el segundo de ellos, una sólida relación y empatía política que daría sus frutos durante el gobierno bolivariano en el Perú. El primer nombramiento que hará Bolívar en Sánchez Carrión sería el de ministro general de Negocios. De acuerdo a la descripción de L.A. Eguiguren, José Faustino «… estaba desprovisto de títulos artificiales. No era marqués como Torre Tagle o aristócrata de nobleza como Berindoaga, ni pertenecía al grupo de los encumbrados por las circunstancias artificiales que suspiraban como Riva Agüero, porque el Perú fuese gobernado por un Rey. Sánchez Carrión sólo tenía el mérito de amar a su patria y un gran sentido de la responsabilidad, como fundador de la nacionalidad.» Para ese momento, Sánchez Carrión contaba con treinta y siete años.

Como ministro de Estado le correspondió a Sánchez Carrión seguir a Bolívar en la campaña militar que se llevó a cabo para asegurar la independencia del Perú. En los desplazamientos a Caraz, Huaraz, Huánuco, en la sierra central, la colaboración de Sánchez Carrión fue eficaz, pues era una persona que conocía el territorio y tenía contactos personales y familiares en la zona. No en vano, Bolívar eligió Huamachuco, probablemente persuadido por Sánchez Carrión –que era nativo del lugar–, como su base de operaciones, decisión que justificaba porque ‘Huamachuco es un punto más central para que sirva de lugar de asamblea y de cuartel general […] reúne todo, pastos, clima, víveres, llanuras y también quebradas […] la caballería del Perú que está en Trujillo, puede llegar en seis días a Huamachuco […] de Santa pueden llegar nuestros Húsares en diez días y de Otuzco en cuatro…’. Donde se dirigía el Libertador, allí trasladaba su despacho el ministro general de Negocios. Basadre considera que esta tarea de viajar constantemente por caminos agrestes y en condiciones difíciles eventualmente influyó en mermar su salud.

No obstante, su gestión administrativa fue prolífera, demostrando su preocupación por impulsar el desarrollo de la ciudad de Trujillo, donde instaló una corte de Justicia, estableció una universidad, además de fundar varias escuelas. Adicionalmente, declaró a los indios propietarios de las tierras que poseían y como ministro general dio instrucciones a los prefectos e intendentes para que, además de sus funciones, realizaran estudios geográficos y estadísticos de sus circunscripciones. También promulgó disposiciones sobre la administración de los hospitales, la organización del servicio de correos e incrementó las escuelas gratuitas de primeras letras, fomentando además la educación superior.

Sánchez Carrión y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

Luego del triunfo de la batalla de Junín, el 28 de octubre de 1824, Bolívar lo designó ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, adjudicándole el cargo de ministro de Guerra al coronel venezolano Tomás Heres y el ministerio de Hacienda al prestigioso médico Hipólito Unanue. El Libertador tenía en la más alta estima a ambos ilustrados peruanos. Como señaló claramente en una carta que remitió al vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, ‘… estos sujetos son los más estimables que tiene el Perú y a la verdad dignos de gran respeto y consideración, cada uno en su género tiene mucho mérito […]. El señor Carrión tiene talento, probidad y un patriotismo sin límite. Las mismas cualidades tiene el señor Unanue y, además, conocimientos naturales que ningún otro posee en el Perú.’ No en vano, a ambos los hizo ministros de Estado. Estos elogios vertidos sobre Sánchez Carrión y Unanue desmienten la afirmación de que Bolívar despreciaba a los peruanos. Es probable que, en efecto, sintiera reparos frente a las dubitaciones y ambivalencia política de la nobleza limeña, cuyos representantes –como Riva Agüero y Torre Tagle– le merecían desconfianza por su falta de claridad y toma de decisiones no siempre acertadas. Pero por otro lado, el Libertador demostró abierta admiración por los intelectuales peruanos de los que se rodeó, dejando testimonio de su afecto, incluso por escrito.

En su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, Sánchez Carrión también tuvo una activa actuación. Dos días antes del triunfo de Ayacucho, Bolívar decidió convocar al Congreso Anfictiónico de Panamá, y Sánchez Carrión, desde el ministerio que dirigía, trabajó de manera intensa en la preparación de esta reunión, que mediría los alcances de la solidaridad americana. De esta manera, Bolívar hacía realidad su sueño integracionista. El sitio de la reunión, Panamá, fue escogido por su situación intermedia entre las Américas del Norte y del Sur y por el antecedente de la liga anfictiónica de ciudades griegas que acostumbraban a reunirse en el Istmo de Corinto, demostrando la inclinación de Bolívar por la literatura clásica. En sus propias palabras, ‘… si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este designio, colocado, como está, en el centro del globo, viendo por una parte el Asia, y por el otro el África y la Europa. El Istmo de Panamá será el sitio señalado por el Gobierno de Colombia, para este fin en los tratados existentes.’

Así, el 7 de diciembre de 1824 salía la circular enviada por el Libertador a los Gobiernos de Colombia, México, América Central, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y el Brasil. La idea de juntar a representantes de todos estos países era ‘… obtener el sistema de garantías que, en paz y guerra, fuera el escudo de un nuevo destino, por ser y a tiempo de que los intereses y relaciones se extienden entre sí a las repúblicas americanas, entones colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es posible, duración de estos gobiernos.’ No obstante, Sánchez Carrión no vería los frutos de esta gestión.

Luego de la victoria de Ayacucho correspondió a Sánchez Carrión, en calidad de ministro de Relaciones Exteriores, llevar oficialmente al Gobierno de Colombia la noticia de tan importante triunfo militar. Uno de los párrafos de su comunicación decía: ‘Los bravos de Colombia han concluido en menos de cinco meses la guerra de este país y sellado con su preciosa sangre la libertad del antiguo imperio de los Incas.’ Se considera que si bien el artífice militar de Ayacucho fue el general Antonio José de Sucre, que por su actuación recibió el grado de gran mariscal de Ayacucho, el apoyo logístico que dio sustento a la campaña corrió a cargo de Sánchez Carrión.

Más adelante, cuando Bolívar tuvo que marchar al Cuzco, en 1825, dejó a Sánchez Carrión como vicepresidente del Consejo de Gobierno. Sin embargo, debido a su quebrantada salud, este casi no pudo ejercer el cargo. Tuvo que retirarse a descansar a Lurín, donde falleció el 2 de junio de 1825, con solo treinta y ocho años de edad. Su muerte repentina trajo conjeturas y se habló, inclusive, de un posible envenenamiento. Para disipar dudas, Hipólito Unanue mandó al cirujano Cayetano Heredia para que le practicara una autopsia. Luego del examen médico se estipuló que la causa de la muerte había sido un aneurisma en el hígado, con lo cual se descartó la tesis del envenenamiento.

Bolívar, en gratitud por el desempeño y compromiso de Sánchez Carrión, le cedió la huerta conocida como La Menacho, en el valle de Ate, que había pertenecido a un peninsular emigrado. Asimismo, le dio una casa en Lima, en la calle Nuñez, y una barraca en el Callao. Por otro lado, al crear la Corte Suprema y habiendo sido Sánchez Carrión uno de los propulsores de este proyecto, cuyo objetivo era garantizar una más eficiente administración de justicia en el país, Bolívar tuvo a bien otorgarle a su ministro de confianza un sitial como magistrado; era el propósito del Libertador buscar profesionales de calidad para los puestos de la administración judicial.

John Lynch nos resume algunas cualidades y logros que destacaron en la gestión de Sánchez Carrión. A su entender, Bolívar puso los asuntos civiles en manos de un solo ministro, José Faustino Sánchez Carrión, ‘… un hombre con capacidad y renovación patriota, que colaboró estrechamente con Bolívar y fue el responsable de la renovación y creación de las instituciones civiles, las políticas sociales y la administración de justicia en los territorios liberados.

Infancia y actividad diplomática en Europa

José María de Pando y Ramírez de Laredo, miembro de una noble y opulenta familia asentada en Lima, nació en esta ciudad en 1787. Fue hijo del administrador de Correos en el Perú don José Antonio de Pando y Riva, conde de Casa Pando, natural de las montañas de Santander; y de María Teresa Ramírez de Laredo y Encalada, hermana del conde de San Javier.

Hemos tenido a la vista la partida de bautismo original de este muchacho criollo, donde se manifiestan los distinguidos cargos y títulos que poseían sus progenitores y sus padres espirituales, miembros de la más rancia aristocracia del Virreinato. El texto literal de dicha partida (Parroquia del Sagrario, Libro de bautismos, 1787, fol. 2v.) es como sigue:

En la ciudad de los Reyes, en 23 de setiembre de 1787 años, yo el Dr. Dn. Pablo de Laurnaga, canónigo de esta Santa Iglesia Metropolitana, y rector actual del Colegio de Santo Toribio, de licencia parrochi, exorcicé, puse óleo y crisma a Joseph María Antonio Saturnino, niño que nació en 28 de marzo de este presente año, a quien en caso de necesidad echó el agua del santo bautismo.

Es hijo legítimo de Dn. Joseph Antonio de Pando y Riva, caballero de la Real y distinguida Orden española de Carlos III, administrador general de correos y postas de este reino del Perú, y de Da. María Teresa Ramírez de Laredo y Encalada. Fueron sus padrinos el Sr. Dn. Manuel de Pineda, brigadier de los Reales Ejércitos, cabo principal de las armas, gobernador de la plaza del Callao e inspector general de este reino, y la Sra. Da. Francisca Xaviera de Encalada Orozco y Chacón, condesa de San Xavier de Casa Laredo. Fueron testigos: el Licdo. Dn. Pablo Miranda y Dn. Francisco Tafur, presentes.

Y lo firmé. Dr. Dn. Pablo Laurnaga.¹

A temprana edad pasó a España, donde se educó en el Real Colegio de Nobles de Madrid, institución que le abrió las puertas de la carrera pública y en la que destacó por su talento. Cuando tenía quince años de edad ingresó al Servicio Diplomático de la Corona. Su primer destino fue la legación ante el Ducado de Parma en condición de agregado. En 1804 pasó a Roma como agregado a la legación acreditada en la Santa Sede, y al parecer fue allí donde conoció a Simón Bolívar, con quien trabó una gran amistad que duraría muchos años.

Cuando en 1808 fue impuesto como rey de España el hermano de Napoleón, José Bonaparte, la mayoría de los súbditos españoles se negaron a reconocerlo como tal, entre ellos Pando y los demás miembros de la legación en Roma. Por ello fue confinado en la fortaleza alpina de Fenestrelle. Luego de estar preso tres años fugó, y pasando por Nápoles, retornó a Lima. Se desconoce las actividades que realizó por entonces en su ciudad natal.²

El hecho cierto es que su experiencia como diplomático representante de la Corona española, en que llegó a desempeñar cargos de gran importancia, le permitió servir también, con altura y capacidad, los cargos de ministro de Hacienda, Justicia y Relaciones Exteriores en el Perú, como tendremos oportunidad de señalar más adelante.

Entre los vaivenes del liberalismo hispánico

Se tiene constancia de que Pando regresó en 1815 a España, en pleno auge de la restauración absolutista. Como había demostrado su lealtad a la monarquía borbónica, el rey Fernando VII lo acogió calurosamente y lo envió a los Países Bajos como secretario de la legación, ascendiendo luego a encargado de Negocios por ausencia del titular.

En 1818 volvió a España, siendo nombrado oficial de la Primera Secretaría de Estado y luego secretario del propio rey Fernando VII. Se le otorgó por entonces la Cruz de la Orden de Carlos III. Cuando ocurrió el pronunciamiento liberal del general Rafael del Riego, en marzo de 1820, le correspondió redactar el decreto por el cual el soberano prometía acatar la Constitución gaditana del año 1812. De esta manera se inició el llamado Trienio Liberal en España, una época particularmente convulsa, marcada por el proceso de descomposición de las estructuras sociales tradicionales y el ensayo de una monarquía constitucional que demostraba «… poca capacidad para limitar el liderazgo de los ministros y militares, así como para hacer frente a las eventuales manifestaciones populares».

Prestigiado como hombre político y diplomático, Pando fue nombrado encargado de Negocios en Lisboa, donde le tocó desempeñar un rol importante en la Revolución portuguesa de 1820, ayudando al coronel José María Barreiro. Sus ideas liberales se acentuaron, llegando a manifestarse partidario del perdón de los «afrancesados». António de Saldanha da Gama, el poderoso ministro, requirió por ello que Pando y Barreiro salieran de Portugal.

Enseguida pasó a ser oficial segundo en la Secretaría de Estado y secretario de la legación española en París, donde gobernaba el recalcitrante Luis XVIII. Cuando el rey de España consiguió en secreto que Francia preparase una nueva invasión a la península ibérica para poder recuperar su poder absoluto, los miembros de la legación parisina –entre ellos Pando– fueron expulsados (febrero de 1823) por haber colaborado con el régimen liberal.

Arribó a Madrid cuando el Gobierno constitucional todavía subsistía y aceptó el relevante cargo de secretario de Estado, que ejerció desde el 13 de mayo hasta el 29 de agosto de 1823. Con fecha 27 de mayo dirigió a las cancillerías europeas una célebre circular en la que protestaba contra el derecho de intervención, que a la sazón aplicaban los países miembros de la Santa Alianza para hacer fracasar los progresos del sistema constitucional. Se expresó allí «… solamente contra el malicioso abuso del derecho de intervención que se arrogaron las altas potencias en nuestros negocios domésticos…».⁴

Sin embargo, no consiguió evitar que las tropas francesas sometieran al Gobierno liberal, apoyadas por los conservadores españoles. El golpe de Estado absolutista de Fernando VII lo llevó a embarcarse de regreso al Perú en 1824, escapando de la feroz restauración que imponía el círculo más fiel al monarca. Así vino a reintegrarse a su patria cuando esta se hallaba en los días cruciales de su emancipación política.

Delegado peruano ante el Congreso de Panamá

La historia de nuestros primeros años de vida independiente proporciona figuras de alta envergadura. Hombres públicos que se entregaron con gran desinterés y altura a la ardua labor que les fue confiada. Los individuos que forjaron nuestra Diplomacia tuvieron errores y aciertos, y por ende recibieron muchas veces ataques violentos y duros o elogios indiscutiblemente exagerados. Se ha dicho que el sino de la mayoría de aquellos hombres es casi trágico: «Muchos terminaron sus vidas frente a un pelotón de fusilamiento o concluyeron sus años en el destierro; tristes en su abandono, en su olvido, en la pobreza y otras penalidades…»⁵

En junio de 1824 desembarcó don José María de Pando en el Callao, que aún se hallaba ocupado por los españoles, y con el permiso del general Rodil pasó a Lima para atender asuntos familiares. A fines de ese año debía embarcarse hacia Panamá, pero fue entonces cuando el viejo amigo del Libertador Bolívar, ya triunfador en Junín y Ayacucho, le ofreció que se pusiera a su servicio. Pando aceptó y fue nombrado ministro de Hacienda, cargo que ejerció del 25 de marzo al 20 de mayo de 1825.

Siendo hombre de inteligencia ágil y gran experiencia adquirida como diplomático de la Corona española, le tocó desplegar ese bagaje de conocimientos a su regreso al Perú. Para estudiar su desempeño en esta época, contamos con buena cantidad de documentos en el Archivo General de la Nación. Notamos, a través de ellos, que sus primeros pasos políticos y administrativos estuvieron marcados por el deseo de sentar una huella de gran trascendencia, en particular defendiendo con firmeza los intereses económicos del Perú.

Por esos días, Bolívar tiene para nuestro personaje frases bastante elogiosas. Alaba su cultura y su talento, dirá que es el «primer hombre del Perú». Espíritu refinado pero pragmático, para José María de Pando la conducción de los pueblos debía hacerse con mano férrea; sin los extravíos teóricos de los primeros liberales –Sánchez Carrión, Luna Pizarro y sus seguidores– que diseñaron la Constitución fundacional de 1823.⁶

Por cierto, Pando también criticará la Constitución de 1828, promulgada por La Mar, que tiene un significado emblemático en el constitucionalismo peruano y de la cual se ha dicho que es la primera constitución «genuinamente nacional» no solo por su contenido, sino por las circunstancias en que se expidió. El criollo limeño expresó que esa ley fundamental tenía dos clases de adversarios: los «tímidos sectarios», para quienes la Carta era demasiado avanzada; y los «reformadores insaciables», que veían en sus instituciones el germen del espíritu antiguo. Él estaba convencido de que, junto a ellos, había un grupo de moderados que no siendo adversos a la Carta pretendían sin embargo conservarla introduciendo las reformas necesarias; y se ubicaba personalmente entre estos últimos.⁷

Bolívar, consciente de sus amplias dotes como diplomático, lo propone en su momento (1825) como ministro plenipotenciario ante el Congreso de Panamá en compañía de Manuel Lorenzo de Vidaurre. El gran prócer caraqueño y su canciller peruano, José Faustino Sánchez Carrión, decidieron la conveniencia de unir a los nuevos Estados y convocaron a esta célebre asamblea panamericana. A su llegada al istmo, Pando cuenta con treinta y nueve años, es favorable a un gobierno centralista y a la unión de las repúblicas fundadas por el Libertador.

Caso único entre los confederados, el Gobierno de Lima elabora sucesivamente tres pliegos de instrucciones. El primero es girado por Tomás de Heres el 15 de mayo de 1825 y es el que los ministros peruanos llevan consigo a Panamá en junio del mismo año.

Pando y Vidaurre llegan a Panamá con seis meses de adelanto respecto a las otras delegaciones, lo cual es explicable por el plazo estipulado en la convocatoria, atendido solo por el Gobierno peruano. Durante el tiempo de espera, Vidaurre se aboca a la preparación de un proyecto de tratado y Pando continúa afinando el estilo, que es clave para sentar las bases del Congreso. Por instrucción de sus respectivos gobiernos, inician una serie de entrevistas para conocer las posiciones de los representantes de otros países. El resultado de esas reuniones es el informe y solicitud de nuevas instrucciones que Pando y Vidaurre envían al Perú hacia la fecha de Navidad.

En marzo de 1826 desembarcan en el istmo los delegados centroamericanos y al mes siguiente lo hace Manuel Pérez de Tudela en reemplazo de Pando, nombrado por Bolívar ministro de Relaciones Exteriores del Perú. De vuelta en Lima, se desenvolverá como jefe de nuestra Cancillería del 18 de mayo de 1826 al 27 de enero de 1827.⁸

El primer pliego de instrucciones, despachado por Tomás de Heres, es breve y esquemático; en la primera parte repite las recomendaciones de Santander y en la segunda, los puntos de la agenda original del Congreso. Heres concibe los tratados por concluir como el basamento de la doctrina internacional hispanoamericana; y el manifiesto que los delegados deben componer, como un equivalente al célebre discurso de Monroe de 1823. Pero estas instrucciones tienen vigencia limitada. Cuando Pando y Vidaurre encuentran en diciembre a sus homólogos colombianos, son tomados de sorpresa por la invitación a las potencias neutrales y solicitan nuevas instrucciones a su Gobierno.

El despacho sustitutorio, firmado por Hipólito Unanue, tiene validez operativa desde la llegada de Pérez de Tudela a Panamá, en abril de 1826, hasta la conclusión de las conferencias del Congreso. En este sentido, pueden considerarse como las más importantes notas para definir la posición peruana en esa asamblea.

Canciller y defensor ideológico del bolivarismo

Las terceras instrucciones para la representación del Perú ante el Congreso de Panamá son giradas por el propio Pando, el 25 de mayo de 1826, en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores. En este largo documento, el antiguo delegado a la afincionía refunde las anteriores instrucciones y revisa con mesura los topes de la negociación. De entrada, advierte a los ministros peruanos, enfrentados con los colombianos en varios puntos de las negociaciones, que las resoluciones del istmo podrían influir en «… la consolidación de los Estados nuevamente constituidos y el arreglo pacífico, amistoso y estable de sus relaciones internacionales». Por el bien del país y del crédito empeñado en una empresa de tales alcances, les pide que remuevan los obstáculos que pudieran existir entre los delegados y den inicio a las conferencias formales con los delegados presentes.⁹

Con relación al manifiesto previsto en la agenda, Pando se refiere de manera prolija, quizá porque conoce que Vidaurre prepara su propio «discurso» ante la Asamblea:

Parecería a primera vista que el primer asunto que ocupe a la Asamblea debería ser la redacción y publicación de un Manifiesto razonado y decoroso, en términos de género civilizado, en los términos de la templanza y de la moderación, la necesidad y la justicia de la emancipación de las que fueron colonias españolas, los graves inconvenientes que resultan para la tranquilidad y relaciones comerciales –que tanto estiman las potencias europeas– de la obstinación del gabinete de Madrid en no reconocer un orden de cosas irrevocablemente sancionado, y que no está ya en su mano trastornar las miras pacíficas y amigables de los Gobiernos americanos con respecto a todos los demás que respeten sus derechos, la estrecha unión que existe entre ellos para rechazar cualquier agresión extraña o intervención en sus negocios domésticos, y su firme resolución de abstenerse de todo género de proselitismo político…¹⁰

El canciller peruano recomienda que dicho manifiesto no preceda a los tratados y convenios que deben celebrarse en la Asamblea, sino que sea, «… por decirlo así, una emanación de los principios que en ellos se sancionen, el proemio con que se den a luz y la explicación de nuestro derecho público».

Algo en lo cual están de acuerdo las tres instrucciones peruanas a los delegados en Panamá es en la necesidad de reforzar la Asamblea. Si el Congreso es «permanente», explica Pando, podría realizar varias funciones sustantivas, como velar sobre la exacta ejecución de los tratados y la seguridad de la confederación; mediar amigablemente con cualquiera de los Estados aliados y las potencias extranjeras, en caso de que ocurriese alguna desavenencia; servir de conciliador, e inclusive de árbitro, entre los aliados que tuviesen algún motivo de alteración; y expeler de la confederación al Estado que obstinadamente faltase a las obligaciones contraídas.¹¹

Además, Pando propone celebrar un pacto de mutuo reconocimiento y garantía de la integridad de los territorios respectivos y de alianza defensiva contra cualquier potencia extranjera que intentase violar «nuestra independencia».¹² Lamentablemente, las citadas instrucciones de Pando, superiores en contenido y visión a las anteriores, no llegaron a Panamá o no lo hicieron a tiempo.

En agosto de 1826 se difunde la noticia de la terminación de las sesiones en el istmo, y Pérez de Tudela, luego de ciertos inconvenientes en una fallida navegación, decide quedarse en Panamá «hasta que mejore la estación». Al cabo de medio año, ocupado en alegatos y misivas en las que manifiesta a su Gobierno el deseo de regresar al Perú, Pando autoriza su regreso. Y en un acto casi teatral, típico de aquella época, se organiza una asonada que obliga a Pando a renunciar a la Cancillería y el propio Vidaurre asume la cartera de Gobierno y Relaciones Exteriores.

Las instrucciones que diera al flamante ministro peruano en Bolivia son prueba de la magnífica visión de Pando proyectada hacia el futuro de la Diplomacia peruana.¹³ En este sentido, nuestro personaje propició la afirmación de un régimen federal alternativo al proyecto de confederación hispanoamericana del Congreso de Panamá. Según Jorge Basadre, «… la legislación de los Andes bajo la Constitución vitalicia defendida por Pando, primó sobre la tesis de la amplia y sutil Confederación Hispanoamericana formulada por el Congreso de Panamá».¹⁴

Luego de la batalla de Ayacucho, Bolívar se había mantenido en el Perú como supremo jefe político y militar. El incremento de su poder generaba el rechazo de los sectores liberales y conservadores locales, cada cual por motivos diferentes pero coincidentes en la necesidad de «peruanizar» la política del país. Bolívar impuso la Constitución vitalicia, que combinaba los principios de autoridad (gobierno centralista, fuerte y estable) y democracia (sufragio). Pero en septiembre de 1826 tuvo que abandonar el suelo peruano, dejando a las tropas colombianas y un consejo de gobierno presidido por Santa Cruz.

La famosa Constitución bolivariana duró escasos meses, hasta que un movimiento revolucionario (julio de 1827) motivó que el Congreso nombrara como presidente al mariscal José de La Mar y luego dictara una nueva Carta magna para la República peruana. Tras la reacción nacionalista y liberal contra la influencia grancolombiana, Pando fue momentáneamente excluido de la administración pública. Ante la ola de acusaciones de la que es objeto por su apoyo a Bolívar, publica en dicho año el Manifiesto que presenta a la nación sobre su conducta pública.

Esta obra de Pando procura no solo contrarrestar los ataques de los enemigos que lo vilipendiaban, sino defender un proyecto constitucional que el autor creía adecuado a los intereses de la República.¹⁵ José María de Pando fue, pues, de los más fervientes defensores del primero de los proyectos constitucionales de corte conservador. Se trata de un diseño político que nació del genio inventivo de Bolívar, en una época en que los pueblos de la América hispana eran propicios a la instauración de gobiernos fuertes.

Resumiendo el pensamiento constitucional bolivariano que inspira a la Constitución vitalicia, Víctor Andrés Belaúnde ha dicho: «De la monarquía tomó el principio de la estabilidad y de la democracia el poder electoral; del régimen unitario, la absoluta centralización financiera; del régimen federal, la intervención popular en los nombramientos políticos; del sistema oligárquico, el carácter vitalicio de los censores; y del sistema plebiscitario, el derecho de petición y la refrendación de las reformas constitucionales».¹⁶ Más aún, observa Belaúnde, hacia 1826 o 1827 de todas partes venían manifestaciones claras del deseo de una dictadura fuerte y permanente.

En síntesis, se puede decir que Pando fue un político que, preocupado por la anarquía de los países sudamericanos, pretendía instaurar en el Perú un Estado en forma, un orden único, una vez constituido, garantizar las libertades de los ciudadanos. De ahí viene su predilección por reforzar los poderes del ejecutivo, limitar el ejercicio de la ciudadanía, tal como sucedía en la Europa liberal de la época (el sufragio capacitario), y su pretensión por organizar la administración en el país. Así se explica su esfuerzo por implantar en el Perú las tesis de Guizot, vale decir la «aristocracia del saber» en el gobierno. No en vano escribió:

El gobierno es el ejecutivo de las leyes, por consiguiente de la obediencia que el pueblo tributa a las leyes, pero como la gran masa del pueblo todavía no tiene madurez para obedecer debido a razones cívicas, el gobierno tiene que basarse ante todo en la obediencia que el pueblo tributa a la autoridad, tiene que entender la urgente reforma de la situación nacional por el principio de la autoridad.¹⁷

Aun antes de plantearse el debate en el Congreso Constituyente de 1827-1828, Pando arremetió contra el federalismo, pronunciándose a favor de una república central o unitaria. En relación a la conveniencia o no del régimen federal para el Perú, creía que ninguna persona sensata y amante de su patria dudaría en que «… primeramente debe establecerse la República en la forma central. La posibilidad de implantar posteriormente el federalismo debería ser objeto de investigaciones juiciosas y profundas, y ello solo se podría decidir «… cuando se alegre nuestro cielo con el destello de su prosperidad, después de tan largo, oscuro período de ruina y de desastres».¹⁸

Pando y las relaciones internacionales bajo Gamarra

En junio de 1829, los generales Antonio Gutiérrez de la Fuente y Agustín Gamarra se sublevaron en Lima y Piura, respectivamente. Tuvo que dimitir entonces el presidente La Mar, saliendo al destierro junto con el jefe de Estado Mayor, coronel Pedro Bermúdez. Gamarra quedó como presidente interino y en diciembre asumió el cargo constitucionalmente para un plazo de cuatro años en medio de expectativas para iniciar una era de tranquilidad política. Pando volvió a la vida política al iniciarse este Gobierno, convirtiéndose en uno de los más importantes sostenedores del régimen gamarrista, de tendencia conservadora.

Nuestro personaje se desempeñó en dicha coyuntura como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores en tres ocasiones: del 31 de diciembre de 1829 al 20 de julio de 1830, del 1 de junio al 29 de julio de 1832, y del 31 de diciembre de 1832 al 11 de abril de 1833. También fue ministro de Hacienda, del 21 de julio de 1830 al 23 de abril de 1831. Desde esas altas posiciones promovió la reforma presidencialista de la Constitución peruana, y en 1831 hizo publicar por Santiago Távara el texto Análisis y amplificación del manifiesto presentado al Congreso del Perú por el honorable señor ministro don José María Pando».¹⁹

Conviene señalar que la República se inició siguiendo la doctrina bullonista clásica de monetizar la producción minera para cubrir la demanda del mercado importador. Incluso los ritmos de amonedación fueron disminuyendo porque, según cálculos del ministro Pando en su memoria de 1830, el contrabando atraía entre cuatro y cinco millones de pesos en plata piña. En el citado documento, nuestro personaje señaló las causas que a su entender dificultaban el progreso de la minería: la falta de capitales, la lentitud en el desagüe con una sola máquina en funcionamiento, la escasez de insumos por falta de transporte y el mayor costo del trabajo libre.

Explicaremos someramente que el alejamiento del ejército colombiano fue seguido por dos conflictos armados: el primero, con Bolivia; y el segundo, con la Gran Colombia. En el sur, Gamarra y Santa Cruz se disputan el predominio de una importante zona costeña y andina. La ambición de ambos generales coloca al Perú y Bolivia en situación de guerra. Las negociaciones destinadas a obtener una alianza y el arreglo de límites, encomendadas a Álvarez en La Paz y a Ferreyros, que trató con Olañeta en Arequipa, fracasaron al principio.

La paz se consigue por el Tratado de Arequipa del 8 de noviembre de 1831, impuesto a ambos caudillos por la opinión de sus pueblos, adversa a la guerra. En este tratado se aseguró la paz entre los dos Estados y se acordó la reducción del ejército del Perú a tres mil hombres y el de Bolivia a mil seiscientos. Ninguno de los dos países intervendría en las cuestiones internas del otro. Los límites serían fijados por una comisión mixta que evaluaría el plano de la frontera y determinaría los cambios y compensaciones de territorios que fueran convenidos. Entre tanto, se respetarían los límites hasta entonces vigentes.²⁰

Por otra parte, cabe resaltar la valiosa labor que don José María de Pando desempeñó al frente de la Cancillería peruana, manteniendo a raya las desmedidas reivindicaciones territoriales de los ministros plenipotenciarios de Colombia y Ecuador, Tomás Cipriano de Mosquera y Diego Novoa, respectivamente; y haciendo respetar el statu quo fronterizo. La guerra con la Gran Colombia fue relativamente fácil en su fase marítima, que duró de agosto de 1828 hasta enero de 1829. El puerto de Guayaquil retornó al Perú por breve tiempo, pero la campaña terrestre fue desfavorable. No se pudo tomar Cuenca porque el ejército del sur (Gamarra) había arribado demasiado tarde y los jefes peruanos estuvieron más ocupados en intrigas internas y personales. Sin victorias ni derrotas, la guerra entró en un estancamiento que condujo al reconocimiento de la situación jurisdiccional que regía en tiempos coloniales, desde la Real Cédula de 1802.²¹

A lo largo de su Gobierno, Gamarra estuvo asesorado por un grupo ideológico autoritario encabezado por Pando. La política desarrollada por el caudillo cuzqueño fue tal vez la expresión más clara del conservadurismo y autoritarismo de los inicios republicanos. Tanto en lo político como en lo social y lo económico, representa la defensa de las relaciones del Antiguo Régimen en circunstancias de cierta movilización social luego de la Independencia. No se debe olvidar que por esos años daba a la estampa, sin nombre de autor, un pequeño libro titulado Reclamación de los vulnerados derechos de los hacendados de las provincias litorales del departamento de Lima, que ha sido considerado el más importante texto de la época sobre la cuestión de la esclavitud, por la calidad del autor, su despliegue de argumentos y su sólida coherencia teórica.²²

En tales condiciones, se implantó un gobierno necesariamente autoritario y paternalista, tomando el Ejecutivo a su cargo la «tutela» de los ciudadanos. Si habían de producirse cambios, estos debían provenir desde arriba, y más específicamente del propio caudillo. De acuerdo con Francisco Quiroz Chueca, el presidente se ocupó más de «… a ser el reemplazante de Bolívar en el gobierno que quisieron tener los sectores más conservadores del Perú».²³

Puede afirmarse que desde su participación en el gabinete español del Trienio Liberal hasta ese momento, Pando apenas modifica el eje central de sus ideas políticas: partidario de la monarquía constitucional, enseguida lo es de la Constitución bolivariana y, luego de su fracaso, defiende una constitución de corte presidencialista. En ese período organiza en Lima al grupo político denominado «los hombres del orden», catalizando la corriente conservadora del país. También colabora en Mercurio Peruano escribiendo artículos que defienden el centralismo como remedio para controlar la recurrente anarquía del Perú.²⁴

Su pragmatismo lo llevó a apoyar a regímenes contradictorios entre sí, pero todos autoritarios. Luego de estar al servicio de Fernando VII, Pando sirvió a Bolívar y a Gamarra. La lógica de su conducta funcional era hacer lo necesario para el Estado al margen de la convicción personal, bajo una «ética de la responsabilidad». En su rechazo a la democracia y su correlato con la soberanía popular, fue partidario de un régimen fuerte y autoritario, de un monarca o un presidente con un poder centralizado. La libertad era un principio sacrificable en aras de la autoridad.²⁵

En el periodismo y en la lucha de los caudillos

En la política peruana de la temprana República se instauró el militarismo, apoyado por la élite limeña, que anhelaba el orden social y quería un gobierno «fuerte». Además, se buscaba la preservación de la paz en las fronteras contra el posible desmembramiento de territorios a favor de países vecinos. En medio de esta situación, los intelectuales actuaban de validos o censores, es decir, servidores incondicionales u opositores. Se desempeñaban como representantes de prensa de los caudillos, atacando o contestando ataques de los adversarios de los militares a quienes servían.

Agotada la influencia de Bolívar en el Perú, Pando tiene que sufrir los embates de quienes ven en el modelo político del Libertador la encarnación de la tiranía y el despotismo. Aducen sus enemigos de esa hora que el criollo limeño ha violado la voluntad popular al derogar la Constitución liberal de 1823 para dar paso a un proyecto conservador materializado en la Constitución vitalicia, que él hiciera aprobar a los colegios electorales. Pando se defiende de sus detractores y escribe su Manifiesto a la nación sobre su conducta pública, ya mencionado. Esta es una obra de lectura obligada para comprender el espíritu y la personalidad de quien fuera en su época el más preclaro de los integrantes del conservadurismo republicano. Escrita en un lenguaje claro y conciso, con un estilo elegante y bien cuidado, ella arremete contra los que –bajo el falso argumento de la libertad– lo único que han hecho es propiciar el desorden, la anarquía y la incultura del pueblo.²⁶

Aparte de dicha obra, las principales ideas políticas de Pando durante su estancia de madurez en el Perú se encuentran en los periódicos Crónica Política y Literaria de Lima (1827), Mercurio Peruano (1827-1834) y La Verdad (1832-1833). Un crítico e historiador muy usado en el siglo XIX, Alberto Varillas Montenegro, sostiene que Crónica representa «… el primer antecedente del periodismo rigurosamente literario en el Perú republicano». Es posible que Pando se animara a dirigirlo personalmente, pero se puede conjeturar que, tentado por la política, pronto optó por financiar una publicación de cobertura mucho mayor, como lo fue Mercurio. Este se encuentra en las calles de Lima desde el 24 de julio de 1827, y aparecen más de 1,870 números hasta marzo de 1834. La calidad de Mercurio se deduce de que sus directores hayan sido el propio Pando, Felipe Pardo y Aliaga y José Joaquín de Mora.²⁷

Aunque en dicho diario aparece un buen número de composiciones satíricas de Pardo y Aliaga, no puede considerarse en rigor un periódico literario. Se trata de una publicación de calidad que en algún momento pasó a ser una tribuna oficiosa del Gobierno, dada la estrecha vinculación que Pando mantuvo con el régimen de Gamarra (1829-1833). Por su contenido, ya que no por su propósito, Mercurio es uno de los hitos del periodismo nacional anterior a la bonanza del guano y supera con facilidad a otras publicaciones de la época.

El tercer periódico que hemos mencionado, La Verdad, apareció en setenta y una entregas desde diciembre de 1832 hasta octubre de 1833 del año siguiente. Cabe reproducir la opinión de Mariano Felipe Paz Soldán en 1879, casi cincuenta años más tarde:

Su objeto es puramente político […]. Tanto el estilo como los argumentos son dignos de estudiarse para juzgar y conocer el espíritu de esas cuestiones que conmovieron al país por muchos años. Son tan sanos y juiciosos los artículos sobre la política, que hasta hoy podrían reproducirse para convencerse de los verdaderos motivos de nuestras convulsiones.²⁸

El juicio de Paz Soldán sobre la claridad y juiciosidad de los contenidos es aplicable a las tres publicaciones establecidas por Pando, pero a muy pocas otras más, hasta llegar a mediados del siglo XIX. El periodismo de aquellos años no satisfacía la necesidad de información que tenía la comunidad, cuyo único medio alternativo para enterarse de lo que ocurría era la transmisión oral.

El 19 de diciembre de 1833 debía darse una prueba de fuego para el republicanismo en el país, al cumplirse los cuatro años del Gobierno de Gamarra, y se generaron expectativas ante la posibilidad de que el caudillo quisiera perpetuarse en el poder. Este presentó como candidato a su no muy antiguo enemigo el general Pedro Pablo Bermúdez. La designación por parte de los sectores antimilitaristas y liberales en la Convención Nacional recayó sobre el general Luis José de Orbegoso. Con alguna influencia política y social en el norte, Orbegoso resultaba una carta atractiva, a pesar a su escasa habilidad política. Era un militar fácilmente manejable por los liberales, que reeditaron la misma estrategia empleada para imponer a La Mar en los años 1820.

De hecho, el autoritarismo no logró ser eliminado. Se inició enseguida una sangrienta y enredada guerra civil, protagonizada inicialmente por Bermúdez y Gamarra contra Orbegoso y que se complicó por la inclusión de otros caudillos y bandoleros. El 3 de enero de 1834 por la noche, el bando gamarrista dio un golpe en Lima, apoyado por las guarniciones del Cuzco, Puno, Ayacucho y Huancavelica. Salió algunas semanas más tarde este ejército de la capital formado en cuatro columnas, con la caballería atrás y siendo atacado desde las calles y algunas casas con disparos. Estuvieron allí, apoyando el golpe, Pando, Vivanco, Echenique y doña Francisca Zubiaga de Gamarra, entre otros. Bermúdez se autoproclamó jefe supremo provisorio y constituyó un gabinete del cual formaba parte don José María de Pando como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores.²⁹

Mientras tanto, Arequipa, el centro y el norte del país se pronunciaron por Orbegoso. La población de Lima salió a enfrentarse con las tropas golpistas y el caudillo liberal pudo salir de su refugio en las fortalezas del Callao. Entonces, las tropas leales a Orbegoso se movilizaron a la sierra central, donde se encontraban también las principales tropas rebeldes respaldadas por una retaguardia asegurada hacia el sur de Huamanga. Sin embargo, los soldados reclutados por Bermúdez prefirieron deponer a su jefe y, cerca de Jauja, en el llano de Maquinhuayo, lo que debió ser una batalla se transformó en una ceremonia de reconciliación (24 de abril de 1834). Las tropas de ambos bandos formaron pabellones y se estrecharon en un abrazo fraterno, repitiendo a lo largo de los frentes de la guerra civil. Gamarra con su ejército, cuyo número llegó a ser calculado en 7,000 hombres, quedaba, pues, vencido.

Pando entendió que debía crearse un poderoso cuerpo de asesores para el régimen de Orbegoso, que se asentaba en 1834 con buenos auspicios, a fin de evitar cambios esenciales e irreversibles en lo político y social. Así, constituyó sobre la marcha una tertulia compuesta de personajes con afinidad de pensamiento, los cuales se destacaron como asesores políticos y gestores de la opinión pública que financiaron y redactaron numerosos periódicos. Salieron estos hombres a la palestra para apoyar a un gobierno que consideraban salvador del país. La tertulia animada por Pando rechazaba en el fondo la República por considerarla llena de errores. La independencia, en su opinión, debió ser un cambio solo de hombres y no de tipo de gobierno, en tanto que la libertad debía circunscribirse a las actividades económicas y determinados derechos y deberes civiles, pero nunca alcanzar el ámbito político y social.³⁰

A fin de cuentas, la formidable convulsión popular de 1834 acabó por desengañar a Pando de su patria de origen. En las correrías que tuvo que hacer en la sierra al lado de Bermúdez hasta antes del encuentro de Maquinhuayo, estuvo enfermo. Cuando fue apresado y conducido a Lima, se vio rodeado de odio. La caída de Gamarra trajo consigo la salida del líder cuzqueño a Bolivia; de Bermúdez, a Centroamérica; de Pando, a España. Aún más, Felipe Pardo y Aliaga y su compañero Antolín Rodulfo fueron exiliados de Lima por algún tiempo porque, según dijo Orbegoso, «… su intimidad con don José María Pando fue un látigo a los ojos del pueblo».³¹

Es bien cierto que nuestro personaje se constituyó en una figura paradigmática de la «ciudad letrada» de los inicios de la República, por ser un intelectual que demostró relativa capacidad de adaptación al cambio, de tal modo que resultaría inadecuada la simple calificación de tradicionalista. Según el atinado juicio de Jorge Basadre, la pequeña aldea de Lima y el resto del Perú ahogaba a este hombre, que a pesar de todas sus faltas, avezado a los usos diplomáticos en el Viejo Mundo, llevó a la Cancillería un caudal de experiencia de que nuestra Diplomacia incipiente carecía y que, por su cultura, contribuyó a la superación de nuestro ambiente cultural y de nuestro periodismo.³²

Obras de madurez política y muerte en España

En 1835 Pando emprendió viaje de regreso a España después de vivir durante algún tiempo en las fortalezas del Callao y desilusionado del desbarajuste político en su país natal. Hombre orgulloso, inescrupuloso y amargado, solicitó una pensión del Gobierno de España. Pese a sus esfuerzos, no logró que se le reconocieran sus servicios a la monarquía borbónica, por haber sido ministro de Simón Bolívar y haber admitido empleos de los «insurgentes» del Perú, todavía no reconocido como un Estado independiente en España.

Cuando le fue negada la pensión por el ministro Calatrava, atribuyó a la omnipotente y temible voluntad de Bolívar sus servicios a la causa emancipadora. Y en la Carta al Excmo. Sr. D. José María Calatrava (Cádiz, 1837) lanzó frases hirientes como esta: «… por abandonar a mi nación a quien debo educación, carrera, honores y estimación […] por una miserable agregación de hombres de todas castas, viciados, desenfrenados, divididos en bandos feroces, envueltos en perpetua anarquía… ¿con qué aliciente?».³³ Tras sufrir ese y otros maltratos, vivió en el olvido durante algunos años hasta que murió.

Don José María de Pando estuvo casado con Rufina Álvarez de Acevedo, hija del consejero de Indias don Tomás Antonio Álvarez de Acevedo y Robles. Falleció en la villa y corte de Madrid el 23 de noviembre de 1840, a la edad de cincuenta y tres años.

Algunos de sus poemas fueron recogidos por Manuel Nicolás Corpancho en su antología Flores del Nuevo Mundo (México, 1863). La amplia cultura y versatilidad intelectual de Pando tienen expresión, además, en una esporádica labor literaria que incluye la traducción de las odas de Horacio. Fue autor de Pensamientos y apuntes sobre moral y política (Cádiz, 1837) y de Elementos del Derecho internacional, obra póstuma (Madrid, 1843).

Queremos por último recoger el comentario de que Pando debió tener cierta tendencia a una exquisita frivolidad, siendo amigo de la buena mesa, seguido a salpicada con frases de alto y fino espíritu. A través de la lectura de los documentos o de los proveídos respectivos, se deja notar su carácter violento y apasionado, aunque controlado y al mismo tiempo sarcástico, dentro de un lenguaje apropiado. Un investigador moderno llega a afirmar lo siguiente: «… sabemos sí, por tradición oral, que Pando muy aficionado a los juegos de azar y que jamás se mostró en su expresión el haber perdido una bella suma: característica del caballero y manifestación de sus altas cualidades».³⁴

Pando fue un caso de político profesional, de hombre que por su idiosincrasia y vocación necesita del poder y lo prefiere al foro, al comercio, al aislado devaneo intelectual. Su tragedia fue similar a la de Monteagudo: la tragedia del hombre que choca con el ambiente porque sus ideas son las que están en reflujo, «en ricorsi respecto de su época». Y fue también la tragedia de ser extranjero, por carecer de contactos suficientes en su propia tierra y por pertenecer a un plano intelectual superior a la gran masa que le rodeaba. Se puede decir que para un hombre que había viajado por Europa y ejercido en el Viejo Mundo cargos de gran distinción, el contacto con las turbulencias, la insipiencia, la pobreza y la ignorancia de los criollos tenían que hacer de su patria «no un hogar sino una cárcel».³⁵ Por eso su actitud ante el ministro Calatrava, por eso el desdén que dedica a América en los textos postreros de su vida.

En todo caso, se ha dicho, el modelo político de Pando sitúa una variable de la monarquía constitucional en tierra peruana bajo el modelo presidencialista autoritario, pues él consideraba que el liderazgo político debía reposar en el poder ejecutivo y no en el Congreso. La figura del jefe del ejecutivo quedaría incólume frente a los desgastes del poder gracias a la delegación de responsabilidades en los ministros de Estado u otros altos funcionarios. Opinaba que los cambios políticos no debían darse en forma brusca porque ello menoscabaría principios o instituciones que –como la esclavitud– implicaban la concurrencia de los intereses públicos y privados. Por ello ha sugerido José Francisco Gálvez que nuestro personaje se constituyó en una especie de mediador cultural, un hombre que enfrentó a su manera la crisis de poder de principios del siglo XIX y que salvó las diferencias entre el mundo hispánico y el americano, denotando el talante de un liberal «moderado o conservador».³⁶

No podemos negar que existe una leyenda negra sobre don José María de Pando. Se le ha considerado como un político inconsecuente y de lealtades cambiantes, un «proteo», según se adjetivaba en su época. Del mismo modo, se le ha querido enrostrar su apego a los caudillos militares, esto es, haber propugnado el militarismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con solo postular la tesis de la aristocracia del saber (Guizot), demostraba su animadversión hacia el predominio de los sables. Pero al mismo tiempo era consciente de que, en la situación que entonces se vivía en el Perú, la presencia militar se hacía más que necesaria para procurar contener la anarquía y otros males que acechaban a la República.

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¹ Existe copia de la partida de bautismo en: Archivo Histórico Nacional (Madrid), Universidades, leg. 669, n.º 10.
Agradezco al colega Wilver Álvarez Huamán por su generosa referencia de este documento.
² Cf. Gálvez, José Francisco. «Entre dos mundos: José María de Pando, el hombre del orden», en Passeurs, mediadores culturales y agentes de la primera globalización en el mundo ibérico (siglo XVI-XIX), Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos & Instituto Riva Agüero, 2005, p. 250-251.
³ Ibid., cit. [2], p. 253.
⁴ Pando, José María de. A sus conciudadanos. Lima: Imprenta Republicana administrada por José María Concha, 1826, p. 15.
⁵ Ortiz de Zevallos Paz Soldán, Carlos. Prólogo a Los ideólogos: José María de Pando, en Colección Documental de la Independencia del Perú, t. I, v. II (Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1974), p. 11.
⁶ Mesía Ramírez, Carlos. «Fuentes para una Historia Constitucional del Perú», en Pensamiento Constitucional (Lima), n.º 2, 1995, p. 231.
⁷ Paniagua Corazao, Valentín. «La Constitución de 1828 y su proyección en el constitucionalismo peruano», en Historia Constitucional: revista electrónica, n.º 4, 2003, p. 148. Más detalles de la crítica de Pando a la Carta de 1828, en los números 27-31; 47-50; 54-58; y 60-61 del periódico La Verdad, Lima, marzo a julio de 1833.
⁸ Se ha dicho, por citar, que la actuación de Pando en la magna asamblea de Panamá terminó vinculándolo más intensamente con el proyecto político de Bolívar. Cf. Gálvez, «José María de Pando, el hombre del orden», cit. [2], p. 255-256.
⁹ Reza, Germán A. de la (comp.). Documentos sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho & Banco Central de Venezuela, 2010, p. xxv-xxvi.
¹⁰ Ibid., p. xxvi.
¹¹ Ibid., p. xxvi.
¹² Ibid., p. xxvii.
¹³ Ortiz de Zevallos, Prólogo a Los ideólogos: José María de Pando, cit. [5], p. iv.
¹⁴ Basadre, Jorge. Historia de la República del Perú (1822-1933), 7ª ed. Lima: Editorial Universitaria, 1983, I, p. 108.
¹⁵ Cf. Mesía Ramírez, «Fuentes para una Historia Constitucional del Perú», cit. [6], p. 232.
¹⁶ Belaúnde, Víctor Andrés. Bolívar y el pensamiento político de la revolución hispanoamericana, 5ª ed. Lima: Jomm Asociados, 1983, p. 189.
¹⁷ Baltes, Peter. José María de Pando, colaborador peruano de Simón Bolívar. Tesis (Dr. en Historia). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, 1968, p. 53, 78.
¹⁸ Pando, José María de. «Estados Unidos Mejicanos: Federalismo», en Crónica Política y Literaria de Lima, n.º 2, Lima, 11 de junio de 1827, p. 6-7. En este contexto, y a partir del análisis del régimen federal adoptado en México, nuestro autor apuntaba: «Parece que el sistema federal prueba hasta ahora bien en Méjico, que su marcha no sufre grandes embarazos, y que hay fundadas esperanzas de que se mantendrá a pesar de todos los ataques…» (Ibid., p. 1).
¹⁹ Cf. Reza, Documentos sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá, cit. [9], p. lxxviii. Sobre esta coyuntura, cabe remitirse también al artículo de Rivera Serna, Raúl. «José María de Pando, colaborador de Gamarra», en Boletín de la Biblioteca Nacional (Lima), n.º 42, 1962, p. 14-21.
²⁰ Porras Barrenechea, Raúl. Historia de los límites del Perú. Lima: F. y E. Rosay, 1926, p. 67.
²¹ Quiroz Chueca, Francisco. «De la Colonia a la República independiente», en Historia del Perú, comp. Teodoro Hampe Martínez, Lima: Lexus Editores, 2000, p. 774.
²² Cf. Velázquez Castro, Marcel. «José María de Pando y la consolidación del sujeto esclavista en el Perú del siglo XIX», en Boletín del Instituto Riva-Agüero (Lima), vol. 23, 1996, p. 305-307. Véase también Quiroz Chueca, «De la Colonia a la República independiente», cit. [21], p. 781-784.
²³ Quiroz Chueca, «De la Colonia a la República independiente», cit. [21], p. 784.
²⁴ Reza, Documentos sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá, cit. [9], p. lxxviii.
²⁵ Cf. Quiroz Chueca, «De la Colonia a la República independiente», cit. [21], p. 785; Gálvez, «José María de Pando, el hombre del orden», cit. [2], p. 260-261. En los párrafos conclusivos de su ensayo, señala certeramente este último investigador: «Limeño de nacimiento, pero español como muchos, tuvo la posibilidad no sólo de ser ilustrado sino de haber servido a dos países y tres administraciones. Su filiación como liberal moderado y su creencia en el orden hecho bajo mano dura fue adaptado conforme al contexto que lo rodeaba…» (p. 267-268).
²⁶ Mesía Ramírez, «Fuentes para una Historia Constitucional del Perú», cit. [6], p. 231.
²⁷ Varillas Montenegro, Alberto. «El periodismo literario y su aparición en el Perú republicano», en Boletín del Instituto Riva-Agüero, vol. 35 (2009-10), p. 24-25.
²⁸ Paz Soldán, Mariano Felipe. Biblioteca Peruana. Lima: Imprenta Liberal, 1879, p. 68.
²⁹ Cf. Basadre, Jorge. La iniciación de la República: contribución al estudio de la evolución política y social del Perú, 2ª ed. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial, 2002, I, p. 267-268 y 272-274.
³⁰ Quiroz Chueca, «De la Colonia a la República independiente», cit. [21], p. 786.
³¹ Cit. en Basadre, La iniciación de la República, cit. [29], I, p. 297.
³² Comp. Velázquez Castro, «José María de Pando y la consolidación del sujeto esclavista», cit. [22], p. 308-309 y 321; Basadre, La iniciación de la República, cit. [29], I, p. 296.
³³ Basadre, La iniciación de la República, cit. [29], I, p. 296.
³⁴ Ortiz de Zevallos, Prólogo a Los ideólogos: José María de Pando, cit. [5], p. iv.
³⁵ Basadre, La iniciación de la República, cit. [29], I, p. 296.
³⁶ Gálvez, «José María de Pando, el hombre del orden», cit. [2], p. 249, 268.

El doctor don Francisco Javier Mariátegui y Tellería, nació en Lima el 22 de noviembre de 1793. Fueron sus padres don Antonio Ignacio de Mariátegui y Liernia, natural de Oñate, Guipúzcoa (España), donde nació el 29 de julio de 1740; y doña María Jacoba Tellería y Vicuña de Mariátegui, nacida en Lima el 23 de mayo de 1772. Fue el segundo de diez hermanos. El 21 de setiembre de 1819 se casó con la señora doña Juana Nepomuceno Palacio y Salas, con quien tuvo trece hijos.

Cabe mencionar que don Antonio Ignacio de Mariátegui y Liernia emigró muy joven de Guipúzcoa (España) al Perú, posiblemente en 1759, habiendo sido el fundador de la rama peruana de su familia paterna; en ese sentido el doctor Francisco Javier Mariátegui y Tellería fue peruano de primera generación, aun cuando se le podría considerar de una generación mayor por el lado materno.

Estudios y grados académicos

Estudio en el Real Convictorio de San Carlos, donde optó el grado de Bachiller en Sagrados Cánones (1813) y enseñó Filosofía y Matemáticas. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para luego graduarse de abogado (1817) ante la Real Audiencia. Posteriormente en 1822, optó el grado de Doctor en Jurisprudencia en dicha Universidad.

Actividad Pública

 Desde muy joven formó parte del conocido Club Carolino, agrupación de patriotas que propagaron y perseveraron en la discusión y difusión de las ideas separatistas e independentistas, al tiempo que dieron apoyo y protección a quienes, dadas sus convicciones políticas, fueron perseguidos por las autoridades virreinales. Su actuación como conspirador y concertador de voluntades en favor del rompimiento definitivo de las ataduras coloniales con el Reino de España fue reconocida por sus contemporáneos y todos los historiadores de los años aurorales de nuestra República.

Es así que el doctor Mariátegui y Tellería fue uno de los primeros patriotas en suscribir el Acta de la Jura de la Independencia de 1821, así como Secretario de la Sociedad Patriótica en 1822 y diputado, y Secretario del Primer Congreso Constituyente de 1822. El General San Martín, al inicio del Protectorado, lo nombró Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, con lo cual pasó a ser designado como el primer funcionario público de la República.  Se desempeñó en el cargo de Fiscal del Departamento de Lima y después fue designado abogado defensor de Censos y Obras Públicas. Posteriormente, en 1824, fundó la Corte de Justicia de Trujillo.

Su destacada labor antes, durante y después de 1821 lo hizo merecedor al justo título de Prócer de la Independencia, con todo lo que esa labor implicó en términos de organización, entrega, inteligencia y lucha política, clandestinidad, propagación del ideario libertario en favor del sistema republicano y en contra de los intentos de monarquización del Perú durante el Protectorado. Asimismo, su voluntad de seguir combatiendo con integridad y lealtad por sus ideales republicanos se manifestó tiempo después contra el despotismo y el absolutismo que exhibía Simón Bolívar, en especial durante el régimen vitalicio, concitando así la atención de la academia y de la prensa del siglo XIX.

Opiniones sobre su actuación

Así, tenemos que en el Diccionario Biográfico del General Manuel de Mendiburu (Tomo VII, páginas 231 a 235), al hablar de los prohombres que con su sacrificio, inteligencia y resuelto tesón nos dieron patria, el autor expresa lo siguiente:

Entre estos notables figuró siempre el doctor Mariátegui; y no hubo pensamiento, plan ni diligencia que no estuviera a su alcance y en que no le tocara desempeñar alguna comisión, mover resortes y tomar parte en la empeñosa ejecución de cuanto se creía conducente al éxito deseado. Y por eso se le perseguía con afán, viéndosele con frecuencia obligado a ocultarse y a apelar indirectamente a buscadas influencias para poder rehacerse y proseguir con sus designios. No porque fuera laborioso entrar en relatos de pormenores, nos permitiríamos silenciar el alto merecimiento del doctor Mariátegui que nos impone el deber de consignar en este artículo un justo recuerdo a sus servicios en obsequio de la Independencia del Perú. Estos servicios fueron muy importantes para el General San Martín, a quien ayudó con perseverante eficacia, granjeándose por ello su estimación, y la popularidad de que con razón disfruta.

Por su parte, José Toribio Polo, en un artículo apareció en El Perú Ilustrado el 5 de noviembre de 1887, entre otras cosas manifiesta:

Una vez asegurada la Independencia del Perú con el triunfo de Ayacucho, el doctor Mariátegui fue también uno de los más infatigables colaboradores en la obra de consolidar la autonomía nacional de la República, bajo el imperio de instituciones libres y verdaderamente regeneradoras; pues que, liberal avanzado y republicano por la más firme convicción a la vez que ardiente patriota por la natural tendencia de sus afectuosos sentimientos, aún no creía terminada su tarea con el resultado feliz de aquella gloriosísima jornada. Se abrió entonces para él un nuevo período de extraordinarios esfuerzos, no menos críticos e indispensables que los ya hechos a costa de mil sacrificios, y Mariátegui luchó sin reserva y sin reparar en peligros por la realización de aquel soñado, aun posponiendo a ese fin su tranquilidad personal y los goces de su familia […]. El primer Congreso que se reunió en el Perú tuvo en su seno, junto al eminente doctor Luna Pizarro, al ardoroso tribuno cuya elocuente palabra, resonando bajo la bóveda del santuario de la ley, manifestaba por primera vez en público sus doctrinas esencialmente liberales; las mismas que sostuvo con inquebrantable firmeza durante su larga carrera, ya como escritor y abogado en el terreno de la discusión razonada; desde lo alto del sillón gubernativo como Ministro de Estado; bajo el augusto dosel de la Justicia que distribuye el íntegro Magistrado; siempre, en todas partes y circunstancias, como el apóstol de las más sanas doctrinas y el tipo de esa fidelidad franca y honrada que sólo comunican las convicciones firmes y verdaderas como la santidad del espíritu.

A su vez, Jorge Guillermo Leguía, en su libro Historia y Biografía caracteriza al doctor Mariátegui como:

Fundador de nuestra patria; ardoroso propugnador del sistema republicano; doctrinario intemperante; juez integérrimo; incorruptible sostenedor del orden legal; escritor desgarbado y erudito, pero enérgico y eficaz en todos los aspectos de su acción fecunda (que) imprimió los caracteres de su alma inmaculada y vehemente. Jamás cejó en su cruzada nobilísima, y podría decirse de él que no sólo proclamó sino también vivió sus elevados principios. Mariátegui es la confirmación suprema del pensamiento de Gonzales Prada; la vida ejerce una propaganda lenta pero irresistible.

Fundador de nuestra patria; ardoroso propugnador del sistema republicano; doctrinario intemperante; juez integérrimo.

Asimismo, Diego Camacho, en el libro Paradigmas, escribe que:

Entre los próceres de la República, Francisco Javier Mariátegui es figura epónima y magistral. La pureza inmaculada de su vida y de su obra; la rectitud fue su gesto perenne; la armonía entre su doctrina y su acción; la consecuencia que guardó toda su vida, desde su arrogante y rebelde juventud, hasta su ancianidad gloriosa a los principios democráticos, lo erigen en una de las más brillantes figuras de nuestra Historia Republicana.

Y así podríamos seguir citando opiniones y enjuiciamientos sobre los méritos, aportes y paradigmas del prócer en su denodada lucha en favor de la independencia de la nación peruana, de la gestación y desarrollo de su estructura institucional, de su manifiesto destino republicano, de la libertad de pensamiento y credo de sus ciudadanos, y de la intangibilidad de su territorio conforme a los aceptados principios del uti possidetis y de libre determinación de los pueblos.

Pensamiento Político

Mariátegui ostentó una personalidad muy singular y fue dotado de calidades y dones que hicieron de él un político y un jurisconsulto forjado y perfeccionado en la brega de la infatigable lucha cotidiana. Sin embargo, no cabe duda de que sus genes, la tradición familiar, la impronta de su raza vasca, el culto al pensamiento libertario y republicano y su infranqueable convicción anticlerical, aunada a su formación masónica, hicieron de él lo que desde muy joven y hasta su muerte fue: Un iconoclasta irreductible que, sin embargo, creía con pasión y amaba sin condiciones lo que él intuía era su patria, esto es, el Perú emancipado de un poder colonial que a pesar de su eventual contribución a la simbiótica creación de esta nueva nación era perentorio seccionar y separar por el bien de su desarrollo futuro y la afirmación y consolidación de su personalidad colectiva dentro del concierto de países del siglo XIX.

Él tuvo grandeza y visión de largo plazo en sus análisis y propuestas, siempre salvaguardando el bien común de su pueblo y la justicia en la solución de las controversias y pleitos que le fueron confiados durante su larga carrera judicial. Vemos así que, desde los albores de la República, en reconocimiento a su norma de vida ocupó dignidades, promovió acciones y le fueron confiadas diversas responsabilidades públicas en su dilatada carrera (casi cuarenta y nueve años) al servicio del Perú:

Cargos Públicos

–   Firmante del Acta de la Independencia, 15.7.1821

–    Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, 3.8.1821

–    Asociado a la Orden del Sol del Perú, 12.12.1821

–    Miembro y Secretario de la Sociedad Patriótica, 10.1.1822

–    Fiscal Departamental de Lima, 15.1.1822.

–    Promotor de las protestas populares y participante de las gestiones en contra de los actos despóticos del Ministro don Bernardo Monteagudo que provocaron su destitución, 25.7.1822.

–    Diputado por Lima en el primer Congreso Constituyente, del 20.9.1822 al 20.11.1822.

–    Secretario del Primer Congreso Constituyente, del 20.2.1823 al 20.5.1823.

–    Abogado defensor de Censos y Obras Públicas, 10.11.1823.

–    Fundador y vocal de la Corte Superior de Trujillo, 11.4.1823.

–    Fiscal de la Corte Superior de Lima,27.8.1825.

–    Ministro de Estado en los Despachos de Gobierno y Relaciones Exteriores, del 27.6.1827al 19.5.1828.

–    Ministro Plenipotenciario y Extraordinario del Perú en la República del Ecuador,18.2.1832.

–    Árbitro entre la Nueva Granada (Colombia) y el Ecuador para resolver la cuestión de límites territoriales, 28.7.1832.

–    Ministro Plenipotenciario y Extraordinario del Perú ante la República de Bolivia, encargado de negociar el Tratado de Paz para poner fin a la guerra entre ambos países, 20.2.1842.

–    Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, 8.2.1845.

–    Vocal de la Corte Suprema de Justicia, 29.4.1851.

–    Presidente de la Corte Suprema de Justicia, períodos 1852-1854, 1855-1858, 1864-1865,1869-1870, año en que se jubiló.

Facetas de su actuación pública

En sus noventa y un años de intensa vida, don Francisco Javier tuvo diversas etapas en su actividad pública. Además de su fase formativa, en la que destaca haber sido discípulo dilecto de don Toribio Rodríguez de Mendoza en el Real Convictorio de San Carlos, el prócer exhibe el período de activista y gran promotor de la causa de la independencia al final del Virreinato y en los inicios de la República, su dedicación al fomento y defensa de los intereses del Perú en el ámbito internacional, como Canciller y Representante Diplomático en Ecuador y Bolivia, y su dilatada actuación como destacado miembro de la Judicatura.

Activista político y diputado

Como conspicuo miembro del grupo de los Carolinos, en 1820, a la llegada del General San Martín a Pisco, Mariátegui se dedica con sus correligionarios jóvenes a ejecutar las órdenes del Libertador, en el sentido de persuadir a los soldados del ejército realista para que desertaran y así debilitaran la evidente superioridad numérica de las fuerzas españolas, dado que el ejército patriota no estaba aún en condiciones de presentar batalla. El plan y su ejecución tuvieron, a pesar de los grandes riesgos que corrían los patriotas, un connotado éxito que el mismo prócer califica en su libro Anotaciones a la Historia del Perú Independiente de don Mariano Felipe Paz Soldán, al expresar que:

Fueron los trabajos de éste (Pablo Salazar) y de otros patriotas tan eficaces y tan ventajosos, que jamás consiguieron los españoles aumentar la Guarnición de Lima, y cuantas altas daban a los cuerpos eran inferiores a las bajas; cansados de la deserción se enfriaron algo y se apocaron nuestros enemigos […]. Lo cierto es que este sistema produjo bienes de consideración, y era tal el patriotismo que jamás pudieron los españoles descubrir lo menor. Tantas y tan bien tomadas fueron las medidas.

Otro episodio destacable por sus efectos y buena organización, vinculado al plan de deserciones inducidas que condujeron los carolinos en connivencia con el círculo del Libertador, fue el paso del gran Batallón Numancia a las filas del ejército patriota. Costó mucho trabajo y no menos riesgos y recelos, habida cuenta que cualquier desliz o error en los contactos clandestinos se pagaba con la muerte, dada la expedita práctica de los realistas para eliminar espías y desertores. El complot, finalmente, tuvo éxito y el hombre elegido, el capitán Tomás de Heres, venezolano, astuto y perspicaz, a pesar de su conocida adhesión a la causa realista, resolvió encabezar la masiva defección del Numancia hacia el ejército libertador. Por decisión de los complotados carolinos, Mariátegui fue encargado de ilustrar y orientar al capitán Heres sobre los pormenores del plan. Cuenta el Prócer, en su ya citado libro, que:

Heres entonces marchó a Aznapuquio, cuartel general de los españoles, después de dejar en ésta, asegurados, sus papeles y equipaje, y cumplió sus compromisos pasándose con el batallón al frente mismo de los enemigos de América. Tal fue el terror de éstos, tal su abatimiento, tanto influyó el paso alentando a los patriotas e infundiendo desconfianza en los españoles para los americanos, que ya nos fácil de llevar adelante el plan de seducción.

La convicción adversa a los planes del Libertador y Monteagudo se consolidó cuando estos patriotas leyeron el Estatuto Provisorio dictado por San Martín el 8 de octubre de 1821, en particular el párrafo que dice:

La obra verdaderamente difícil, que es necesario emprender con valor y firmeza y circunspección, es la de corregir ideas inexactas impresas en la actual generación. Empezando por la libertad para que sean inútiles los esfuerzos que se han hecho para alcanzarla, todo pueblo civilizado está en actitud de ser libre, más el grado de libertad que goce debe ser proporcional a su civilización.

No hubo, pues, ya duda de hacia dónde apuntaban los designios monarquistas, que sin duda menospreciaban la capacidad del pueblo peruano para gobernarse en democracia y libertad. Mariátegui, en su tantas veces citado libro, refuta la afirmación de San Martín al expresar que:

La libertad no se concede a los pueblos: Los hombres la tienen de la naturaleza.  En las sociedades civiles, las constituciones las especifican, las enumeran y renuncian alguna parte; lo hacen los propios: y sí los pueblos, después de meditaciones y discusiones por medio de diputados elegidos con este objeto.»

Al poco tiempo, en medio de alguna asonadas y señales de malestar entre el propio ejército libertador en contra de las fuerzas colombianas, en el mes de julio de 1826 las autoridades detuvieron a un grupo significativo de “conspiradores” que aparentemente fueron delatados. Entre ellos estuvieron los generales Necochea y Correa (argentinos), los coroneles Vidal, Prieto y Ninavilca (peruanos), los coroneles Pedernera y Estomba (argentinos), el coronel Raulet (francés), el Coronel Tur (español), el Teniente Coronel Azcurrinaga (peruano), el Fiscal de la Corte Superior de Justicia Francisco Javier Mariátegui y el canónico Requena (peruanos). Si bien esta supuesta “conspiración” nunca fue probada, aunque el Libertador le asignara una importancia desmedida, lo cierto es que la inclusión de Mariátegui era reveladora de la atención que su personalidad política y su nacionalismo concitaban en el entorno de Bolívar. Y la reacción de este no se hizo esperar cuando sentenció que “… era preciso fusilar a seis u ocho y expatriar para siempre a Mariátegui».

Como este resultado convenía a sus designios, Bolívar aprovechó la coyuntura para imponer en el Perú la misma Constitución que había redactado para Bolivia, la cual es conocida como la Constitución Vitalicia. Luego de que el Libertador partiera del Perú rumbo a Colombia, en septiembre de 1826, fue jurada el 9 de diciembre de 1826 y derogada el 28 de enero de 1827.

Estas importantes decisiones, que acabaron con la herencia política de Bolívar en el Perú, fueron ampliamente respaldadas al día siguiente por una Asamblea Popular, a cuya movilización no eran ajenos Vidaurre ni Mariátegui.

Actuación Diplomática

El fácil colapso del Régimen Vitalicio, como lo denomina Basadre, trajo transformaciones centrales en la política peruana. Quizá, además de las ya descrita la más importante fue la convocatoria al Segundo Congreso Constituyente, el cual se instaló el 4 de junio de 1827 bajo la presidencia de Francisco Javier de Luna Pizarro, preclaro intelectual y político de origen clerical. Asimismo, bajo el influjo de su presidente, el Congreso eligió Presidente de la República, con mandato de cuatro años, al Mariscal José De La Mar, quien obtuvo el favor de los diputados, mientras el opositor don Andrés de Santa Cruz resultaba derrotado. Vicepresidente fue electo Manuel Salazar y Baquíjano.

Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores

El 24 de junio, el Presidente De La Mar designó como Ministro de Estado en los Despachos de Gobierno y Relaciones Exteriores al doctor Francisco Javier Mariátegui y Tellería, de treinta y tres años, con quien había compartido vivencias y experiencias políticas en las que pudo comprobar su afinidad de criterio, pensamiento doctrinario y caballerosidad a toda prueba.

En continuación de las labores realizadas por sus predecesores, José María de Pando y Lorenzo de Vidaurre, al Ministro Mariátegui le cupo la labor de organizar la Cancillería y las relaciones exteriores del país, naturalmente determinadas por las circunstancias y el devenir de los acontecimientos, en su mayoría condicionados por intereses ajenos al Perú. De su obra queda poco en los archivos documentales (por razones que no son del caso analizar) y los tratadistas y estudiosos han abordado los acontecimientos que le toco administrar sin mayor profundización en el pensamiento y las disposiciones de quien las conducía desde Lima.

Sin embargo, subsiste un documento en los archivos de la Cancillería peruana que da cuenta de que el Canciller Mariátegui impartió instrucciones a don Andrés de Santa Cruz cuando fue acreditado como Ministro Plenipotenciario y enviado extraordinario del Perú en la República Argentina, el 14 de febrero de 1828. Este pliego de instrucciones es ilustrativo de la concepción, los principios y los objetivos de nuestra política exterior de ese entonces.

En resumen, el documento expresa lo siguiente:

1. Es principio de la política exterior cultivar relaciones de amistad con los demás estados americanos.

2. Debe expresar los deseos del gobierno peruano por la reunión de las provincias argentinas y por el triunfo de sus querellas con el Brasil y de los principios que han proclamado.

3. No se debe acceder a los requerimientos del gobierno argentino por comprometer al Perú en la guerra con el imperio del Brasil.

4. Dadas las urgencias del erario las dificultades para hacer frente a los empeños del gobierno, ellas se agravarían si hubiese que concurrir con auxilios a una contienda lejana, lo que quizá cegaría la fuente de los recursos y paralizaría el comercio con la aparición de corsarios en nuestras costas.

5. Debemos salvar con preferencia a nuestro país antes que socorrer al vecino, pues nuestro estado embarazoso sólo nos permite, por ahora, formar votos estériles por la ventura del pueblo argentino.

6. Hay sospechas que inducen a temer que el gabinete británico trata de mediar en la contienda del Imperio brasileño con la República Argentina, ocupando la banda oriental, y es muy natural que, dado este paso, intentará apoderarse de algunos puntos del Pacífico para monopolizar el comercio de la América del Sur.

7. Debe estar atento ante tales proyectos, sin desatender las operaciones del Brasil y el influjo que ejerzan sobre ellas las potencias europeas.

8. Debe observar la desviación notable de la política argentina con relación al Perú, luego del cambio de administración. El “Correo», diario oficial, ha publicado los artículos más ofensivos al gobierno y autoridades peruanos, mientras disfrazan estudiadamente los trastornos de Colombia y aplauden los principios establecidos en Bolivia.

9. El señor Dorrego, Jefe de la República Argentina, es algo personal de los Generales Bolívar y Sucre, sentimiento probado con sus apologías y con la “muy incompetente declaración que acaba de hacer reconociendo a Bolivia por Estado independiente».

10. Es muy probable que el General Sucre haya imbuido al gobierno argentino en el “miserable pensamiento de que el Perú quiere incorporarse las provincias altas que hoy componen el estado de Bolivia, y que nuestra fuerza estacionada en el Desaguadero tiene este objeto».

11. Nuestras fuerzas se han engrosado y acantonado allí para evitar una agresión y conservar la inviolabilidad del territorio, y el General que las manda tiene órdenes terminantes de guardar la más perfecta neutralidad.

12. En caso necesario, pública y privadamente asegure que no intervendremos jamás directa ni indirectamente en el orden interior de Bolivia, que nuestras aspiraciones se limitan a verla exenta de la influencia extranjera y que reconocemos su existencia política luego que sus representantes le den un gobierno legítimo.

13. Deberá informar toda noticia sobre las relaciones que existan o se formen entre Argentina y Bolivia.

14. Por último, deje en claro que nosotros profesamos el dogma de la igualdad, la que “debe prevalecer en nuestros pactos con las demás naciones para no herir la justicia, sobre cuya base estamos dispuestos a celebrar todas aquellas convenciones que sean capaces de establecerse entre dos países sobre un pie estable y recíprocamente ventajoso».

Habida cuenta que no se ha podido encontrar más documentación que, de manera general y con amplio espectro, proporcione un mayor esbozo de la política exterior del Gobierno del Mariscal La Mar durante la gestión del prócer, pasemos a relacionar algunas actividades y gestiones puntuales atendidas durante la gestión deI Canciller Mariátegui, no sin antes situar su gestión dentro del contexto de la política internacional de la región sudamericana de ese entonces.

Era evidente que la misión de Mariátegui consistía en poner la incipiente política exterior, tanto en cuestión de instrumental conceptual como en los magros medios existentes, al servicio de la consolidación ya no sólo del territorio y de la personalidad de la nación peruana, sino también de su propia existencia, tan atribulada por diversos factores en los inicios de la República.

Durante su corta gestión le cupo hacer frente a diversos acontecimientos y acometer situaciones que podríamos calificar de cuestiones mayores. Así, tenemos las siguientes, en orden decreciente de importancia:

1. Misión Ortiz de Zevallos en Bolivia

Ignacio Ortiz de Zevallos, vocal de la Corte Suprema, fue nombrado por Bolívar y su Canciller José María Pando, en junio de 1826, como Ministro Plenipotenciario en Bolivia. En su pliego de instrucciones figuraba, como la principal, que debía lograr la “reunión, en República una e indivisible, de Perú y Bolivia», bajo la presidencia del Mariscal Sucre, en defecto de Bolívar. Posteriormente, Pando instruye que debía ser incorporada también la Gran Colombia, pero esta vez bajo el mando supremo del Libertador. Al caer el Régimen Vitalicio y asumir como Ministro y conocer de estas negociaciones, Mariátegui, el 11 de agosto de 1827, desaprueba a Ortiz de Zevallos con “suma extrañeza” la cesión de Arica a Bolivia, “que no estaba en sus Instrucciones».

2. Expulsión de Cristóval Armero, encargado de negocios de la Gran Colombia

Por “…su injerencia en los negocios del Perú, al extranjero de ser factor de asociaciones secretas y de juntas clandestinas y de estar íntimamente ligado con personas que, desde lejos, tratan de perturbar la tranquilidad pública”, el 25 de junio de 1827 fue expulsado del Perú el referido representante colombiano, al día siguiente de que Mariátegui asumiera la cartera de Relaciones Exteriores como vemos, para extirpar la impronta bolivariana no había bastado acabar con el Régimen y la Constitución Vitalicia. Los liberales republicanos cercenaron de un solo tajo a quien había desnaturalizado su misión diplomática y se había convertido en factor de múltiples conspiraciones y delaciones en contra de los intereses del Perú.

3. Misión de José Villa en Bogotá

Como resultado de un fuerte incremento en las tensiones bilaterales entre el Perú y la Gran Colombia luego del desmontaje del régimen bolivariano, tensiones que finalmente provocaron la guerra con la Gran Colombia de 1828-1829, el Canciller Mariátegui vio por conveniente enviar a don José Villa en misión a Bogotá, en calidad de Ministro Plenipotenciario y con el propósito de atender y esclarecer algunos incordios que se habían generado entre ambos países. La misión se desarrolló entre fines de diciembre de 1827 y el 27 de mayo de 1828. Los temas centrales, tratados a la distancia por el Canciller colombiano y sin que Villa fuera recibido por Bolívar, fueron sucintamente los siguientes:

• Cuestión de las provincias de Jaén y Maynas, pretendidas por Colombia; devolución a Colombia sin previo aviso, de la Tercera División de Ejército; expulsión de Cristóval Armero, encargado de negocios de la Gran Colombia; detención de los comandantes colombianos Márquez y Machuca; expulsión de militares colombianos; impedimento de paso por territorio peruano de tropas colombianas procedentes de y con destino a Bolivia; acumulación de tropas peruanas cerca de la frontera común; pago de los empréstitos y suplementos que el Perú recibió de la Gran Colombia durante la guerra de Independencia. Es preciso anotar que el Ministro peruano fue tratado de manera muy displicente y que, al final, el Canciller colombiano desconociera la validez de sus credenciales.

4. Presunto decomiso de 12,000 pesos del General Jacinto Lara

El Gobierno Colombiano, el 15 de diciembre del 1827, reclamó la devolución de doce mil pesos del General Jacinto Lara, que presuntamente fueron decomisados al encargado de negocios Cristóval Armero, el reclamo fue derivado al Ministerio de Guerra y Marina.

5. Gestiones ante el Imperio del Brasil

El Gobierno Peruano designó, en abril de 1828, al Teniente Coronel José Domingo Cáceres como enviado especial y encargado de negocios ante el Gobierno del Imperio del Brasil. Su misión central consistió en realizar intensas gestiones en Río de Janeiro para lograr el reconocimiento de la Independencia del Perú, abrir relaciones políticas con el Imperio y efectuar el seguimiento de la política exterior del Brasil hacia el Perú.

6. Gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos

El 16 de noviembre de 1827 se efectuó una gestión en Washington D.C. ante el Gobierno de los Estados Unidos para poner en su conocimiento los sucesos que llevaron a la derogatoria de la Constitución Vitalicia y la aprobación de la nueva Constitución, así como expresar el temor del Gobierno del Mariscal La Mar ante los designios y demostraciones del General Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia, en favor de hacer la guerra al Perú. En esta ocasión se efectuó también una petición al Gobierno estadounidense para que interpusiera sus buenos oficios en defensa de la paz y la libertad del Perú.

7. Reclutamiento forzado de súbditos británicos

En noviembre de 1827, el enviado inglés denunció ante el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores que súbditos británicos habían sido reclutados a la fuerza y se encontraban a bordo de la Fragata Presidente, anclada en el Callao. Asimismo, el representante diplomático presentó un reclamo formal en el sentido de que dichos ciudadanos británicos no podían hacer servicio militar en el Perú. La comunicación fue derivada al Ministerio de Guerra y Marina.

Ministro Plenipotenciario en la República del Ecuador

El 18 de febrero de 1832, Francisco Javier Mariátegui fue nombrado Ministro Plenipotenciario y enviado extraordinario del Perú ante la República del Ecuador. El 22 fue reconocido como tal por el Gobierno de Quito.

El 28 de julio del mismo año, la legación de la Nueva Granada en Lima informa por nota a la Cancillería Peruana que su Gobierno ha reconocido al doctor Mariátegui “…para mediar entre la Nueva Granada y el Ecuador en la cuestión de límites territoriales”.

Es así, que el entonces Presidente del Perú (e), doctor Manuel Tellería, por nota dirigida al Presidente del Ecuador el 8 de octubre de 1832, le informa que el Ministro Plenipotenciario, doctor Mariátegui, no podría continuar como mediador entre ambas repúblicas.

En el libro copiador correspondiente, depositado en el Archivo Documental de la cancillería peruana, se encuentra anotado que el doctor Tellería le explica en dicha nota al presidente del Ecuador lo siguiente:

Frustrada dolorosamente la mediación del Perú en las deplorables diferencias que subsisten entre sus hermanos los estados del Ecuador y del Centro, y habiéndome expuesto el Ministro Plenipotenciario Don Francisco Javier Mariátegui que las circunstancias de su salud y familia le obligan a desear vivamente el restituirse a su patria, he acogido sus votos y permitiéndole que se retire, rindiendo ante V.E. su último homenaje por la benévola acogida que ha merecido, y reiterando de mi parte las protestas más sinceras de amistad a V.E. y de las favorables disposiciones del Perú hacia la nación que rige V.E.

Ministro Plenipotenciario para la paz con Bolivia

La situación interna del Perú era anárquica y el espíritu de la nación había sido seriamente mellado por la muerte de Mariscal Agustín Gamarra, Presidente del Perú, en la Batalla de Ingavi el 18 de noviembre de 1841 contra el ejército boliviano. El Presidente en ejercicio Manuel Menéndez Gorozabel, y su Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Agustín Guillermo Charún, con el ánimo de concluir de una vez el proceso de paz con Bolivia y liberar al territorio peruano de fuerzas de ocupación, llaman a Francisco Javier Mariátegui a fin de nombrarlo «Ministro Extraordinario para celebrar Tratados Preliminares de Paz con el Gobierno de Bolivia», según reza la nota que le envían el 20 de febrero de 1842.

El Gobierno de Bolivia nombró como negociador a Hilarión Fernández, en tanto que el gobierno chileno, que ofreció ser mediador en las conferencias, designó a Ventura Lavalle bajo la condición peruana de que Santa Cruz no volvería a gobernar Bolivia y que las tropas de éste desocuparan el territorio peruano. Las reuniones se verificaron en territorio peruano, comenzando el 9 de mayo en el pueblo de Vilque, cerca de Puno.

El 28 de ese mes, Mariátegui confirma finalmente que el General Ballivián ha designado a Hilarión Fernández como Ministro Plenipotenciario y que pide que las conferencias se efectúen en Puno. No obstante, trasciende que el Consejo de Estado de Bolivia, en La Paz, habría nombrado a Andrés Quintero como Ministro Negociador, cosa que disgustó al Presidente Ballivián y concluyó con la designación de Hilarión Hernández.

El 14 de mayo, Mariátegui informa sobre el inicio de las negociaciones el 9, antes de dar cuenta de las tratativas, el Ministro peruano manifiesta que el Ministro Hilarión Fernández, por nota, ha expresado que sobre la llamada Columna de Ingavi, “… monumento militar erigido a la gloria de los defensores de Bolivia» y que es propiedad boliviana, no se puede pactar nada.

En lo referente a los temas abordados, sobre los que versaría el tratado, expresa que son los siguientes:

1. Desocupación del territorio peruano al momento de la firma del tratado. Oposición boliviana.

2. Bolivia propone olvidar el pasado y todas las reclamaciones y agravios, iniciando “una paz y amistad sincera y duradera».

3. El Perú plantea que ambas partes depongan las armas y restablezcan sus relaciones, olvidando recíprocamente sus quejas, agravios y pretensiones; y que cualquier desavenencia futura será resuelta amistosamente o mediante la decisión del gobierno chileno.

4. No se acordó cómo se pagarían los gastos de la Independencia y la Restauración.

5. Compromiso de devolver con honores los restos del Mariscal Gamarra, así como a los prisioneros peruanos.

6. Oposición boliviana a la demolición de la Columna de Ingavi.

El 19 de mayo, ante las discrepancias verificadas durante la negociación, el Ministro boliviano propuso acordar»… una tregua de 2 y 3 meses para escuchar la voz de la razón y que se consulten los verdaderos intereses de las dos repúblicas”. En opinión de Mariátegui, todo esto habría que analizarlo en el contexto de la crítica situación política que experimenta el Gobierno peruano y las manifestaciones francamente hostiles del General Juan José Flores, Presidente del Ecuador, quien pretendía invadir el Perú presuntamente en connivencia con Ballivián.

Ante el impase existente, según cuenta Basadre, “Lavalle obtuvo el 5 de junio una entrevista entre los generales Ballivián y La Fuente, y los señores Fernández, Olañeta y Mariátegui en el pueblecito de Acora. Los militares llegaron a un acuerdo que los diplomáticos no habían podido efectuar. En una noche quedaron resueltos los puntos del tratado de paz. Ballivián se comprometió, por separado, sin que ello figurase en el texto del pacto, a ordenar que fueran retiradas de la columna erigida en Ingavi todas las inscripciones ofensivas para el Perú y a devolver el cadáver de Gamarra».

A pesar de los rumores, posiciones irreductibles y malos presagios, finalmente el Tratado Preliminar de Paz, también conocido como el Tratado de Puno, se firmó el 7 de junio de 1842. En opinión del padre Rubén Vargas Ugarte S.J., con este instrumento»…se allanaron todas las diferencias que existían entre uno y otro país”.

Jorge Basadre, por su lado, manifiesta que “Ballivián obtuvo que la desocupación del territorio invadido se realizara en una fecha posterior a la firma del tratado; y obtuvo, asimismo, el mantenimiento de la columna de Ingavi aunque sin sus palabras ofensivas, que él mandó retirar por decreto dado en Cochabamba el 25 de junio de 1842, en el que, además, autorizó a entregar los restos de Gamarra si comisionados del Perú lo pedían. Al mismo tiempo, quedaron silenciados los reclamos económicos que el Perú hacía a Bolivia tanto por la deuda contraída durante la guerra de la independencia como por los perjuicios ocasionados por Santa Cruz».

Al dar cuenta final de su misión como Ministro Plenipotenciario para pactar la paz con Bolivia, Mariátegui solicitó que se diera por terminada esta encomienda a fin de poder reintegrarse a sus labores cotidianas en Lima, esto es, en la Corte Suprema de Justicia del Perú, donde mi tatarabuelo laboró hasta jubilarse el año 1870, a los 77 años. Asimismo, se dedicó a la cátedra, a escribir libros sobre sus especialidades y a ejercer el periodismo utilizando sus seudónimos de Marca Martillo y Patricio Matamoros. No puedo dejar de anotar que fue, también, un notable polemista, habiendo sostenido discusiones públicas a través de los medios con Mariano Felipe Paz Soldán y Ricardo Palma, las que llegaron incluso a la publicación de libros.

Como se ha dicho, siendo ya un anciano longevo, pero aún muy combativo y lúcido, falleció en Lima en 1884, a los 91 años, con la satisfacción de haber visto la desocupación del territorio nacional, libre por fin de las tropas chilenas.

Con su muerte, sin embargo, no acabaron las controversias y cuestionamientos contra su persona. La curia limeña, a través de varios documentos eclesiásticos, se opuso a que fuera sepultado en el Cementerio General Presbítero Maestro, en razón de estar distanciado de la Iglesia católica, ser el fundador y gran propulsor de la masonería peruana y no haberse reconciliado con su religión. El incidente adquirió proporciones políticas, al punto que tuvo que intervenir el entonces presidente provisorio de la República, general Miguel Iglesias, quien ordenó su entierro y presidió el cortejo fúnebre en el que el Presidente de la Corte Suprema y seis nietos del prócer llevaron en hombros al venerable patricio hasta el cementerio. Por disposición del Congreso de la República de1 2 de agosto de 1926, sus restos mortales fueron llevados al Panteón de los Próceres, justa morada final para quien consagró su vida entera a la causa del Perú.

José Gregorio Paz-Soldán, el gran Canciller del Presidente Ramón Castilla, es la figura emblemática del Servicio Diplomático del Perú y el personaje central en las celebraciones el 3 de agosto, Día del Diplomático. No en vano, la condecoración que el Ministerio de Relaciones Exteriores otorga a los funcionarios diplomáticos que han prestado valiosos servicios a la nación se titula “Orden al Mérito del Servicio Diplomático del Perú José Gregorio Paz-Soldán”.

Paz-Soldán nació en Arequipa el 9 de mayo de 1808, hijo de don Manuel Paz-Soldán y doña Gregoria de Ureta Peralta y Araníbar. Su padre, radicado en el Perú desde 1774, era tesorero de las Reales Cajas de esa ciudad, cargo que ejerció durante treinta y tres años, hasta 1825.

Recibido de abogado en agosto de 1831, inició de inmediato su carrera en la Magistratura. Luego de actuar como Relator de la Corte Superior, en julio de 1833 fue designado juez de Primera Instancia, y en 1839, a los treinta y un años, fue promovido a la Fiscalía de la Corte Superior de Arequipa. El mismo año, luego de disuelta la Confederación Perú-boliviana, fue designado diputado por Arequipa al Congreso de Huancayo, y en 1845 fue elegido Senador por ese mismo departamento. Al iniciar su primer gobierno, el presidente Ramón Castilla lo llamó para encargarle el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El nombramiento como Canciller de uno de los hombres más destacados de su era, el brillante abogado arequipeño José Gregorio Paz –Soldán, de treinta y siete años, estuvo muy a tono con el hábito de Castilla de incorporar a su gobierno a los talentos más sobresalientes, sin tomar en cuenta afiliaciones políticas adversas. Recurrió a liberales y a conservadores, a amigos y a miembros de la oposición.

El gran Ministro de Relaciones Exteriores del siglo XIX, aquel que organizó la Cancillería peruana y formuló por primera vez lineamientos de la política exterior del Perú, asumió su cargo el 19 de mayo de 1845. Consolidado el régimen político con el orden institucional que Ramón Castilla impuso en el manejo del gobierno, con José Gregorio Paz-Soldán el Ministerio de Relaciones Exteriores obtuvo la estructura básica que conservó hasta comienzos del siglo XX.

José Gregorio Paz-Soldán y Ureta era el diplomático, internacionalista y sobre todo, gran jurista que Castilla necesitaba para la defensa de los derechos del Perú frente a la prepotencia y el abuso de las naciones europeas. Ya había desempeñado importantes puestos de gobierno y encabezado misiones diplomáticas claves. Sería, pues, el llamado a establecer los fundamentos legales de las metas internacionales que Castilla se había propuesto.

Alternativa o sucesivamente, Castilla y Paz Soldán fueron amigos y adversos. Pero su vínculo substancial fue de admiración y respeto mutuo. Lo esencial de esa relación fue expuesto en una carta de Paz Soldán a Castilla, de fecha 30 de julio de 1848:

Bien sabe usted que su administración, su crédito y su nombre están ligados conmigo de un modo solidario; por lo mismo entre nosotros jamás han podido ni debido existir ni ser duraderos los resentimientos, quejas ni pasiones rencorosas. Yo respeto a Usted y aprecio a Usted como mi jefe y amigo.

Cuando Castilla convocó a José Gregorio Paz Soldán, el gran jurista estaba escondido. No tomó en cuenta que Paz Soldán era su acérrimo opositor: Lo había criticado en artículos que publicaba en El Comercio con el seudónimo de Casandra, en los que enjuiciaba, con mucha claridad y un estilo cáustico y franco, los acontecimientos de interés público. Castilla le dijo, sin preámbulos, que lo necesitaba: “…para arreglar una enojosa cuestión con motivo de una reclamación inglesa y ningún otro sino Ud. puede solucionarla. Queda Ud. nombrado Ministro de Relaciones Exteriores».

Dada la agitada vida política peruana y el hecho de que el Congreso solo se reunía cada dos años, el decreto de 1846 sólo fue refrendado como ley de la República en 1853. Precisamente su autor, José Gregorio Paz-Soldán, quien también fue Canciller del Presidente José Rufino Echenique, lo firmó el 19 de noviembre de ese año, como la Ley 91. Rigió hasta 1890, con algunas modificaciones en cuanto a sueldos y viáticos.

Cuando defendió el proyecto de Ley 17 ante el Congreso en 1847, el Canciller Paz-Soldán destacó firmemente la importancia de los estudios y el entrenamiento adecuados para los candidatos a la Diplomacia, único medio de asegurar un eficiente servicio exterior.

Castilla encontró resistencia en el Congreso para lograr la aprobación de los cuantiosos fondos que su accionar diplomático requería. La resistencia de los congresistas era comprensible porque no estaban acostumbrados a aprobar fondos para el mantenimiento de misiones diplomáticas en el exterior. Ante la disposición subsistente de reducir la partida de Relaciones Exteriores, el canciller Paz Soldán hizo ver al Congreso de 1847 que:

He recorrido varios presupuestos de las Repúblicas vecinas: Comparado el gasto de su lista diplomática con el nuestro y con nuestros recursos. Puede llamarse doble del que se quiere asignarnos. Para elegir la persona a quien pueda confiarse una legación, es casi indispensable ocurrir a aquellos que las han desempeñado antes, o que en el país han ocupado puestos de consideración o que en él gozan sueldos iguales, y que si se prestan deben hacerlo sin perder en categoría o en emolumentos.

Agregó:

Los gastos destinados al sostenimiento de las relaciones son tan necesarios a la República como la que tiene que hacer en el mantenimiento de su ejército o en la conservación de su orden interior; pudiéndose decir que ello bien examinados producen ahorros y ventajas palpables […].Si constantemente hubiese existido Ministros de la República que abogasen por su causa en varios gabinetes extranjeros, habríamos ahorrado muchos bochornos y mucho dinero pagado después con profusión, cuando ya no quedaba otro arbitrio.

Paz-Soldán se mantuvo alerta a los abusos cometidos por los representantes de las grandes potencias contra el Perú. Cuando, a inicios de 1846, el cónsul británico William Pitt Adams presidió, en el salón de la Bolsa Extranjera, un tribunal para juzgar litigios e, incluso, pronunciar sentencias entre miembros de la colonia inglesa, redactó y presentó un decreto, el 26 de febrero, afirmando:

El Gobierno no consiente ni consentirá jamás, en que individuos o súbditos extranjeros se reúnan en lugar público a juzgar o decidir asuntos contenciosos, con violación de las leyes de la República y contra los principios establecidos en el Derecho Internacional.

El Gobierno no reconoce como válidos y obligatorios otros fallos, pronunciados en el territorio de la República, que los que pronunciaren los jueces y tribunales que establecen las leyes del Estado.

Frente al abuso de las grandes potencias en el asunto de los reclamos diplomáticos, Paz-Soldán expidió el Decreto 49 de 17 de abril de 1846, Declaración sobre Reclamaciones Diplomáticas, en el que el gobierno anunció el único caso en que serían aceptados los reclamos diplomáticos: si un súbdito extranjero hubiera recurrido a “…los tribunales, juzgados y demás autoridades de la República a solicitar justicia en defensa de sus derechos y constate que se le ha negado o retardado».

Al acuse de recibo de1 encargado de Negocios estadounidense Albert Gallatin Jewett, advirtiendo que no aceptaría la aplicación del decreto del 17 de abril hasta no recibir instrucciones de su Departamento de Estado, el Canciller Gregorio Paz-Soldán respondió, irónicamente, dando por hecha la aceptación del diplomático estadounidense. Ello desató la furia de Jewett, quien acribilló al Canciller con acusaciones y calificó el decreto como un “…conjunto de deformaciones legales y morales que presentan solamente crudas y perversas oblicuidades”. Aunque ya obraba en poder del Secretario de Estado el pedido peruano para el retiro de Jewett, por haberse convertido en persona no grata, James Buchanan se limitó a un llamado de atención para que moderara su actitud y no criticara en público al Gobierno peruano. Finalmente, y ante la insistente presión del Canciller Paz Soldán, el encargado de negocios Jewett fue retirado en marzo de 1847, cuando ya se le había marginado de todo trato oficial con el Gobierno.

En la contestación al Cónsul General Británico William Pitt Adams, el 12 de mayo, y también a los cónsules de Cerdeña y Dinamarca, el canciller Paz Soldán les indicó que:

…según el sentir del Ministerio no corresponde a los cónsules el derecho de protestar contra las declaraciones diplomáticas de los Gobiernos, en cuyo país residen, aun cuando se les haga conocer por falta de otro Ministro Público.

En la respuesta del Foreign Office que Pitt Adams transmitió al Canciller Paz-Soldán, Lord Palmerston advirtió, sin hacer referencia alguna a la declaración del 17 de abril, que, aunque la política era el quehacer particular de los diplomáticos y los asuntos comerciales aquel de los cónsules, ambos podían asumir las funciones del otro en caso de ausencia del funcionario apropiado. Agregó que, si a los cónsules británicos no se les permitiera ejercer sus funciones, el gobierno británico no tendría otra alternativa que ordenar al comandante de la flota británica estacionada en el Pacífico imponer este principio. Cuando Gregorio Paz-Soldán exigió explicaciones indicando que “…en dichas frases ha creído el Gobierno del Perú encontrar una amenaza”, Lord Palmerston instruyó a Pitt Adams para que informara al gobierno peruano que cuando un comandante británico recibía órdenes para presentar una demanda a un gobierno extranjero, se le daba, al mismo tiempo, instrucciones específicas en cuanto a las medidas que debía adoptar si el pedido no era satisfecho. Por ello, era siempre preferible que los asuntos no llegaran a ese extremo, sino más bien que se mantuvieran en manos de los diplomáticos o de los agentes consulares británicos.

En respuesta al peligro que el ex mandatario Juan José Flores planteó con su expedición militar organizada en 1847 en España e Inglaterra, con el apoyo disimulado de esos gobiernos para establecer una monarquía en el Ecuador, con abierta amenaza para el Perú, el canciller Paz-Soldán comunicó en circular a los gobiernos de Chile, Bolivia y Ecuador, en noviembre de 1846, que: «…el gobierno del Perú hará la guerra a los españoles por cuantos medios estén a sus alcances con el objeto de impedir cualquier tentativa que hicieren contra la independencia americana».

Acto seguido, el 9 de noviembre, Paz-Soldán remitió a todas las cancillerías hispanoamericanas, con copia al cuerpo diplomático en Lima, una circular que comunicaba la determinación del Gobierno peruano de defender la independencia ecuatoriana e invitando a cooperar en la lucha. En palabras vibrantes, Paz-Soldán señaló que:

En los derechos del Ecuador ultrajados por la España ha recibido el Perú una injuria, porque estima como propios los agravios hechos a los pueblos del continente americano, y mira como una violación de la justicia natural y del derecho de gentes cuanto se haga por quien quiera que sea con el objeto de arreglar los asuntos interiores de un pueblo libre de Sudamérica, darles leyes, cambiar sus instituciones, o hacerle adoptar otra forma de Gobierno que la que él mismo haya querido darse según sus conveniencias y circunstancias.

En respuesta a la acción de los diplomáticos hispanoamericanos en Londres, liderados por el Ministro peruano Manuel Iturregui, y a la presión de treinta firmas británicas cuyo comercio con América Latina se veía amenazado, el Canciller Británico Lord Palmerston ordenó la confiscación de los buques de la expedición. En España, las noticias del embargo en Gran Bretaña, y las denuncias de la oposición y de la prensa resultaron en el fracaso irremediable de la expedición.

A la vez, con la misma fecha, 9 de noviembre, Paz-Soldán dirigió una segunda circular a las cancillerías de Chile, Ecuador, Nueva Granada, Venezuela, Bolivia, la Confederación Argentina, Estados Unidos, América Central, México y Brasil, invitándolas a participar en el Congreso Americano de 1847, en Lima. Recordando el Congreso de Panamá, Paz-Soldán afirmó que:

… los últimos sucesos de la Península y la invasión del Ecuador bajo los auspicios del Gobierno Español, han venido a descubrir que los pueblos sudamericanos tienen necesidad de unirse y de formar alianzas para repeler pretensiones extrañas y azarosas a la causa americana.

Ninguna ocasión puede presentarse más favorable que la actual, para la ejecución de aquel proyecto, y por ello me dirijo, a nombre del gobierno peruano, al de V.E., para invitarle a que nombre el Plenipotenciario, si fuera de su opinión la reunión de un Congreso que pueda fijar de un modo sólido las bases de la futura tranquilidad y seguridad de los pueblos de Sud-América.

En el Tratado de Confederación, que los Plenipotenciarios del Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia firmaron el 8 de febrero de 1848, quedó establecido el mecanismo mediante el cual cualquier país miembro, víctima de una “agresión, ofensa o ultraje» por parte de una potencia extranjera susceptible de ser calificado como casus foederis o causa para la guerra, podría solicitar al Congreso Plenipotenciario que asumiera su defensa. Una vez decidida la justicia del pedido, el Congreso solicitaría a las naciones confederadas que se dirigieran individualmente al agresor exigiéndole satisfacciones o reparaciones. Si el pedido fuera desatendido, el Congreso declararía la existencia de un casus foederis y convocaría a los ejércitos de cada país miembro para el inicio de operaciones militares conjuntas. A partir de ese momento, todas las naciones confederadas se considerarían en estado de guerra con el agresor e interrumpirían toda relación y comercio hasta finalizado el conflicto.

Paz-Soldán estaba convencido de que un Ministro de Relaciones Exteriores ocupaba un lugar demasiado alto para ser un mero ejecutor de la política exterior del Presidente. Ejecutó las órdenes de Castilla con lucidez, competencia e imaginación porque compartía sus ideas y comprendió plenamente sus intenciones. Este no fue, ciertamente, el caso cuando Paz-Soldán fue Canciller de José Rufino Echenique, entre las dos presidencias de Castilla. Entonces, Echenique se dejó intimidar por las amenazas del encargado de Negocios francés Ratti-Menton, listo a ordenar la intervención de naves de la escuadra francesa, anclada frente al Callao, en apoyo de ciudadanos franceses que alegaban haber sufrido daños durante los disturbios políticos de 1854. Al negarse Echenique a firmar la nota de protesta para el diplomático francés, Paz-Soldán presentó su carta de renuncia en términos muy claros:

Usted oyó ayer mis opiniones resueltas y vigorosas por sostener nuestros derechos y me dijo usted que serían buenas para épocas normales. Ni la política exterior ni los cañones de los franceses me hacen dejar el Ministerio, sino la falta de confianza de usted y la desaprobación de mi conducta tan ásperamente manifestada en su carta de hoy.

En sepiembre de 1861, Castilla lo designó rector de la Universidad de San Marcos para hacer frente a las dificultades surgidas en ella. Paz-Soldán emprendió la reorganización de San Marcos; afirma Jorge Basadre que, con este nombramiento,»… quedó liquidada una larga etapa de decadencia de San Marcos y se inició un nuevo período en su historia.

El capítulo americanista de Paz-Soldán se corona con su participación, durante el gobierno de Juan Antonio Pezet, como delegado del Perú en el Segundo Congreso Americano celebrado en Lima en 1864. Producida la incursión española contra las islas de Chincha, el Congreso Americano demandó, primero, al Almirante Luis H. Pinzón, Jefe de la Escuadra, que las desocupara, y como el pedido fue desatendido, presentó un memorándum proponiendo insistir y planteando, en el punto segundo, «…que en caso negarse a las anteriores condiciones, las repúblicas representadas en esta conferencia abrirán contra las fuerzas de S.M.C. las necesarias hostilidades hasta conseguir que se atienda los derechos del Perú y demás republicas americanas».

A su fallecimiento, el 18 de diciembre de 1875, José Gregorio Paz-Soldán recibió el homenaje unánime de sus conciudadanos. De él afirma Carlos Moreyra Paz-Soldán:

…era intransigente en cuestiones de principio y categórico y hasta áspero cuando tenía que defender la verdad y afrontar problemas relativos a la soberanía, dignidad y derechos de la Patria. No hizo jamás concesiones en tales materias, prefiriendo muchas veces apartarse de la función pública, antes que incurrir en cualquier forma de debilidad o tibieza. Por eso, su colaboración nunca fue requerida por razones de simple o mera amistad, sino porque se le consideraba necesario, indispensable, sobre todo cuando se trataba de tareas de difícil realización. De ahí que, a lo largo de toda su existencia, marcó honda huella en las diversas actividades que emprendió.

En Arequipa, vio la luz Toribio Pacheco y Rivero el 17 de abril de 1828, cuarto hijo de Toribio Fernando Pacheco y doña Manuela Rivero y Ustariz. Por ambas ramas, la familia no carecía de fortuna inicial, en minería y tierras, pero esta se fue diluyendo poco a poco entre problemas de gestión y proliferación de vástagos (treinta y uno hijos solo para Manuel José de Rivero). La escasez creciente de medios no afectaba, sin embargo, la dignidad y el rango social de los hidalgos arequipeños, prestigiados por personalidades como Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz, hermano de la madre de Toribio Pacheco, talento múltiple de los inicios de nuestra República. Científico, posiblemente el más destacado del siglo XIX peruano, político y diplomático, entre otros hechos sobresalientes, en 1822, Rivero, a la sazón en París, fue recomendado por Alexander Von Humboldt a Bolívar para organizar algunas de las instituciones culturales y científicas que requería la joven Colombia.

Fue así el primer Director del Museo de Historia Natural (hoy Museo Nacional) y de la Escuela de Minas de Colombia; replicó el modelo en el Perú en 1826: Fundó el Museo Nacional de Historia Natural, Antigüedades y Cultura del Perú (el actual Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia) y la Escuela de Minas (hoy Universidad Nacional de ingeniería).

Toribio Pacheco seguramente creció escuchando historias sobre la brillante trayectoria de su ilustre tío, y quizás inspirado en él decidió aplicarse especialmente en los estudios. Luego de recibir su instrucción inicial en Arequipa y Puno (donde su padre arrendaba una mina y su tío Francisco de Rivero dirigía el Colegio de Ciencias y Artes), viaja a Lima a seguir su educación secundaria en el Convictorio de San Carlos, dominado por la poderosa efigie de Bartolomé Herrera, quien a todas luces influyó en los aspectos más conservadores de su pensamiento.

Reproduciendo los pasos de su pariente, aunque cambiando la opción científica por la jurídica, en 1847 viaja a Europa. Allí lo acoge, en Francia, su tío Francisco, quien había pasado del colegio de Puno a la Encargaduría de Negocios en París. Se inscribe en la Sorbona en cursos de Economía, Política y Derecho. La revolución de 1848 posiblemente perturba su espíritu ordenado; se matricula al año siguiente en la facultad de Derecho de la Universidad de Bruselas. Al cabo de tres años obtiene allí el grado de doctor en Ciencias Políticas y Administrativas, con una aplaudida y publicada tesis titulada: Disertación sobre los instrumentos que concurren a la formación de la riqueza.

Terminada la experiencia europea, Pacheco, en un Perú en plena euforia del guano, decide instalarse en su tierra natal, Arequipa, donde desarrolla una intensa y multiforme actividad. Entre 1853 y 1854 se gradúa de abogado y es designado como Rector del Colegio de la Independencia; publica el folleto Elementos de estadística o principios elementales de esta ciencia; viaja a Puno para ocuparse de los asuntos de un terrateniente arequipeño y concluye allí su obra Cuestiones Constitucionales. Sobre todo, se inicia en política apoyando al presidente Rufino Echenique contra el levantamiento de Ramón Castilla.

Luego de un breve exilio en Cusco, «deportado» por el Prefecto de Puno bajo el paradójico pretexto de ser partidario de Castilla, Pacheco viaja a la capital para ejercer la dirección de El Heraldo de Lima. Desde ahí sigue defendiendo a Echenique y la criticada consolidación de la deuda interna, por considerar que el presidente representaba el orden y la dinamización de la economía, frente a la “asonada” castillista.

La batalla de La Palma, el 5 de enero de 1855, sella la suerte de Echenique. El Heraldo de Lima fue clausurado dos veces y Pacheco, deportado a Tacna. Pero apenas un año después de la victoria de Castilla se rebela Manuel Ignacio de Vivanco, instala su Gobierno en Arequipa y designa a Toribio Pacheco como Oficial Mayor del Ministerio General. El jurisconsulto vuelve también a las andadas periodísticas publicando el vocero oficial vivanquista El regenerador.

La armonía entre Vivanco y Pacheco no duraría mucho. La rebelión tampoco. El 7 de marzo de 1858, Vivanco fue definitivamente derrotado, y ambos hombres buscarían refugio en Chile.

Pero el inquieto Pacheco se aburre en su ciudad natal. Abre entonces un estudio de abogados en Lima, junto con José Ciriaco Hurtado, en la calle de Polvos Azules. Sobre todo, concluye el primer tomo de la que sería una de sus obras más importantes, el Tratado de Derecho Civil. A duras penas, por la oposición gubernamental, consigue editarlo ese año 1860. Se sucederían dos tomos más, en 1862 y 1864. Mientras tanto, su incesante actividad profesional, intelectual y política continuaba en esos años. Fue incorporado al Colegio de Abogados de Lima en 1861, recibiendo el encargo de elaborar un repertorio jurídico que compilara la jurisprudencia de los tribunales.

Con otros distinguidos juristas colaboró en la creación de La Gaceta Judicial Diario de los Tribunales, que dirigió ocasionalmente. Uniéndose a intelectuales de la talla de José Casimiro Ulloa, Francisco García Calderón, Manuel Nicolás Corpancho, Carlos Augusto Salaverry y Ricardo Palma, entre otros, participó en la fundación de La Revista de Lima. Un artículo suyo publicado en dicho órgano quincenal le ameritó un juicio penal, por oponerse una vez más a Castilla al sostener que el Gobierno colaboraba con el exiliado expresidente boliviano Manuel Isidoro Belzú en sus proyectos de recuperar el poder.

En 1864 marca su primer ingreso a la Cancillería, en un momento crucial. La crisis provocada por la ocupación española de las islas guaneras de Chincha, y la negativa percepción de la opinión pública sobre la conducta del Gobierno de Juan Antonio Pezet en la materia, obligaron al presidente a designar un gabinete de consenso, apoyado por el Congreso y denominado “plebiscitario», con el puneño José María Costas presidiendo el Consejo Ministerial y el arequipeño Toribio Pacheco como Ministro de Relaciones Exteriores.

Poco tiempo duró la experiencia, del 11 de agosto al 14 de octubre de 1864, ante las irreconciliables diferencias de opinión entre el gabinete y el Jefe de Estado, pero aquellos dos meses bastaron para que Pacheco dejara notable impronta con la expedición de dos comunicaciones diplomáticas muy importantes, dirigidas respectivamente a los plenipotenciarios del Perú acreditados en países sudamericanos y a los representantes extranjeros residentes en el Perú.

Su homólogo y rival español llevaba el mismo apellido: José Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón. No era la única coincidencia: De paso igualmente fugaz en su Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se sucedieron cuatro titulares en ese año 1864, el Pacheco español era también jurisconsulto y periodista, a más de autor de poemas y dramas. De ahí que Manuel Atanasio Fuentes dijera en El Murciélago:

“Pacheco el criminalista el de la musa melosa tendrá que medirse en prosa con Pacheco el civilista».

Pasado a la oposición y fustigando al Gobierno desde el diario El Comercio, Pacheco debe afrontar un nuevo exilio en Chile. Allá, mientras recibe honores de la sociedad y de la academia santiaguina, sigue la situación nacional: La suscripción del lesivo Tratado Vivanco-Pareja, la justa reacción de la opinión pública y el levantamiento de Mariano Ignacio Prado, Prefecto de Arequipa; Pacheco se une entonces a los rebeldes en Pisco, y puede ser testigo de la partida de Pezet y el ingreso de Prado a Lima y al poder en noviembre de 1865.

El nuevo líder constituye entonces un Consejo de Ministros que ha pasado a la historia como el gabinete de los talentos, presidido por José Gálvez, quien asumía también la Secretaría de Guerra, e integrado por Manuel Pardo en Hacienda, José Simeón Tejada en Justicia, José María Químper en el gobierno y Toribio Pacheco en Relaciones Exteriores.

Pacheco es el autor de un famoso Manifiesto difundido a inicios de 1866. Algunos de los elementos principales de ese documento, ejemplarizadores de su concepción de la política exterior peruana y plenamente coherentes con lo que fue la conducta internacional del Perú en aquellos años de consolidación de la joven República y su proyección continental son:

–    Rechazo a la toma de las islas de Chincha, por ofender al Derecho Internacional y a la independencia de las jóvenes repúblicas americanas: “No sólo el Perú, sino la América todas fueron heridas en su honra, en su dignidad y en sus derechos.

Invocando el principio de reivindicación, ¿qué podían aguardar las repúblicas americanas, sino la renovación del coloniaje, que sobre ellas había pesado durante trescientos años? consumados los sucesos de Chincha de un modo tan violento y exabrupto, ¿qué garantías tendría la América de que en adelante se respetarían en ella los principios tutelares del derecho y de la justicia? El cuerpo diplomático residente en Lima se apresuró, con razón, a declarar solemnemente, que no aceptaba el derecho de reivindicación invocado para la ocupación de las islas, y que deploraba sinceramente que el comisario (Mazarredo) y el comandante de la escuadra (Pinzón) no hubiesen ajustado sus procedimientos a lo que prescribía el Derecho Internacional.

–    Argumentos constitucionales sobre la nulidad del Tratado Vivanco-Pareja: “Para la Nación Peruana; aun subsistiendo el gobierno del ex General Pezet, no podía tener ese carácter (de pacto perfecto), desde que le faltaba la aprobación del único poder público que entonces podía darla, no habiendo aprobación por parte del Congreso, la ratificación hecha por el gobierno el 2 de febrero fue indebida, no tiene valor legal y la nación no puede ni reconocerla ni respetarla».

–    La solidaridad americana percibida como un interés nacional: “La nación peruana es consecuente con sus propósitos y convicciones. Derribó al gobierno que se había interpuesto entre ella y la de España; hoy se halla frente a frente de la última, para reivindicar su honra, al propio tiempo que cumple, como asociación americana, con el sagrado e imperioso deber de ayudar a un pueblo hermano, víctima de desmanes y atentados semejantes a los que ella sufriera. Ante tan grandioso espectáculo y en presencia de una situación creada por la más escandalosa arbitrariedad y por el más inaudito abuso de la fuerza, no habrá un solo peruano, el gobierno está convencido de ello, que no sienta arder en su pecho la vivificadora llama del patriotismo y que no esté dispuesto a sacrificarlo todo en defensa de una causa, cuya justicia tiene ya por testimonio irrefragable la protección palpable que hasta ahora le va dispensando la Providencia».

Obra de Pacheco, fue también una circular a los agentes diplomáticos de la República, editada en español y francés, fechada el 21 de abril, pero difundida poco después del combate del Dos de Mayo, en ella regresa sobre los argumentos del Manifiesto e insiste en la vocación americanista del Perú:

“Aún si el Perú no hubiera debido solicitar la reparación de insultos graves ni lavar las afrentas hechas a su honor, habría estado siempre al lado de Chile, porque su deber exigía, y porque sabía muy bien que defendiendo la causa de Chile defendía la suya propia. Esto quiere decir que, incluso en el caso de que el Tratado del 27 de enero hubiera sido legal y debidamente ratificado, la Nación y el Gobierno no habrían dudado en romperlo, porque antes de pensar en cumplir compromisos acordados con España por un gobierno desleal, bajo presión de la fuerza y recibiendo el precio de su deshonor, el Perú debía sobretodo preocuparse del cumplimiento de sus deberes como República Americana, y porque el gobierno español se había puesto fuera de la ley y pisoteado todos los principios de derecho y justicia en sus agresiones inicuas y reiteradas contra América”.

La guerra con España ocupa naturalmente lo central de las preocupaciones y labores del canciller peruano, y en ese contexto concierta las alianzas con Chile, Ecuador y Bolivia. En un ámbito multilateral más amplio sobre el tema, preside en Lima una Conferencia Internacional Americana con el objetivo de promover la solución pacífica del conflicto.

Pero la gestión de Toribio Pacheco también abarca otros ámbitos de decidida acción internacional, siempre con vocación americanista y de defensa de los principios de Derecho Internacional para garantizar la convivencia pacífica. Es paradigmático, en tal sentido, su comportamiento en la guerra que enfrentó a Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay. La Triple Alianza es contestada por los países andinos con litoral sobre el Pacífico Perú, Chile, Bolivia y Ecuador, aliados todavía contra España, cuya conducta, así como la de Francia en México, equiparan con la de Brasil. El pronunciamiento de solidaridad con el Paraguay es dirigido por Toribio Pacheco, a nombre de sus aliados, a los gobiernos de la Triple Alianza, y es publicado en El Peruano el 9 de julio de 1866. Toribio Pacheco afirma allí sin ambages que la de Paraguay “…es una guerra pura y simplemente de intervención, ante la cual las demás naciones no pueden permanecer como meras espectadoras».

Pacheco acudió también en auxilio del Ecuador, amenazado por el Presidente de los Estados Unidos con la utilización de la fuerza para conseguir el pago de una deuda. El Canciller convenció al Gobierno del Perú para que garantizara el cumplimiento de la obligación.

En su paso por la Cancillería, Pacheco tuvo también ocasión de defender un punto de vista contrario al asilo diplomático, a partir del caso de ex ministros de Pezet asilados en la legación francesa. El 15 de enero de1867 citó al cuerpo diplomático acreditado en Lima para exponerles un memorándum en el cual, luego de analizar diversos aspectos de esta figura del Derecho Internacional Público, declara que el Gobierno del Perú no reconocerá en adelante el asilo diplomático tal como fue practicado en el país, sino únicamente dentro de los límites que le asigna el Derecho de Gentes. Al mismo tiempo, en coherencia con esta posición, señala que el Perú renuncia a este privilegio para sus propias legaciones en América del Sur, ya que lo niega a las legaciones extranjeras en el Perú. Carlos Ramos estima que “Pacheco procuraba con esa medida extrema poner freno a la práctica abusiva de acogerse al asilo político inclusive en los casos que mediaba responsabilidad penal».

El destino no quiso que la República Peruana aprovechara los dotes del jurista arequipeño por mucho tiempo más. El 15 de mayo de 1868, don Toribio Pacheco y Rivero, a la sazón fiscal de la Nación, falleció de fiebre amarilla, tenía cuarenta años de edad y ninguna fortuna; su amigo Manuel Pardo tuvo que impulsar una suscripción nacional para aliviar la situación de las tres huérfanas que dejaba Pacheco, habiendo fallecido su esposa antes.

Toribio Pacheco y Rivero es, por todos estos motivos, uno de los Cancilleres que han asentado la legitimidad de Torre Tagle como primera institución de la República.

José Antonio De La Lavalle y Arias de Saavedra, uno de los más famosos diplomáticos peruanos del siglo XIX, fue Ministro de Relaciones Exteriores entre el 15 de septiembre y el 16 de noviembre de 1883, a fines de la Guerra del Pacífico. Lavalle tuvo una notable actuación en este conflicto internacional desde sus prolegómenos hasta sus postrimerías, como negociador, Ministro ante el Emperador del Brasil, Canciller del Perú y Signatario del Tratado de Ancón.

Primeros años y comienzo de su actividad pública

Lavalle nació en Lima el 22 de marzo de 1833 en el seno de una familia con raíces en la vieja nobleza del Virreinato. Sus padres fueron el General Juan Bautista de Lavalle y Zugasti y doña Narcisa Arias de Saavedra. Estudió en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, de orientación liberal, bajo la dirección de Sebastián Lorente. Desde su juventud, tuvo una definida vocación por las letras y en particular por la evocación histórica, que armonizó con la actividad pública en el Servicio Diplomático y en el Congreso de la República. Inició su trabajo como Diplomático en calidad de adjunto a las legaciones del Perú en Washington (1851), Roma (1852) y Madrid (1853). Ya con el rango de Segundo Secretario (1854), fue transferido a la Legación en Santiago, en tiempos de la gestión del Ministro Cipriano Coronel Zegarra.

Entre 1860 y 1864 Lavalle fue Diputado por Lima, y al año siguiente dirigió la Sociedad de Beneficencia Pública. En 1873 fue nombrado Ministro Plenipotenciario en Alemania y en 1874 ejerció la representación senatorial por Loreto. En 1875 viajó a San Petersburgo a la Corte Imperial Rusa para ocuparse del arbitraje acordado el 19 de julio de 1873 entre el Perú y el Japón para solucionar una controversia que involucraba a la nave de bandera peruana María Luz, detenida en el puerto de Yokohama y cuyo capitán había sido acusado de maltratar a coolíes chinos. En esa ocasión, Lavalle realizó una extensa y completa presentación ante el árbitro, el emperador de todas las Rusias, pero el resultado fue desfavorable para el Perú. De este año 1875 data también el fallecimiento, en San Petersburgo, de su esposa y sobrina, Mariana Pardo y Lavalle.

De vuelta en su patria, Lavalle se reincorporó al Senado y Presidió su Comisión Diplomática entre 1876 y 1878, como ya lo había hecho en 1874. En una de sus estancias en Europa, hacia comienzos de 1874, Lavalle tuvo ocasión de ver en Inglaterra los dos nuevos blindados cuya construcción había sido ordenada por el Gobierno chileno en 1872, que tanta gravitación tuvieron poco después en el plano estratégico-militar durante la larga y cruenta Guerra del Pacífico, que enfrentó al Perú y Bolivia contra Chile entre 1879 y 1883.

Misión en Chile en 1879

El nombre de Lavalle está asociado a los esfuerzos diplomáticos peruanos llevados a cabo por el Gobierno del Presidente Mariano Ignacio Prado, entre marzo y abril de 1879, para mediar entre Chile y Bolivia y detener la guerra que se avecinaba en el sur. La misión le fue comunicada a Lavalle por el Canciller Peruano Manuel Irigoyen el 19 de febrero de 1879, fecha en que fue acreditado como Ministro Plenipotenciario en Santiago. En los círculos políticos limeños se vivía todavía bajo el impacto de la noticia de la acentuación del conflicto entre el Gobierno boliviano y la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (de capitales anglo-chilenos), iniciado en 1878 y que había desencadenado la crisis internacional. Ella había tenido su origen en la violación por parte del régimen del Presidente Hilarión Daza del Tratado chileno-boliviano de 1874. Por medio de este se había acordado no aumentar los derechos de exportación de los minerales ni las contribuciones sobre personas, industrias y capitales chilenos por un lapso de veinticinco años. El gobierno boliviano había ignorado este acuerdo al establecer un impuesto de diez centavos por cada quintal de salitre exportado desde Atacama, territorio entonces bajo soberanía formal boliviana, aunque poblado de manera abrumadora por nacionales de Chile. Por el tiempo del nombramiento de Lavalle, comenzaban a llegar a Lima las primeras informaciones sobre la ocupación militar chilena de Antofagasta, del 14 de febrero de 1879, que fue una respuesta de fuerza chilena ante el entrampamiento diplomático.

Lavalle se embarcó en el Callao el 22 de febrero de 1879, Durante el trayecto, atravesando la desolada costa peruana que entonces se extendía hasta un poco más al sur de Iquique, Lavalle tomó por primera vez conocimiento del tratado secreto defensivo peruano-boliviano de 1873, con gran sorpresa de su parte, al abrir uno de los sobres que le habían sido entregados por la cancillería antes de embarcarse. Según refiere en su relato autobiográfico Mi misión en Chile en 1879, Lavalle desconocía este instrumento por diversas razones vinculadas a sus prolongadas ausencias del país debidas a su trabajo diplomático.

Como consecuencia directa de estos desarrollos, Lavalle comenzó a ser presionado en Santiago para que el Perú declarara su neutralidad absoluta. El 24 de marzo de 1879, en el marco de una tensa entrevista, el presidente Pinto llegó a decirle que, según la opinión de ciudadanos “serios y respetables”, se exigía una resolución al Gobierno y que “…con razón o sin ella, los marinos y hombres de guerra de Chile creían el momento propicio para acometer al Perú”. Le añadió que, si por su declaración de neutralidad “…Bolivia le hacía la guerra, contase con la alianza de Chile y con un ejército chileno que se pondría a las órdenes del gobierno del Perú”. Siempre de acuerdo con el testimonio de Lavalle, recién el 26, en el curso de su última entrevista con el Presidente Pinto, este le reveló que había sido informado mediante mensaje telegráfico enviado por Godoy desde Lima que el General Prado le había confesado confidencialmente que el tratado secreto con Bolivia existía, “…y que se me habían dado ya con relación a él las instrucciones necesarias”. A Lavalle no le quedó sino comentar que “…así debía ser, si S.E. el General Prado lo decía, y cuando el señor Godoy así lo informaba».

Lavalle pasó así, bruscamente, de mediador a representante de una de las partes en el problema. Para entonces, el grupo que movía los resortes de la guerra dentro de la oligarquía chilena, y que vislumbraba, de manera muy audaz, extender el escenario del conflicto al territorio salitrero peruano de Tarapacá, ya tenía el control de la situación dentro de Chile. Había impuesto su punto de vista dentro de la élite, en particular con relación a los sectores pacifistas, y manipulaba a las masas por medio de la prensa, infundiendo odio al Perú sobre la base de la difusión claramente propagandística del texto del Tratado secreto peruano-boliviano de 1873.

Ministro ante el emperador del Brasil

Luego de su desesperada e infructuosa misión, Lavalle fue destinado a mediados de 1879 como Ministro Plenipotenciario en Río de Janeiro ante la corte del Emperador Pedro II. Los oficios que Lavalle dirigió a la cancillería peruana desde el Brasil reflejaban su honda frustración por la evidente simpatía que el Emperador tenía, en el marco de la neutralidad de su país, por la causa chilena. A su otro interlocutor, el barón de Cabo Frío, encargado de las relaciones exteriores del Imperio, Lavalle lo describió en un despacho oficial como “…esfinge animada, logogrifo viviente, hipócrita, falso, incapaz de ir nunca por el camino recto, meticuloso, formalista, quisquilloso, hombre que no tiene palabra mala ni obra buena».

Retorno al Perú y deportación a Chile

Lavalle regresó al Perú en 1881 luego de las batallas de San Juan y Miraflores, que abrieron a Chile las puertas de la capital peruana. En la primera de ellas había fallecido en combate, con el rango de capitán, su hijo Hernando, quien lo había acompañado en su misión a Chile en 1879. También fue gravemente herido en la batalla de Miraflores Javier Melecio Casos, quien había sido su secretario en esa misma misión y, posteriormente, en Río de Janeiro, muerto después “…oscuramente en las breñas de los Andes”, como recordó alguna vez con tristeza el mismo Lavalle.

Cabe señalar que, desde fines de agosto de ese año, con gran parte del país ocupado por fuerzas extranjeras, el Gobierno de Montero que entonces tenía su sede en Arequipa fue desconocido desde el norte del Perú por el nuevo Gobierno de Montán (llamado también Regenerador), encabezado en Cajamarca por Miguel Iglesias, quien era partidario de negociar la paz con Chile tomando como base de negociación la cesión del rico territorio salitrero de Tarapacá. De esa manera, comenzó a haber dos gobiernos peruanos paralelos y hostiles entre sí, que controlaban distintas porciones del territorio. A diferencia del régimen de Iglesias, el de Montero era entonces partidario de mantener la resistencia y evitar cualquier arreglo de paz que entrañara la cesión de territorio. Aunque no de manera inmediata, el régimen de Iglesias llegó a ser reconocido como interlocutor, aunque todavía de manera informal, por el régimen del nuevo presidente chileno, Domingo Santa María.

Las conferencias de Chorrillos y la génesis del Tratado de Ancón

En enero de 1883, además de su cuñado Mariano Castro Zaldívar, Miguel Iglesias pensó en Lavalle como negociador para el complejo proceso diplomático que se avecinaba y le escribió a Chile solicitando su concurso. En una célebre carta de respuesta, fechada en Chillán el primero de febrero de ese año, Lavalle aceptó el encargo con las siguientes palabras: Desde que abrigo […] la profunda convicción de que la paz posible es el único medio de salvar lo que aún nos queda de patria, así como la del que la firme, firma quizás su sentencia de muerte material, y, de seguro, la de su muerte política, no puedo vacilar. Me pone Ud. a elegir entre cooperar a la salvación probable del Perú y mi propio sacrificio: Acepto y doy a Ud. las gracias porque me ha creído a la altura de la situación que me impone. Los que, como Ud. y yo hemos dado a la patria la vida y la sangre de nuestros hijos, nada podemos rehusarle ya.

Lavalle fue liberado por el Presidente Santa María con el objeto de colaborar en el proceso de paz que entonces estaba en ciernes. En una carta que el mandatario chileno dirigió con fecha 28 de febrero de 1883 a Jovino Novoa, quien iba a ser el brazo ejecutor del gobierno chileno en el Perú en las previstas negociaciones, el Presidente Santa María expresó sus puntos de vista sobre la tensa situación que se avecinaba. En ella le expresaba de modo claro y terminante que había conversado con Lavalle, antes de su partida, sobre las que él consideraba eran las únicas condiciones aceptables por Chile para negociar la paz: Cesión incondicional de Tarapacá y venta de Tacna y Arica en 9 millones (que pueden ser 10 millones) ….Santa María se mostraba también muy duro con relación al complejo tema de la deuda peruana de antes de la guerra, que había sido contraída contra la garantía de guaneras que pasaron a control de Chile como consecuencia de sus victorias militares.

Lavalle llegó al Callao a comienzos de marzo de 1883, cuando se vivía en Lima una soterrada efervescencia patriótica por la importante presión militar que las fuerzas del General Cáceres (brazo militar del régimen de Montero en el centro) hacían entonces en la sierra próxima a la capital. Aparte del espinoso asunto de la deuda peruana, y si se tiene en cuenta el rotundo punto de vista expresado por Santa María sobre la figura de la venta forzada, Lavalle debió ver especialmente difícil el tratamiento del estatus de las provincias de Tacna y Arica. Cabe observar que, en el seno de las reuniones de los peruanos desterrados en Chile, Lavalle había sido partidario, junto con algunos otros de sus compatriotas, de no aceptar en ningún caso la venta de Tacna y Arica porque, en palabras del historiador Gonzalo Bulnes, “..daba a Chile título perfecto, e impedía toda expectativa de reivindicación en el futuro”.  Cabe señalar que en las instrucciones reservadas alcanzadas a los negociadores peruanos Lavalle y Castro Zaldívar, que habían sido preparadas en Cajamarca el 5 de enero de 1883 por el Ministro Lorenzo Iglesias, se decía a la letra: “Como única base aceptada de plano se ofrecerá la cesión del territorio salitrero hasta la línea de Camarones (Provincia Litoral de Tarapacá)”. Y se añadía: “Las demás exigencias del gobierno de Chile son discutibles». Como se verá, Lavalle siguió fielmente, con valentía y patriotismo, esta línea de negociación.

Las Conferencias de Chorrillos tuvieron lugar entre el 27 de marzo y el 3 de mayo de 1883. En la primera de las cuatro conferencias, Lavalle llegó a afirmar que le “horrorizaba» el sacrificio de Tacna y Arica, que involucraba la entrega de poblaciones peruanas “… pues un hombre podría vender su casa o su hacienda, o regalarlas; pero no podía vender ni ceder a sus hermanos». Fue en este momento que Lavalle propuso (con una audacia que le “espantaba”) que las «…provincias de Arica y Tacna quedaran en poder de Chile por diez años, al fin de los cuales se provocará un plebiscito por medio del cual sus habitantes decidirán si quieren volver al Perú, anexarse a Chile o a otra alguna nación”. Pese a la violenta resistencia inicial del negociador chileno Novoa, y de manera inesperada, el presidente Santa María aceptó a comienzos de abril esta fórmula cuando fue consultado a la distancia por telégrafo. Probablemente lo movió a tomar esta decisión el apuro que la Administración chilena tenía para acabar la guerra y la costosa ocupación en un tiempo en que los recursos del Perú ya se estaban agotando. “Chile quiere la paz que nosotros la queremos doblemente», decía por esos días Mariano Castro Zaldívar, en una carta suscrita el 12 de abril de 1883, dirigida a su cuñado el Presidente Miguel Iglesias. Otra motivación de Santa María debió haber sido la presión e inseguridad que originaba, para la causa de los invasores, la porfiada resistencia de Cáceres en la sierra, cuyos éxitos fortalecían al régimen de Montero y mantenían arraigada la voluntad de lucha en una considerable parte de la población peruana. De esta manera, pese a servir a dos regímenes antagónicos, Cáceres y Lavalle apuntaron, paradójicamente, en la misma dirección y salvaron a Tacna y Arica de una fórmula de venta forzada que al comienzo parecía imposible de esquivar. El 10 de mayo de 1883, en Cajamarca, Miguel Iglesias aprobó el primer borrador del futuro tratado de paz. El gobierno chileno se concentró ahora en el objetivo de destruir a las fuerzas de Cáceres.

Ministro de Relaciones Exteriores

Lavalle fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores del Perú el 15 de setiembre de 1883. El 20 de octubre, Lavalle y Castro Zaldívar por el Perú, y Jovino Novoa por Chile, suscribieron en Lima el instrumento conocido como el Tratado de Ancón, redactado a partir de los acuerdos alcanzados en las Conferencias de Chorrillos. Siete de los once artículos del instrumento se referían al guano y al salitre: “…una clara demostración, dice el historiador estadounidense Ronald Bruce St. John, de los temas que se encontraban subyacentes a la Guerra del Pacífico” En cuanto a la situación en el sur, el instrumento era doblemente traumático pues, junto con el territorio, era entregada a Chile, en los hechos, la población nacional de Tarapacá, de antiquísimas raíces históricas asociadas al Perú, a la que se añadían las de Tacna y Arica, cuyos territorios quedaban retenidos por diez años hasta la realización de un plebiscito. Pese a esta terrible situación, no cabe duda de que la puerta jurídica del plebiscito había quedado entreabierta para el Perú. A la postre, en 1929, esta situación permitió la reincorporación a la heredad peruana de una parte del territorio en disputa. Se trató de una esforzada y meritoria labor nacional que duró décadas. Pero no hay que olvidar que su punto de partida fueron los esfuerzos diplomáticos de Lavalle ayudados, en forma indirecta pero concomitante, por la lucha de Cáceres en las breñas andinas.

El 24 de octubre de 1883, Lavalle firmó el nombramiento de Pedro Paz Soldán y Unanue como Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. En un gesto que pudo interpretarse en su momento como una protesta ante las perspectivas de continuación indefinida del régimen de Iglesias luego de la suscripción del Tratado de Ancón, Lavalle renunció a la cartera de Relaciones Exteriores el 16 de noviembre de 1883. Lo reemplazó en el cargo Eugenio Larrabure y Unanue.

Últimos años

Luego del sacrificio político consciente que había representado aparecer como signatario del aborrecido Tratado de Ancón, Lavalle se retiró del mundo de la política y de la Diplomacia. Dice el historiador Alberto Tauro que “… espiritualmente evadió la amargura de aquellos días refugiándose en la evocación del pasado». El 29 de mayo de 1887, al instalarse en Lima la Academia Peruana de la Lengua correspondiente a la española, Lavalle fue elegido como su director. En 1890, la Real Academia de la Historia de Madrid le eligió como su miembro correspondiente. De años posteriores datan sus Galerías de retratos de los gobernadores y virreyes del Perú (1891), de los arzobispos de Lima (1892), y de los gobernantes del Perú independiente hasta 1871 (1893). Escribió asimismo la novela corta La hija del contador (1893) bajo el seudónimo el Licenciado Perpetuo Antañón. Su obra refleja una constante nostalgia de los tiempos del Virreinato. También durante los grises años de la posguerra debieron haber sido realizadas las últimas correcciones a su ya mencionado manuscrito Mi misión en Chile en 1879, fino relato personal sobre los agónicos esfuerzos realizados por Lavalle para intentar evitar la guerra declarada a la postre por Chile contra el Perú y Bolivia. Este notable manuscrito, que pinta de cuerpo entero la talla moral, la inteligencia, la cultura y el patriotismo de Lavalle, fue editado por Félix Denegri Luna en 1979. Lavalle falleció en Lima el 16 de noviembre de 1893.

Nació en Lima un día viernes 26 de mayo de 1965, misma ciudad en la que murió a la edad de cincuenta y nueve años un martes 29 de julio de 1924.

Sus padres fueron Mariano de Osma y Ramírez de Arellano y doña Francisca Pardo y Lavalle.

Realizó sus primeros estudios en el Colegio Peruano y en el Seminario de Santo Toribio. En el año de 1881, durante la ocupación chilena de la ciudad de Lima, ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos, donde se graduó de Bachiller en 1888 y de Doctor en Jurisprudencia en el año de 1896, recibiéndose como abogado ese mismo año.

Se casó un jueves 16 de febrero de 1893 con doña Clotilde Virginia Porras Osores, con la que tuvo cuatro vástagos que fueron bautizados con los siguientes nombres: Felipe, Raúl, Virginia y Fernando.

Cabe recordar que la esposa de Felipe de Osma era hija de Melitón Porras Díaz, hermana de Melitón F. Porras Osores, quien fue Ministro de Relaciones Exteriores del Perú en varias oportunidades y tía del insigne Historiador y Diplomático Raúl Porras Barrenechea.

Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro Plenipotenciario al servicio del Perú

 En Torre Tagle

Fue designado Ministro de Relaciones Exteriores del Perú por el Presidente Eduardo López de Romaña un día viernes 31 de agosto de 1900 y se desempeñó en este cargo hasta mediados del mes de septiembre de 1901.

Durante su gestión como Ministro de Relaciones Exteriores se produjeron, entre muchos otros, los siguientes acontecimientos a nivel internacional:

1900

• La población mundial supera los 1,600 millones de habitantes
• Se crea al Tribunal Internacional de La Haya
• Todas las drogas conocidas, que más tarde serán consideradas narcóticos, están disponibles al público en farmacias y droguerías
• Sigue desarrollándose con intensidad la Guerra Bóer en Sudáfrica
• El inventor alemán Ferdinand von Zeppelin construye el primer dirigible rígido, que en su primera prueba transporta a cinco personas, alcanza una altura de 396 metros y recorre una distancia de seis kilómetros en diecisiete minutos
• Francia e Italia se reparten esferas de influencia en Marruecos y Libia
• Se funda el Partido Laborista inglés
• Se celebran en París los II Juegos Olímpicos
• El jazz nace en los Estados Unidos
• Se inicia la Guerra Bóxer en el Imperio Chino
• El rey Humberto I de Italia muere en un atentado anarquista en Milán

1901

• En Inglaterra muere la reina Victoria y es sucedida en el trono de la Gran Bretaña por Eduardo VII.
• En los Estados Unidos es asesinado el presidente William Mc Kinley, cargo que es asumido por el presidente Theodore Roosevelt, impulsor de la política del gran garrote (big stick).
• La transmisión y recepción transoceánica de ondas de radio realizada por Guillermo Marconi en 1901 anticipa las posibilidades de la radiofonía.
• El patólogo estadounidense de origen austriaco Karl Land steiner desarrolla la clasificación de la sangre en cuatro tipos primarios denominados A, B, O y AB.
• En virtud de lo establecido en el testamento de Alfred Nobel se otorgan los primeros premios que llevan el nombre del citado químico y filántropo sueco
• Los Bóer siguen resistiendo en Sudáfrica
• Federico Nietzsche, filósofo alemán, publica La voluntad de poder.

En consonancia con este objetivo, en el año 1900 el mandatario deseaba poner con Chile:

…un término definitivo al problema pendiente de Tacna y Arica, no sólo porque la no oportuna ejecución del plebiscito pactado en 1883, mantiene una situación internacional difícil, retardando la esperada reincorporación que el país unánimemente anhela, sino porque los actos últimamente practicados en esas provincias, reclaman el inmediato cumplimiento del tratado de paz, para cuya leal interpretación arribose, después de negociaciones empeñosamente seguidas desde 1892, al protocolo de 16 de abril de 1898.

No obstante, estos buenos deseos, en el año 1901 el Presidente López de Romaña expresaba:

El Perú ha propendido dilucidar dentro de los linderos de la justicia todos sus problemas de orden internacional, consiguiendo colocar la mayor parte de ellos en vías de satisfactoria solución. Desgraciadamente, el de la nacionalidad definitiva de las provincias de Tacna y Arica ha revestido, a pesar de nuestro derecho y de nuestra voluntad para resolverlo, carácter odioso, arrojando sombras de desconfianza y de inquietud. Fuera de esta grave cuestión, ninguna otra ha amenguado la cordialidad de nuestras relaciones con los demás Estados.

En lo que se refiere a las relaciones con el resto de países sudamericanos, el presidente López de Romaña informó a la nación que:

Siguiendo en el ámbito bilateral, los temas de orden económico y comercial existentes en las relaciones con Bolivia recibieron especial atención en este período. Por tratarse de un tema vinculado a los límites en la zona amazónica, el Gobierno se interesó particularmente en “…el movimiento separatista del Acre, así como los actos relativos a límites que Bolivia ha puesto en práctica en aquella región, nos impusieron el deber de cautelar los derechos de la República.

La trágica muerte de este Presidente de los Estados Unidos le dio la oportunidad a su sucesor -Theodore Roosevelt- de modificar la política exterior de su país hacia América Latina, que se había caracterizado por favorecer el arbitraje internacional como método de solución pacífica de las controversias. Como es conocido, Roosevelt impuso la doctrina o política del «gran garrote» (big stick). Esta es, en síntesis, una tendencia de la política exterior de los Estados Unidos que se expresó con fuerza a inicios del siglo XX y predomina en las relaciones internacionales de este país desde ese momento. Este lema proviene de la adaptación a la política exterior de un proverbio del África occidental que dice: “Habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos» (speak softly and carry a big stick,you will go far). El concepto subyacente a este popular proverbio es que se debe negociar con las contrapartes dejando ver con claridad que se está dispuesto a utilizar la fuerza en la obtención de las metas de política exterior que se persiguen. Conocida es la historia de las intervenciones armadas de los Estados Unidos siguiendo el patrón fundamental de esta tendencia, que marca, para algunos, el inicio del imperialismo estadounidense y, para otros, su actuación como potencia mundial. Al establecerse esta tendencia desaparecía momentáneamente del horizonte político del pacífico suroccidental la posibilidad de acudir al arbitraje para solucionar la amarga «cuestión del Pacífico».

En el curso de la Conferencia, específicamente el 29 de enero de 1902, los delegados de Argentina, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay convinieron en aprobar el proyecto de Tratado de Arbitraje Obligatorio, en cuyo artículo primero se decía que: «Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter a la decisión de árbitros todas las controversias que existen o lleguen a existir entre ellas, y que no puedan resolverse por la vía diplomática, siempre que a juicio exclusivo de alguna de las Naciones interesadas, dichas controversias no afecten ni la independencia ni el honor nacionales.» Nótese que ni Estados Unidos ni Chile ni el Brasil apoyaron esta redacción. Respecto de la actitud de estos dos últimos países, Bruce sostiene que: “La delegación chilena, respaldada por Brasil, apoyaba dos opciones: El arbitraje obligatorio limitado a las cuestiones que surgieran en el futuro o el arbitraje voluntario. Al final, los delegados de la conferencia aceptaron una propuesta intermedia que avalaba el principio de arbitraje voluntario, tal como había sido plasmado en la Convención de La Haya de 1899.»

En lo que se refiere al entorno vecinal del Perú existente durante la gestión De Osma como Canciller, este se caracterizó, como señala Calderón, por una situación en la que nuestro país no solo enfrentaba la decisión de nuestro vecino del sur por “chilenizar” las provincias de Tacna y Arica, sino que:

… tuvo que hacer frente a la agudización de los litigios fronterizos con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador llegándose en más de un caso a breves incidentes armados con tres de ellos. Esto hizo que el primer decenio del siglo XX fuera particularmente crítico para la existencia del Perú, amenazada como estaba la heredad nacional por todos sus flancos.

Un elemento importante para comprender el momento histórico que le toca enfrentar al Canciller De Osma, tal como menciona Ulloa, fue el impacto que tuvieron a nivel panamericano las expresiones de Abraham König, Ministro chileno en La Paz. Términos que, en palabras de Wagner, causaron la mayor alarma en el Perú y Bolivia. Efectivamente, en su nota fechada el 13 de agosto, el mencionado diplomático chileno le expresaba al gobierno boliviano, entre otros duros conceptos y desahuciando los convenios boliviano-chilenos de 1895-96, que:

Es un error muy esparcido, y que se repite diariamente en la prensa y en la calle, el afirmar que Bolivia tiene derecho de exigir un puerto en compensación de su litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que la Alemania se anexó al Imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título con que los Estados Unidos de la América del Norte han tomado a Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones. Que el litoral es rico y que vale muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque vale, que, si nada valiera, no habría interés en su conservación. Terminada la guerra, la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia fue vencida, no tenía con que pagar y entregó el litoral. Esta entrega es indefinida, por tiempo indefinido; así lo dice el pacto de tregua indefinida: Fue una entrega absoluta, incondicional, perpetua. En consecuencia, Chile no debe nada, no está obligado a nada, mucho menos a la cesión de una zona de terreno y de un puerto.

El Gobierno de Bolivia se hizo cargo de contestar, el 15 de octubre de 1900, lo señalado en los dos documentos chilenos antes mencionados a través de una nota del Ministro de Relaciones Exteriores, Eliodoro Villazón, al Ministro Plenipotenciario König.

Sobre este tema, Belaúnde ha expresado que:

No podía el gobierno peruano dejar sin refutación las afirmaciones que respecto de nuestro país hacía la circular chilena y decidió pasar otra circular a las legaciones del Perú en el extranjero (sic). El Ministro Peruano Osma en esta circular, recordó las causas de la guerra, los antecedentes de la alianza, presentando las pruebas de la actitud correcta del Perú. Con la historia irrefutable de las negociaciones, después de la paz, afirmó que el Perú había hecho todos los esfuerzos posibles para inducir a Chile a cumplir el tratado de Ancón. Hizo notar las resistencias que, en todas las oportunidades, puso Chile para que se perfeccionaran los arreglos iniciados sobre la celebración del plebiscito. Levantó el cargo que se hacía al Perú de dificultar los arreglos entre Chile y Bolivia…

En la mencionada circular de noviembre del año 1900 a las legaciones del Perú en el extranjero, el Ministro De Osma responde con energía y altura las afirmaciones del Canciller chileno, expresando con claridad al finalizar este notable documento que:

En presencia de los antecedentes que dejo narrados, sería difícil explicarse de qué manera podría el gobierno de Chile, sin mengua de su propio prestigio internacional, mantener en el estado en que se halla la cuestión de Tacna y Arica y la general del Pacífico; como sostener que «causas ajenas a su voluntad yante las cuales se han estrellado sus esfuerzos», han impedido realizar el plebiscito; cómo, en fin, afirmar que el Perú y Bolivia son exclusivamente responsables de la actitud de Chile en esas cuestiones, hasta haber hecho necesaria la línea de conducta expuesta en la nota de plenipotenciario señor König, que la cancillería de Santiago tiene el propósito de mantener con indeclinable firmeza hasta llegar al desenlace final de este litigio.

En lo referido a Chile, en la memoria que como Ministro de Relaciones Exteriores dirigió al Congreso en 1901 explicaba a la representación nacional las acciones de política exterior que ejecutó durante su gestión, expresando que:

El protocolo de 16 de abril de 1898, ajustado con el objeto de celebrar el plebiscito que, conforme al tratado de paz, debe decidir sobre la nacionalidad definitiva de las provincias de Tacna y Arica, fue rechazado por la Cámara de Diputados de Chile el 14 de enero último. Excluido de este modo el arbitraje en que se convino después de estar demostrado, por la ineficacia de todas las negociaciones precedentes, que no era posible llegar a una solución directa; y negándose el gobierno de Chile a revocar las medidas implantadas en las provincias, en daño de los legítimos intereses del Perú y que han modificado la situación que esas tenían en el día en que se cumplió el plazo de la ocupación de los diez años, fue preciso retirar la legación que teníamos acreditada en Santiago, y circular a los gobiernos amigos el nuevo estado de este grave negocio.

Una de las gestiones que realizó durante su permanencia en funciones, y la que es más recordada, es el envío de una circular a los ministros de Relaciones Exteriores de los países amigos orientada a explicar los profundos y graves motivos por los cuales la Administración de López de Romaña decidió romper relaciones diplomáticas con Chile en el año 1901, situación que se prolongó hasta el año de 1905. Sobre este documento, Ulloa expresa que:

Meses después, el 26de mayo de 1901, el mismo Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, don Felipe de Osma, suscribió una nueva circular dirigida esta vez a los Ministros de Relaciones Exteriores de todos los Estados. Por su oportunidad, por la solidez de su argumentación, por su claridad y por sus revelaciones, ese documento incorporado a la Historia Internacional del Perú con el nombre antonomástico de ‘Circular sobre la Cuestión de Tacna y Arica, ha quedado como un documento célebre.

Sobre este documento y las circunstancias de su difusión, Belaúnde afirma que:

Fácil es imaginarse el estado de espíritu de los hombres dirigentes de la política peruana el año 1901. El compromiso sobre la realización del plebiscito había sido burlado. El protocolo Billinghurst-La Torre, después de una maliciosa postergación, era devuelto al gobierno. Mientras tanto Chile desarrollaba en Tacna y Arica su plan de conquista en plena paz. Los peruanos eran oprimidos; se perseguía el brutal propósito de extinguir o atenuar todo sentimiento en que palpitara nuestra alma nacional; y por último, teníamos en el proyecto de polonización de Bolivia la prueba elocuentísima de que Chile no se detendría en ninguna consideración, y estimaba como letra muerta, no sólo las sagradas prescripciones de los pactos, sino los más elementales principios del derecho de gentes. Y por irónico contraste, la prensa y los agentes chilenos intensificaban la cínica labor de engañar a los países americanos, sosteniendo la justicia de su causa y la legitimidad de su conducta. Los sentimientos de justicia heridos con tanto ultraje y la necesidad de que América supiese la verdad en el más doloroso de los problemas de su política internacional, nos indujeron a presentar nuestra enérgica protesta ante todo el continente. El Ministro Osma, en nueva circular dirigida a las cancillerías de las diversas naciones de América, volvió a hacer la historia de nuestro diferendo con Chile, poniendo en manifiesto los propósitos y conducta de los dos países. En términos levantados y serenos, tales como la justicia que nuestra causa exigía, el Perú llevó su queja a la conciencia jurídica de los pueblos americanos.

Estos son los hechos, mi gobierno los somete al juicio imparcial de Vuestra Excelencia y declara:

Primero. Que el Perú quiere únicamente el cumplimiento de la cláusula tercera del tratado de paz.

Segundo. Que entiende que su derecho consiste, conforme a esa cláusula, en exigir:

1. a) Que se realice la entrega del territorio correspondiente a la Provincia de Tarata;
2. b) Que cese la autoridad de Chile en las provincias de Tacna y Arica;
3. c) Que se efectúe el plebiscito bajo autoridad de potencia amiga;
4. d) Que voten en el plebiscito sólo los peruanos naturales de esas provincias, que tengan allí su domicilio;
5. e) Que el resultado del plebiscito debe ser único, esto es, que debe decidir sobre la nacionalidad futura de todo el territorio que la indicada cláusula sometió a la ocupación temporal de Chile; y
6. f) Que no obstante el hecho de hallarse preparado a pagar la indemnización inmediatamente después del plebiscito, se establezcan los plazos a que la misma cláusula se refiere.

Tercero. Que, a pesar de la firmeza del derecho del Perú, ha estado siempre dispuesto a someter a arbitraje toda la cuestión del plebiscito.

Cuarto. Que considera que la actualidad del asunto compromete el futuro de los intereses políticos del Continente; y

Quinto. Que no tiene responsabilidad alguna en el origen ni en la subsistencia de esta situación.

En la evaluación de la importancia de este histórico documento, también se debe tener en cuenta lo expresado por Ulloa:

La verdaderamente sensacional por su novedad escandalosa y por su carácter de comprobación hasta límites impensados de la política chilena respecto del Perú y de Bolivia, fueron las revelaciones de la Circular de 1901, acerca de las propuestas hechas por Chile al Perú respecto de Bolivia.

Para entender con mayor profundidad lo que afirma Ulloa es conveniente tener en cuenta lo que menciona la Circular Osma sobre Bolivia en lo que se refiere a su “polonización”:

Simultáneamente con el aplazamiento de la resolución sobre el protocolo, con la implantación del régimen de fuerza en Tacna y Arica y con los ofrecimientos que el Gobierno de la Moneda hacía al señor Chacaltana para recomendar que se sancionara ese convenio, el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Chile en Lima, señor Vicuña, insinuaba, el 21 de setiembre, a su Excelencia el Presidente de la República, la idea de un conflicto internacional para operar la conquista de Bolivia. Juzgó, sin duda, el señor Vicuña que podía salvar del fracaso que tuvo ante la voluntad noble y enérgica del Jefe del Estado, exponiendo en este Ministerio, el 29 del mismo mes, que la cuestión de Tacna y Arica podía arreglarse cediendo el Perú a Chile las provincias, en cambio de la alianza ofensiva entre los dos Estados para declarar la guerra a Bolivia, cuyo territorio había de ofrecer amplias compensaciones a los gastos y esfuerzos de la empresa. Es innecesario decir que la proposición fue rechazada perentoriamente. Esto no obstante, el señor Vicuña insistió pocos días después, manifestando, cuando se le expresó que no era posible oír una palabra más en el asunto, que el Perú debía abandonar toda esperanza sobre la ejecución del plebiscito convenido en el Tratado de paz.

Debe tenerse en cuenta en la evaluación de esta gestión chilena el rol que le cupo al ex Presidente Piérola, sobre el cual Ulloa no da mayores informaciones.

Refiriéndose también al clima que imperaba en las relaciones del Perú con Chile al momento en que el Canciller De Osma dirigía el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bruce expresa que:

De allí en adelante, las relaciones diplomáticas con Chile se deterioraron. El 15 de noviembre de 1900, el Ministro peruano en Santiago protestó por la presunta. chilenización de Tacna y Arica. Por varias semanas la nota de protesta permaneció sin respuesta y posteriormente el gobierno chileno solo avisó recibo. El 24 de diciembre de 1900, el Perú reiteró su protesta; su nota nuevamente, permaneció sin respuesta. En marzo de 1901, dos semanas después que la cámara de diputados chilena rechazara el protocolo Billinghurst-La Torre, Perú rompió relaciones diplomáticas con Chile, sin restaurarlas hasta 1905. Esta fue la primera vez que la disputa sobre Tacna y Arica había desembocado en un rompimiento de relaciones diplomáticas. La acción adoptada por el Perú resaltaba hasta qué punto las relaciones con Chile se habían deteriorado. En 1902, el gobierno chileno propuso al Perú un acuerdo final basado en la anulación del Tratado de Ancón. Las provincias ocupadas serían divididas, con Chile reteniendo Arica y el Perú recuperando Tacna. Las partes renunciarían mutuamente a la indemnización de 10 millones y Chile se adheriría a las disposiciones sobre reclamos del anterior tratado Betancourt-Errázuriz. Cuando el Perú rechazó la propuesta, Chile buscó fortalecer su posición de poder regional. En enero de 1902, el gobierno chileno finalizó una serie de acuerdos con Colombia destinados a una alianza entre Colombia, Ecuador y Chile. Pocos meses después, Argentina accedió a no intervenir en la cuestión del Pacífico a cambio de las seguridades chilenas en el sentido que no intentaría expansiones territoriales.

2.2. En la República de Bolivia

Fue nombrado como enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la República de Bolivia por el Presidente López de Romaña inmediatamente después de dejar el cargo como Ministro de Relaciones Exteriores. Resulta interesante comprobar que este nombramiento se produjo a los pocos meses de que enviase su famosa circular en la que explica las poderosas razones que llevaron al Gobierno del Perú a romper relaciones con el de Chile en el año de 1901, situación que se prolongó, como ya está dicho, hasta el año de 1905.

Ejerció este cargo desde el viernes 26 de setiembre de 1901 hasta el sábado 5 de marzo de 1904. Dejó la ciudad de La Paz meses antes de que se suscribiera, el jueves 20 de octubre de ese año, el Tratado de Paz y Amistad que zanjó definitivamente la antigua y enojosa cuestión de límites existente desde el siglo XIX entre Bolivia y Chile.

Al respecto, se debe recordar en este punto que la documentación de la Cancillería del Perú expresa que: «De la relación de las negociaciones, que acaba de hacerse, se deduce que la cuestión de límites del Perú con Bolivia comprende dos grandes secciones: 1° La sección terrestre y 2° La sección fluvial.» Es pues, sobre estas dos secciones de la frontera común, que De Osma continuó las negociaciones con el gobierno boliviano desde su puesto en La Paz como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario.

En ese sentido, en una nota dirigida al Ministro Boliviano en Lima y fechado el domingo 11 11de agosto de 1901, le comunicaba: “… que mi Gobierno, deseoso de poner término a tan importante asunto, en forma que consulte la conveniencia de los dos países, está dispuesto a someterlo a arbitraje.

Ya en Bolivia, De Osma avisaba con satisfacción al Gobierno del Perú que “Bolivia aceptaba el arbitraje” que él propusiera desde su cargo como Canciller de la República. Debe añadirse que, en la nota de respuesta a la propuesta peruana, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Federico Díez de Medina, le expresó que:

Muy grato es para mí, señor Ministro, expresarle que el gobierno de Bolivia se halla siempre dispuesto a aceptar el justiciero y conciliador medio del arbitraje para la solución de todas sus cuestiones internacionales, y así lo ha declarado abiertamente este ministerio en la memoria que tiene presentada al cuerpo legislativo que actualmente funciona. Mayormente grato es al suscrito aceptar ese medio jurídico y racional de resolver las dificultades de fronteras, tratándose de un pueblo americano, con quien Bolivia mantiene tan cordiales vínculos de fraternidad.

El texto de este Tratado de Arbitraje se encuentra publicado en la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú correspondiente al año 1902. Se debe mencionar que en este convenio -el primero que se firmaba sobre este tema a nivel mundial- se convenía que “… el árbitro sea el tribunal permanente de arbitraje que se establezca en virtud de los acuerdos que adopte la conferencia panamericana que funciona actualmente en México”. También se estableció que para el caso que no llegara a constituirse este tribunal-tal como ocurrió-se recurriría al arbitraje “… del gobierno de la República Argentina, al de España o al de los Estados Unidos Mexicanos» en ese orden de prelación. Debe notarse que no se eligió ni a Brasil, ni a Chile, ni a los Estados Unidos de América.

Con fecha viernes 27 de diciembre del 1901 el Ministro De Osma entregaba a la cancillería boliviana la Nota N° 20 con la que comunicaba que: “… mi gobierno ha aprobado el tratado de arbitraje que el 21 de noviembre celebramos VE. y yo”. En su comunicación de respuesta, fechada en La Paz el martes 7 de enero de 1902, Díez de Medina informaba a De Osma que “… el Congreso de esta república ha de tomar en consideración dicho tratado en sus sesiones de agosto próximo”.

El Canciller Chacaltana, al dar cuenta al Congreso Nacional en el año 1902 del estado en que se encontraban las negociaciones sobre la fijación de las fronteras con Bolivia que estaba a cargo de De Osma en La Paz, explicaba que:

En diversas épocas se han hecho tentativas por parte del Perú y de Bolivia para resolver definitivamente sus cuestiones de fronteras; pero hasta hoy no se han podido solucionar por medio de arreglos directos. Teniendo en cuenta las grandes y hasta hoy insuperables dificultades para conciliar las pretensiones extremas de ambos países en la región oriental, se propuso por mi antecesor, al Gobierno de Bolivia, por intermedio de su representante en Lima, someter el asunto a arbitraje. El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia contestó a nombre de su Gobierno, que este siempre se encontraba dispuesto a aceptar dicho recurso para resolver todas sus cuestiones internacionales, y que le era mayormente grato el aceptarlo para resolver las dificultades de fronteras con el Perú. A mérito de esta conformidad de pareceres se negoció y suscribió un tratado general de arbitraje, por el cual ambas naciones se obligan a dirimir por este medio sus controversias pendientes y todas las que surjan durante la vigencia del pacto, siempre que no puedan solucionarse por negociaciones directas. El tratado será sometido a vuestro alto acuerdo […]. Después de firmado el tratado aludido se ha entrado en la negociación de límites sobre la base del arbitraje, pero aún no se han acordado clausulas definitivas y concretas sobre los puntos esenciales. Las modificaciones producidas en el personal del gabinete boliviano no han permitido conducir las gestiones con la actividad necesaria. Nuestro plenipotenciario en Bolivia se ocupa con empeño del asunto.

Al haberse pactado con claridad en la cuestión de límites peruano-boliviano que el arbitraje se aplicaría especialmente en aquella zona en las que los negociadores no pudieran ponerse de acuerdo, mientras que los arreglos directos se utilizarían en aquella zona en la que hubiera acuerdo, De Osma se abocó a establecer con claridad cuáles eran esas zonas. Rápidamente acordó con los cancilleres Díez de Medina y Villazón, en particular con este último, que, en la zona fluvial, es decir, la amazónica, se aplicaría el arbitraje del Presidente de la Argentina y en la zona terrestre, es decir, la altiplánica, hasta la frontera con Chile se utilizaría la demarcación como metodología directa al no haber discrepancias de importancia entre ambas partes.

Es por las razones señaladas que, en lo referido a la sección terrestre, se suscribió el Tratado de Demarcación de Fronteras el martes 23 de septiembre de 1902, en donde se estableció que una comisión mixta demarcadora reconocería la totalidad de la frontera en su sección terrestre “… desde el punto de intersección entre ésta y el límite de los territorios ocupados por Chile, conforme a la cláusula tercera del Tratado de Paz de 1883, al Occidente, hasta los nevados de Palomani al Oriente’. Asimismo, se aclaró que se procedería a “… la demarcación de la línea que separa las provincias peruanas de Tacna y Arica, de la boliviana de Carangas, inmediatamente después que esa vuelva a estar bajo la soberanía del Perú». Cabe mencionar que este tratado se encuentra vigente hasta hoy.

En el balance de política exterior que realizó el Presidente López de Romaña para el año 1902 no se menciona esta misión confidencial boliviana, puesto que no había Ministro Plenipotenciario en Santiago debido a la ruptura de relaciones diplomáticas. Para comprobar este extremo citamos lo expresado por el presidente en su mensaje a la Nación:

Nuestras cuestiones de límites con las naciones vecinas se siguen discutiendo con toda tranquilidad y espíritu amistoso. En vista de las dificultades para solucionarlas por medio de arreglos directos, nuestros trabajos se dirigen a obtener el sometimiento de ellas a una decisión arbitral. […]. Objeto de las constantes preocupaciones de mí gobierno ha sido y es la solución de nuestras cuestiones pendientes con Chile, en especial la relativa a la situación actual y suerte futura de las provincias de Tacna y Arica. El estado a que llegaron las negociaciones con motivo de la desaprobación del protocolo Billinghurst-La Torre, no ha permitido continuarlas. El Perú, como se ha hecho constar en varios documentos, ha propuesto diversos medios de solución amistosa y equitativa, incluso el arbitraje, los cuales fueron desechados por Chile. Correspondía que esa nación expresara las bases sobres las cuales, en su concepto, debe descansar el arreglo; pero ellas, hasta hoy, no han sido formuladas. Encontrará en nosotros el mejor espíritu para discutirlas y la mejor voluntad para asentir a todo lo que se encuentre dentro de los límites de la justicia y delas reglas establecidas por el tratado de Ancón. El Perú sólo ha rehusado y rehusará siempre suscribir voluntariamente su propia desmembración. No puede ni debe sofocar, en esa forma, los anhelos de la nación entera, y en especial los de los peruanos de las provincias mencionadas, cuyo patriotismo y abnegación son excepcionalmente ejemplares. Mi gobierno, por lo demás, no rehuirá tomar nueva iniciativa en este asunto, si adquiere el convencimiento de que es posible llegar a soluciones satisfactorias y equitativas para ambos países, sin detrimento de la dignidad de ninguno de ellos .

Lo esencial de las bases propuesta por Aramayo al Gobierno de Chile era que Bolivia renunciaba a un puerto sobre el Pacífico y a cambio obtenía independencia comercial y la construcción de ferrocarriles que unieran ese país con el mar.

El Presidente López de Romaña, al dar cuenta en el año 1903 al congreso nacional sobre la política exterior seguida por su administración en ese año, tampoco mencionó el progreso de las referidas negociaciones boliviano-chilenas. En dicho mensaje expresó sobre Chile lo siguiente, sin mencionar las tratativas boliviano-chilenas en curso:

En este camino de adelanto en nuestras relaciones internacionales, siento deciros que continua una excepción, a pesar de nuestro derecho y de nuestra buena voluntad: La solución del problema de Tacna y Arica, o sea, el cumplimiento de lo prescrito en el Tratado de Ancón. Agotadas las iniciativas que decorosamente hemos tomado en esta materia, durante nueve años, el Gobierno de Chile no ha propuesto base alguna de arreglo después de la desaprobación del protocolo Billinghurst-La Torre; pero, en presencia de las declaraciones hechas hace poco tiempo en Santiago y Buenos Aires, acerca del cumplimiento del citado tratado, y de la promesa de esa nación, de inaugurar una política verdaderamente americana y justa; el Perú está dispuesto a atender nuevas negociaciones que le permitan poner término a la dolorosa expectativa en que se hallan sus dos provincias, tanto más preciadas y queridas, cuanto más difiere el momento de su incorporación al seno de la patria.

En una comunicación que De Osma remitió al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el lunes 11 de agosto de 1902, informa que, en su mensaje a la Nación el Presidente de Bolivia, General Pando, ha revelado con relación a Chile que:

1° es necesario suscribir ahora la paz; 2° Bolivia debe renunciar a sus anteriores exigencias buscando en una cantidad de dinero la compensación por el territorio que ha cedido a Chile; y 3° de la negociación debe excluirse todo lo relativo al comercio, de manera que después de firmada la paz, no exista régimen comercial especial alguno con Chile.

En esa misma comunicación, De Osma informaba que las afirmaciones del Presidente Boliviano no debían entenderse como:

… revelación de un estado de cosas, sino como demostración del propósito que tiene este gobierno de vencer las resistencias que existen tanto en las cámaras como en la opinión pública, para una paz en que Bolivia pierda definitivamente toda esperanza a poseer una salida al Pacífico.

Semanas después, en otra comunicación dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, informaba que:

Tan pronto como llegue aquí el señor Mathieu, se abrirán las negociaciones para la celebración de la paz entre Bolivia y Chile; y en ellas procurará el señor Villazón que queden arregladas todas las cuestiones con Chile. Es evidente en consecuencia, que tratarán de la delimitación, no sólo de los territorios en que estos países son vecinos, sino de la correspondiente a las provincias peruanas de Tacna y Arica y a la boliviana de Carangas. Desde luego en las negociaciones sobre límites, que sigo con este gobierno, se contemplará esta delimitación, de modo que cuando llegue el momento de la reincorporación de las provincias, podamos efectuar aquella según nuestro derecho.

No obstante, los buenos deseos que abrigaba nuestro representante en La Paz sobre la demarcación entre las provincias de Tacna y Arica y la boliviana de Carangas, lo cierto es que con la firma del Tratado de 1904 Bolivia fue totalmente en contra del solemne compromiso adquirido con el Perú en el año 1902, cuando suscribió con nuestro país el Tratado de Demarcación de Fronteras, en cuyo artículo segundo se dice a la letra:

Las altas partes contratantes convienen igualmente en proceder, conforme las estipulaciones del presente tratado, a la demarcación de la línea que separa las provincias peruanas de Tacna y Arica, de la boliviana de Carangas, inmediatamente después que esas vuelvan a estar bajo la plena soberanía del Perú.

Con la suscripción del Tratado de 1904 entre Bolivia y Chile no sólo se demarcó -contraviniendo el compromiso de 1902 antes señalado y de manera inconsulta con el Perú- «… la línea que separa las provincias peruanas de Tacna y Arica, de la boliviana de Carangas», sino que también se prefiguró la línea de frontera que el Perú y Chile pactarían en el año 1929 al haberse estipulado en el Tratado de 1904 la construcción del ferrocarril Arica a La Paz como un paliativo a la mediterraneidad de Bolivia.

Al conocer en Lima la suscripción del Tratado boliviano-chileno de 1904, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Javier Prado Ugarteche, protestó ante su homólogo chileno, Luis Vergara, en contra de este tratado. Se transcribe a continuación las partes más importantes de las notas cursadas entre ambos ministros:

1. Nota del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú (18 de febrero de 1905)

“Estos pactos obligan a mi gobierno a dirigir al de V.E. la presente nota, que tiene por objeto hacer expresa protesta y reserva de los derechos del Perú, en relación con esas estipulaciones».

1. Nota N° 339 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (15 de marzo de 1905)

“… Bolivia anhelaba, desde tiempo atrás, la adquisición legítima de los territorios de Tacna y Arica, y que los recibiría sin vacilar, de quien fuese su dueño legal”.

2.3. Otras misiones diplomáticas

La extensa labor diplomática que cumplió el ex Ministro de Relaciones Exteriores como enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Perú ante varias naciones merecería un volumen con numerosas páginas. Para los efectos de esta publicación, nos basta con señalar que al concluir con éxito su misión en La Paz fue enviado como representante del Estado peruano ante el de la Argentina. En Buenos Aires estuvo por muy corto tiempo, desde el mes de marzo hasta el mes de abril del año de 1904.

Dentro de los muchos temas tratados por De Osma con relación al Arbitraje de Límites Peruano-Ecuatoriano cabe mencionar que en uno de los documentos enviados en el marco de este proceso estudió pormenorizadamente, sobre la base de documentos y crónicas de los sacerdotes jesuitas, la navegabilidad de los afluentes septentrionales del río Marañón. Es ese texto se ocupa de ríos como el Putumayo, Napo y su afluente el Curaray; el Pastaza y su tributario el Bobonaza; el Morona, el Santiago y otros menos considerables. Al respecto mencionó lo siguiente:

Las empresas, a veces malogradas, que realizaron los jesuitas para abrir estas nuevas vías, los medios de que se valieron para el establecimiento de las reducciones y los datos que aparecen en numerosas obras impresas y manuscritos que tratan de la región amazónica, son las fuentes utilizadas aquí para conocer cuáles son los lugares en que los ríos citados dejan de ser navegables por sus saltos y raudales inaccesibles. Este es el objeto del presente estudio, en el que no se consideran sino aquellos ríos, acerca de los cuales las Relaciones de los jesuitas traen datos precisos sobre el punto que interesa.

Al culminar su designación en Madrid y regresar al Perú fue elegido como Presidente del Tribunal Mayor de Cuentas, cargo que ejerció entre los años 1911 y 1915. En Lima también fue elegido vocal de la Corte Suprema de Justicia, donde se desempeñó hasta el año de 1916, cuando fue acreditado nuevamente como enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Bolivia, permaneciendo en la ciudad de La Paz entre ese año y el de 1917.

Al culminar su nombramiento en Bolivia fue trasladado a cumplir las mismas funciones ante el Gobierno del Brasil entre los años de 1917 y 1919.

Al producirse el golpe de estado dirigido por Augusto B. Leguía en contra del Presidente José Pardo y Barreda (viernes 4 de julio de 1919) renunció a su cargo Diplomático como Ministro Plenipotenciario y enviado extraordinario ante el Gobierno del Brasil, en protesta contra la ruptura del orden constitucional, y regresó a Lima.

3. Su vinculación con la Sociedad Peruana de Derecho Internacional

Antes de retornar al país desde el Brasil fue aceptado como Miembro Asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) a partir del sábado 6 de enero del año de 1917.

Además de ejercer la presidencia de la SPDI, De Osma fue Presidente del Instituto Histórico y Presidente de la Primera Sección de Ciencias Antropológicas e Históricas del Tercer Congreso Científico Panamericano.

Conclusión

 Sobre la vida, obra y acción internacional de Felipe de Osma y Pardo al servicio del Perú no se puede encontrar otro justo homenaje que el que le tributó don Alberto Ulloa en su momento. Por considerarlo de interés para los lectores, transcribo lo escrito por tan ilustre diplomático:

Felipe de Osma y los hombres que con él actuaron en ese emocionante período, no creyeron en la lírica fraternidad del continente, ni en el mandato histórico de los próceres, ni en que fuera invencible la realidad de los vínculos que unen a estos países. Tuvieron delante una América que se esforzaba en crear el equilibrio de las fuerzas, que será fatal mientras el Derecho Internacional no encuentre órganos efectivos de sanción; y se enfrentaron varonilmente a esa situación, procurando, en primer término, hacer como ya dije, de la cuestión del pacifico el eje del equilibrio americano; en segundo, crear un sistema de entendimientos cordiales que opusiera a la política chilena una fuerza internacional de resistencia llamada, en un decurso no muy largo de tiempo, a constreñir a Chile a una solución jurídica; y, en tercer término, a armar al Perú vinculando su poder material al interés de otros pueblos como Argentina .

Aquella política fue tan organizada, que el día en que se publique su documentación, gran parte de la cual lleva la firma de Felipe de Osma, descubrirá el Perú la forma abnegada, inteligente, de previsión sagaz, y de rotunda firmeza con que fueron manejados sus destinos externos durante aquellos años.

En esta tarea extraordinaria, que en otra oportunidad ha de ser analizado, corresponde un puesto de honor a Felipe de Osma. Tal vez si pocas veces trazó los rumbos; pero cuando el timón estuvo en sus manos firmes y leales, no se desvió la proa de la nave ni desfalleció un instante su mirada avizora.

Si la crisis interna de 1901 no hubiera separado a Osma de la Cancillería, los hilos de toda aquella política internacional no se hubieran enredado porque el secreto de su manejo no estaba en los copiadores de notas sino en la aptitud y en la fe de quienes las dirigían.

Como se habrá podido apreciar, la trayectoria y la labor de Felipe de Osma al servicio de la política exterior del Perú a inicios del siglo XX, tanto como ministro de Relaciones Exteriores como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en varios países fue fecunda, intensa y llena de aportes importantes en la defensa de los intereses nacionales del país. De esa manera dejó un ejemplo importante sobre la dedicación que merece la defensa y promoción de estos intereses, con los que el Servicio Diplomático del Perú está comprometido.

Alberto Ulloa Sotomayor fue esencialmente un estadista que, sostenido por su condición de gran jurista, procuró siempre la satisfacción del interés nacional, así como del hemisférico de una manera realista e interdependiente cuando este estuvo en peligro.

Ulloa fue también un destacadísimo académico y diplomático, además de un político cuya cultura e influencia dejaron impronta en el Senado de la República. Como Diplomático negoció en beneficio del Perú tratados fronterizos (entre los cuales él destaca el suscrito con Colombia en 1934), regímenes regionales y multilaterales del Nuevo Derecho del Mar (la Declaración de Santiago de 1952, en el primer caso, y las primeras conferencias de la ONU sobre la materia, en el segundo) y entendimientos interamericanos a los que contribuyó como delegado o desde su cargo de asesor técnico-jurídico de la Cancillería.

Aunque su función como Ministro de Relaciones Exteriores tuvo escasa duración (abril-mayo / junio-octubre de 1936 con el interregno de Diómedes Arias Schreiber durante el segundo Gobierno del general Benavides), su influencia amplió el restringido sustento de la política exterior peruana de la época en momentos críticos para el Perú y el mundo. En tiempos en que el “juridicismo” predominaba formalmente en nuestra proyección externa, solo era lógico que el asesor jurídico por excelencia deviniera en canciller de la República.

Antes que una exégesis de la vida de Alberto Ulloa, nos referiremos acá solo a algunos de los temas sobre los que trató en su larga trayectoria como ensayista, pensador, negociador e ilustre representante del Perú.

Ulloa y la política exterior (Posición Internacional y Memoria del Canciller)

Aunque la obra central de Ulloa (Posición Internacional del Perú) parece generalmente circunscrita al área suramericana y marginalmente a Estados Unidos y a la relación con Japón, esta limitación no implica en él la ausencia de una visión global. En el ámbito jurídico ella está presente en Derecho Internacional Público y, en el político, aunque de manera limitada y circunscrita esencialmente al ámbito bilateral, consta en Posición Internacional del Perú.

En efecto, en su Memoria de gestión de 1936 (Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores, don Alberto Ulloa 13 de abril a 22 de octubre de 1936, Lima, Imprenta Torres Aguirre 1938), el Dr. Ulloa da cuenta disciplinada y rigurosamente de la puntual acción externa del Perú con una serie de estados americanos y extra regionales antes que de un planteamiento de política exterior frente a acontecimientos extraordinarios. Quizás este era (y es) lo requerido de las Memorias oficiales.

Obviamente, la naturaleza de la fenomenología latinoamericana no fue producto de la desatención del Canciller Ulloa, quien estaba bien al tanto de la naturaleza de los cambios políticos ocurridos fuera de la región. Tal es el caso de la emergencia de Estados Unidos como potencia global y su influencia regional inicialmente estudiada en sus textos La Doctrina Monroe y Wilson y el wilsonismo, publicados en 1923 y 1924 poco antes de la primera edición del Tomo I de su Derecho Internacional Público en 1926 (Bákula, Juan Miguel en Memoria de Alberto Ulloa Sotomayor, Diciembre, 1992, ADP, Lima) y también de las peligrosas fracturas del orden global de la década de los años 30 que empezaba a desmoronarse (La Liga de las Naciones y los Grandes Problemas de la Política Universal [1927]).

La influencia de Alberto Ulloa en la política exterior peruana es claramente anterior a su ejercicio del cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. Desde su posición de asesor técnico-jurídico de la Cancillería y luego de negociador tuvo responsabilidad directa en los tratos con Colombia de 1934 en una circunstancia de emergencia (el levantamiento de Leticia). Para Ulloa fue esta una de las intervenciones más apreciadas e importantes de su gestión diplomática.

El Tratado con Colombia de 1934

A lo largo de sesenta y cinco años las relaciones entre Perú y Colombia fueron “prácticamente normales» (Wagner, Alberto, Historia de los Limites del Perú. Fondo Editorial de Relaciones Exteriores del Perú, marzo 1997). Sin embargo, la emergente aspiración de Colombia a una salida al Amazonas como producto de su involucramiento en entendimientos originales entre Perú y Ecuador fue solucionada de manera más favorable para la parte colombiana en el Tratado Salomón-Lozano de 1922.

Perú planteó entonces un proceso de conciliación en el marco de la Convención General de Conciliación Interamericana de 1929, que suponía, obviamente, la marginación de posiciones de fuerza. Colombia se rehusó considerando que la situación de Leticia no era de orden internacional, sino de orden interno. Sin embargo, luego consideró someter el conflicto a la consideración de la Liga de las Naciones (pp. 181-182, Ibidem).

Ulloa resumió la situación como «… la protesta de una población total (la peruana) de un territorio cuya nacionalidad no corresponde a su soberanía por obra de un errático pacto internacional.» (p.182, Ibidem). El problema, por tanto, se había originado en el Tratado de 1922 y si, además, la población de Loreto llegó a invocar el principio de autodeterminación orientado a su subordinación a la soberanía peruana, el problema era de carácter internacional. Esta fue la posición peruana (p. 184, Ibidem).

En consecuencia, el gobierno estableció que “… el Perú no ha violado ni viola el tratado de 1922. Reconoce en él, a pesar de las particularidades de su elaboración y aprobación, uno de los vínculos jurídicos que lo unen con Colombia [… (pero)…] para satisfacer tanto el carácter jurídico como el propósito de amistad que corresponde a un arreglo de esta clase, es preciso considerarlo como un instrumento adaptable, dentro de la armonía peruano-colombiana, a la naturaleza de las cosas y a las situaciones reveladas por los hechos…»(Idem).

De otro lado, también tuvo claro que “… lo deplorable del conflicto de Leticia fue la forma aventurera y extraña del hecho mismo de la ocupación del territorio que el Perú, como entidad nacional, cualesquiera que fuera el procedimiento gubernativo (el de Leguía), había reconocido a la soberanía colombiana en virtud del Tratado” (p. 187, Ibidem). Por lo demás, sostuvo, “… no es desdeñable la afirmación de que el Gobierno del Perú se viera obligado a acudir en apoyo de los peruanos que habían ocupado Leticia por un sentimiento superior de solidaridad nacional que imponían la sangre, los antecedentes históricos y la disconformidad regional con la cesión del trapecio amazónico [… (y)] porque la unidad nacional misma hubiera peligrado con medidas de represión y de fuerza contra los propios peruanos y contra el sentimiento nacional de Loreto.” (Idem).

En este punto estamos en desacuerdo con Ulloa. Nos referimos al caso de los “tratados inaplicables» que pueden derivar en la revisión de los mismos, según lo contempla de manera declarativa el artículo 19 de la Liga de las Naciones. La única posibilidad de afrontar sensatamente esta materia es aplicando la cláusula rebuc sic stantibus (el cambio de circunstancias que impiden que el tratado se aplique de acuerdo al objeto y al espíritu del convenio “o que es opuesto a necesidades o situaciones que no pudieron razonablemente preverse cuando se suscribió”) (p.219, Ulloa, Derecho Internacional Público, Tomo I,1957); que las partes convengan en la inaplicabilidad de ese tramo del acuerdo o de su totalidad; y/o establecer una doctrina o un régimen que obligue a que una de las condiciones indispensables de la validez de los tratados internacionales sea la inclusión de una cláusula de revisión ad hoc mediante algún instrumento de solución pacífica de controversias cuando un extremo del tratado sea inaplicable.

Estados Unidos en Posición Internacional del Perú

Como hemos señalado, en Posición Internacional Ulloa apenas se refiere a Estados Unidos en un subcapítulo del capítulo “Posición Continental”. Al margen del Derecho Internacional, tal es el nivel de concentración político-académica sobre la inserción externa del Perú del momento.

En relación al primero, el predominio hegemónico con que Estados Unidos se aproximaba a la región (en contraste con la realidad de la Política del Buen Vecino de Franklin Roosevelt comprometida en la 7ma. Conferencia Interamericana de 1933) y la realidad de la mínima disposición norteamericana a la hora de concretar intereses peruanos condicionaron intensamente la percepción del ex Canciller sobre la gran potencia, como ya hemos sugerido.

En relación a lo segundo, Ulloa tuvo muy en cuenta lo que consideró como exceso de complacencia del Gobierno de Leguía con la política exterior norteamericana en busca del apoyo de esta a la solución del problema limítrofe con Chile.

Y en relación a Panamá, Ulloa fue más allá deI registro de la compensación geopolítica a favor de Colombia en el Tratado de 1922 con la cesión del Trapecio Andino a cambio de la cesión de la franja del Canal (Idem). En efecto, Ulloa calificó esta última realidad, ocurrida en 1903, como el “atentado” de Panamá.

A pesar de este cambio de la política norteamericana, el juicio general de la relación bilateral con Estados Unidos siguió siendo, según Ulloa, negativo y producto de un gran agregado de injusticias vecinales: «En un gran balance sumario, los Estados Unidos habían propiciado una solución contraria al interés del Perú en la cuestión con Colombia; había expedido un fallo injusto e hiriente en la cuestión con Chile y terminaban favoreciendo una solución intermedia después de haber querido apoyar la aspiración boliviana de obtener un puerto en el Pacífico; y esperaban aún resolver por una mediación o por un arbitraje, probablemente políticos y transaccionales, la cuestión de Ecuador» (p. 380, Ulloa, Posición, op. cit.).

La evolución del sistema interamericano antes de su formalización liderada por Estados Unidos

En esta complicada condición vecinal y con una difícil situación interna, el Perú debía confrontar un contexto externo violento cuyo oscuro horizonte prebélico estuvo marcado por la creciente expresión de poder de los totalitarismos beligerantes europeos y por la lenta construcción de la solidaridad interamericana bajo el liderazgo norteamericano. Al margen de la intensidad del intervencionismo norteamericano, no deja de llamar la atención la ausencia de mención a la Carta de Deberes y Derechos de los Estados suscrita en 1933 en el ámbito de la 7° Conferencia Internacional de los Estados Americanos y que el Perú no ratificó en su momento.

Es más, luego de la conclusión de sus funciones como Canciller en octubre de 1936, el Perú suscribió en diciembre de ese año la Declaración de Principios Interamericanos de Solidaridad y Cooperación, en el marco de la 72 Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz realizada en Buenos Aires. Allí, el panamericanismo definido como principio de derecho internacional americano y las Repúblicas Americanas, sustentadas en su democracia y soberanía (art.1) establecieron que cualquier acto que pusiera en riesgo la paz afectaba a todos y, en consecuencia, se declaraban dispuestos a consultarse en el marco de la Convención de Mantenimiento, Preservación y Restablecimiento de la Paz suscrita en esa conferencia (Buenos Aires, 1936).

Sin embargo, sus principios incluían la proscripción de la conquista territorial, la condena de la intervención en los asuntos internos de cada uno, la declaración de ilegalidad del cobro compulsivo de deuda internacional (un reconocimiento a un viejo planteamiento latinoamericano conocido como Doctrina Calvo) y la solución pacífica de controversias (art.2) (Declaration of Principales of Inter-American Solidarity and Cooperation; December 21,1936).

La relación con algunos países vecinos en Posición Internacional y en la Memoria del Canciller

Así como no es irrelevante para la época que la aproximación política de Ulloa a las relaciones internacionales fuera esencialmente regional (con las salvedades de alineamiento con los Aliados y con Estados Unidos en particular en circunstancias excepcionales como la Segunda Guerra Mundial), no lo es tampoco que en la Memoria del Canciller la agenda operativa de 1936 con las potencias mayores suramericanas (Argentina y Brasil) tuviera un sustento fundamentalmente económico (a pesar de la predominante percepción geopolítica del ABC), mientras que la que concernía al resto de los países vecinos siguiera siendo la propia de los límites terrestres (en el caso de Chile, la agenda post-1929). Tal fue la importancia reduccionista de las “hipotecas” (el término usado por García Bedoya) para referir la problemática con Ecuador y Bolivia, a la que debió haberse agregado la “hipoteca chilena” a la luz de circunstancias posteriores.

Bolivia

El Pacto de 1936

Ulloa se aproximó a la relación con Bolivia con una percepción ambigua. Así, mientras que esta estaba marcada por “un recíproco recelo”, en los hechos era enriquecida por las virtudes de la “unidad sociológica del Altiplano” organizada en torno a una amistad de «extensas y profundas raíces” y de “solidaridad” en momentos difíciles (p. XIV Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores don Alberto Ulloa, 13 de abril a 22 de octubre de 1936, Lima). Esta ambigua relación, “en la que no ha habido siempre una clara comprensión psicológica’, es mejor explicada en su texto de aproximación política.

En su Memoria, el Canciller Ulloa se concentra en el Pacto de Amistad y No Agresión de 1936 (el Tratado de 1936) y en la participación mediadora del Perú en la Guerra del Chaco. En ese pacto, Bolivia “declara que no tiene ningún problema político ni territorial pendiente con el Perú” y el Perú hace la misma afirmación (art. 1). En consecuencia, ambos Estados se comprometieron a respetar sus respectivas soberanías espacialmente establecidas por tratados internacionales (art. 2) y formalizar un pacto de no agresión entre ellos (art.3), seguido de un compromiso de neutralidad en conflictos en que cada uno se viera, eventualmente, envuelto (art.4).

El Canciller también recordó que desde la constitución de ambos Estados “…se ha mantenido un régimen de libre tránsito a través del territorio peruano que facilita el comercio y el tráfico de distintas secciones de territorio boliviano». Tal situación se mantuvo vigente después de la Guerra de Pacífico en tanto “ningún gobierno del Perú pensó nunca en la posibilidad de negar o limitar ese tránsito”, como lo registra el Tratado de Comercio y Aduanas de 27 de noviembre de 1905 (Memoria, op. cit. pp. XVII-XVIII). Es más, durante la Guerra del Chaco, el Perú estuvo de acuerdo en que Bolivia se aprovisionara a través de puertos peruanos. El artículo 5° del Pacto de 1936 consagra “esta situación establecida en el Derecho y la práctica y que es el eje del carácter peculiar de las relaciones de vecindad Perú-bolivianas” que influyen en el marco continental y en el de la Liga de las Naciones (Memoria, op. cit. p. XVIII).

Ello demuestra dos cuestiones fundamentales. La primera, que la concesión a Bolivia de salidas especiales a su comercio exterior por territorio peruano ciertamente no empieza en 1992 con los acuerdos de Ilo (ni durante la década de los 70 de siglo pasado, como la confusión oficial y periodística ha establecido) y, especialmente, que el Tratado de 1936 no se refirió a promesa o intención alguna del Perú a “no ser obstáculo” para la satisfacción de su aspiración marítima por territorios que fueron peruanos como lo pretenden algunos estudiosos bolivianos de la política exterior de su país.

El Embajador boliviano Jorge Gumucio sostiene que el Pacto de 1936 es producto de la disposición boliviana de “… encarar la situación creada por el Protocolo Complementario del Tratado de 1929 entre el Perú y Chile, por el cual ambos estados se comprometieron a consultarse ante un posible pedido de Bolivia para acceder en forma soberana al océano pacífico, acceso que, desde la ocupación del litoral boliviano por Chile en 1879, constituía la prioridad de la política exterior boliviana., (p. 98, Gumucio, Jorge; Alberto Ostria y el Pacto con Perú de 1936;

Es más, el Embajador Gumucio sostiene que, aprovechando la buena relación personal entre el Embajador Ostria y el Canciller Ulloa, este último habría estado en mejor disposición de entender la angustia boliviana. Pero las instrucciones entregadas por el gobierno boliviano al Embajador Ostria por su gobierno, citadas por Gumucio, no refieren nada distinto a lo registrado por el Canciller Ulloa.

Sin embargo, este excelente Diplomático boliviano que es el Embajador Gumucio afirma que los contenidos específicos de esas instrucciones descansaban sobre “…una base fundamental que significaba una declaración solemne del Perú por la que se comprometía a no obstruir con un veto, en aplicación del artículo 1° del Protocolo Complementario de 1929, una posible solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia mediante una salida soberana sobre territorios del antiguo departamento peruano de Arica que, aunque ocupado desde 1880, se encontraba bajo plena soberanía chilena sólo desde 1929; es decir, que el Perú debería anunciar a priori que no se opondría a ninguna solución que se lograra con posterioridad en negociaciones entre Bolivia y Chile” (p. 99, Ibidem).

Fue en estas circunstancias que el Canciller Ulloa insistió en la conveniencia de suscribir el Pacto. El Embajador Ostria consultó y fue autorizado a proceder a la firma con cambios menores en el texto el 14 de septiembre de 1936. De esta manera se formalizó la declaración de que entre el Perú y Bolivia no quedaba ningún asunto pendiente por resolver, mientras que el respeto de las soberanías respectivas iba acompañado por un compromiso de no agresión y otro de neutralidad en caso de conflicto con terceros. El beneficio concreto para Bolivia se materializó en un régimen de libre tránsito acompañado de otro de libre comercio y de consultas recíprocas.

Ulloa expresa que uno de los factores contribuyentes a esas eventualidades fue el “…sentimiento expresado muchas veces en Bolivia, aunque no oficialmente […] de que podía satisfacerse a costa del Perú la aspiración portuaria de (ese país) por una razón de mayor comodidad geográfica y probablemente también porque se creía allá que nuestro país podía ser víctima de una imposición de la fuerza con mayor facilidad que Chile.

El Lago Titicaca

Bajo la gestión del canciller Ulloa se sentaron las bases deI futuro acuerdo de condominio indivisible sobre las aguas del Lago Titicaca suscrito en 1955. En resumen, el Perú sostuvo que si bien “… la línea de deslinde de las soberanías en la superficie del Lago Titicaca se encuentra trazada en actos bilaterales, ella no destruye la comunidad esencial respecto del uso y aprovechamiento de las aguas que existe por razones naturales y permanentes. En virtud de esta comunidad, ninguno de los ribereños puede unilateralmente modificar las condiciones hidrológicas y de navegación en el Lago en forma de perjudicar los derechos y los intereses del otro o de perturbar las condiciones geográficas y geológicas. El Derecho Internacional doctrinario y el Derecho Internacional positivo sustentan la tesis peruana y, expresamente, la Convención para Explotación de Pesquerías en el Titicaca suscrita el 17 de julio de 1935 acredita el concepto de los dos países respecto de la comunidad en el aprovechamiento de las aguas” (p. XXIII, Memoria, op. cit.).

Aunque estos conflictos de intereses se repitieron (especialmente a propósito de las negociaciones chileno-bolivianas de 1950), la posición jurídica establecida en 1936 contribuyó a fundamentar el condominio indivisible peruano-boliviano sobre las aguas del lago de 1955 que ha resuelto definitivamente la materia.

Chile

El Tratado de Comercio y el Protocolo de Liquidación de Obligaciones entre el Perú y Chile

Este tratado se suscribió entre los señores Polo y Rivas Vicuña el 17 de marzo de 1934 en el entendido de que su implementación debía llevarse a cabo en el marco de “la política general panamericana y de la Liga de las Naciones” (p. XXXI, Memoria, op. cit.) y sabiendo las partes que su interpretación derivada de los intereses de cada uno, podría “conducir a alguna desinteligencia incidental” (Idem). El Canciller Ulloa, convencido de la necesidad de evitar esa eventualidad “y de mantener las relaciones con Chile en el plano de la mutua comprensión […] creyó que era mejor prever aquellas dificultades contingentes por una expresión leal y precisa de los puntos de vista del gobierno del Perú sobre la interpretación de las notas Polo-Rivas Vicuña”, procediendo a entregar el memorándum correspondiente al Embajador de Chile en el Perú (Idem).

Sin embargo, la implementación del acuerdo de 1934, que, entre otras materias, implicaba modalidades de compensación peruana (materiales para los trabajos) por la construcción por Chile de obras portuarias en Arica en favor del Perú de acuerdo a los términos del Tratado de 1929, fue objetado por la parte chilena. Las partes no pudieron ponerse de acuerdo cuando reconsideraron el acuerdo de 1934, subrayando Chile que este ya hacía renuncias “que importaba a la construcción” en tanto la obra portuaria beneficiaría al Perú (p. XXXV, Memoria, op. cit.).

Sobre la materia, sin embargo, Ulloa no era un romántico idealista ni se comportó como tal. En efecto, cuando autoridades brasileñas primero y luego chilenas propusieron una revisión constructiva de la historia entre las partes, el entonces ex Canciller escribió sobre esa propuesta: «… bajo los términos citados (referidos a la cordialidad continental),viniendo a consagrar con el silencio que prepara el olvido, no sólo la realidad material sino la confirmación espiritual de grandes injusticias pretéritas, representarían en casos determinados, el indulto de los delitos históricos que las generaciones deben conocer para que su conciencia vigilante impida su repetición […] dentro de los campos legítimos de la acción diplomática y jurídica».

La importancia otorgada a la relación económica con Chile

En 1936 Perú y Chile suscribieron alrededor de veinte acuerdos, nada menos, en el marco del Tratado de Comercio suscrito en 1934. Entre los principales destacan los referidos a la libre internación en Chile de productos de Tacna, la supresión de franquicias y elevación de cuotas de exportación de algodón peruano a Chile, la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida al café peruano, la constancia de que el salitre y el guano estaban en la misma condición para el pago de impuestos, la recomendación para la creación de un tribunal de arbitraje comercial peruano-chileno, la recomendación de la adopción de la nomenclatura arancelaria de la Liga de las Naciones, la fijación de cuotas para el ingreso de ciertos productos chilenos a Tacna y, especialmente, la exoneración de derechos en el Perú al 70% del trigo importado desde Chile, que el Perú quiso orientar a la exportación de productos manufacturados chilenos «a fin de mejorar en lo posible las condiciones efectivas del intercambio entre ambos países» (p. XXXVII, Memoria, op. cit.), en tanto las exportaciones chilenas de trigo no cubrían ni de cerca la cuota otorgada. El asunto triguero quedó pendiente por recomendación del canciller Ulloa teniendo en cuenta las importaciones peruanas de ese cereal de otros orígenes.

Ecuador

Bajo la gestión del Canciller Ulloa se inició en Washington D.C. la Conferencia Perú-ecuatoriana el 30 de setiembre de 1936, que debía contribuir a poner fin a la controversia de límite terrestre a través de un arbitraje de derecho “eventual y parcial” de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de 21 de julio de 1924. Esa reunión se instaló y estableció las reglas de procedimiento luego de que el canciller peruano y el representante ecuatoriano en Lima, señor Viteri, suscribieran una fórmula mediante la cual “… el Perú y el Ecuador se comprometen a definir que el arbitraje previsto en el Protocolo de 21 de junio de 1924 es un arbitraje de derecho. Esta definición será incorporada en el acta de instalación de las Delegaciones» de la conferencia (p. LIV, Memoria, op. cit.).

Esto es lo que se conoció como “fórmula mixta” descrita como una manera de “transacción entre el punto de vista histórico del Perú favorable a un arbitraje de derecho y el punto de vista ecuatoriano favorable a la negociación directa”. Esta fórmula ya se había expresado en 1913 bajo la presidencia de Billinghurst” (Idem).

Ecuador contestó que el tiempo transcurrido ponía en cuestión la solución del problema bajo los términos del Protocolo de 1924. El Perú, sin embargo, insistió en que se cumpliera con el procedimiento acordado argumentando que se estaba poniendo en riesgo la fórmula mixta. Finalmente, el Canciller Ulloa y el representante ecuatoriano acordaron reiterar el arbitraje de derecho como ha sido citado más arriba. Este “satisfacía los puntos de vista doctrinarios y diplomáticos del Perú” (p. LIV, op. cit.).

Lamentablemente, el proceso de Washington fracasó en 1938. Ecuador solicitó a la comunidad internacional y a la Liga de las Naciones un arbitraje integral (no uno parcial ni de derecho) (p.124, Ulloa, Posición, op. cit.) y la mediación de los gobiernos que habían intervenido para contribuir a terminar la Guerra del Chaco.

Ecuador planteó entonces negociaciones directas con el Perú y el Perú aceptó, aunque exigiendo el mantenimiento del statu quo establecido durante la gestión del canciller Ulloa (p. 125, Ibidem) y que el Ecuador vulneró en 1941 al costo de una represalia autorizada por el Derecho Internacional (p.19, Ulloa, El Protocolo de Río de Janeiro, Política Internacional, Enero – Marzo 1992, Lima).

El derecho y la diplomacia fallaron esta vez en relación con Ecuador, como fallarían en 1941 y luego en 1995. Quizás la complejidad y los riesgos que entrañaban esa expectativa fallida explique qué Ulloa otorgase a la relación con el Ecuador la gran extensión que le confiere en su Memoria, que Posición Internacional del Perú se inicie con el capítulo sobre el Ecuador y que este comience su extenso recuento con el momento en que “Carlos V dividió, en 1542, el territorio americano en los dos Virreinatos del Perú y México (p. 1, Ulloa, Posición, op. cit.).

En una defensa vigorosa del Protocolo de Río de Janeiro publicada recién en 1992, apenas tres años antes del conflicto que llevó a la suscripción del Tratado de Paz de Brasilia de 1998 y a la realidad presente de una mejor relación que, sin embargo, no debe ser desatenta con su pasado.

En lo sustantivo, Ulloa describe el Protocolo, forzado por el conflicto de 1941 (que, a su vez, fue provocado por la violación ecuatoriana del statu quo de 1936) y sustanciado en la controversia previa en la que “… el Perú representa los factores positivos permanentes u ocasionales, pero siempre simbólicos, en uno u otro sentido, mientras que el Ecuador los elementos negativos que dificultaron durante más de un siglo y agudizaron en graves crisis aquel proceso”(p.11,Ulloa, Protocolo, op. cit.).

Entre los factores positivos peruanos que aquí resumimos, Ulloa encuentra en primer término “… los títulos coloniales […] convertidos después, en virtud de la adaptación al Derecho Internacional del principio romano del uti possidetis, en criterio para la demarcación de las antiguas posesiones españolas sobre las que se erigían nuevos Estados…” (p. 12, Ibidem).

En segundo término, está la libre determinación de los pueblos, “que era filosófica, histórica y políticamente afín con la idea de la Independencia […]. Así fue cómo -para referirme sólo a las regiones respecto de las que la controversia peruano-ecuatoriana ha sido más conocida – Maynas y Tumbes que correspondían al Virreinato del Perú en virtud del título colonial, confirmaron ésta adhiriéndose, por actos públicos al nuevo estado peruano; mientras que en Jaén los habitantes hicieron uso de su derecho de libre determinación y resolvieron, también, adherirse al Perú” (Idem).

“En tercer término […] continúa, firme y muchas veces indisputada[…], la mayor parte del área territorial reconocida al Perú en el Protocolo de Río de Janeiro”, hecho que corresponde muchas veces al fracaso de los intentos ecuatorianos de aprovechar la frontera aún no definida (Idem). Ello se ha debido al valor de los “misioneros y de los soldados” como agentes de la civilización y de otros agentes que contribuyeron a la “vasta, continua y efectiva Posesión peruana, representativa de la Jurisdicción en la controversia peruano-ecuatoriana” (Idem).

En cuarto lugar, debe contarse entre los factores positivos peruanos “su confianza en el Arbitraje; su voluntad de someter a éste la diferencia limítrofe; y su persistencia, no obstante hechos desalentadores, en mantener tal posibilidad como instrumento de solución…” (p.13, op. cit.) y que, al final, no fue aceptado por Ecuador (aun después de haber aceptado la “fórmula mixta”).

Además, el Ecuador no tuvo posesión efectiva del área en controversia “… salvo circunstancias ocasionales y discontinuadas, respecto de un pequeño número de puntos limitados en su extensión…” exceptuando las zonas que le reconoció el Protocolo (Idem). En el ámbito de la posición negativa de Ecuador se encuentra, finalmente, “…su rebelión persistente y sistemática contra el arbitraje. Cuando llegó a pactar alguno, como en 1887 o en 1924, exigió que fuera antecedido por una negociación directa […]. Cuando el fallo definitivo fue inminente, como en 1910, supuso, por los antecedentes de los dictámenes españoles, que no satisfaría sus mayores aspiraciones y lo repudió […].

Luego del conflicto armado de 1995 y de un nuevo instrumento de paz (1998), hoy la situación ha evolucionado hacia una relación más confiable y de mayor cooperación e interdependencia bilatera1. Al respecto deber recordarse, sin embargo, como decía Ulloa, que “… nada puede esperarse de nosotros al respecto como no sea una voluntad de paz que resista hasta los límites de la tolerancia y del honor del Perú…”(p. 22, Ibidem). Esta admonición es aplicable hoy a todos nuestros vecinos, pero especialmente a Chile.

Derecho Internacional Público

La contribución del Dr. Alberto Ulloa a la formación de Doctrina de Derecho Internacional Público emana de sus textos y de su participación en conferencias internacionales. Entre los primeros destaca su obra magna Derecho Internacional Público, considerada en su momento como la publicación de mayor importancia en el Perú y en la región. A pesar de la evolución de esa rama del Derecho, su vigencia, como toda obra clásica, se mantiene.

Y entre las segundas, al margen de su presencia creativa en reuniones regionales especializadas, destaca su participación en la conferencia sobre Explotación y Conservación de la Riqueza Marítima del Pacífico Sur, de la que emergió la Declaración de Santiago de 1952. Posteriormente, el Dr. Ulloa participó en las primeras dos conferencias de la ONU sobre el Derecho del Mar.

Reconociendo que “el de soberanía es uno de los conceptos más difíciles de definir en Derecho Público” (p. 103, Ibidem), Ulloa empleó dos argumentos para desconocer el concepto de soberanía absoluta. El primero se sustenta en un silogismo: si un Estado tiene soberanía absoluta puede decidir desprenderse de ella (“retractación del consentimiento soberano”). “Al independizarlo se crearía un campo jurídico fuera de la acción de la soberanía y ésta cesaría entonces de ser omnipotente. Al garantizarlo, se crearía una autoridad o u sistema por encima de la soberanía y, por consiguiente, ésta cesaría de ser absoluta” (p.104, Ibidem).

El segundo concepto se funda en su adelantada afirmación de que“… no es exacto este criterio limitado (el que considera «solo a los Estados como sujetos de Derecho Internacional”) porque debe entenderse que sujetos o personas internacionales son entidades que tienen personalidad y que son capaces de manifestarse en las relaciones internacionales.

“El Perú, Chile y Ecuador pretenden y sostienen que cuando ellos han hecho una proclamación sobre una zona contigua a sus costas para ejercer en ella sus derechos de control sobre la pesquería, han creado y pretenden que se generalice una norma justa”. Esta debe estar vinculada a la definición del interés a defender “… en el sentido de la conservación del ser humano, no en el sentido económico de la riqueza del aprovechamiento o del lucro. Es la conservación del ser humano lo que nos interesa y la conservación exige que el ser humano pueda aprovechar en una forma natural, legítima, justa, protegida por normas internacionales, de la riqueza que se encuentra a su alcance; en virtud de la razón natural y los principios jurídicos de la vecindad y de compensación entre las naciones”. Por consiguiente, es necesario también proceder a la adecuada conservación de esa “…riqueza pesquera (que) en las aguas inmediatas a nuestros países existe en condiciones especiales que no pueden dejar de ser reconocidas.

Aunque Ulloa no lo reitera expresamente en la obra citada (Derecho Internacional Público), este derecho de conservación se protege por una forma de soberanía -la soberanía modal o funcional-que es fundamento también de los principios que orientan la Declaración de Santiago de 1952.

No obstante todo lo dicho, la aproximación jurídica al interés nacional que se deriva de la particular definición de soberanía derivada de su relativización en torno al rol del hombre o del ciudadano y de sus necesidades (útiles para definirla soberanía funcional en el escenario marítimo), aparece en Ulloa en total contradicción con el interés nacional vinculado a la política (especialmente la ligada a los vecinos) si se admite la comparación entre ese interés y el fundamento de la política exterior que es la historia y su proyección.

En efecto, el propio Ulloa establece que“ …uno de los elementos fundamentales de la historia internacional de los pueblos es la proyección de su pasado sobre su provenir. Sin el primero carecerían de continuidad espiritual, de integración territorial y de cohesión política sin el segundo, su esfuerzo no tendría el elemento humano y patriótico de la esperanza. Sería un caminar sin metas y sin rumbos. Tal vez con las satisfacciones materiales que el progreso y la riqueza ofrecen al borde del camino, pero sin el recuerdo ni la satisfacción de las etapas recorridas y sin el orgullo ni la conciencia de las cumbres alcanzadas» (Ulloa, Alberto, El Protocolo de Río de Janeiro en Política Internacional, op. cit.). Es verdad que no es esta una definición precisa del interés nacional. Pero sí de los factores que lo definen (especialmente de aquellos que ayudan a no “caminar sin metas y sin rumbos”).

Declaración de Santiago

Fue sobre la base de las convicciones opuestas a la soberanía absoluta y favorable a la protección de los recursos marinos y los derechos de los que viven de estos que, en 1952, Perú, Chile y Ecuador decidieron proclamar “… como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas” (art. 2 de la Declaración de Santiago) y extender “la jurisdicción y soberanía exclusivas sobre la zona marítima indicada incluyendo” también la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde (art. 3).

No hubo en ello propósito territorialista, sino ánimo de cumplir con “la obligación de asegurar a (los) pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico” (Inciso 1 de Considerandos) teniendo en cuenta que “es su deber cuidar de la conservación y protección de sus recursos naturales y reglamentar el aprovechamiento de ellos, a fin de obtener las mejores ventajas para sus respectivos países» e “impedir que una explotación de dichos bienes, fuera del alcance de su jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y conservación de esas riquezas en perjuicio de los pueblos que, por su posición geográfica, poseen en sus mares fuentes insubstituibles de subsistencia y de recursos económicos que les son vitales”,

A ello se procedió teniendo sustancialmente en cuenta que “..los factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora marítimas en las aguas que bañan las costas de los países declarantes, hacen que la antigua extensión del mar territorial y de la zona contigua sean insuficientes para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas a que tienen derecho los países costeros».

Esta Declaración, que fue el primer acuerdo plurilateral de cooperación marítima entre los tres estados mencionados, fue también el primer escalón de los países del Pacífico Sureste en el largo proceso de construcción de un nuevo Derecho del Mar.

Siendo las funciones de la soberanía territorial, expresada en un hipotético ánimo delimitatorio, era sencillamente inviable especialmente en aspectos de lateralidad. Menos aun cuando las doscientas millas proclamadas no fueron consideradas como un límite externo en la proyección hacia afuera (este último fue el criterio predominante) y cuando el artículo 2° de la Declaración solo estableció un espacio “mínimo” como diferente de un límite externo que es, por naturaleza, fijo.

Efectivamente, en la 2° Conferencia del Mar celebrada en 1960, el Dr. Ulloa definió los acuerdos de 1952 como defensivos de los recursos marítimos frente a la pesca depredatoria realizada por terceros. Es más, esa posición defensiva se arraigó en la propuesta de los suscriptores de la Declaración de Santiago de un nuevo Derecho del Mar ajustado a las nuevas realidades económicas y a los derechos de los países ribereños a la conservación de los recursos marinos. Esta posición se planteó también en relación a las potencias mayores que participaban en la Conferencia, que pretendían normar con criterios tradicionales asuntos como la anchura del mar territorial.

La Academia Diplomática

Alberto Ulloa fue, además, el primer Director de la Academia Diplomática del Perú, fundada en 1955.

En la sesión inaugural de la Academia, que contó con la presencia del Canciller David Aguilar Cornejo, el Dr. Ulloa destacó dos temas que en el devenir funcional del ex Canciller y ex Senador no había dejado suficiente huella en el Servicio Diplomático. Estos temas fueron la vocación hemisférica del Perú, destacada desde mediados del siglo XIX, y una erudita meditación sobre la naturaleza y la función de la Diplomacia en su perspectiva histórica y operativa.

De lo primero, Ulloa ya había dado cuenta preliminar en su estudio sobre la Doctrina Monroe y en su paso por la Cancillería había destacado el principio de no intervención en la relación constructiva con Estados Unidos. Pero 1955 era un año en que la Guerra Fría ya había dado muestra concreta de sus peligros con la división del sistema internacional en dos polos de poder. En este contexto, el sistema interamericano había cuajado en Bogotá en 1948 mientras que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se había formalizado un año antes en Río de Janeiro.

Esta realidad, que formó parte de la posición internacional del Perú “frente a las amenazas a la Independencia americana”, fue puesta en conocimiento de los países americanos en 1846 mediante nota circular. Y la posición se reiteró frente a Chile en 1855 con vistas a un Tratado Continental que el Perú propiciaba. Pocos años más tarde se realizó en Lima el Congreso Americano de 1864, al que fueron invitados Chile, Ecuador, Nueva Granada, Bolivia, Buenos Aires, Estados Unidos, Centro América y Brasil para fijar “de un modo sólido las bases de la futura tranquilidad y seguridad de los pueblos de Suramérica”.

De esta manera, Ulloa dio cuenta de la formación de la “causa americana” basada en una realidad de amenazas externas (los intentos europeos, pero especialmente españoles, de reposicionarse en América) y también en las negociaciones diplomáticas de 1847, la iniciativa de Tratado Continental de 1856 y la convocatoria y Congreso de 1864.

A pesar de que estas iniciativas pudieron tener alguna convergencia con los planteamientos de defensa americana de la Doctrina Monroe, Ulloa reconoce que “nuestra propia defensa y nuestros propios problemas interfirieron en el Congreso Americano de 1864″.

Diplomacia

Antes que una definición de la diplomacia como instrumento de política exterior, Ulloa realizó en ese discurso un esbozo no lineal, sino circular, de su dimensión internacional. Partiendo de un escenario previo al Estado-Nación y de una Diplomacia circunscrita al estudio que requirió a “unos pocos investigadores u ordenadores de papeles del Estado” y de su evolución paralela al surgimiento de “intereses permanentes»(del Estado), Ulloa identificó una tendencia donde la complejidad de las interacciones era moldeada por formalidades, si no intrascendentes, sí carentes de conocimiento suficiente hasta que las necesidades y riesgos de la modernidad devolviesen a la diplomacia su contenido esencial.

Así se creó “un círculo vicioso de proporciones universales (que) ha quitado oportunidades a la acción directa de los mejores” creando una Diplomacia “casi multitudinaria, de misiones especiales y conferencias e instituciones” y una “diplomacia de presupuestos que premia la mediocridad sobre la diplomacia de la inteligencia”.

Debido al conocimiento sustantivo de esta diferencia, Ulloa prefirió resaltar las figuras de Metternich, «que hizo de la política internacional una sabia alquimia en que se calculaba todas las posibilidades y se las pesaba con prudencia y destreza en una balanza fina…” cuyo efecto fue rescatar a Austria de Napoleón y la de Canning, «quien satisface una trilogía casi insuperable: La concepción, la realización y el resultado” entendiendo que “el eje de la Historia había de desplazarse» hacia el Nuevo Continente “y quiere aprovecharlo contra los enemigos continentales de Inglaterra”, sobre la de Maquiavelo, «quien no fue un creador sino un producto: Más un fruto que una siembra […] cuyos consejos ya habían sido vividos por muchos príncipes”.

Carlos Manuel Isaac Gallagher Canaval, nació en la ciudad de Lima el 3 de marzo de 1885, la familia Gallagher, radicó en la capital durante la mayor parte del siglo XIX, eran una familia oligárquica típica de la época, mezcla de migrantes recién llegados del continente europeo con las antiguas familias de descendencia española de Lima. Su abuelo había sido John Patrick Gallagher O’Connor, nacido a comienzos del siglo XIX en el seno de una familia irlandesa que migró a Escocia. Como muchos europeos de la época, se trasladó al nuevo mundo, donde rápidamente alcanzó notoriedad y obtuvo tierras en el Perú. Se casó con otra descendiente británica, Isabel Hamilton Gibbs Robertson, cuya familia llegó a controlar en algún momento considerables intereses en el comercio guanero; juntos tuvieron cuatro hijos, el primero de ellos, John Patrick Gallagher Gibbs, padre de Manuel.

El lado materno de su familia era, para estándares peruanos, quizás menos exótico y más tradicional. Su abuelo materno fue José Mansueto Canaval y Zamudio, nacido en una de las familias más prominentes del Perú. Contrajo matrimonio con Josefa Munárriz y Manrique, miembro de otra importante familia limeña. Juntos tuvieron seis hijos, de los cuales, la más joven era Petronila Canaval Munárriz, madre de Manuel.

John Patrick Gallagher y Petronila Canaval tuvieron seis hijos, a pesar de las dificultades políticas y económicas de aquellos años, lograron darles la educación que se esperaba de una familia de su posición. A los seis años, el joven Gallagher fue inscrito en el recién inaugurado colegio los Sagrados Corazones, también conocido como La Recoleta. Dirigido por sacerdotes franceses, el colegio simbolizaba la admiración que las clases altas limeñas tenían por todo aquello de origen francés. Gallagher formó parte de la primera promoción de 1901, conoció y formó amistades duraderas con aquellos hijos de familias que también compartían el estatus social de los Gallagher. Los hermanos García Calderón, Francisco y Ventura, también pertenecían a aquella promoción. Al igual que hoy en día, los principales lazos de amistad para las clases altas limeñas se formaban en los colegios, no en las universidades o durante el ejercicio de sus profesiones.

En 1903, ingresó a la Universidad de San Marcos a estudiar Derecho. Los ámbitos político, económico y cultural del Perú habían cambiado dramáticamente desde el año de su nacimiento. Estos eran los años de la república aristocrática, durante los cuales una estabilidad política y un crecimiento económico sin precedentes tuvieron lugar. E1 país era gobernado por una oligarquía que consistía de un puñado de familias de ascendencia europea, que decidían el destino de millones de peruanos, los mismos que en su mayor parte estaban excluidos del proceso político. El Club Nacional, donde los principales representantes de este grupo se reunían, era el lugar donde se formulaban las decisiones políticas y económicas de la nación; más adelante, Gallagher sería presidente de dicho club en dos ocasiones.

Manuel Gallagher terminó oficialmente su carrera en San Marcos en 1911, año en el cual defiende su tesis doctoral restitución por entero. Este trabajo, como deja entender el título, lidiaba con la naturaleza del derecho legal de la restitución. Para él, este derecho, de acuerdo a su aplicación en la ley peruana, era negativo. Argumentaba que a pesar de que “la restitución completa busca favorecer al más débil, en efecto, le hace más daño”, ya que la mayoría de las personas serían más cautelosas a la hora de establecer contratos con ellos. La tesis de Gallagher lo convirtió en uno de los principales exponentes del derecho peruano en este período. Después de graduarse, este prestigio le valió un puesto en la conocida notaría de los hermanos Luis Felipe y Manuel Vicente Villarán.

Pero durante sus años en San Marcos, Gallagher no se limitó al Derecho; también estuvo abierto a diversas ideologías que despertaron su interés en la política. Al principio, estas curiosidades fueron satisfechas al aproximarse a las principales corrientes intelectuales de aquel entonces, las cuales estaban influenciadas por las ideas europeas, y en particular francesas, de aquel tiempo y que se reflejaban en el currículo de la universidad. El pensamiento positivista parecía estar presente en todos los cursos y Gallagher, como la mayoría de la oligarquía, rápidamente se identificó con esta tendencia. Francisco García Calderón, su antiguo compañero de colegio, llegó a ser uno de los principales exponentes de esta filosofía en el Perú, la cual, entre varios otros postulados, insistía en la necesidad de que una élite guiara a la nación hacia la prosperidad. Gallagher, al igual que sus pares, era visto como parte de esa élite privilegiada.

Eventualmente, se alejaría del positivismo clásico, al igual que otros miembros de la oligarquía al considerarlo incompatible con las realidades políticas de aquel entonces. Estos hombres serían posteriormente conocidos como la “Generación del 900″. El líder de este grupo y quien más influiría a Gallagher políticamente fue José de la Riva Agüero. El futuro Canciller pasaba gran parte de su tiempo en la casa de Riva Agüero, donde se le podía encontrar rodeado de otros miembros de la citada generación. Luis E. Valcárcel, miembro importante del grupo, aunque a diferencia de la mayoría, miembro de la corriente indigenista, recuerda más de una ocasión en que se celebraron cenas en las que Gallagher estuvo presente. Era afectuosamente conocido como el “bromista” del grupo, pero también respetado por su inteligencia.

A través de este grupo intelectual, Gallagher participó activamente en la vida política nacional después de su graduación. Fue uno de los fundadores del Partido Democrático Nacional (PDN) en el año 1915, el cual era liderado por el mismo Riva Agüero.  El PDN reflejaba las inquietudes y malestares que la “Generación del 900” tenía sobre el futuro político del país y, en particular, en cuanto al rol jugado por el Partido Civil, el dominante de la época. El PDN postulaba una visión propia, y bastante peculiar, del liberalismo. Dicha organización, argumentaba Riva Agüero, era el único verdadero partido liberal pues no exigía el gobierno de la clases medias, sino más bien un gobierno que mantuviera un lugar de liderazgo de hombres de clases superiores.

Sin embargo, el PDN nunca jugó un papel importante en la vida política peruana, en gran parte debido a que sus miembros deciden autoexcluirse del proceso electoral. Para ellos, el país aún no estaba preparado para su visión del Perú: las masas tendrían que ser educadas para apreciarlos. Esto les valió el rótulo de “futuristas’, acuñado en tono de burla por el editor del diario La Prensa, Augusto Durand. Los miembros del PDN, sin embargo, rápidamente adoptaron dicho apodo con considerable orgullo, tomando en cuenta los rótulos “arielistas” y “futuristas”, el historiador americano Frederick Pike ha sido quien mejor ha descrito la naturaleza compleja del partido, la cual representaba una paradoja: “…si bien en la política ignoraban el presente debido a una infatuación con el futuro, en su búsqueda intelectual tendrían a ignorar el presente debido a una obsesión con el pasado”.

Su actividad política no sólo se vio limitada por la propia dinámica del PDN, sino también porque en 1919 comenzó el “oncenio” de Augusto Leguía, período durante el cual se suspendió el régimen democrático y se castigó toda oposición política. Esto recién cambió en 1930, con el colapso de la “Patria Nueva”. Antes de que el país cayera en una virtual guerra civil entre apristas y sanchecerristas, muchos de los antiguos futuristas formaron un nuevo partido político, conocido como la Acción Republicana, del cual Gallagher fue miembro. El partido, sin embargo, rápidamente sufrió divisiones internas y, en el caos político existente, su posición moderada lo hizo redundante. Sin embargo, Gallagher asumió su primer puesto público cuando Riva Agüero fue elegido Alcalde de Lima y lo nombró como uno de los regidores de la ciudad. Tras el breve período democrático de 1930-1933, el Perú regresa a la Dictadura con el Gobierno de Oscar R. Benavides. Cabe resaltar que durante toda década de los treinta, Gallagher cooperaría con los diversos gobiernos, redactando proyectos de ley que crearon varías entidades como el Banco Agrícola, la Cámara Algodonera y el establecimiento del Departamento de Recaudación de la Caja de Depósitos y Consignaciones. También alcanzó su puesto público de más alta importancia al ser nombrado Director del Banco Central de Reserva.

Apoyado por la oligarquía, el General Benavides gobernó hasta 1939, año en el cual se inicia la Segunda Guerra Mundial. Perú apoyaría a los aliados y se acercaría aún más a los Estados Unidos, pero este desarrollo pudo haber sido diferente. Durante el Gobierno de Benavides, las relaciones entre ambos países fueron accidentadas; la actitud hacia los Estados Unidos por parte de Benavides fue poco entusiasta, ya que el general se mostraba preocupado por la creciente intervención norteamericana en asuntos internos peruanos y también la dependencia que la economía peruana había desarrollado en la última década, la cual mostró su lado negativo con la crisis de 1929. Para Benavides, los intereses del Perú y los americanos no siempre eran compatibles, y esto se vio reflejado en la actitud ambivalente del gobierno peruano hacia los regímenes fascistas europeos.

Manuel Gallagher jugó un papel esencial durante todo este proceso, y estuvo activo incluso antes de ser invitado a formar parte del gabinete Prado en 1943. Atendió una serie de conferencias en 1942, en las cuales la posición del Perú hacia las potencias del Eje, y por ende su posición hacia los Estados Unidos, fue establecida. Viajó con el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Solf y Muro, a la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que tuvo lugar en Río de Janeiro a comienzos de ese año y donde se propuso que todas las repúblicas americanas rompieran sus relaciones con las potencias del Eje en un acto de solidaridad con los Estados Unidos. Todas las naciones endosaron la moción, habiendo sido la única excepción la Argentina.

Pocos meses después, Gallagher, quien para ese entonces trabajaba en el Ministerio de Hacienda, fue nombrado como representante peruano en la Conferencia Interamericana sobre Sistemas de Control Económico y Financiero en Washington. El propósito de la conferencia era discutir las acciones necesarias para lidiar con los activos de las naciones enemigas, una situación altamente irregular tomando en consideración que el Perú aún no se encontraba oficialmente en estado de guerra con las potencias del eje. Dichos activos incluían bancos y finanzas, actividades agrícolas e industriales, etc. Poco después, el Perú expropiaría los activos económicos alemanes, italianos y japoneses con particular entusiasmo. Incluso se embarcaría en una controversial política de deportar a ciudadanos de estos países a campos de concentración en los Estados Unidos.

Los esfuerzos de Gallagher en el Ministerio de Hacienda fueron bien vistos por el Presidente Prado, quien lo nombró Ministro de Justicia y Trabajo, una posición que lo alejó temporalmente del ámbito internacional. Esta situación duró poco, sin embargo, pues en diciembre de 1944 fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores. La coyuntura no podía ser más crítica, y demostraba la confianza que Prado tenía en las habilidades de Gallagher: La guerra en Europa estaba llegando a su inevitable final y la derrota de la Alemania nazi parecía inminente. Después de que se asentara el polvo, se tendría que construir un nuevo orden mundial y el Perú tendría que encontrar su lugar en este orden.

La prioridad del Perú era tomar las medidas necesarias para unirse a las Naciones Unidas, el nuevo organismo internacional que reemplazaría a la moribunda Sociedad de Naciones. Su intermediario en Washington era el embajador peruano en los Estados Unidos, Pedro Beltrán. A través de él, los estadounidenses habían extendido al Perú una invitación para unirse al nuevo organismo, pero al mismo tiempo le informaron sutilmente a Beltrán para que dicha invitación fuese aceptada sería “conveniente” que el Perú le declarase formalmente la guerra a Alemania y Japón (Italia ya se encontraba bajo el control de los aliados). Esto era necesario para impedir cualquier objeción soviética al respecto, ya que los rusos consideraban que las “Naciones Asociadas” (dentro de las cuales se encontraba el Perú) que no habían participado activamente en el conflicto no deberían tener el privilegio de adherirse a las Naciones Unidas.

El Departamento de Estado y Gallagher trabajaron juntos para asegurar que el Perú no fuese excluido del nuevo organismo internacional. Para los norteamericanos, las “Naciones Asociadas” habían jugado un papel esencial en el conflicto:  Acaso el Perú no había permitido la construcción de bases militares, coordinado con la armada norteamericana, ¿expropiado los activos del eje y vendido toda la materia prima que requería el enorme ejército estadounidense?, pero a pesar de esto, una declaración formal de guerra aún era necesaria.

A comienzos del mes de febrero, Gallagher y sus asistentes comenzaron a escribir la declaratoria que establecería la posición peruana frente a las potencias del Eje. Gallagher quería asegurarse de que esta cumpliera con los requisitos exigidos por la Declaración de la Naciones Unidas. El documento tendría que ser presentado al Departamento de Estado por Eduardo Garland, el Chargé d’affaires (Beltrán se encontraba en una de sus regulares visitas a Lima). De acuerdo a este documento, cuando la guerra empezó, el Presidente Prado, de manera independiente y sin ninguna obligación pre establecida, había declarado qué ante la presencia de un espíritu de conquista en nombre de los privilegios de raza y sistemas gubernamentales, el Perú se había adherido a la causa de los Estados Unidos, país que luchaba para mantener la integridad de la democracia en el mundo. Aunque no había sido directamente atacado por las potencias del eje, el Perú actuó en solidaridad con otras repúblicas americanas, es decir, esencialmente con los Estados Unidos.

La delegación peruana que viajó a la Conferencia de San Francisco fue lideraba por el mismo Gallagher. Incluyó a otros peruanos notables, algunos diplomáticos de carrera, otros no, tales como Víctor Andrés Belaunde y Luis Fernán Cisneros, entre otros. Durante la Conferencia, el Perú naturalmente apoyó a los Estados Unidos en sus disputas con la Unión Soviética. En ciertas ocasiones, el Perú y el resto de las repúblicas americanas no tuvieron objeciones ante las demandas rusas, como en el caso del reconocimiento de Ucrania y la “Rusia Blanca” (actual Bielorrusia) como estados soberanos e independientes (sabiendo perfectamente que bajo el control soviético no lo eran), pero otros puntos culminaron en tensos debates y turbulentas negociaciones. Dos controversiales demandas soviéticas fueron que el Gobierno comunista polaco basado en Varsovia fuese reconocido y que la Argentina, debido a su posición ambivalente durante los años de la guerra, fuese excluida de la Naciones Unidas. Los latinoamericanos se negaron a reconocer al Gobierno polaco a menos que las objeciones rusas a la participación argentina fuesen abandonadas. Molotov, el Canciller de Stalin, empezó a perder la paciencia debido a la posición de los países latinoamericanos, al punto que “el ruso tartamudeó, se hinchó y estalló”. Cuando los rusos insistieron, recuerda Víctor Andrés Belaunde, tanto Gallagher como el representante ecuatoriano “les dieron una tunda». El Jefe de la Delegación Norteamericana, Edward Stettinius quien sin lugar a dudas promovió la posición latinoamericana, veía estos eventos con enorme satisfacción.

Por otro lado, Gallagher peleó intensamente por el derecho de las “pequeñas naciones». El nuevo organismo no debería estar controlado por las grandes potencias, argumentaba el canciller peruano, sino realmente reflejar los intereses de todos sus miembros. Aunque era una pelea imposible de ganar, Gallagher expresó su oposición al derecho al veto que los “cinco grandes” (Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China) podrían ejercer en el Consejo de Seguridad, pues iba en contra de esta lógica. Gallagher presintió correctamente que dicho poder podía potencialmente “paralizar» la labor del organismo. Sin embargo, Gallagher no deseaba que su oposición fuese interpretada como un gesto hostil hacia las grandes potencias. Una anécdota hacia fines de la Conferencia es muy ilustrativa de cómo el Canciller trató de criticar y elogiar a los “cinco grandes» simultáneamente: En el Edificio de los Veteranos de San Francisco, el representante cubano propuso un voto de gracias a Edward Stettinius, moción que fue secundada por Gallagher. Pero al hacerlo, este también expresó su admiración por la manera como los “cinco grandes” habían manejado la conferencia. Un silencio incómodo se apoderó del cuarto, puesto que este estaba lleno de personas que, al ser también defensores de los derechos de las «pequeñas naciones”, no estaban del todo contentos con los resultados de la conferencia. Segundos después, Gallagher propuso otro voto de gracias, pero esta vez a Herbert Evatt, el representante australiano que había peleado contra el derecho al veto con particular tenacidad. Todos se pusieron de pie, incluso Lord Halifax, el representante británico. El australiano, claramente emocionado, chistó: “Me gustaría decir muchas cosas en este momento. Pero temo que alguien ejerza su poder de veto sobre mí». Incluso el embajador ruso Gromkyo estalló en risas.

Para los peruanos, los resultados de la conferencia fueron ambiguos. El discurso de Gallagher al comienzo, más allá de “…rendir homenaje a la bravura británica y al esfuerzo norteamericano, soviético y chino”, también expresaba que “fracasada la Liga de las Naciones, se buscaba en San Francisco un camino más seguro de la paz, a través de un organismo jurídico, que dentro de un ambiente universal de cultura y moral hiciera imposible las guerras». Sin duda sincero, Gallagher expresaba las esperanzas que los peruanos tenían en aquel momento. Pero la posición peruana era realmente una de “optimismo cauto temperado por pragmatismo”. En otras palabras, los peruanos no estaban dispuestos a tener una fe sin límites en el nuevo organismo, especialmente en cuanto a temas regionales. Durante la Conferencia, el Perú abogó por la creación de agencias internacionales, pero sin mayores resultados. Debido a esto, dos años después el Perú participaría en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y Seguridad en Río de Janeiro, en 1947 (en la cual Gallagher estuvo presente a pesar de no ser canciller en aquel momento) y la Conferencia Interamericana de Bogotá, en 1948. En estos dos foros, el Perú se unió a otras naciones latinoamericanas guiadas por los Estadas Unidos para crear instituciones con la esperanza de mantener la paz en la región, intentando construir así sobre las bases de la Conferencia de Chapultepec, en 1945, la cual inicia el proceso. El resultado fue que “…el gobierno peruano, junto con sus vecinos hemisféricos, prefirió la Organización de Estados Americanos sobre las Naciones Unidas como un foro para la discusión de cuestiones relacionadas con la paz y seguridad regional».

Gallagher dejó su puesto como Ministro de Relaciones Exteriores en 1945, año en el cual se dieron las elecciones para elegir al sucesor de Manuel Prado. En buena medida debido al entusiasmo democrático que acompañó la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, sale victorioso el Frente Democrático Nacional liderado por José Luis Bustamante y Rivero. El FDN, buscando una auténtica reforma democrática, fue integrado por varios partidos políticos, incluyendo el Partido Aprista (bajo el nombre de Partido del Pueblo), el cual se reintegra al sistema político tras más de una década proscrito. Pero el gobierno de Bustamante se va a caracterizar por su inestabilidad política a causa de los constantes conflictos entre el presidente y sus aliados apristas. El Gobierno llegó a su fin en 1948 por un golpe de Estado, tras una fallida revuelta del APRA el 3 de octubre (aunque los planes para derrocar a Bustamante existían desde antes, la oligarquía conspirando con el Ejército al estar en desacuerdo con sus políticas económicas). El golpe fue liderado por el general Manuel A. Odría y respaldado por los sectores más reaccionarios de la oligarquía.

Entre los años 1948 y 1950, Odría fue el Presidente de facto del Perú, el Congreso estaba suspendido y el gabinete compuesto por representantes de las Fuerzas Armadas con nula o limitada experiencia política. Odría convocó a elecciones en 1950, en las cuales participó como candidato único, tratando de darle al régimen una fachada constitucional. Se volvió por lo tanto aceptable para civiles formar parte de su gabinete y Manuel Gallagher fue llamado a ser una vez más Ministro de Relaciones Exteriores.

En 1950 el contexto internacional había evolucionado. Dos años antes había ocurrido el bloqueo de Berlín, simbolizando el comienzo de la guerra fría. El Perú se había vuelto más hostil hacia la URSS y había adoptado una posición ferozmente anticomunista: Tras el golpe de Odría se declara ilegal al Partido Comunista y se persigue a sus miembros. En el plano internacional, cualquier posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con la URSS fue dejada de lado. Pero a pesar de que Gallagher compartía la posición anticomunista del régimen, el Canciller no siempre estuvo en contra de establecer relaciones diplomáticas con la URSS. Aunque en 1951 insistiría en que en 1945 el Perú se negó a entablar relaciones diplomáticas con el gobierno de credo marxista y que los hechos actuales acreditan si mi país estuvo o no equivocado, la correspondencia diplomática demuestra lo contrario. En 1945, el sucesor de Gallagher, Javier Correa, instruyó a la Embajada del Perú en Washington contactar al embajador ruso para iniciar conversaciones sobre el posible establecimiento de relaciones. Los intereses del Perú exigían tener buenas relaciones con todas las grandes potencias. Correa culminó el cablegrama diciendo “que había sido la iniciativa del Ministro Gallagher en San Francisco». El Departamento de Estado serviría como intermediario entre ambos países. En el contexto de la guerra fría, Gallagher no estaba siendo del todo sincero.

La creciente amenaza por parte del bloque soviético también logró que Gallagher dejara de lado cualquier tendencia democrática que hubiese tenido. Esto se vio reflejado en el apoyo que le otorgó al Gobierno español de Francisco Franco, aunque las razones fueron mucho más complejas pues Gallagher siempre fue un fiel hispanista. Durante la Conferencia de San Francisco, Gallagher apoyó fielmente a España cuando varios cuestionaban al Gobierno dictatorial del caudillo. Posteriormente, en 1951, al ser condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, el canciller explicó su posición de 1945 durante la ceremonia: “yo defendí en realidad a la raza hispánica, y creí mi obligación defender también a la Madre Patria. Yo creo que la causa de España es también la causa del Perú. Si debemos defendernos del comunismo, los más seguro es buscar como aliados a los que ya sabemos son contrarios a él, porque lo ha combatido y lo han vencido”. En cuanto a la gestión de Franco, consideraba que era un ejemplo “… sobre todo para las Naciones de América, que le debemos a España el fundamento de nuestros sistemas políticos, nuestro idioma y sobre todo nuestra religión. Los peruanos bendecimos nuestro pasado» La ceremonia, la cual formaba parte de las Fiestas de Hispanidad, culminó con el mismo Gallagher imponiéndole a Francisco Franco el Gran Collar de la Hispanidad.

Sin embargo, para el Gobierno de Odría, más preocupante que el comunismo era la amenaza aprista. Tras el fallido putsch aprista de 1948, Odría lleva a cabo una extensa campaña de persecución contra sus principales líderes, quienes fueron encarcelados o exiliados. Pero Haya de la Torre elude la captura, viviendo varios meses en la clandestinidad. Cuando los esfuerzos para apresarlo se intensifican, el líder aprista busca refugio en la Embajada de Colombia, asumiendo que Odría respetaría el derecho a asilo y le concedería un salvoconducto, evitando así una crisis diplomática.

Ciertamente, Haya de la Torre subestimó la terquedad del General, y también el malestar que las acciones del APRA habían causado entre la oligarquía y las Fuerzas Armadas: Ambas no habían olvidado los eventos de 1948, menos aún los eventos de 1932. Ellos asesoraban ahora a Odría, y el General se negó a otorgar el salvoconducto a Haya. El espectáculo que se dio a continuación fue visto con vergüenza por la comunidad internacional, muchos peruanos e incluso algunos miembros del mismo gobierno. Tropas del ejército rodearon la Embajada de Colombia y establecieron un sistema de trincheras para asegurar que no intentara escapar. El Gobierno le dio a Haya de la Torre demasiado crédito como amenaza política.

El líder aprista, argumentó el Gobierno, no era víctima de una persecución política, sino simplemente un criminal común, y por lo tanto el derecho de asilo no podía serle extendido. El gobierno colombiano argumentó correctamente que esa era una decisión que a ellos les correspondía tomar, no así al gobierno del cual el refugiado intentaba escapar. Cuando quedó claro que las negociaciones directas entre ambos países no llegarían a un resultado satisfactorio, se intentó el arbitraje internacional ante la Haya. El juicio aún estaba en curso cuando Manuel Gallagher asumió la Cancillería en el año 1950.

La Corte Internacional de Justicia, inexplicablemente, fracasó en su tarea. Dos fallos contradictorios fueron emitidos. En el primero, el 20 de noviembre de 1950, la Corte estableció que el gobierno peruano no estaba obligado a concederle el salvoconducto a Haya de la Torre, Poco después, Gallagher formuló el pedido para la entrega oficial del refugiado, informándole al gobierno colombiano que “…ha llegado el momento de cumplir la sentencia expedida por la Corte Internacional de Justicia, poniendo término al amparo indebido que presta esa embajada a Víctor Raúl Haya de la Torre». El gobierno colombiano se rehúsa a entregar al asilado, hecho que Gallagher consideró “insólito”. Los colombianos, argumentaba Gallagher, usaban “…pretextos ridículos para disimular rebeldía contra la sentencia». Asimismo, consideraba que cualquier miedo sobre la seguridad del asilado era “absurdo”. Los colombianos apelaron la decisión de la Corte y, en un segundo fallo, esta estimó que el gobierno colombiano no estaba obligado a entregar a Haya de la Torre.

A medida que pasaba el tiempo, ambos gobiernos se percataron de la futilidad de la situación y se buscó llegar a un acuerdo. El primer paso fue tomado por el canciller colombiano, quien en junio de 1951 contactó a Gallagher para plantearle la posibilidad de nombrar a dos delegados de cada país para ponerle fin al asilo. Gallagher respondió que tratándose de “…países amigos como el Perú y Colombia, que mantienen normales relaciones diplomáticas, no se justifica el nombramiento de delegados especiales que traten la cuestión». El rechazo de Gallagher en efecto buscó normalizar la relación entre ambos países, pues sugiere que no debían apartarse “del curso de una amistosa y normal negociación” y que por lo tanto deben efectuarla por intermedio de las misiones diplomáticas establecidas. El resultado fue un intenso cambio de notas que culminó con un comunicado de prensa en el cual ambos gobiernos anuncian que “…han convenido tratar la cuestión empleando los cauces normales de las representaciones establecidas en Bogotá y Lima”. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Gallagher, la situación duró otros tres años más. Recién en 1954 los gobiernos del Perú y Colombia llegarían a un acuerdo: Los colombianos entregarían a Haya de la Torre a las autoridades peruanas, quienes a cambio lo exiliarían poco después de recibirlo. Esta solución evitó una mayor humillación para el régimen de Odría. El principal resultado de estos cinco años fue que Haya de la Torre recibió una exposición mediática que no hubiese tenido en el exilio.

Gallagher jamás vería la resolución de esta crisis diplomática, aunque él estableció las bases para la misma. En julio de 1952 abandonaría el Ministerio, y fallecería menos de un año después, el 6 de mayo de 1953, a los sesenta y ocho años. Su carrera fue destacada por todos los periódicos limeños, pero también por el mundo, en especial España, donde era recordado como el “grande y constante amigo de España».

Gallagher estuvo presente en momentos críticos de la diplomacia peruana. Su intervención en el caso del asilo de Haya de la Torre permitió una solución al impasse diplomático. Sin embargo, su acercamiento a regímenes como el de Franco en los últimos años demostró que el canciller quizás no era tan amigo de la democracia como dijo serlo durante la firma del Acta de San Francisco. Más allá de estas posiciones, sin embargo, Gallagher guio al Perú en un momento de la historia en el cual el mundo cambiaba violentamente.

David Aguilar Cornejo, nació el 29 de enero de 1902 en una modesta casa de la Calle Adolfo King en el Puerto del Callao. Años tempranos de la República Aristocrática, nace en un momento en el cual se inicia el dominio civilista de la política peruana con la elección de Eduardo López de Romaña. Este dominio por parte de la oligarquía se vería interrumpido en pocas ocasiones hasta 1968. Años después, el mismo David Aguilar Cornejo, bajo el liderazgo de su cercano amigo y Presidente, el General Manuel A. Odría, defenderá acérrimamente la posición de estos intereses dominantes.

Dicha posición no estaba predeterminada. Aguilar Cornejo nace siendo parte de una creciente clase media que emerge durante estos años, y muchos de sus miembros no necesariamente apoyaron a la oligarquía en el futuro. Poco es sabido sobre su familia, excepto que sus padres, David Aguilar y Juana Cornejo Iriarte, provenían de “antiguas familias entroncadas con Trujillo y Arequipa». Era una familia numerosa, siendo el mayor de siete hermanos, cuatro hombres y tres mujeres.

A mediados de la década de 1910, la familia retornaría a Lima y David Aguilar Cornejo terminó sus estudios en el prestigioso Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Este había sido fundado a mediados del siglo XIX, y por sus corredores habían pasado múltiples personajes de la historia peruana: Desde héroes de la Guerra del Pacífico a presidentes de la república, tales como Manuel Pardo y Lavalle y Manuel Candamo Iriarte. También estudiarían en sus aulas el poeta Abraham Valdelomar y el Historiador Jorge Basadre. A pesar de ser visto como un colegio de élite, había mecanismos de meritocracia para que alumnos que proviniesen de familias no tan pudientes pudiesen estudiar en la institución, lo cual, posiblemente, permitió el ingreso de Aguilar Cornejo.

David Aguilar Cornejo ingresaría a la Universidad de San Marcos, donde se especializó en Derecho Penal. Décadas después, en una entrevista, recordó que sus años universitarios fueron duros debido a la falta de recursos económicos. A diferencia de muchos miembros de la clase alta que cursaban en San Marcos, pagó sus propios estudios trabajando como Juez de Paz en el Callao. Aun así, recordaba, apenas le sobraba para vivir. Debido a que no tenía dinero para la movilidad, todos los días caminaba el largo de la “arbolada y solitaria” avenida Arequipa desde Miraflores al centro de Lima. Esta experiencia lo marcó de por vida y decidió que, una vez profesional, ayudaría a aquellos incluso menos afortunados que él. Finalmente se graduaría en el año 1928 como abogado con la tesis La dispersión de la justicia en el Perú. Durante estos años también contrajo matrimonio con Olga del Solar, con quien tendría una hija, María Isabel Patricia.

Poco después de su graduación empezó su actividad política. En las elecciones de 1931, comicios caracterizados por la polarización política entre el aprismo y el sánchezcerrismo, Aguilar Cornejo rechazó a ambos y otorgó su apoyo al candidato de Acción Republicana, José María De La Jara y Ureta. La Acción Republicana fue, en una primera instancia, una agrupación que buscaba representar al liberalismo en un momento en el cual los dos extremos criticaban dicho camino. En la práctica, sin embargo, dentro del partido había diferentes tendencias políticas y posiciones económicas. Muchas de las figuras más moderadas, como Jorge Basadre, abandonaron el partido antes de las elecciones y la Acción Republicana terminó representando viejos intereses civilistas, aunque todavía postulando una posición democrática. Esta sería la única vez que Aguilar Cornejo demostró cierta simpatía por un partido moderado, y en los siguientes comicios optó por agrupaciones más radicales. Si la contundente derrota del mismo de la Jara y Ureta aportó a esto es difícil de determinar.

Tras la victoria de Sánchez Cerro, se inició una virtual guerra civil entre este y el APRA, la cual culminó con la Revolución de Trujillo en 1932. Poco después, el mismo Sánchez Cerro es asesinado y su agrupación, la Unión Revolucionaria, opta abiertamente por emular al fascismo europeo bajo el liderazgo de Luis A. Flores. Es a esta agrupación a la cual David Aguilar Cornejo se unió durante estos años. En las elecciones de 1939 (las de 1936 fueron anuladas por el General Benavides), la Unión Revolucionaria apoyó a José Quesada Larrea, y Aguilar Cornejo fue nombrado como personero de dicha candidatura frente al Jurado Nacional de Elecciones. Quesada Larrea, de claro corte conservador, postuló bajo la bandera del reaccionario Frente Patriótico.

Dichas elecciones tuvieron una fuerte carga simbólica. A pocos meses del inicio de la segunda guerra mundial, los comicios fueron vistos como una lucha entre el fascismo y la democracia, lucha que no solo estaba ocurriendo a escala globa1, sino también en el Perú. Los sectores más reaccionarios de la oligarquía peruana, buscando proteger sus intereses económicos, apoyaron a Quesada Larrea. Sin embargo, ellos habían cometido un grave error, pues iba contra los deseos de la población o, en todo caso, de aquellos peruanos que tenían el derecho a ejercer el voto tomando en cuenta las restrictivas leyes electorales de aquel entonces. Quesada Larrea perdió las elecciones, mientras que Manuel Prado y Ugarteche, candidato de la Concertación Nacional -frente antifascista que agrupaba a diversos partidos políticos-, obtuvo más del 70% de los votos.

La victoria de Bustamante y Rivero, sin embargo, representó para Aguilar Cornejo más una oportunidad que un fracaso, debido a que el presidente reformista perdió el control de su principal aliado, el APRA. Estos últimos, quienes se consideraban los responsables de la victoria de Bustamante, decidieron aplicar su programa desde el Congreso, donde tenían una amplia mayoría, dejando en ridículo al Ejecutivo. La situación se volvió más compleja debido a que el APRA estaba atravesando por una decisión entre aquellos apristas que deseaban llegar al poder por la vía democrática y quienes no deseaban abandonar el camino revolucionario. Perdiendo el control de esta última facción, Haya de la Torre no pudo evitar que el 3 de octubre elementos apristas intentaran llevar a cabo una rebelión en el Puerto del Callao. La rebelión es rápidamente aplastada, pero los días de Bustamante y Rivero estaban contados.

Para este entonces, la Unión Revolucionaria ya había expresado su apoyo al golpe que había acabado con cualquier esperanza reformista. David Aguilar Cornejo, como figura clave de la UR, tuvo la posibilidad de convertirse en una figura importante en el nuevo régimen. Una de sus primeras responsabilidades fue conducir la investigación del asesinato de Francisco Graña Garland, editor de La Prensa, quien había sido asesinado en 1947, supuestamente por apristas. La investigación ya había comenzado bajo Bustamante, pero la posición política del APRA en aquel entonces le permitió tener cierta influencia sobre los procedimientos. Ahora, dicha influencia había desaparecido, y el juicio fue usado para perseguir a los miembros del partido del pueblo.

Tiempo después, Víctor Villanueva escribió en su libro El APRA y el Ejército sobre el papel que Aguilar jugó en dicho juicio. Según Villanueva, Aguilar (abogado de la parte civil) era realmente quien manejaba el proceso (“actuó casi como fiscal”) y buscaba usarlo como una herramienta para condenar moralmente al partido. La versión de Villanueva proviene de una conversación que tuvo con Aguilar Cornejo en el café Haití algún tiempo después de los acontecimientos. Villanueva había escrito un artículo en un semanario local que exponía algunas teorías sobre el asesinato de Graña, muchas de las cuales contradecían lo argumentado por el régimen de Odría. Tras leerlo, Aguilar le comentó que la visión expuesta en el artículo era “… la que más se aproximaba a la realidad, la más lógica, la que mejor explicaba los acontecimientos» naturalmente, Villanueva se vio sorprendido, puesto que dicha visión era contraria a lo que había dicho Aguilar durante el juicio. Supuestamente, Aguilar le respondió lo siguiente: “Qué quiere usted! Si el proceso se hubiera ceñido a las normas jurídicas, habría demorado por lo menos diez años en esclarecerse, y no se trataba de descubrir al asesino. Este fue un juicio político. Había que demostrar que fue el Partido Aprista el autor moral del crimen. Yo tuve que proceder como quien entra en la selva, rozando la maleza en busca de un aprista, echando abajo todos los obstáculos que lo impidieran.

El General Odría obtuvo más del 80% de los votos en las elecciones. Pero este resultado no se debió del todo a las habilidades de Aguilar Cornejo, sino más bien a la Ley de Seguridad Interior, la cual había suspendido todas las garantías constitucionales y fue usada para perseguir a los opositores del régimen. El hecho de que Odría se presentó como candidato único también le debe haber facilitado considerablemente el trabajo a su asesor político.

El primer obstáculo que tendría que enfrentar era la controversia creada por las 200 millas. En 1947, el gobierno de Bustamante había emitido un decreto supremo por el cual el Perú pretendía ejercer soberanía y jurisdicción sobre los mares adjuntos a la costa peruana hasta una distancia de 200 millas. El Perú, al igual que otros países latinoamericanos, se vio obligado a pasar dicho decreto debido a un vacío legal existente. Al no haber ningún organismo que regulara la preservación marina de sus costas, los mismos países tendrían que hacerlo. Estados Unidos y Gran Bretaña, países a los que más afectaba la nueva ley, mostraron sus reservas.

La buena relación entre los Estados Unidos y el régimen de Odría no impidió que el gobierno peruano se uniera a Ecuador y a Chile en 1952 y proclamaran que ejercerían la soberanía y jurisdicción “exclusivas» de las 200 millas, en un acto mejor conocido como la Declaración de Santiago. Esto, en gran parte, se debió a que la industria pesquera se estaba volviendo cada vez más importante para el Perú, y el Gobierno sentía que tenía que proteger los recursos marítimos. A pesar de una mayor presión americana para que el Perú cambiara su política, tratando de dividir a los tres países que habían firmado la declaración de Santiago, Chile, Ecuador y Perú, declararon en 1954 que ninguno de los tres países renunciaría o modificaría su posición sin previa consulta a los otros, y también declararon ejercer su soberanía por “cualquier medio necesario».

Aguilar Cornejo fue informado de que la flota, que viajaba bajo bandera panameña, zarpó de Hamburgo a fines de año sin haber obtenido las licencias de caza y pesca en la zona marítima peruana. Al entrar a ella, las embarcaciones fueron apresadas por la marina peruana y llevadas al puerto de Paita, donde estuvieron ancladas hasta que la compañía pagara la multa. Al haber tomado dicha acción, el gobierno peruano demostraba su voluntad de ejercer su soberanía sobre dicha zona.

Ciertamente, el Canciller estaba al tanto de que debía actuar con cautela. Esto se debía al poder de los Estados Unidos y al hecho de que ambos países tenían visiones diferentes sobre los derechos marítimos. Los norteamericanos no reconocían el derecho de las 200 millas, sino sólo de tres. Esto fue claramente manifestado en un mensaje por parte de la embajada norteamericana, la cual también expresó que “… la aplicación de la ley no debe ser llevada a cabo hasta que todo esfuerzo sea llevado a cabo para resolver el tema, preferentemente por una solución mutuamente satisfactoria”. Sin embargo, Aguilar Cornejo respondió con firmeza, diciendo que consideraba el caso de los barcos pesqueros como cerrado, puesto que los capitanes ya habían pagado la multa y que antes de cualquier negociación se debía acordar una posición común, puesto que el “Perú consideraba el límite de las tres millas obsoleto y no podía consentir limitar su soberanía a esa área debido a la importancia de la industria pesquera para la economía del Perú.” No ocurriría ningún otro incidente, expresó Aguilar Cornejo, si barcos americanos ingresaban a la zona marítima sin pescar, pues el Perú reconocía el derecho a la libre navegación. Sin embargo, si deseaban pescar, sí necesitarían un permiso.

La solidaridad de los tres países se mantuvo sorprendentemente sólida durante los siguientes años, consultando entre sí en cuanto a cualquier posible acción. En abril de 1955, Ecuador buscaba que los tres países tomaran una posición común sobre la posibilidad de llevar el asunto de la Zona Marítima a la Corte Internacional de la Haya. Sin embargo, Aguilar Cornejo asumió correctamente que dicha acción sería dañina para los intereses de los tres países, puesto que en dicho foro “… la nacionalidad de muchos de los jueces […] no facilitaría la aplicación de nuestra condición jurídica” Por otro lado, cuando Estados Unidos trató de separar a los tres países, como en el caso de Ecuador cuando se le ofreció un convenio de pesca en 1955, el gobierno ecuatoriano le informó a David Aguilar Cornejo que no aceptaría ninguna decisión unilateral sin contar con el apoyo de Perú y Chile.

Si bien Perú y Ecuador trabajaron cercanamente con respecto al tema de las 200 millas, las relaciones entre ambos países se mantuvieron tensas en relación a las dificultades de la aplicación del Protocolo de Río. En 1954 hubo choques en la frontera, alrededor del área del Putumayo. En aquel entonces, el canciller Ricardo Rivera Schreiber temía que los ecuatorianos fuesen a invadir territorio peruano, informando a su embajador en Estados Unidos, Fernando Berckemeyer, que “… todo el Ecuador se moviliza militarmente […]desde los escolares a los sindicatos obreros […] el clero interviene con arengas patrióticas incitando la guerra con el Perú”. Un año después, Aguilar Cornejo, siendo ya canciller, se enteró de que los temores provenían del otro lado de la frontera, pues los ecuatorianos le informaron a los Estados Unidos, como país garante del protocolo, que el Perú era quien se estaba preparando para invadir. El embajador ecuatoriano en Washington, José Chiriboga, le comentó a ciertos miembros del Departamento de Estado que “… los ecuatorianos estaban rodeados por miles de tropas peruanas y que esperaban que Quito fuese tomado por los peruanos» Ante esta acusación, David Aguilar Cornejo tuvo que informar a los americanos que “… no había ninguna concentración de tropas peruanas, que los barcos peruanos estaban en el puerto del Callao y que e1 Perú no tenía intención alguna de atacar a Ecuador, pero que todo esto había sido un escándalo creado por el Ecuador”. A pesar de que no llegó a haber un conflicto armado entre ambos países durante estos años, Aguilar Cornejo tuvo constantemente que asegurarles a los garantes que los rumores iniciados por los ecuatorianos no tenían fundamento.

Cuando Aguilar Cornejo abandonó su puesto como Canciller, ya era una de las figuras más conocidas del régimen. Esto no sólo se debió a sus actos como Ministro, sino porque al mismo tiempo que ejercía sus funciones en la Cancillería, también había actuado como Director del Diario La Nación. Pero el régimen ya mostraba claras señales de desgaste y se estaba buscando una estrategia de salida. En algún momento, Aguilar Cornejo pareció ser una pieza clave en este juego. El conocido periodista Amadeo Grados Penalillo, quien lo entrevistó en la década de los sesenta, decía lo siguiente:

David Aguilar Cornejo fue no sólo Ministro de Relaciones Exteriores, fue algo más que eso; en el último tercio del régimen de Odría fue uno de los hombres de más profunda y decisiva influencia. A tal punto que, en las antesalas de Palacio, en las salitas de Vargas Machuca o en las habitaciones de Monterrico, su nombre circulaba, casi como hecho fehaciente, como el sucesor de Odría. Esta versión ganó la calle y una de las alas del partido restaurador jugaba a David Aguilar como candidato presidencial.

Durante estos años se mantuvo en contacto con el General, quien se encontraba en un exilio voluntario en Madrid. En las diferentes cartas enviadas a Odría, Aguilar Cornejo le recomendaba que la atmósfera política en el Perú aún no era propicia para su regreso. En las mismas cartas ventiló su desagrado por el diario La Prensa, aliado de Prado (“Beltrán y los intelectualoides”). Quizás buscando alegrar a Odría, hablaba del descontento del pueblo desde su salida. Finalmente, a comienzos de los sesenta le informó a Odría que era necesario reactivar el partido, el cual ahora se llamaría la Unión Nacional Odriísta (UNO). David Aguilar nunca había perdido esta esperanza. En 1956 le recordaba al General: “El partido no debe morir, por insignificante que parezca es un instrumento de acción.»

La Unión Nacional Odriísta (UNO) se presentaría a las elecciones de 1962 con Odría como candidato. En los mismos comicios también participarían Haya de la Torre y Fernando Belaunde. El líder aprista salió victorioso, pero no alcanzó el porcentaje suficiente para ser declarado presidente directamente (la Constitución de 1932 estipulaba que se debía obtener un tercio de los votos). El ganador tendría que ser elegido por el Congreso. El único acuerdo posible parecía ser entre Odría y el APRA. Debido a las malas relaciones entre este último partido y las Fuerzas Armadas, se decide que Odría acepte la presidencia. Las Fuerzas Armadas, que no podían tolerar dicho arreglo, llevan a cabo un golpe de Estado. La “dictablanda” que siguió, liderada primero por el general Ricardo Pérez Godoy y luego por el general Nicolás Lindley López, duró un año.

David Aguilar Cornejo también participó como candidato de la UNO y fue elegido al Senado, pero sólo logró incorporarse en 1963 cuando se produce el retorno a la democracia. Cuando se llevan a cabo los comicios presidenciales, el candidato victorioso fue Fernando Belaunde Terry. Aguilar Cornejo fue entonces parte de la ya famosa “coalición” integrada por el APRA y la UNO. Tras negociaciones con el APRA, llegó a ser presidente del Senado en 1965-1966 y en 1967-1968.

La coalición APRA-UNO fue conocida por bloquear todos los intentos reformistas de Belaunde. Cuando se le preguntó a Aguilar Cornejo sobre la veracidad de que el Parlamento era obstruccionista, respondió: “… nunca en la historia del Perú, existió un Parlamento como el actual, que, prescindiendo de todo interés de grupo, trabaja en provecho del país. Este Parlamento, que algunos atacan, ha dictado y seguirá dictando leyes sanas y justas, para lograr e progreso de la República. Leyes como la de instrucción gratuita, la de cooperativas, el escalafón magisterial y la reforma agraria, significan un positivo aporte al engrandecimiento nacional. Sin embargo, muchas leyes, y en especial la de la reforma agraria, fueron tan diluidas en el Parlamento que no llegaron a tener impacto alguno. Si Aguilar Cornejo fue sincero o no sobre su visión del Parlamento, al parecer las Fuerzas Armadas no compartieron dicha opinión y en 1968, lideradas por el General Juan Velasco Alvarado, llevaron a cabo un golpe de estado, argumentando que el actual gobierno democrático no podía llevar a cabo las reformas necesarias para defender al país.

Durante los años de la dictadura, Aguilar Cornejo no jugó papel significativo alguno. Los únicos políticos que participaron en el Gobierno de Velasco eran progresistas, lo cual Aguilar Cornejo no podía pretender ser. En 1982, dos años después del regreso a la democracia, fallece el antiguo Canciller. En 1967, el periodista Grados Penalillo le había preguntado: “Y usted doctor, ¿a qué ha aspirado en la vida?”, Aguilar Cornejo respondió: “… a no deberle plata a nadie. Si bien en calidad de político fue cuestionado debido a su lealtad a Odría, como Canciller sigue siendo respetado. En cuanto a su aspiración personal, parece haberla cumplido. Grados Penalillo cierra su entrevista con la siguiente frase: “Abogado, penalista, hombre de clase media, que todo lo que tiene se lo debe a su talento y que cuando defiende una causa judicial no pregunta primero si el recurrente tiene plata.»

Nació en Lima el 6 de octubre de 1906, hijo de don Luis Enrique Llosa Valdivia y doña Carlota González-Pavón Palma, el entonces adolescente Luis Edgardo ingresó a la Escuela Naval a los diecisiete años, en 1923. De esa manera iniciaría una brillante carrera naval, que culminó cuarenta años después, en 1963, como Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada del Perú. Pero siguió trabajando por el país.

En sus cuatro décadas como marino en actividad, Llosa Gonzales-Pavón cumplió, con suma solvencia, importantes cargos en la Armada dentro y fuera del territorio nacional, en naves de superficie y submarinos. Entre otras responsabilidades, dentro de la Marina se le confió la Jefatura de la Comandancia General de la Escuadra, de la Inspectoría General y del Estado Mayor, para culminar como Presidente del Comando Conjunto.

Estando al frente de la sección peruana de la antecesora de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, a fines de 1955 el Presidente Manuel A. Odría solicitó los servicios del Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón, para asumir la cartera de Relaciones Exteriores. Eran años en los que los asuntos del mar eran materia de constante atención del Gobierno, al igual que ahora, como derivación del Decreto Supremo 781, de 1 de agosto de 1947, expedido por el Presidente de la República, doctor José Luis Bustamante y Rivero, refrendado por su Canciller, doctor Enrique García Sayán, el Decreto de las 200 millas.

Antes de la primera gestión como Canciller

Desde muy joven, el Oficial Llosa Gonzales Pavón se involucró en la problemática del mar en sus aspectos jurídicos y científicos. Ello habría de incidir en la determinación del Presidente Manuel Odría de encomendarle el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Días después de la invasión germana a Polonia, que marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se congregaron en Panamá los ministros de relaciones exteriores de las américas, de fines de septiembre a comienzos de octubre de 1939. En esa primera reunión de consulta, los cancilleres adoptaron en el acta final una propuesta del presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, que establece una “zona de exclusión con anchura de 300 millas en torno a nuestro continente.

A propósito, tampoco hay un concepto proteccionista ni conservacionista en el cinturón de seguridad de las Américas, establecido en el artículo cuatro de la ahora in extremis Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

Días después, el Presidente de México, Manuel Ávila Camacho, emitía un pronunciamiento similar, sin fijar tampoco la anchura de la zona en cuestión. En octubre de 1946, lo hacía el Presidente de la República de Argentina, Juan Domingo Perón. Siguió Panamá, en diciembre de ese año. A mediados de 1947, el 23 de junio, se produjo una declaración del Presidente de Chile, Gabriel González Videla, con el establecimiento de un límite, que se fijó en 200 millas.

Como queda dicho, un mes y días después tuvo lugar nuestro mencionado Decreto Supremo 781, del 1 de agosto de 1947, con las firmas del Presidente, José Luis Bustamante y Rivero, y de su Canciller, Enrique García Sayán. En la parte considerativa se menciona como antecedentes la Declaración Truman y los subsecuentes pronunciamientos de los Presidentes de México, Argentina y Chile. Se unieron al grupo de las 200 millas Costa Rica, en 1948; El Salvador y Honduras, en 1950. El entonces comandante AP Luis Edgardo Llosa Gonzales-Pavón siguió muy de cerca esos acontecimientos.

El Comandante Llosa Gonzales-Pavón presentó en esa ocasión el principio científico del «bioma» o “ecosistema” marino. Propugnó la urgencia de defenderlo, como única manera para prevenir el exterminio de los recursos naturales del Pacífico Suroriental. Con el apoyo de eminentes científicos de varios continentes, el planteamiento de Llosa Gonzales-Pavón fue recogido en la declaración que al final de esa reunión se emitiría en Viña del Mar.

Con asidero en ese principio, y en un proyecto del Comité Interamericano de Jurisconsultos de julio de 1952, el 18 de agosto de ese año, el Perú, Ecuador y Chile proclamaron en Santiago la soberanía y jurisdicción exclusiva que a cada uno de esos tres países corresponde sobre el mar que baña sus costas, hasta una distancia mínima de 200 millas.

En la Declaración de Santiago, los tres países manifestaron que factores geológicos y biológicos condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora marítimas en las aguas que bañan sus costas. Enfatizaron que la antigua extensión del mar territorial y de la zona contigua resulta insuficiente para la protección y aprovechamiento de esas riquezas.

Dos años después de la Declaración de Santiago, en la que el Perú, Chile y Ecuador proclamaron que fijaban como norma su soberanía y jurisdicción marítimas hasta una distancia mínima de 200 millas desde sus costas, representantes de esos tres países convinieron en Lima, el 4 de diciembre de 1954, algunas medidas de alcance pesquero. Dentro de las doce millas de sus costas se acordaron linderos en los extremos, desde los cuales, a ambos lados, hasta las diez millas, la presencia accidental, casual, de embarcaciones no se consideraría violación de las aguas del país vecino, pero sin generar derechos.

Cerca de un año después, en la segunda quincena de septiembre y primeros días de octubre de 1955, los tres países del sistema del pacífico suroriental se reunían en la capital chilena con delegados de los Estados Unidos. El encuentro recibió el nombre de Negociaciones de Santiago sobre Problemas de Conservación de las Pesquerías. La posición norteamericana se limitaba a la defensa de determinados stocks de peces, opuesta a la más sostenible y científica del “bioma marino”, promovida y defendida por Perú, Ecuador y Chile, que con criterio integral cubría todo el ecosistema oceánico.

Aquí en el Perú, en las coordinaciones respectivas con vistas a la adopción de esos instrumentos tripartitos de 1952 y 1954 y posteriores participaron autoridades de la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Cancillería, entre otros entes estatales, así como de órganos técnicos y científicos, con actuación también de nuestro Poder Legislativo. No era una tarea aislada del Ministerio de Relaciones Exteriores, como a veces se comenta, ya que los expertos formaban parte de un equipo intersectorial, práctica que se mantiene hasta ahora en todo lo que incide en los altos intereses de la Nación.

Es pertinente puntualizar que el entonces Capitán de Navío AP Luis Edgardo Llosa Gonzales-Pavón fue presidente fundador del llamado Consejo de Investigaciones Hidrobiológicas, organismo científico creado en noviembre de 1954 con vistas al mejor estudio, control, preservación y aprovechamiento racional de los recursos del mar peruano. Esa importante entidad se llama ahora Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

Más adelante, entre el 12 y 16 de diciembre de 1955 el Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón presidiría en Quito la delegación del Perú en la tercera reunión de la que después se llamaría Comisión Permanente del Pacífico Sur. Entre otros instrumentos, el Perú, Chile y Ecuador suscribieron el denominado Reglamento de Permisos para la Explotación de las Riquezas del Pacífico Sur. Ocho días después de firmarlo, Llosa Gonzales-Pavón era nombrado Ministro de Relaciones Exteriores del Perú.

Primera gestión ministerial

Con los datos anteriores como información de fondo, debemos ahora indicar que la víspera de la navidad, el 24 de diciembre de 1955, el Contralmirante AP (desde enero de ese año) Luis Edgardo Llosa González-Pavón prestaba juramento como Canciller de la República, cargo que ejerció durante un semestre en el último tramo del gobierno del Presidente Manuel A. Odría, al juramentar, Llosa Gonzales-Pavón frisaba los cuarenta y nueve años de edad.

Hacía falta ambos reglamentos, sobre todo por discrepancia con los Estados Unidos, dado que empresas atuneras de esa potencia se resistían a que sus barcos se sometieran al régimen de las 200 millas. Como líneas atrás se anota, representantes del Perú, Ecuador y Chile se habían reunido con personeros norteamericanos, sin haber podido conciliar sus puntos de vista ni hallar solución práctica que evitara incidentes por operaciones de pesca no autorizadas en aguas de los tres países suramericanos.

Al someter ese proyecto de reglamento nacional, el Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón ignoraba que menos de tres meses después, el 5 de enero de 1956, ya como Canciller él mismo habría de refrendar su aprobación a través de un decreto supremo expedido por el gobierno del Presidente Odría.

Más adelante, en el seno de la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de la Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, que, como ya se ha anotado, se denominó después Comisión Permanente del Pacífico Sur, efectuada en Lima, Llosa Gonzales-Pavón habría de referirse al indicado reglamento. Lo consideró como un ejemplo de cooperación internacional, con la precisión que naves de muchas empresas pesqueras extranjeras ya habían empezado a requerir en el Perú los permisos correspondientes.

Durante esa primera gestión ministerial del Contralmirante, volvió a reunirse el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, en la agenda sobresalía el régimen marítimo y cuestiones afines. El Canciller encomendó la presidencia de nuestra delegación al Embajador Alberto Ulloa Sotomayor, con amplio conocimiento respecto a esa problemática, con quien coordinó estrechamente la posición que el Perú expondría en ese foro, realizado en México durante parte de enero y de febrero de 1956.

En las semanas siguientes, el Canciller Llosa Gonzales-Pavón siguió dedicando su preferente atención a otras reuniones sobre cuestiones del mar. En ese sentido, el Perú hizo importantes aportes dentro de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Preservación de los Recursos Naturales: Plataforma submarina y aguas del mar, que tuvo lugar en ciudad Trujillo, hoy Santo Domingo, en marzo de 1956.

En esta última conferencia, nuestra delegación, presidida por el Dr. Edwin Letts Sánchez, expuso con claridad los fundamentos de la política marítima peruana. Dejó constancia de que respetamos la libre navegación, sin excluir a pescadores extranjeros. Se hizo la salvedad que se les sujeta a una reglamentación inspirada en la conservación de los recursos vivos del mar. Ello, con vistas a la defensa del interés vital de la alimentación de las poblaciones ribereñas y su futuro desarrollo económico.

Culminó la reunión de ciudad Trujillo sin que los países participantes aunaran posiciones en cuanto a la extensión del mar territorial, ni respecto al régimen jurídico de las áreas submarinas.

Poco tiempo después a fines de junio de 1956 el Canciller Llosa Gonzales-Pavón presidía en Lima la Cuarta Reunión de la Comisión Permanente sobre Exploración y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, como se ha señalado líneas atrás (antecesora de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, o CPPS). Antes de ser Ministro, había participado en las tres reuniones previas.

En el marco de esta cuarta reunión, Llosa Gonzales-Pavón manifestó, entre otras cosas, que el Derecho Internacional Marítimo, como otras ramas de las ciencias jurídicas, no podía se estático, rígido ni inmutable. Por el contrario, debía ser activo, dinámico, susceptible de adaptarse a las nuevas ideas e intereses del pueblo. Enfatizó que la libertad irrestricta de actividades pesqueras podría arrasar con los recursos ictiológicos, en razón de los avances logrados en las modernas tecnologías.

Concluyó el Canciller diciendo que la pesca ya no era inminentemente de carácter doméstico, artesanal, como el pasado, con embarcaciones rudimentarias. Las grandes flotas de ahora, dotadas de equipos de última generación, y los barcos factoría podían causar hambruna y dejar sin trabajo a los habitantes de los estados costeros si es que se les permitía operar libremente, sin control alguno.

Puntualizó además el Ministro que lo anterior exigía la jurisdicción y soberanía sobre determinada extensión del mar vecino a sus costas, lo cual no significaba desconocimiento del principio de libertad de navegación ni del plazo inocente ni inofensivo a través de esa zona de todas las naves del mundo.

Entre los documentos adoptados en una cuarta reunión, se aprobó el antes mencionado Reglamento de Permisos para la explotación de las Riquezas del Pacífico Sur. En virtud de ese instrumento, ninguna persona natural o jurídica podía realizar faenas de pesca, caza o cualquier otra explotación de recursos en la zona marítima del Perú, Ecuador y Chile sin contar previamente con el permiso respectivo.

Un dato anecdótico: En víspera de esa cuarta reunión, el 22 de junio de 1956, dentro del programa atómico denominado “Ala Roja” (Red Wing) estallaba una bomba termonuclear en el atalón Enewetak, Océano Pacífico. Esa prueba se denominó “Inca”. El nombre resultaba irónico, pues cuatro días después se reunieron en Lima tres países que habían formado parte del imperio inca y en su agenda figuraba la protección del medio marino, del pacífico en particular (la Cuarta Reunión de la Comisión Permanente).

Respecto a financiamiento internacional, en febrero de 1956 el Fondo Monetario habilitó una línea de crédito al Perú hasta por 12.5 millones de dólares, unos 125 millones en la actualidad, en tanto que una suma de similar nivel fue autorizada a nuestro país por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

De otro lado, en marzo de 1956, el Canciller Llosa Gonzales-Pavón suscribió otro importante acuerdo, esta vez con un grupo de organizaciones internacionales, convertidas en Junta de Asistencia Técnica. Tales organismos fueron la ONU, la OIT, la FAO, la UNESCO, la OACI, la OMS; además de la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT) y la Organización de Meteorológica Mundial (OMM).

Según el referido acuerdo, el Perú podía recibir apoyo de esos organismos, mediante expertos, para realizar seminarios, programas de formación profesional, preparación y ejecución de proyectos experimentales, así como concesión de becas para estudios fuera del país.

A mérito de otro acuerdo peruano-norteamericano, la potencia del norte se comprometía a exportar alimentos al Perú en su programa de “excedentes», que podían ser adquiridos en moneda nacional.

Cuando el Contralmirante tomó posesión del cargo de Ministro, el Palacio de Torre Tagle se hallaba en proceso de restauración, de modo que la mayor parte de sus oficinas estaban emplazadas en la Casa Aspíllaga, hoy Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega. Los asuntos de inmigración y extranjería se atendían en un inmueble en la calle Vargas Machuca, esquina con Petit Thouars, cerca del estadio nacional; y los de pasaportes peruanos, en un local ubicado en el Pasaje Olaya, a pocas cuadras de la Cancillería.

Como sabemos, las cuestiones de inmigración y extranjería, llamadas después «migraciones», y las concernientes a pasaportes dejaron de pertenecer a Relaciones Exteriores a mediados de la década de 1970, y se integraron al Ministerio del Interior; aunque la cancillería sigue prestando especial atención a tales asuntos, lo mismo que nuestras misiones en el exterior, sobre todo las consulares.

Al juramentar como Canciller, tuvo como número dos al Embajador Javier Delgado Yrigoyen, quien desde hacía diez años ejercía el cargo de Secretario General de Relaciones Exteriores, Jefe del Servicio Diplomático. El titular del área política era el Ministro Bolívar Ulloa Pasquette; el Ministro Edwin Letts Sánchez encabezaba la de organismos internacionales; el Ministro Vicente Cerro Cebrián estaba al frente de los asuntos comerciales; y el consejero Juan Miguel Bákula Patiño, regresando de nuestra Embajada en Colombia, se hallaba próximo a dirigir la Oficina de Límites y Fronteras.

El Director de la flamante Academia Diplomática era el eminente diplomático, tratadista, jurisconsulto, ex Canciller y Embajador Alberto Ulloa Sotomayor, quien venía de liderar nuestra Embajada en Chile. Fue el primer Director de la Academia, cargo que ocupó durante un año.

En esa época, 1956, los funcionarios diplomáticos en actividad, unos doscientos veinte, eran encabezados en el escalafón por el embajador Víctor Andrés Belaunde Díez-Canseco, nacido en 1883. Había entonces menos de veinte embajadores en el servicio activo, un puñado más de ministros, treinta y tantos consejeros y algo más de cincuenta primeros secretarios. Los segundos y terceros sumaban como noventa en conjunto. La estructura del escalafón era, pues, piramidal.

El Canciller Llosa Gonzales-Pavón solamente encontró en el Ministerio a seis damas diplomáticas, todas en Lima, ninguna en el exterior. Ellas eran las primeras Secretarias Rosina Vega Castro, Jefa de la Gravitante Oficina de la Clave; e Isabel Egúsquiza, Jefa de Consulares, ambas inscritas en el escalafón diez años antes, es decir, en 1946. Dos damas eran segundas secretarias y otras dos, terceras. La segunda secretaria Carmela Aguilar Ayanz estaba en la disponibilidad. Poco antes había servido en Nueva York, en nuestra Misión Permanente ante las Naciones Unidas. Ella fue la primera mujer diplomática peruana en prestar servicios fuera del Perú. En 1973 habría de ser nuestra primera embajadora.

Entre los funcionarios en retiro sobresalía don Manuel Elías Bonnemaison Torres, quien como adolescente guardiamarina había participado en todas las correrías del monitor Huáscar durante la gloriosa campaña marítima del 79, dirigida por don Miguel Grau. Tras la epopeya de Angamos fue hecho prisionero. El Canciller Llosa Gonzales-Pavón sentía especial aprecio por don Manuel Elías, marino como él y luego Diplomático. Desempeñó varios cargos en el exterior y fue Jefe de Misión en Bolivia y Japón. Falleció faltando algunos meses para cumplir los cien años, en 1961.

En esa primera gestión ministerial del Almirante Llosa Gonzales-Pavón, en la cancillería no había sub secretarías, ni direcciones generales, ni direcciones. Las unidades de mayor envergadura eran departamentos, sub divididos en secciones. Otras reparticiones eran llamadas oficinas. Los titulares de los departamentos eran ministros y también consejeros. La categoría de ministro-consejero se establecería veinte años después en el escalafón. A excepción del Secretario General de Relaciones Exteriores y del Director de la Academia Diplomática, el resto de embajadores prestaba servicios en el exterior. En ese año 1956, un buen porcentaje de misiones aún conservaba el nivel de “Legación”, a cargo de un ministro plenipotenciario.

Tras clausurar sus sesiones en Lima la precitada Cuarta Reunión de la Comisión Permanente, el Contralmirante Luis Edgardo Llosa Gonzales-Pavón fue elegido como secretario general de la misma. Por tal motivo, sus seis meses como Ministro de Relaciones Exteriores, en una primera gestión, concluyeron el 28 de junio de 1956. Fue sucedido como Canciller por el General del Ejército Félix Huamán Izquierdo, ex agregado militar en Francia y Estados Unidos.

Las percepciones internacionales del Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón durante esos seis meses que estuvo al frente de la cancillería pueden advertirse en un discurso que pronunciara en el “Día de las Américas». Expresó que contrastando con el clima general de paz que había en América Latina, en otras regiones del mundo, en cambio, se notaba zozobra.

Al dejar la cancillería, por cierto, que el Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón ignoraba que seis años después, en julio de 1962, volvería a ser nombrado Ministro de Relaciones Exteriores. Nadie lo sabía.

Entre sus dos gestiones ministeriales

El General Huamán estuvo un mes a cargo de Relaciones Exteriores, hasta que el 28 de Julio de 1956 prestó juramento como Presidente Constitucional de la República, por segunda vez, el doctor Manuel Prado y Ugarteche, cuyo primer Canciller en esa administración fue el abogado Manuel Cisneros Sánchez.

Poco después de concluir sus funciones como Canciller, en octubre de 1956 el Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón presidía en Lima un Seminario Internacional con Institutos de Ciencias del Mar, auspiciado por la UNESCO. Sus funciones como Secretario General de la Comisión Permanente y Presidente del hoy IMARPE le mantuvieron muy activo en la problemática marítima. En la esfera propia de la Marina, en el período 1956-1957 el Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón ejerció funciones como Presidente del Centro Naval.

En 1957, tras culminar su efectiva gestión como Presidente de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, cuyos objetivos se esmeró en hacer cumplir, era nombrado Agregado Naval a la Embajada del Perú en los Estados Unidos de América. Al llegar a Washington D.C., como Agregado Naval, en 1957, don Fernando Berckemeyer Pazos se hallaba al frente de nuestra embajada, desde 1949. Ambos mantuvieron una óptima relación de trabajo y en el plano personal. En realidad, esos cordiales vínculos ya existían desde años atrás y se conservaron en el futuro.

Su puesto como Agregado Naval no fue óbice para que Llosa Gonzales-Pavón continuara en estrecho contacto con cuestiones concernientes al Derecho del Mar. Igualmente, con el equipo peruano a cargo de esos temas. En ese sentido, participó en Santiago, en octubre de1957, en la Quinta Reunión de la Comisión Permanente del Pacífico Sur.

Meses después, Llosa Gonzales-Pavón fue nombrado miembro de la delegación peruana, presidida por el Embajador Alberto Ulloa, a la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, realizada en Ginebra, de febrero a abril de 1958. También fue miembro de nuestra delegación el doctor Enrique García Sayán,» el Canciller de las 200 millas».

En 1959, Llosa Gonzales-Pavón presidía la delegación del Perú a la Sexta Reunión de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, efectuada en Quito en noviembre de ese año.

Respecto a la primera conferencia de la ONU sobre Derecho del Mar, el Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón comentaría que esa reunión internacional se frustró debido a que fue imposible llegar a un acuerdo acerca de la anchura del mar territorial y en lo relativo a los derechos de soberanía del estado costero sobre los recursos vivos del mar adyacente.

Dentro de la Tercera Comisión de esa Conferencia, el delegado Llosa Gonzales-Pavón manifestó el 10 de marzo de 1958 que se veía «…obligado a expresar la inconformidad del Perú con el articulado que la Comisión de Derecho Internacional había presentado respecto a la pesca y a la conservación de los recursos vivos del mar. Ello, por no haber tomado en consideración el legítimo derecho del Estado costero sobre esa riqueza, por consideraciones científicas, históricas y socio-económicas”. Asimismo, “…por no satisfacer ni remotamente sus justas aspiraciones, las que no pueden estar limitadas al reconocimiento de un simple interés especial, que nada resuelve por ilusorio e impracticable”.

Siendo Agregado Naval en Washington, el Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón realizó activas gestiones que coadyuvaron al reequipamiento de unidades y a la adquisición de buques para nuestra escuadra. En Washington también presidió la delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa, con sede en esa ciudad. Fue luego elegido Vicepresidente de la misma en 1960.

De regreso en Lima, pasó a ocupar el cargo de Inspector General de la Marina. En 1962 se le encomendó dirigir un equipo de trabajo para analizar la situación de la Marina Mercante del Perú, sin desprenderse de sus actividades oficiales y académicas.

Gracias a normas promocionales y medidas correctivas, y a ese trabajo encomendado a Llosa Gonzales-Pavón, nuestra marina mercante llegó a tener sesenta y cinco barcos, que surcaban todos los mares. El tonelaje total excedía el millón de toneladas. A nivel latinoamericano llegó a ocupar un expectante quinto lugar. A juicio del Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón, ello armonizaba con la decidida política marítima del Perú. Lamentablemente, antes de que concluyera la pasada centuria, la marina mercante del Perú encalló y aún sigue varada.

Canciller por segunda vez

El domingo 6 de junio de 1962, en todo el Perú se realizaron comicios generales para elegir Presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados. Llegaba a su fin el segundo gobierno del Presidente Manuel Prado. De acuerdo con las normas en vigor, si ninguno de los candidatos a presidente obtenía el tercio electoral, el nuevo congreso designaría un vencedor entre los tres más votados.

Los comicios habían sido muy reñidos. Y también discutidos. Luego de muchos días de espera, se supo que con un 32.9% el primer lugar era ocupado por don Víctor Raúl Haya de la Torre (APRA), seguido muy de cerca por el arquitecto Fernando Belaunde Terry (AP), con 32.2%; en tanto que la tercera posición correspondía al general Manuel A. Odría (UNO), con 28.4%. Otros postulantes se repartían el sobrante 6.5%.

El nuevo Congreso, pues, tenía que elegir a uno de esos tres candidatos. Haya y Belaunde ya habían postulado en anteriores comicios. Y Odría, en 1950, había sido candidato único y vencedor, luego de bajar al llano, tras año y medio como gobernante de facto.

El movimiento castrense fue encabezado por el General de División EP Ricardo Pérez Godoy, Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, con la firme promesa de convocar en breve a nuevas elecciones generales, a fin de que el nuevo gobierno asumiera el 28 de Julio de 1963.

Fue así como el Vicealmirante, desde enero de ese año. Luis Edgardo Llosa González-Pavón, invitado por la recién instaurada Junta de Gobierno, juramentó como Ministro de Relaciones Exteriores ese mismo 18 de julio de 1962. Era su segundo nombramiento como Canciller. Estaba próximo a cumplir cincuenta y seis años de edad.

El núcleo del nuevo gobierno estaba constituido por el General Ricardo Pérez Godoy, con los comandantes generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, General de División Nicolás Lindley López, Vicealmirante Juan Francisco Torres Mattos y Teniente General Pedro Vargas Prada, respectivamente.

Cabe recordar que, a comienzos de marzo de 1963, al llegar el General Pérez Godoy a la edad del retiro, fue relevado de la jefatura de la Junta de Gobierno, la que fue asumida por quien le seguía en jerarquía, el General Nicolás Lindley López. Este último nunca ocupó Palacio de Gobierno, Despachaba en su oficina del Ministerio de Guerra y vivía con los suyos en la casa familiar. Tampoco se puso la banda presidencial. La tuvo todo el tiempo en sus manos, antes de entregarla al arquitecto Fernando Belaunde ‘Terry, el 28 de julio de 1963, vencedor en los comicios de ese año.

No fue fácil al comienzo para el Canciller Llosa Gonzales-Pavón el desenvolvimiento de sus funciones, no por falta de capacidad ni del debido apoyo de parte de las autoridades del Ministerio. La causa era la resistencia de algunos países a aceptar a la nueva Junta de Gobierno. Estados Unidos estaba en la lista de los renuentes.

En ese sentido, varios gobiernos de la región presentaron al Consejo de la OEA una solicitud conjunta para que se convocase a una reunión de consulta de cancilleres del hemisferio, a fin de considerar la situación peruana. La propuesta no llegó a prosperar, ante elementos claramente expuestos por la Misión del Perú en la OEA, en el marco de fundamentadas instrucciones impartidas por el despacho ministerial.

El 25 de setiembre de 1962, en discurso pronunciado en Nueva York ante la XVII Asamblea General de las Naciones Unidas, el Ministro Llosa Gonzales-Pavón tuvo oportunidad de expresar en ese foro mundial, entre otras cosas, que el Perú acababa de resolver una grave crisis, «…provocada por la intención de burlar la voluntad popular, dando al país un gobierno que no hubiera sido legítimo». Agregó que se había constituido un gobierno «dentro del pleno uso de todos los derechos ciudadanos, con la exclusiva finalidad de practicar elecciones absolutamente libres, dentro de la Constitución».

Precisó además el Canciller que “…actualmente el Perú vive una etapa de completo ejercicio de los derechos humanos; de absoluta libertad de prensa y propaganda política; de respeto a las instituciones tutelares del país; de estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales; y de una sana y severa política fiscal, que ha traído la confianza indispensable para el buen funcionamiento del crédito interno y externo de la República.

Luego, el Ministro Llosa Gonzales-Pavón se dirigió a Washington D.C., donde el 2 y el 3 de octubre de 1962, en el marco de una reunión informal de cancilleres para tratar las relaciones cubano-soviéticas, aprovechó para reforzar en el seno de la OEA el caso del Perú, con énfasis en el respeto al postulado hemisférico del principio de no intervención, en defensa de la dignidad y soberanía continentales. Según anota en su Memoria 1962-1963, el Canciller Llosa Gonzales-Pavón asistió a esa reunión interamericana teniendo ya seguridades de “que ese postulado no sería afectado directa ni indirectamente en ella”.

Durante la segunda gestión ministerial del Vicealmirante Llosa Gonzales-Pavón, el Secretario General de Relaciones Exteriores fue el Embajador Alberto Wagner de Reyna, quien ocupó esa importante plaza, que había estado vacante durante cerca de dos años.

Como Asesor del Ministro fungía el Embajador Bolívar Ulloa Pasquette.

El Director de Asuntos Políticos era un joven embajador de cuarenta y dos años, don Javier Pérez de Cuéllar. El Embajador Edwin Letts Sánchez continuaba como Director de Organismos Internacionales, para luego ser Jefe de nuestra Representación en Ginebra.

El Embajador Vicente Cerro Cebrián, luego de ser Director de Asuntos Económicos y Comerciales, asumió nuestra Embajada en Uruguay y Misión ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. El Director de Personal era el recientemente ascendido Embajador Juan Miguel Bákula Patiño. Fronteras y Límites lo dirigía el Consejero Guillermo Lohmann Villena, en tanto que el nuevo Departamento de Asistencia Técnica estaba a cargo del Consejero José de la Puente Radbill.

Se confió al Consejero Julio Ego-Aguirre Álvarez la jefatura de la Oficina de Registro, área muy importante para el cabal procesamiento de la correspondencia; y el Departamento Jurídico fue asignado al Primer Secretario Luis Marchand Stens, apoyado por el también Primer Secretario Abraham Padilla Bendezú.

Una de esas doce colegas del género femenino era la entonces Tercera Secretaria Rosa Garibaldi Flores, promotora y editora de este libro sobre Cancilleres del Perú. Durante la segunda gestión ministerial del Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón, ella seguía cursos de postgrado en París, luego de haber sido Vice Cónsul en Miami. Doctorada en Letras en San Marcos y en Historia en la Norteamericana Temple University, Rosita Garibaldi, casada con el recordado amigo y colega, el embajador Guillermo Mendoza Serrano, fue gestora de la norma legal que en el Perú permite el nombramiento simultáneo en el exterior de cónyuges diplomáticos, con afecto y simpatía denominada “Ley Garibaldi».

La Oficina Central de Estudios y Programas del entonces Ministerio de Hacienda y Comercio se convirtió, coincidiendo con la segunda gestión ministerial de Llosa Gonzales-Pavón, en el Instituto Nacional de Planificación. Meses después, en marzo de 1963, el Canciller instalaba la Comisión de Información Pública de la Alianza para el Progreso, de acuerdo con lo convenido en la Reunión de Punta del Este, que en agosto de 1961 había lanzado ese programa con aprobación del Perú y otros países del hemisferio.

A tono con su programa de trabajo, a fin de ampliar y robustecer vínculos internacionales y fomentar el intercambio comercial, durante este nuevo ejercicio ministerial del Vicealmirante Llosa Gonzales-Pavón, el Perú estableció contactos con la India, Egipto y Australia con vistas a la apertura de embajadas en las respectivas capitales. Poco tiempo después, el Perú ya tenía sedes diplomáticas en Nueva Delhi, El Cairo y Canberra, que habrían de ampliar sus campos de acción a países vecinos con la modalidad de embajadas “concurrentes», o “no residentes”. Quiso el destino que, en diversos momentos de mi carrera, yo prestara servicios en esas tres embajadas.

También se concentraron acuerdos similares con Filipinas, Finlandia y la República de Corea, igualmente, luego de muchos años fue restablecido el Consulado General del Perú en Hong Kong.

Cabe resaltar que, durante ese año y diez días como Canciller de la República, el Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón, sólo se ausentó del país en dos ocasiones; primeramente, en 1962, para participar en las antes mencionadas asambleas de las Naciones Unidas, Nueva York, fines de setiembre; y de la OEA, Washington, a comienzos de octubre.

Su segundo viaje fuera del Perú tuvo lugar a la República Argentina, en mayo de 1963, entre los días 9 y 14. Con su contraparte argentina, Dr. Carlos Manuel Muñiz, el Canciller Llosa Gonzales-Pavón suscribió convenios en Buenos Aires referidos a la protección de patrimonio cultural, histórico y documental, así como un acuerdo sobre transporte aéreo.

Nuestro Jefe de Misión en Argentina, nombrado el año anterior por la Junta de Gobierno, era el embajador Pedro Ugarteche y Tizón, reconocido promotor y defensor de la Academia Diplomática del Perú, cuya dirección pasó a ocupar en 1965 al concluir su destacada labor en Buenos Aires.

A comienzos de 1963 al clausurar un curso de perfeccionamiento para funcionarios del Servicio, el Canciller Llosa Gonzales-Pavón daba a conocer estos cuatro grandes objetivos de la política exterior peruana:

“-  Asegurar los derechos y respeto de la soberanía del país sobre todo el territorio nacional.

• Fortalecer los principios que rigen la vida de las naciones en el mundo libre y de la civilización occidental (en esa época, como durante gobiernos anteriores, en el marco de acuerdos regionales, en el Perú se procuraba mantener distancia de lo que se consideraba ‘amenaza’ del denominado bloque sino-soviético).

• Ampliar el campo de acción internacional hacia las naciones de las que puede derivarse ventajas de orden político o económico para el país.

• Afirmar la personalidad del Estado en el exterior, por medio de una adecuada propaganda y difusión de la cultura peruana».

Durante esta segunda gestión del Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón se produjo la llamada “crisis de los misiles” que a partir del 22 de octubre de 1962 y hasta fines de ese mes puso al mundo, en esa época de la guerra fría, al borde de lo que pudo haber sido una catástrofe nuclear. En el seno de la OEA, el Perú votó a favor de la unánimemente aprobada resolución sobre aplicación del TIAR, pero no ofreció que unidades de nuestra armada patrullaran el Caribe, como sí lo hicieron otros países.

En el ámbito administrativo, debe subrayarse que, durante su segunda gestión, al igual que en la primera, todos los gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores, antes de ser aprobados por el Canciller Llosa Gonzales-Pavón debían tener el visto bueno de la Contraloría General de la República. Todos los egresos, sin excepción, hasta los más rutinarios, como la adquisición de implementos de limpieza o los servicios de mantenimiento de las máquinas de escribir. Desde el punto de vista del manejo de los recursos del estado, fueron pues impecables, irreprochables, las dos gestiones ministeriales del Almirante Luis E. Llosa Gonzales-Pavón.

Otro hecho que debe remarcarse en el área administrativa fue el afán del Canciller Llosa Gonzales-Pavón de dotar al Ministerio de Relaciones Exteriores de un local apropiado a sus necesidades, que centralizara todas las dependencias del sector, que estaban distribuidas en Torre Tagle y la colindante Casa Aspíllaga, hoy Centro Cultural Garcilaso de la Vega; y en inmuebles en Santa Beatriz (Extranjería); y en el Pasaje Olaya (Pasaportes). La intención del Vicealmirante era también preservar el Palacio de Torre Tagle, reliquia arquitectónica, convertida en predio burocrático desde 1920.

El Canciller Llosa Gonzales-Pavón y la Academia Diplomática

Precisamente durante la primera gestión ministerial del entonces Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón tuvo lugar mi examen de ingreso a la Academia Diplomática, en el marco de un concurso público convocado en el verano de 1956.

En ese concurso, doce jóvenes ocupamos vacante para formar parte de la segunda promoción de la Academia. El desafío era atractivo, pues los ingresantes podían laborar simultáneamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la categoría administrativa de ayudantes quintos, y un salario que en 1956 equivalía a treinta dólares mensuales, unos trescientos dólares en la actualidad. Igualmente, además de estudiar en la Academia y trabajar en el Ministerio, se tenía horas extra para continuar en la Universidad .

Grande fue la sorpresa del Almirante Llosa Gonzales-Pavón cuando en julio de 1962, al asumir nuevamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, se percatara de que a quienes habíamos sido admitidos a la Academia por concurso público durante su primera gestión, seis años antes, aún no se nos consideraba para ingresar al servicio.

Se argüía que la Ley del Servicio, la 6602, que databa de la década de 1920, no hacía mención a la Academia Diplomática. Pero ésta se encontraba contemplada en el entonces vigente Reglamento de la Ley (Decreto Supremo 310, de 22 de julio de 1953). Además, a tono con la Ley, el Reglamento exigía una prueba de ingreso al Servicio, luego de haber cursado satisfactoriamente los estudios en dicho centro de formación diplomática y eso era lo que estábamos aguardando.

Así las cosas, el 18 de julio de 1962, como queda dicho, el Vicealmirante Luis Edgardo Llosa González-Pavón juramentaba por segunda vez como canciller de la República. Al tomar conocimiento de lo ocurrido contra la Academia Diplomática, ofreció tomar cartas en el asunto, como así efectivamente lo hizo.

De esa manera, en ese mismo año 1962, el Ministro Llosa Gonzales-Pavón refrendó con su firma el Decreto Ley 14254, confirmatorio que la Academia Diplomática del Perú constituía la única vía para postular al Servicio Diplomático de la República. De inmediato, se procedió a convocar a concurso para ingreso al Servicio, únicamente entre los egresados de la Academia. Durante esa gestión del Ministro Llosa Gonzales-Pavón también se aprobó un nuevo Reglamento para la Academia Diplomática, que consolidaba normas que habían sido dictadas para perfeccionar su funcionamiento.

Días después de la promulgación del aludido Decreto Ley 14254, el Canciller Llosa Gonzales-Pavón diría en la misma Academia Diplomática que, siendo esa entidad la única vía para ingresar al servicio exterior, se eliminarían “la improvisación, el favoritismo, la amistad o el compadrazgo político».

Como señal de gratitud de nuestra alma mater y del Ministerio, y como muy justo reconocimiento, los miembros de la segunda promoción de la Academia acordamos denominarla “Vicealmirante Luis Edgardo Llosa Gonzales-Pavón», nombre que nos honra y enorgullece en grado sumo.

A partir del 28 de julio de 1963

El 28 de julio de 1963, la Junta de Gobierno hizo entrega del mando supremo de la nación al Presidente Constitucional elegido democráticamente semanas atrás, al Arquitecto Fernando Belaunde Terry.

Tras dejar la Cancillería el Contralmirante Llosa pasó a ocupar el cargo de Jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Poco tiempo después, teniendo treinta y cinco años de servicios en la actividad, o cuarenta si se considera su etapa de cadete, el Contralmirante Luis Edgardo Llosa González-Pavón, con todos los honores, pasó al retiro dentro de la Armada Peruana, de acuerdo con la Ley de Situación Militar. Tenía cincuenta y siete años de edad.

Durante los años siguientes, el Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón continuó muy activo en materia internacional. Fue delegado del Perú a las Conferencias Interamericanas en Río de Janeiro (1965) y Buenos Aires (1967). Dinámico miembro de la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores; de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. También de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y del Instituto de Estudio Histórico-Marítimos, entidades ambas cuyas revistas publicaron varios artículos suyos sobre cuestiones del mar, al igual que otros medios académicos e informativos. Mantuvo enlace productivo y estrecho con la Comisión Permanente del Pacífico Sur.

Trabajó luego Llosa Gonzales-Pavón con el grupo peruano que participó en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, inaugurada en Ginebra en 1973. Fue muy cercano y eficaz colaborador en el seno de nuestra delegación, sucesivamente presidida por los embajadores Juan Miguel Bákula Patiño y Alfonso Arias Schreiber Pezet. En su primera gestión como Canciller, ambos eran Consejero y Segundo Secretario en el Servicio Diplomático, respectivamente. En agosto y setiembre de 1978, la presidencia de nuestra delegación se confió al Embajador Carlos Alzamora Traverso, al hallarse en París el embajador Arias Schreiber, participando en esos dos meses en el Diálogo Norte Sur.

Adoptada la Convención del Mar el 30 de abril de 1982 con ciento treinta votos a favor, Perú incluido, cuatro en contra y siete abstenciones, en diciembre del mismo año se abrió a la firma, pero nuestro país no la suscribió y se sigue manteniendo al margen. El Vicealmirante Llosa Gonzales-Pavón fue decidido partidario de la incorporación del Perú a ese instrumento internacional, considerado el más importante de la comunidad mundial, luego de la Carta de las Naciones Unidas, según criterio del Embajador Javier Pérez de Cuéllar cuando era Secretario General de la organización.

El “Club de las 200 millas”, que empezó con un puñado de países a fines de la década de 1940,consta ahora de más de ciento sesenta y cinco naciones que han ratificado la Convemar, no con un empecinado criterio territorialista, sino en función de una soberana zona económica exclusiva para la protección, uso racional y sostenible de los recursos, concepto que se halla contenido en la letra y espíritu del Decreto Supremo que lleva la firma del presidente Bustamante y Rivero y de su Canciller García Sayán.

La palabra escrita y hablada del Contralmirante Llosa fue constantemente requerida en ámbitos oficiales, académicos, empresariales, periodísticos, institucionales que deseaban nutrirse de sus experiencias, de sus amplios conocimientos sobre la problemática oceánica en sus vertientes científica, histórica, económica, jurídica, sistema del Pacífico Sur Oriental, Conferencias de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Por los desplazamientos propios de la carrera, a veces pasaban algunos años sin que yo tuviera contacto personal con el Almirante. En nuestros encuentros, o reencuentros, solía yo reiterarle el profundo agradecimiento de mi promoción, la segunda de la Academia Diplomática, y de la institución en general, por haberle restituido el rol que le corresponde como único medio para ingresar al servicio exterior.

“La batalla de las 200 millas”, como la califica el Embajador Carlos García Bedoya en su libro sobre política exterior, o “batalla del mar”, como diría el embajador Alfonso Arias-Schreiber, que duró más de treinta años, fue ganada con la Convemar, que entró en vigencia el 16 de noviembre de 1994 tras la ratificación número 60, la de Guyana.

El Contralmirante Llosa Gonzales-Pavón había fallecido el 23 de julio del año anterior. La triste noticia la recibí en La Habana, una de mis etapas de la carrera. Permanecen sus trabajos escritos, sus intervenciones en diversos ámbitos. Nos deja ese rico legado. Son lecciones que seguirán iluminando a los estudiosos de la problemática del mar, despejando incógnitas, señalando cursos de acción. Es un valioso material, que se une al producido por otros especialistas.

Además de sus numerosos éxitos, lauros, homenajes, condecoraciones, creo que el mejor logro del Contralmirante Luis Edgardo Llosa González-Pavón fue formar una familia modelo, al lado de su entrañable esposa, la señora Victoria Dall’Orto Pestana, y de sus queridos hijos, Marta, Gabriela y Edgardo Llosa Dall’Orto.

EL Canciller Raúl Porras Barrenechea nace el 23 de marzo en Pisco, donde sus padres pasaban aquel verano de 1897 a solo catorce años del aciago término de la Guerra con Chile. Desde su tierna infancia su vida estuvo signada por la tragedia, cuando su padre, Guillermo Porras, resultó muerto en un duelo provocado por un incidente baladí en el parque de Barranco; y su niñez no tuvo otro consuelo que el amor de su madre viuda, Juana Barrenechea. Vivió también desde entonces, por la ausencia del padre proveedor del sustento familiar, en la escasez y la penuria de una pobreza llevada con dignidad y decoro en la casona miraflorina de la calle Colina.

Hizo sus primeros estudios en escuelitas locales, pero luego ingresó, con sacrificio, al Colegio de la Recoleta de los padres franceses, donde despertaron sus primeras vocaciones e hizo sus primeros amigos, entre ellos futuros intelectuales tan destacados como Luis Alberto Sánchez y Jorge Guillermo Leguía. Tan pronto terminó el colegio buscó y encontró empleo como amanuense supernumerario de la Corte Suprema, logrando al año la propiedad del cargo. Pero su destino no era la Magistratura ni tampoco el foro se recibiría de abogado en 1922, porque el Derecho sólo le interesaría en la medida que tuviera que ver con los problemas internacionales del Perú.

Su estrechez económica que lo acompañaría siempre lo obligó simultáneamente a dedicarse a la enseñanza secundaria en colegios como el alemán, el Anglo Peruano, el Antonio Raimondi, la misma Recoleta y otros como profesor de Historia del Perú, que sería en su vida una de sus grandes pasiones.

Inicia su carrera universitaria en San Marcos, donde funda un travieso periodiquito titulado Alma Latina, que se vuelve el terror de los profesores adocenados; y luego, el Conversatorio Universitario, que funciona en su casa y reúne a compañeros de estudios tan disímiles como Víctor Raúl Haya de la Torre, José Quesada, Jorge Basadre, Jorge Guillermo Leguía, Carlos Moreyra y Paz Soldán, Luis Alberto Sánchez, Guillermo Luna Cartland, Manuel Abastos entre otros.

En 1919, ingresa a la Cancillería, con veintidós años, cuando era ya un joven dotado de un notable caudal de conocimientos y un sólido prestigio intelectual bien ganado en San Marcos. Es nombrado Auxiliar del Archivo de Límites, al que dedicará veinte años de trabajos, y a cuya jefatura accederá luego de desempeñarse como bibliotecario e iniciarse en su segunda gran pasión, la investigación histórica, a la que consagrará toda su vida, completando así su trío vital de vertientes como maestro, historiador y diplomático.

Actúa como Asesor y Consejero de Torre Tagle en los temas más delicados y, en especial, los de la problemática limítrofe, que domina tan magistralmente. En 1934 integra la delegación a la Conferencia Peruano-Colombiana de Río de Janeiro, la que, superando definitivamente el incidente de Leticia, ratifica -en el Protocolo de Río de Janeiro- el Tratado Salomón Lozano de 1929 en prueba de respeto a la integridad de los tratados que es principio fundamental de la política exterior del Perú. Víctor Andrés Belaunde dice ya entonces que la preparación de Porras en el tema “lo habilitó para servir con brillo y eficiencia en la Conferencia«.

Es nombrado entonces consejero de nuestra legación en España, adonde viaja en 1935; y entre 1936 y 1938 asiste como delegado a las sesiones de la Sociedad de las Naciones en Ginebra con el rango de Ministro Plenipotenciario. Pasa a la disponibilidad en 1938, y luego de una estadía en París vuelve a España a continuar sus investigaciones históricas en los archivos de ese país. Regresa al Perú en 1941, y en 1942 es reincorporado al Servicio como Ministro Plenipotenciario, para luego ser ascendido al grado de Embajador en 1942 como Asesor en Relaciones Culturales. Permanece en este cargo hasta 1948, aunque sigue participando con su consejo, asesoramiento y respaldo en todos los asuntos concernientes a la política internacional del Perú y, particularmente, en las delicadas gestiones diplomáticas incluso asistiendo personalmente al Presidente Manuel Prado, que culminarán en el Protocolo de Río de Janeiro de 1942.

En reconocimiento a esos altos méritos e invalorables contribuciones, el Presidente Bustamante y Rivero, hombre de sólida cultura, lo nombra en 1948 Embajador en España, conociendo su vinculación con las altas esferas intelectuales españolas, que le tienen aprecio, respeto y admiración y conocen sus magistrales obras sobre los cronistas de la conquista, el inca Garcilaso de la Vega y Francisco Pizarro, entre tantos otros.

Cuando al poco tiempo el Presidente Bustamante es derrocado por el General Odría, el prestigio de Porras es tal que tiene que ser ratificado, pero desde ese momento se emponzoñan más en Lima las intrigas de quienes lo envidian desde siempre por su brillo, talento, independencia e incorruptibilidad. De pronto, un inesperado episodio va a poner fin a esa brillante misión. Un incidente banal en Valencia entre el Gobernador de la Provincia y el Cónsul Honorario del Perú se agrava peligrosamente cuando el iracundo funcionario ultraja el escudo peruano que ostenta el Consulado y, por sus vínculos políticos partidarios con las autoridades españolas, estas se niegan a dar las satisfacciones que con energía y firmeza exige el Embajador Porras, quien solicita también la sanción del Gobernador culpable. Pero el Gobierno del General Odría, que no concibe tocar ni con el pétalo de una flor al generalísimo Franco, no respalda a su Embajador en su altiva defensa del honor nacional y Porras renuncia.

En un gesto inédito en la historia de la diplomacia peruana, los funcionarios diplomáticos que integran la embajada renuncian también en solidaridad con su Jefe y su defensa de la dignidad nacional, jugándose sus carreras y su futuro. Ellos son porque hay que honrarlo Guillermo Lohmann Villena, Augusto Dammert León -ya desaparecidos-, Félix Álvarez Brun y el Ministro Manuel Mujica Gallo, talentoso y leal amigo nombrado a propuesta de Porras. La única embajada de este gran diplomático peruano ha durado sólo poco más de un año, y lo mismo sucederá con la de Carlos García Bedoya, su discípulo dilecto.

Porras, dolido, vuelve al Perú a reanudar sus cátedras en San Marcos y la Católica donde sus brillantes clases terminan en ovaciones, así como su actividad literaria y de investigación, que produce una nueva pléyade de obras, artículos y discursos de gran valor que figuran con precisión y detalle junto con las previas en el “Homenaje, Antología y Bibliografía de Raúl Porras Barrenechea», editados como separata del Mercurio Peruano en 1961, un año después de su muerte.

El Presidente Prado, quien sigue muy de cerca la política exterior, hace entonces la jugada maestra de trasladar al doctor Cisneros Sánchez al Ministerio de Justicia y Culto y nombra Canciller a Belaunde, quien en igualdad de condiciones se impone en la elección. Pero Prado quiere tener en su reemplazo un canciller de su talla y escoge a Raúl Porras, pese a la posición de virtual oposición en que lo ha colocado su creciente desacuerdo con la política económica del premier y Ministro de Hacienda, Pedro Beltrán. En consecuencia, su reacción inmediata es negativa y Prado encomienda entonces a Víctor Raúl Haya de la Torre amigo de Porras desde sus días universitarios la tarea de convencerlo de que acepte la cancillería, para apoyar al régimen democrático que ha reemplazado a la dictadura de Odría, y Haya lo consigue.

Raúl Porras Barrenechea a la Cancillería, su alma mater, a la que ha llegado peldaño a peldaño por su propio y fúlgido esfuerzo. Pero acaba de tener un nuevo infarto y sus médicos, preocupados por el avance de su enfermedad cardiaca, desaconsejan el traslado a la ceremonia en Palacio. En consecuencia, un día de comienzos de junio de 1959 las puertas de la casa miraflorina de Porras se abrieron para dar paso al Presidente de la República, Manuel Prado Ugarteche, que en gesto de deferencia sin precedentes acudía con sus ministros a tomar juramento a Raúl Porras ahora como Ministro de Relaciones Exteriores en el flamante gabinete del Vicepresidente de la República, Luis Gallo Porras. Porras quedó muy reconocido por el gesto del mandatario, normalmente tan apegado al protocolo, y nunca lo olvidaría.

Desde los primeros momentos de su desempeño como Canciller del Perú, Porras hace despliegue de su propósito de defender con ahínco y firmeza los intereses nacionales de toda índole. En su primera participación en la Asamblea General de Naciones Unidas de 1958 reconviene severamente al poderoso Secretario de Estado de Estados Unidos Foster Dulles, hombre de toda confianza del Presidente Eisenhower y hermano del Director de la CIA Allen Dulles, por las cuotas restrictivas que ese país ha impuesto unilateralmente a las exportaciones peruanas de plomo y zinc, y que Porras califica abiertamente de “agresión económica».

Tal es el impacto del insólito incidente, del que dan cuenta los más importantes medios como el diario The New York Times y la revista Time, que en su conferencia de prensa, el Secretario Dulles se ve precisado a declarar que “…el Ministro del Perú no escatimó palabras al expresarnos lo que él pensaba de nuestras cuotas. Conversamos muy francamente dentro de una atmósfera de real camaradería, lo que no es usual, y lo que creo nos ha abierto los ojos».

Aunque Porras tiene por delante una tarea inmediata y prioritaria porque el presidente Velasco Ibarra, del Ecuador, alegando una supuesta interposición del río Cenepa en el divortium aquarum de los ríos Zamora y Santiago, referencia importante de la demarcación oriental, ha declarado inejecutable el Protocolo de Río de Janeiro y para el Perú es impostergable afianzar formalmente la improcedencia de esa pretensión.

Pero Porras, moribundo, acosado y víctima de una crisis política que su clarividencia y su altiva independencia han desatado, ha renunciado a la cancillería el 12 de setiembre de ese año, y sólo quince días más tarde, el 27 de setiembre, exhalará su último suspiro en una noche de soledad en su casona miraflorina y no verá su triunfo estelar e histórico.

Sin embargo, su gestión ministerial se ha dirigido también a consolidar y perfeccionar la Cancillería y el Servicio. Reorganiza y relanza la Academia Diplomática, que venía funcionando intermitentemente, se expide su reglamento, se establece el currículo de estudios y se inicia el dictado de las clases en forma regular, en el proceso de asegurar la profesionalización de la carrera. Crea la Dirección de Relaciones Cultuales a igual nivel de importancia que las demás y se reparte a todos las embajadas y consulados en el mundo el Boletín Cultural Peruano.

Una de sus realizaciones más notables es la obra de preservación del palacio de Torre Tagle, al que, con la cooperación técnica y financiera españolas, se le incorpora una potente estructura metálica de sustento y soporte. Como algunas partes del edificio deben ser reforzadas o reconstruidas y en el proceso pierden sus azulejos, Porras se maravilla cuando, en el momento de reponerlos, descubre que la misma casa que en el siglo XVIII hizo en España los originales los sigue fabricando exactos, y vuelven a ornamentar el viejo y bello palacio.

Pero el Canciller Porras tiene aún por delante el capítulo más dramático de su existencia, que lo inscribirá definitivamente en la historia, precisamente cuando su vida está a punto de extinguirse. Porque en 1960, el Gobierno republicano del presidente Eisenhower y su vicepresidente Nixon ha decido deshacerse del régimen revolucionario de Fidel Castro, al que viene jaqueando con acciones de acoso y sabotaje que, sin embargo, no dan el resultado esperado. Deciden entonces recurrir al remedio del aislamiento internacional, lo que exige como primer paso expulsar a Cuba de la OEA para poder operar su derrocamiento sin las ataduras y cortapisas que, al menos en la letra, imponen los pactos continentales de la OEA a una acción de ese tipo.

Se comienza el proceso con una gestión ante el gobierno peruano del Presidente Manuel Prado pidiéndole que solicite al Consejo de la OEA la convocatoria de una urgente Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos para contemplar “la situación en el Caribe”, eufemismo con el que se alude inequívocamente a Cuba pero también a la República Dominicana del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien ha llegado al extremo de atentar contra la vida del presidente venezolano Rómulo Betancourt causándole graves quemaduras.

Porras no puede desoír la instrucción que para pedir la convocatoria de la reunión de consulta le imparte el Presidente Prado, pero lo hará conforme a sus íntimas convicciones, redactando una solicitud imparcial que no acusa a nadie y utiliza un lenguaje tan amplio que cubre implícitamente todas las opciones -incluso la conciliación- cuando precisa que los objetivos de la reunión que solicita son “considerar las exigencias de la solidaridad continental” -o sea, a su juicio, la preservación integral de la unidad americana y “la defensa del sistema regional”, es decir, la oposición la injerencia intra o extra continental «y la de los principios democráticos que puedan afectarlos”, los de no intervención y la autodeterminación.

El Consejo de la OEA al convocar la Reunión para el 22 de agosto en San José de Costa Rica, reacomoda ladinamente el lenguaje de la convocatoria y lo orienta hacia posiciones de reprobación y condena de Cuba, aunque sin nombrarla, como sugería tácitamente la nota peruana, mientras elimina la mención de los principios democráticos citados por Porras, que por lo visto incomodaban.

La situación se precipita cuando, ante el creciente acoso norteamericano de Cuba, el 9 de julio de 1960 el primer ministro soviético, Nikita Krushev, anuncia dramáticamente que si Cuba es atacada sus artilleros misileros la defenderán. Krushev es consciente de los riesgos de esa declaración, pero por exigencias de su propia subsistencia en el poder no puede permanecer indiferente ante el previsible aplastamiento de una revolución que se reclama socialista. Y Castro, que, aun advirtiendo también la peligrosidad de esa declaración no puede darse el lujo de descartar la contingencia de una ayuda tan poderosa, responde con una escueta alusión elogiosa a la amistad cubano-soviética, que naturalmente es exhibida como prueba de su contubernio con la URSS.

Para desvirtuar esta acusación, el Canciller cubano pide dos días más tarde al Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que convoque una reunión urgente del Consejo que se celebra nueve días más tarde, a fin de considerar la situación planteada a su país por los reiterados actos de agresión del Gobierno de Estados Unidos, que enumera. El gobierno americano se mueve rápidamente para bloquear la iniciativa cubana, y con el inesperado apoyo de la Argentina de Arturo Frondizi, presionado por sus militares, niega al Consejo de Seguridad jurisdicción para considerar un asunto que califica de exclusivamente regional, sobre el que la OEA tiene la prioridad absoluta. La tesis resulta victoriosa el 19 de julio cuando el Consejo suspende el examen de la cuestión hasta recibir un informe de la OEA, aunque expresando su preocupación por la situación existente entre Cuba y Estados Unidos.

Era consciente Porras de que la suya no era la posición de Prado ni la de Beltrán, firmemente comprometidos con Estados Unidos, pero confiaba en que una demostración inteligente de la irracionalidad contraproducente de lo que se intentaba hacer y una apelación emocional a la solidaridad latinoamericana para corregir el rumbo, podrían inclinar la balanza a favor de su tesis de promover la reconciliación entre Estados Unidos y Cuba y así preservar la unidad frente a la URSS. Pero tampoco la oculta y, al salir de un Consejo de Ministros, declara a la prensa que el Perú va a San José a conciliar y no a acusar, a unir y no a separar.

Al llegar a San José, Porras se entrevista con varios de sus colegas latinoamericanos, muchos de los cuales comparten su inquietud, y tiene una conversación con el Canciller cubano, Raúl Roa, a quien interesa particularmente sondear para confirmar o descartar sus temores sobre la intervención soviética, sin confiarle en absoluto su posición ni sus propósitos. Aunque la conversación es delicada y difícil, la facilita el sinceramiento político de Roa y su carácter abierto y espontáneo, que divierte a Porras, como cuando le dice que “…tiene la dicha de haber llegado a la edad que tiene y al cargo que ocupa con el corazón sin canas, la mente sin arrugas y el carácter sin papada».

Y se da comienzo a la Séptima Reunión de Cancilleres Americanos. Así como la Sexta, que acaba de condenar al gobierno dominicano de Trujillo por su injerencia en Venezuela, que como hemos visto casi le cuesta la vida al Presidente Betancourt, se ha caracterizado por la unanimidad de su posición y sus resoluciones, en este caso de Cuba las posiciones están muy divididas y es marcada la resistencia de los latinoamericanos a expulsarla. El Secretario de Estado Herter informará luego al Presidente Eisenhower que al comenzar la sesión Estados Unidos se encontraba muy aislado.

Por ser el país solicitante de la reunión, le toca hablar en primer lugar al Perú, pero al iniciarse la sesión, el Canciller Venezolano, Ignacio Arcaya, que comparte cerradamente la posición de Porras, anuncia que el canciller peruano está indispuesto y propone suspender la sesión hasta la tarde, lo que agudiza la tensión. Porras había preparado a solas su discurso en su cuarto de hotel, dictándoselo a uno de sus colaboradores, lo que trastornaba a un prominente miembro de la delegación, que hacía desesperados esfuerzos por tener acceso a texto y poderlo influir. Pero Porras fue inflexible.

Informado de esto el Premier Beltrán, e incluso el Ministro de Guerra, General Cuadra Rabines, lo llaman repetidamente por teléfono para recordarle que la posición del Perú debía ser de condena a Cuba. Porras no era tan ingenuo como para no advertir que su posición no iba a recibir su respaldo político, pero se sentía obligado por un compromiso de honor con el Perú, con América y consigo mismo a sostener la tesis de la concordia y a defender hasta el final sus posibilidades de aceptación.

En ese afán de impulsar el entendimiento y la conciliación, Porras recuerda que por boca del Secretario de Estado, Charles Evans Hughes, Estados Unidos ha reconocido en América Latina “…el derecho a la revolución y que cada nación puede gobernarse así misma según la forma que quiera y cambiarla a su arbitrio si cuenta con ello con la voluntad popular”; mientras que Cuba ha asegurado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que está dispuesta a convivir en paz e incrementar sus relaciones diplomáticas y económicas, sobre bases de igualdad y respeto mutuo, con Estados Unidos.

Termina Porras su histórico discurso expresando su confianza en que la revolución cubana, que persigue una honda transformación económica, la mejoría de los niveles de vida y una justa distribución de la riqueza, no se desvíe de su camino original y su destino americano, y que con Estados Unidos, que ha declarado su voluntad de servir a la paz y el bienestar de los pueblos americanos, hallen una fórmula de entendimiento y conciliación, para convertir los corazones de los rebeldes a la prudencia de los justos, para bien de América y de la humanidad.

Mientras Porras hablaba no se oía en el inmenso auditorio atestado de gente un solo murmullo. Los delegados y el público seguían extasiados, en absoluto silencio, el brillo, la altura, la racionalidad y la elegancia de la exposición peruana. Al finalizar Porras su intervención, los delegados se ponen de pie y lo ovacionan fervorosamente durante varios minutos. El Canciller Roa cruza la sala y lo abraza mientras exclama: “iAl Perú generoso!». Los cancilleres latinoamericanos se acercan a felicitarlo por su extraordinaria elocución.

Pero si Porras tiene alguna ilusión de poder cambiar con su discurso la marcha de los acontecimientos, ella se desvanece a las primeras palabras del canciller colombiano, Julio César Turbay, presidente de la reunión y coordinador encargado de la conjura contra Cuba, quien pronuncia un discurso maquiavélico que lleva al molino norteamericano toda el agua que puede y que llega hasta la ingenuidad, o el cinismo, cuando proclama solemnemente que: “Ninguna nación de este hemisferio, para proteger su independencia y soberanía, necesita de la ayuda política o militar de una potencia extra continental”, cuando el inminente ataque de Bahía de Cochinos solo será derrotado porque Cuba cuenta ya entonces con las armas soviéticas llegadas de justeza, mientras que la OEA no dirá una palabra ni levantará un solo dedo ante el ataque armado.

El Canciller Roa declara entonces que, aunque Cuba está acusada de ser peón de la Unión Soviética por la no solicitada oferta del Premier Krushev, ante la inminencia de un ataque armado “Cuba no tiene porqué rechazar la ayuda de nadie, porque está absolutamente desamparada y tiene el deber elemental de sobrevivir”. Por su parte, el Secretario de Estado, Christian Herter, declara enfáticamente que “Estados Unidos nunca ha tenido intenciones ni las tiene ahora de lanzar un ataque militar contra Cuba», pese a que el de Bahía de Cochinos está ya a solo ocho meses, lo que no obsta para que ofrezca formalmente a Fidel Castro la seguridad de que su país no tiene intenciones agresivas.

La reunión sigue su curso y produce finalmente la Declaración de San José, que, aunque sin nombrar a Cuba, condena enérgicamente “la intervención o amenaza de intervención de una potencia extra continental en los asuntos de un Estado americano», lo que obliga a la OEA a “desaprobarla y rechazarla con igual energía».

Porras se niega a firmar una declaración tan opuesta a sus principios y faculta al embajador en la OEA, Juan Bautista de Lavalle, a hacerlo, mientras que el Canciller Arcaya que comparte la misma fiera independencia e integridad que Porras también se niega y renuncia. Por su parte, el Canciller Tello, de México, que sí la firma, declara oblicuamente que “la delegación de México está convencida de que se trata de una resolución de carácter general, para todos los Estados miembros de la Organización, y de que en ninguna forma constituye una condenación o una amenaza en contra de Cuba”. Pero la presión de los embajadores norteamericanos en las capitales latinoamericanas acaba con las dudas y todos la firman calladamente. No obstante, la prédica de Porras ha hecho su efecto: Cuba no será mencionada y le tomará a Estados Unidos dos años más expulsarla de la OEA.

Porras no renuncia entonces porque un importante Senador oficialista lo ha llamado para comunicarle que el Presidente Prado desea seguir contando con sus valiosos servicios. Es una primera maniobra para evitar su renuncia inmediata y así atenuar el escándalo político que ha estallado en Lima, avivado por los feroces ataques que los diarios y los sectores de derecha lanzan despiadadamente contra Porras. Su discurso sigue sin publicarse en el Perú; y para enfriar la crisis política, se lanza entonces la falsa versión de que Porras no ha firmado por razones de salud. Porras, que no quiere que se desvirtúe su gesto de dignidad e independencia, se lanza entonces al centro de San José en el mismo momento en que la reunión aprueba la declaración para que todo el mundo lo vea y así desmentir la versión falaz.

Pero recibe el primer desaire oficial cuando, al llegar de vuelta a Lima, no hay representante del gobierno para darle la bienvenida. Las pocas docenas de fieles que lo esperábamos en Limatambo no pudimos reprimir un estremecimiento cuando al abrirse la portezuela del avión apareció Porras con la muerte retratada en el rostro. En las dos semanas de San José, la enfermedad ha hecho progresos impresionantes y lo obliga a recluirse en su casona, posado como Palma en un viejo sillón con una manta sobre las piernas y sacudido por una implacable tos cardíaca, aunque al día siguiente de su llegada ha acudido a Palacio y puesto el cargo a disposición. Prado, que lo aprecia y respeta, le pide que demore su retiro de la Cancillería y que continúe en funciones. Más la solución a la crisis política apremia y dos semanas más tarde Prado lo convoca a Palacio y tras una hora de conversación, que ha quedado en el misterio, Porras declara a la prensa que han hablado de su renuncia, presentada días antes, y al día siguiente se publica el texto de la misma, en la que sustenta y justifica indeclinablemente su posición en San José. No se publicará la aceptación de la renuncia ni se nombrará a su sucesor, el Ministro de Trabajo, embajador Luis Alvarado Garrido, hasta semanas después, en gesto de desacostumbrada deferencia que refleja los encontrados sentimientos que han debido atenazar a su viejo amigo, el Presidente Prado, en tan penosa coyuntura.

Porras quiso que su último acto como Ministro de Relaciones Exteriores fuera tomar el juramento a los integrantes de la primera promoción egresada de la Academia Diplomática, a la que había dedicado tantos de sus cuidados y sus afectos. Ante el Canciller, que sabían moribundo, los nuevos diplomáticos, al borde de las lágrimas, escucharon su última invocación cuando les recordó que por encima de los cargos y las prebendas está la dignidad del Perú y el personal de cada uno de ellos, que, en un gesto de desafiante homenaje, habían dado a su promoción el nombre de Raúl Porras Barrenechea.

La muerte le llega solo dos semanas más tarde en una noche de soledad, sin más compañía que la de su leal chofer y mayordomo, Julio Acosta. Ante su cadáver, la ciudad se estremeció, el país sobrecogido advirtió de pronto lo que había perdido y el torrente de pasiones que se había desatado contra él se volvió de pronto remanso reverente, y desde entonces todo fue recogimiento y desconsuelo.

Quince años más tarde, y en el mismo San José que había escuchado su visionaria advertencia, los países americanos decidieron dejar sin efecto la marginación de Cuba, acordada en Punta del Este en 1962 y dejar en libertad a los Estados miembros para restablecer sus relaciones con Cuba. Hoy, sesenta años después, solo Estados Unidos se resiste, pese a mantenerlas con todos sus enemigos históricos: Rusia, China, Vietnam, etc.

Carlos García Bedoya dirá a la partida de su maestro que: “Ahora que la muerte de Porras ha decretado la diáspora de sus discípulos y amigos, bueno será reencontrar en sus libros y memorias el agua viva de la Patria y de sus hombres mejores”; mientras que otro valiosísimo colega, Enrique González Dittoni, proclama la convicción unánime de que: “Con Raúl Porras en la inmortalidad, ha perdido el Perú a uno de los peruanos más grandes de todas las épocas y a una de las mayores figuras del siglo XX».

Por su parte, Luis Alberto Sánchez escribió lo siguiente:

Con la mano aún trémula de haber llamado por última vez a su puerta, y la voz sorda de duelo, escribo estos comentarios para llamar la atención del transeúnte futuro de la Patria sobre esta figura menuda, traviesa, cordial y tajante, que llenó un día el escenario político e intelectual de nuestra tierra, y que lo ha de seguir encendiendo en la medida que se vaya descorriendo el velo que todavía oculta desconocidos logros, ignorados aciertos y una lección de dignidad y clarividencia.

Medio siglo después de esa lección final de dignidad y clarividencia, el ejemplo de Raúl Porras sigue inspirando a sucesivas generaciones peruanas, desde su morada, que él había anticipado también para Riva Agüero:

…en la región olímpica de verde esmalte, a donde no llegan la envidian ni el odio, lejos de toda escoria humana, donde su espíritu resplandece bajo la mirada de Dios

y dialoga ya con las sombras de la Patria.

José Carlos De La Puente Radbill, nació en Lima el 5 de junio de 1921. Casado con Teresa Salinas Abril, tuvo tres hijos: Teresa del Rosario, José Carlos y Amalia Julia. Fallecida su primera esposa, se casó con Lidia Carreón Velarde.

El ruso fue su primera lengua, pues su madre venia de Rusia y había obtenido la nacionalidad estadounidense. De La Puente, desde muy pequeño, aprendió la lengua materna como su idioma original. Con esa herramienta pudo escuchar las historias más asombrosas que le contaba su abuelo, el príncipe Carol Alexander Radziwill, al servicio del zar Nicolás II, que peleó en la batalla de Arturo en la guerra ruso-japonesa. En esta contienda se cuenta que le hundieron la Fragata que Comandaba como joven capitán, siendo tomado prisionero para ser luego felizmente intercambiado.

En la Unión Soviética, donde llegó como Embajador en 1971 y permaneció hasta 1973, el Embajador De la Puente fue recibido como un amigo paisano.

Esta situación nos permite ilustrar que José De La Puente, o Pepe Puente, como le dicen sus amigos más cercanos, es una persona de carácter noble, dispuesto a colaborar siempre con sus compatriotas o con cualquier persona que necesite de su apoyo, haciendo relucir su perfil humano. De La Puente es un Diplomático cabal que conoce muy bien lo que es el prestigio y la dedicación al trabajo. Supo manejar los temas internacionales con previsión y precaución. Esa mezcla de cautela y a la vez decisión oportuna le permitió llevar adelante los intereses permanentes del Perú.

Estudios y grados académicos

José De La Puente se graduó en Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1949) y obtuvo el título de Diplomático de carrera de la Academia Diplomática de Perú (1956). Además, realizó estudios de Letras en la Universidad de La Sorbona (1939-1940), de Ciencias Económicas en la Universidades de Pennsylvania (1943) y Georgetown; y ostenta un diploma de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (Holanda).

Larga carrera en el Servicio Diplomático

Antes de asumir el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, José De La Puente Radbill tuvo una larga carrera en el Servicio Diplomático, tanto en la Cancillería como en el extranjero, carrera que se inició al ser inscrito en el escalafón el 10 de agosto de 1949 como Segundo Secretario de Cancillería. Ese mismo año fue designado como Segundo Secretario de la Legación del Perú en Holanda.

En 1953 fue promovido a Primer Secretario (3 julio), lo que le permitió asumir el cargo de Primer Secretario del Departamento de Organismos y Conferencias Internacionales y posteriormente el cargo de Primer Secretario del Departamento de Fronteras y Límites. Dos años después, en 1955, fue designado para el mismo cargo en el Departamento Político y Diplomático, y a continuación, Primer Secretario y Cónsul General de Segunda Clase del Perú en Los Ángeles.

Luego de esa experiencia retorna a la región asumiendo en 1957 el cargo de Primer Secretario de la Embajada del Perú en Bolivia.

Al año siguiente vuelve a Norteamérica con el cargo de Asesor de la Representación Permanente del Perú ante las Naciones Unidas y poco tiempo después, el mismo año, se desempeña como Primer Secretario de la Representación Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos.

En la década de los sesenta asumió en la Cancillería la Dirección de Fronteras y Estudios Geográficos, la Dirección Económica y Comercial, así como la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales (1961).

Un año más tarde, el 1 de febrero de 1962, fue promovido a Consejero, asumiendo la Jefatura de la Sección de Asistencia Técnica de la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales. Aún como Consejero, se le encargó la Sub dirección de Asuntos Económicos (1964).

Nombramiento como Ministro de Relaciones Exteriores

En agosto de 1975, el General Francisco Morales Bermúdez depuso al General Juan Velasco Alvarado, a raíz del pronunciamiento que hubo en Tacna, con el apoyo de los cinco jefes de las Regiones Militares. Pero el Canciller Miguel Ángel De la Flor seguía en su tendencia tercermundista y no prestaba suficiente atención a los nuevos lineamientos americanistas de la política exterior fijada por el Presidente Morales Bermúdez en su discurso de marzo de 1976 (De la Puente, Cuadernos de un embajador, pp. 148,149).

El 16 de julio de 1976, el gabinete cayó y se produjo la salida del Canciller De La Flor. Ese día, el Presidente Morales Bermúdez convocó al Embajador José De La Puente y le comunicó su nombramiento como Ministro de Relaciones Exteriores, juró al día siguiente y ejerció como Canciller de la República entre el 16 de Julio de 1976 y el 31 de enero de 1979. Fue el primer civil con el rango de Ministro de Estado dentro de la Junta Militar.

Contexto internacional durante su gestión como Canciller

El contexto internacional que le tocó vivir al Embajador De La Puente durante su gestión como Canciller estuvo marcado por la represión a los opositores de los gobiernos militares de América del Sur, lo que favoreció un movimiento de opinión que proponía un regreso a sistemas democráticos.

La acción de estos gobiernos se desarrolló en un contexto internacional dominado por la Guerra Fría (Acuña, 2003); es decir, el enfrentamiento que desde finales de la segunda social: El capitalismo (representado por los Estados Unidos de América) y el socialismo (representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Esta oposición se caracterizó por un estado de tensión permanente, sin una declaración formal de guerra.

De acuerdo a la información provista por algunos documentos desclasificados, en 1975 se implementó una campaña de represión política regional conocida como Plan Cóndor (Mc Sherry, 2002). Este programa de acción militar, que contó con el apoyo de los Estados Unidos, se desarrolló en el extremo sur del continente americano. Entre otros países, incorporó a Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. El Perú se abstuvo de participar, tal como lo corrobora el Embajador.

En países de América del Sur, este proceso ha tenido altos costos, pero, en general, se ha dado en un clima de paz; sin embargo, esta redemocratización ha sido mucho más dificultosa en América Central. Allí se enfrentaban las aspiraciones de los países de la zona, que querían asegurar la paz, y el temor de los Estados Unidos de que rebrotaran los focos revolucionarios de los años anteriores. En ellos, las «guerrillas» perturbaban las negociaciones de paz que se llevaban a cabo en cada país.

Principales gestiones durante su desempeño como Canciller

Algunos hechos que nos permiten comprender los lineamientos de la política exterior de aquel entonces se enmarcaron dentro un período entre el ocaso de la «Primera Fase» del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y el inicio del diálogo con los partidos políticos, al final del Gobierno del general Francisco Morales Bermúdez, que llevaría a las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978.

Desde el comienzo de su gestión Ministerial, el Canciller José De La Puente orientó su política exterior hacia un reencuentro con América Latina y los Estados Unidos. El importante giro americanista de la política exterior de la “Segunda Fase» quedó manifiesto al efectuar De La Puente su primera visita oficial como Canciller a Buenos Aires en 1976, poco después de haber asumido su cargo.

Se constataba con honda preocupación, el avance en este campo de países vecinos de América Latina, mientras que el Perú estaba a la zaga no solo en cuanto a un reactor de investigación el poco apoyo que recibían, o habían emigrado a los Estados Unidos, Europa y Brasil, o se habían dedicado a otras actividades.

Con la visita De La Puente se concretó la búsqueda de cooperación y se instaló cerca de Lima un reactor argentino, además, se celebraron acuerdos para entrenamiento de personal. Así, al menos en el ámbito de la investigación, en el Perú entro al campo nuclear.

V Reunión de Países No Alineados: Colombo, Sri Lanka (1976)

Antes de transcurrir un mes como Canciller, De La Puente representó al Presidente Morales Bermúdez en la V Reunión de Países No Alineados en Colombo (Sri Lanka). Su visita tuvo el propósito del presidente, y también el suyo, de seguir en el movimiento No Alineado, pero conforme a una actitud digna y ponderada, sin altisonancias ni enfrentamientos innecesarios, sin condenas a países con los cuales el Perú tenía relaciones diplomáticas.

En la reunión estuvo presente el Secretario General de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim; y entre los jefes de estado destacaron Tito, de Yugoslavia; Indira Ghandi, el arzobispo Makarios, Presidente de Chipre; Boumediene, de Argelia; Khadafi, de Libia; y el Presidente de Siria (171). De La Puente señala que su discurso en la Conferencia:

“…recibió más acogida de lo que esperaba. Había muchos países que, como el Perú, deseaban el retorno a los principios primigenios del no alineamiento auténtico, sin el liderazgo de precisamente naciones que habían caído bajo uno de los centros de poder, en este caso, el soviético, y cuya presencia en Sri Lanka nos resultaba difícil comprender.»

Agrega que:

«Se ha confundido, pues, esta posición equilibrada del Perú con un distanciamiento total del no alineamiento. La diplomacia busca un equilibrio y elude el enfrentamiento. Fue precisamente en este camino difícil e incomprendido que ingresé en 1976, pero lo hice con convicción y determinado a tener la tolerancia de explicar repetidamente nuestras razones».

En el plano de la política exterior regional merecen especial atención el planteamiento peruano para una solución de la mediterraneidad de Bolivia y la celebración de la Conferencia Internacional en Basilia, en junio de 1978, que culminaría con la firma del Tratado Amazónico.

Mediterraneidad de Bolivia

Al asumir el cargo de Canciller, De La Puente encontró un clima tenso entre el Perú y Chile, e igualmente con Bolivia. El Gobierno de Chile le había comunicado al del Perú que Bolivia le había formulado oficialmente un planteamiento para encontrar solución a su problema de mediterraneidad, en cumplimiento del artículo 1 del Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, que estipuló que cualquier cesión total o parcial del territorio de Arica a una tercera potencia requería del acuerdo previo entre Perú y Chile. (Nota  N° 685 de 19 de diciembre de 1975), Después de un estudio por una comisión consultiva y conversaciones entre ambos Estados, a nivel de representantes especiales; y de una profunda reflexión ante el angustioso dilema pues había que evitar a toda costa que el Perú resultara ser el gran obstáculo para la justa demanda de Bolivia, el Canciller De La Puente llegó a una decisión que se plasmó en un planteamiento de respuesta al Gobierno de Chile,  puesto en conocimiento de su Canciller por el Embajador Luis Marchand Stens en calidad de representante especial del Perú, que incluía las siguientes condiciones:

-La eventual cesión por Chile a Bolivia de un corredor por el norte de la Provincia de Arica que quedaba sujeta:

• Al establecimiento en la Provincia de Arica, a continuación del corredor, de un área territorial bajo soberanía compartida del Perú, Bolivia y Chile, situada al sur de la frontera peruano-chilena. Dicha eventual concesión se complementaba con la constitución de una administración portuaria trinacional en el Puerto de Arica, la concesión a Bolivia del derecho a construir un puerto bajo su exclusiva soberanía, soberanía exclusiva de Bolivia sobre el mar adyacente al litoral del territorio bajo soberanía compartida y establecimiento por los tres países de un polo de desarrollo económico en el territorio bajo soberanía compartida.

El planteamiento del Gobierno del Perú serviría de base para la concertación del acuerdo previo previsto en el artículo 1° del Protocolo Complementario al Tratado de 1929.

Nos comunica el Embajador De La Puente, en su obra Cuadernos de un Embajador, que el Canciller de Chile asumió una reacción negativa y hasta descortés frente al planteamiento del Perú, descrita por el autor como “el desconocimiento de nuestra fórmula.

Tratado Amazónico, Brasilia, julio de 1978

El Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en Brasilia en 1978 entre Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, fue fundamentalmente de cooperación y serviría como marco jurídico a convenios bilaterales futuros entre dos o más países de la zona amazónica.

El Tratado buscó crear un mecanismo que provocara encuentros periódicos entre los gobiernos y sectores técnicos del área. Este mecanismo pretendía hacer de la Amazonía un proyecto viable en donde el agua, la tierra y la energía, a los que se podían sumar la madera tener recursos ante la escasez debido a una situación de crisis ambiental mundial.

Cabe resaltar lo más importante del Plan Estratégico, articulado en cuatro ejes y seis áreas de acción prioritarias:

Los principales ejes son:

–    Conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables, creando oportunidades económicas para las poblaciones amazónicas y las naciones como un todo a partir del uso racional de la mega biodiversidad regional.

–    Gestión de conocimiento e intercambio tecnológico.

–    Integración y competitividad regional.

–    Fortalecimiento institucional.

Entre las áreas prioritarias podemos considerar:

–    El agua.

–    Bosques, suelos y áreas naturales protegidas.

–    Diversidad biológica y bio comercio.

–    Ordenamiento territorial, asentamientos humanos y asuntos indígenas.

–    Infraestructural social: salud y educación.

–    Infraestructura de transporte, energía y comunicación.

Nueva Ley del Servicio Diplomático, 1978

Después de permanecer en vigor casi medio siglo, pues la vigencia de la Ley 6602 se remontaba al 10 de abril de 1929, era imperioso que se diera cabida en un nuevo dispositivo legal a una serie de normas que se había venido dictando y que tenían que ser sistematizadas y coordinadas en un todo coherente. Esa finalidad se cumplió con el Decreto Ley 22150, expedido el 25 de abril de 1978.

Con fecha 8 de junio de 1978 y por Decreto Supremo N° 003-78 RE se dictó el correspondiente reglamento de la Ley, a fin de que esta entrara en plena actividad.

Al respecto, afirma José De la Puente:

«Como miembro del servicio me satisfizo íntimamente haber puesto mi firma al pie de ese dispositivo legal, coronando así uno de los propósitos más caros que me propuse al aceptar la Cartera de Relaciones Exteriores.» (De la Puente, Cuadernos de un Embajador, p.188).

Academia Diplomática

Unas semanas antes de firmar el Decreto Ley del Servicio Diplomático, el Canciller De La Puente logró otro objetivo largamente acariciado por su generación. El 21 de marzo de 1978 se expidió el trascendental Decreto Ley 22115, por el cual se reconoció a la Academia Diplomática como Institución del Segundo Ciclo de Educación Superior, con la facultad de otorgar, a nombre de la nación, el título de Licenciado en Relaciones Internacionales a los alumnos que aprobaran la totalidad de los cursos del Ciclo de Aspirantes y el de Maestro en las mismas relaciones a los que, habiendo obtenido previamente la Licenciatura, aprobaran los ciclos de perfeccionamiento en la Academia y presenten una tesis de jerarquía universitaria.

Gestiones en el ámbito de la política interna del Canciller De la Puente

Otro hecho importante en la gestión del embajador De La Puente fue en el ámbito de la política interna, cuando colaboró en el diálogo con los partidos políticos en el marco del “Plan Túpac Amaru». Este plan consistía, en líneas generales, en encauzar la transferencia del poder militar a la civilidad.

También fue miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena (Decisión 138:1979), experiencia que él mismo califica como de muy fructífera e importante en el ámbito profesional, pero muy frustrante y decepcionante en el sentido de que no se pudieron lograr todas las metas y aspiraciones de los países de la región.

Operación Cóndor

La interacción que tuvo el Canciller De La Puente con el Presidente Morales Bermúdez y el Poder Ejecutivo fue fundamental, pues le permitió resolver situaciones complejas. Tal fue el caso de la denominada Operación Cóndor, que tuvo como objetivo generar acciones de inteligencia que permitieran perseguir y exterminar a los grupos opositores a las formas de gobierno implantadas.

Personalidad del Embajador De La Puente

De La Puente conoce tanto de la diplomacia bilateral que se desarrolla en las embajadas como la multilateral, ejercicio realizado en los organismos internacionales y donde la sagacidad y capacidad para abordar múltiples temas hace evidente los atributos de un buen diplomático. De mente muy ágil, gran conocedor del mundo y de conversación sumamente entretenida, De la Puente brillaba en cualquier conferencia internacional.

Hasta verse limitado por su avanzada edad y muy precaria salud, el Embajador De La Puente fue fuente de consulta permanente debido a su notable gestión y preclara capacidad en el ámbito de las relaciones internacionales en pro de nuestro país. Además, publicó constantemente en los principales diarios artículos de opinión sobre la política exterior y otros temas.

Carlos García-Bedoya Zapata, fue Secretario General de Relaciones Exteriores del 30 de julio de 1970 al 17 de noviembre de 1975, entonces no existía el cargo de Viceministro de Relaciones Exteriores, y Ministro de Relaciones Exteriores del 1 de febrero al 29 de noviembre de 1979, un período de tan solo diez meses, aunque increíblemente fecundo. Esta contribución va a referirse a las iniciativas más importantes, negociadas y traducidas a la praxis de nuestra política exterior por el “Canciller del Centenario», como se le solía llamar por haber coincidido su ejercicio como Ministro de Relaciones Exteriores con el inicio, cien años antes, de la Guerra del Pacífico.

Unos meses antes de que asumiera como Secretario General, Carlos García Bedoya, nombrado Subsecretario de Planeamiento Estratégico el 23 de mayo de 1969, había diseñado el primer Plan de Política Exterior de la Cancillería, sobre la base de un esquema tipológico que, con sus diez temas, ocho planteados primero y dos agregados después, verbalmente, constituye hasta hoy el referente más importante para la percepción del sistema internacional y la definición de nuestras líneas maestras de política exterior.

1. Los presupuestos teóricos

Con Carlos García Bedoya se produce un cambio cualitativo de la percepción que históricamente habíamos tenido de las relaciones internacionales y, consiguientemente, de la manera como veníamos manejando nuestra política exterior. En la Lección Magistral que pronunció en la Academia Diplomática del Perú con motivo de la inauguración del Año Lectivo en 1979, siendo Canciller de la República, explica de una manera clara, lógica y con conocimiento fundado los alcances de su concepción. Y fue en esa oportunidad que habló de aquello que “encontró” su “generación”, para elaborar a partir de allí su nueva visión, lúcida y audaz. En realidad, puede haberse tratado de un pensum que asumió una generación, pero cuyo liderazgo fue ejercido de manera indiscutible por Carlos García Bedoya.

Por otro lado, utiliza como criterio de diferenciación entre la sociedad interna y la internacional uno de naturaleza jurídica: El reconocimiento de la existencia, por un lado, del monopolio legítimo de la violencia como una de las características esenciales de un Estado y, por otro, la ausencia de un monopolio semejante en el campo internacional, tal como lo sostiene Max Weber. El criterio jurídico de diferenciación de Weber no era ajeno a Carlos García Bedoya, pero no lo utiliza para concluir sobre la especificidad de las relaciones internacionales, como lo hace Aron.

García Bedoya, quien conocía a Weber, casi reproduce su definición sobre el poder. Pero hay algo más interesante, lo extrae de su esfera sociológicamente amorfa y le otorga contenido político, como lo hace el propio Weber cuando afirma que, dentro del marco de una asociación política, es decir, de un Estado, el poder se convierte en poder político y la dominación en dominación política. En este caso, el poder se ha estructurado como dominación y ha encontrado obediencia, deviniendo en autoridad. Max Weber define la política, consecuentemente, como “… la tendencia a la participación en el poder o a la influencia sobre la repartición del poder, sea entre Estados o dentro de un Estado entre los grupos humanos que éste abarca.»

Carlos García-Bedoya, como realista político que es, concede autonomía a la política internacional dentro de una ciencia política independiente, entendida esta como un estudio sobre el poder político, en el sentido realista del concepto. La ciencia política, entonces, “…estudia qué es el poder político, cómo se ejerce, cómo se influye en él, y cómo se pierde. Las relaciones internacionales proyectan más lejos estos criterios con el objeto de conocer cómo se establecen las vinculaciones entre poderes políticos constituidos e institucionalizados, qué formas revisten estas relaciones, cómo se establecen y transforman y, finalmente, cómo se confrontan y desaparecen. Se cierra pues así el periplo de estudio del poder político primero en el ámbito interno que le es propio y luego en su confrontación con otros poderes políticos independientes de él, o sea, en última instancia, con otros Estados.» Una clara diferencia con Aron, para quien el poder, siendo sociológicamente amorfo, no puede definir la política como ciencia autónoma ni tampoco puede otorgar especificidad a las relaciones internacionales.

Para Aron, en cambio, sostener que los Estados actúan en función de su interés nacional es arribar a una fórmula vacía, que no es una teoría sino una pseudo-teoría, una ideología. Señala que “… cualquiera que sea la diplomacia de un Estado, nada impide decretar que ésta ha sido dictada por consideraciones de ‘interés nacional’ mientras éste no haya sido definido rigurosamente” De aquí deduce Aron la idoneidad de la dimensión histórica de su concepción sociológica, la que dirige las conductas de los actores colectivos y la que esclarece la diversidad de los objetivos que puedan tener. La obsesión del espacio para la Alemania nazi, la ideología marxista o el capitalismo se perciben históricamente y reflejan una diversidad que no se deja precisar para Aron con el concepto del interés nacional.

En lo que atañe al interés nacional, García-Bedoya también es más morgenthauniano que aroniano. Afirma que “… la esencia de los conflictos políticos es la divergencia de intereses. Por ello su planteamiento se hace a través de procedimientos diplomáticos o políticos. Ellos derivan finalmente en una solución que puede consistir en una concertación de los intereses en pugna o en la imposición de uno de ellos […] Estos conflictos políticos son pues los que corresponden, como su propia naturaleza lo está indicando, a la política internacional.”

2. El planteamiento de una nueva política exterior

Para Carlos García Bedoya, la historia del Perú se desenvuelve en tres grandes etapas. Él señala que “…los primeros aspectos de la vida internacional peruana se desarrollan en la época del Imperio…

García Bedoya, en pocas palabras, nos introduce en su concepto cuando dice que el imperio de los incas “tuvo las características precisamente de un estado imperial. Era un Estado que llevaba hacia otros territorios y hacia otras naciones una marca propia y que buscaba asimilarlos a sus propios intereses y a sus propios objetivos nacionales, tal como eran concebidos en el Cusco». Era «un Estado con las características de Estado universal y consecuentemente con los intereses internacionales de un Estado universal de su tiempo.»

La segunda etapa de nuestro proceso histórico es el período colonial. «Allí la vida internacional del estado peruano […] desaparece […] y […] el interés dominante de la potencia colonial es la que sustituye a los intereses nacionales en formación que podíamos haber tenido en la época del imperio […]; la colonia es […] una suerte de almacén […] de una serie de situaciones, de hechos y de procesos que tienen características internacionales y que habrían de insurgir en la vida del Perú cuando adquiere su independencia.”

“Luego de esta etapa […] viene la etapa de la lucha por la independencia. Yo a esta etapa le doy una extensión que va desde 1821 hasta 1979. Nosotros vivimos una tercera etapa de la historia peruana que es la etapa de la lucha por la independencia.”

Para Carlos García-Bedoya, entre 1821 y 1824 alcanzamos nuestra “independencia política oficial” con respecto a la potencia colonial española, pero la “lucha por la independencia del Perú no ha terminado”. La independencia que García-Bedoya considera incompleta para el Perú debe ser política, en el sentido inmanente del término y debe tener todas las características propias de una autonomía en las grandes decisiones.

La gran realización de Carlos García-Bedoya fue introducir, entonces, el razonamiento político en el comportamiento diplomático del Perú. La dimensión jurídica ya no podía ser dominando. La realidad política internacional nos confrontaba con nuevos temas y preocupaciones. “El Perú, en esos momentos, tenía que transformarse de espectador de esas situaciones en actor”. Se trataba de que la política exterior del Estado afrontara “otra dimensión de la vida internacional”. Y para ello era necesario un “equipamiento paralelo al equipamiento jurídico, que era esencialmente el político, en la formación del diplomático”. La historia, para Carlos García-Bedoya, es una “suerte de participación acumulada” de los ciudadanos en su creación. Pero el problema surge, desde el punto de vista del manejo internacional de esas cosas, cuando en un momento determinado se considera o por hábito, por falta de estímulo o por temor, muchas veces, que lo que corresponde es continuar desenvolviendo una política exterior sobre esos momentos que la historia ha señalado. Entonces con ser leal al pasado se corre el riesgo de frustrar las posibilidades del desarrollo futuro de una diplomacia moderna.

Concibió, así, un esquema de política exterior que ha dejado su impronta en la conducción de nuestras relaciones exteriores hasta hoy y que se concretaría en hechos de singular audacia, durante los períodos en que fue Secretario General y Ministro de Relaciones Exteriores.

3. Presentación y sustentación del proyecto de resolución para que cada país quede en libertad de restablecer sus relaciones diplomáticas con la República de cuba, en el seno de la OEA

El 31 de mayo de 1972, a propuesta del Perú, tuvo lugar la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para tratar el proyecto de resolución presentada por el embajador Carlos García- Bedoya, Secretario General de Relaciones Exteriores y Presidente de la Delegación, para que cada país quedara en libertad de restablecer sus relaciones diplomáticas con la República de Cuba si así lo considera conveniente.

El autor intelectual de la propuesta fue Carlos García-Bedoya, él había sido discípulo predilecto del doctor Raúl Porras Barrenechea, quienes los conocieron durante esos años han recordado siempre la inmensa impronta que el maestro había causado en el joven García-Bedoya, tan honda como la que él mismo ha dejado entre nosotros. Porras había pronunciado un discurso histórico en la VII Reunión de Consulta de Cancilleres en San José de Costa Rica, en 1960, oponiéndose a la exclusión de Cuba de la OEA, que estaba discutiéndose en ese órgano. Por este hecho, Porras fue alejado de la Cancillería y partió para siempre pocos meses después, una noche de setiembre de ese mismo año. Es una deducción muy verosímil que Carlos García-Bedoya, ya embajador y Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, doce años después honrara la memoria de su maestro llevando al seno de la misma OEA un proyecto de Resolución, con cuya sentencia tocó los cimientos políticos y jurídicos de la Organización y trajo a la reflexión de sus miembros los riesgos que él, con el acierto que concede el conocimiento de las leyes de la política podía predecir para su futuro.

Cuba fue excluida de la OEA en 1962. Dos años después en 1964, la IX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó una resolución que decide el rompimiento de relaciones diplomáticas y consulares y la interrupción de todo intercambio comercial con Cuba. La resolución establecería que, para quedar sin afecto requería de una mayoría calificada de los dos tercios de los miembros de la OEA, catorce estados de un total de veinte, salvo México, que nunca interrumpió sus relaciones con Cuba, todos los países miembros de la Organización procedieron a romper relaciones diplomáticas con La Habana, sólo Chile las había restablecido, en 1970, con el Gobierno de Salvador Allende, aunque por corto tiempo, pues volvió a romperlas en 1973, Cuando augusto Pinochet tomó el poder, la situación, entonces, cuando el Perú presentó su proyecto de resolución en la OEA, era tal que sólo dos países de la región mantenían relaciones diplomáticas con Cuba, uno de ellos de manera precaria.

En el Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de mayo de 1972, la que cito en adelante cuando recoja los principales argumentos de Carlos García-Bedoya, resume él la propuesta peruana de la siguiente manera:

“el Perú no desconoce la existencia del procedimiento establecido en la Resolución I de la novena reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y no es su intención ahora planear su levantamiento o derogatoria dentro de los términos en ella previstos, cuya rigidez hemos señalado como elemento y cuyo anacronismo parece destinado a perennizar las medidas. Por el contrario, la intención del Perú es que se halle una solución que permita que los países miembros puedan, si así lo estimaren conveniente, reiniciar sus relaciones con la República de Cuba”.

Otra tesis fundamental era que:

“(Las sanciones y exclusiones que tuvieron su origen hacer varios años ha devenido en anacrónicas e irreales y su persistencia podría poner en riesgo la operatividad de nuestro sistema, que, como toda institución, basa su vigencia en su verdadera adecuación a la realidad y es a este licito y necesario correlato entre la realidad y formalización institucional, al que nos referimos cuando hablamos del problema que plantea la falta de diálogo con la República de Cuba”

Para Carlos García-Bedoya, la razón debe verse en la realidad y no en el empecinamiento y la exclusión. La política se desarrolla a sí mismo y en ella la razón se mantiene inmanente a esa realidad que hay que saber comprender para mantener la vigencia de las instituciones en este caso, del Sistema Interamericano. La realidad procrea la razón, ella misma es la razón. No se puede confrontar el desarrollo de la política internacional con el anacronismo de la inmovilidad. Como el organismo biológico, la organización política está sujeta a una evolución para mantenerse así mismo, respondiendo al desarrollo del contexto político mundial y no persistiendo en un sistema de terquedad ideológica anacrónica.

El Sistema Interamericano es una parte de la estructura política mundial y no una isla política feudal y, desde el punto de vista multilateral, una organización regional dentro del marco de la organización universal de las Naciones Unidas.

Con relación a la mayoría calificada requerida para el levantamiento de las sanciones impuestas a Cuba en 1964, decía García –Bedoya que sí “el mismo espíritu que originó tales sanciones informa paradójicamente hasta hoy el mecanismo previsto para su revisión […] (no obstante que) existen ya manifestaciones suficientes de cambio […] (entonces) en el fondo mismo del procedimiento subyace una profunda contradicción”. Ignorar esta contradicción entre el procedimiento y la realidad dañaría la Organización. Carlos García-Bedoya pensaba en el Sistema Interamericano. Por su conocimiento de las leyes de la política podía realizar predicciones y prognosis en el desarrollo de las relaciones internacionales. Su agudo sentido lógico para percibir las tendencias en el devenir de la política le decía cuál podría ser el futuro a la luz de lo que él percibía en el pasado y en el presente. Trato de introducción en la Organización un renovado criterio teleológico de lo que debería decidirse en todo momento. Por eso, repetía que “decidir sobre el presente debe ser siempre pensar en el futuro”.

Carlos García-Bedoya convocaba a adoptar una actitud de autonomía e independencia, que estuviera de acuerdo con la política que los países latinoamericanos se encontraban conduciendo en el NOAL y otros foros que vinculaban a los países del Tercer Mundo. Fue una invocación política, un llamado trascendente, que resuena hoy tanto como entonces a actuar con la arcilla de la realidad y el instrumentum de las leyes de la política, a “reivindicar el poder de la decisión sobre nosotros mismos”, a hacer que “América Latina afirme su autonomía con un claro acto de independencia”. Fue un llamado pleno de pasión política y de profundo sentido histórico a la toma de conciencia del concepto de soberanía del estado, de nuestro poder de decisión para actuar con autonomía e independencia en la configuración de nuestro destino como países individuales y como miembros de una organización atenazada por la inflexibilidad de sus mecanismos, que la exclusión de la realidad del contexto político internacional.

Durante el debate, hubo, desde luego, reticencias de algunos estados por presuntas muestras de intervención de Cuba en sus asuntos internos. Pero García-Bedoya no había planeado la derogatoria de la Resolución I de la Novena Reunión de Consulta que determinó el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba en 1964. A pesar de que el anacronismo y la contradicción misma se encontraban en la Resolución, en su espíritu y en su texto, llevó a la organización un planteamiento que nacía de su “convicción en el destino americano”. Su exhortación era que la Organización mirara con realismo y serenidad su propia viabilidad, permitiendo que los Estados miembros, en ejercicio de sus derechos soberanos, pudieran restablecer sus relaciones diplomáticas con Cuba si así lo considerasen conveniente. No estaba planteando la aprobación de una Resolución que obligara a todos los Estado actual de esa manera. Lo que proponía era que los Estados recuperaran la opción que las normas de la Organización les negaba para restablecer relaciones con Cuba en ejercicio de sus derechos soberanos, si esa fuera la decisión que tomaran.

Carlos García-Bedoya sabía que no existía una mayoría de dos tercios para levantar las sanciones. Por esa razón, el proyecto de Resolución del Perú no tenía el propósito de recurrir al mecanismo establecido para dejarlas sin efecto, sino demostrar que, si bien las sanciones en 1964 habían respondido a una lógica política, ella, ellas, para cuando tenía lugar la discusión del planteamiento peruano, ya carecía de legitimidad en la medida en que no existía el mismo número de Estados que respaldarán su mantenimiento como cuando fue aprobada. La organización se encontraba empanada en sus propios procedimientos.

Para Carlos García-Bedoya, la “obsolescencia” del Sistema no podría obligar a sus miembros a seguir observando una resolución contestada por la realidad “y, por lo tanto, los forzaría a actuar al margen del mismo”. Esta fue la conclusión de una propuesta cuya lógica, de ser ignorada, no podía sino conducir a los Estados a retomar el ejercicio de sus plenos derechos soberanos para restablecer sus relaciones con Cuba, a la luz de una interpretación audaz y lúcida del contexto de la política mundial, en general, y hemisférica, en particular.

El Perú, entonces, se vio forzado a actuar al margen del Sistema. Dos meses después de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, en julio de 1972, procedimos a restablecer nuestras relaciones diplomáticas con Cuba. Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Granada y Guyana hicieron lo mismo en diciembre de ese mismo año. Argentina, en mayo de 1973; Panamá, en agosto de 1974; y Venezuela, unas semanas más tarde. Los Estados que eran miembros de la OEA lo decidieron así ignorando la Resolución I de la IX Reunión de Consulta.

Dos años después, en 1974, tres países solicitaron la convocatoria de la XV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, actuando como Órgano de Consulta en aplicación del TIAR, en Quito. El proyecto de Resolución proponía: “Dejar sin efecto la Resolución I de la IX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Washington D.C., en 1964.” Una propuesta diferente a la de Carlos García-Bedoya, a la que no quiso recurrir por las razones ya mencionadas. El resultado era de esperarse. No fue aprobada porque no existía la mayoría de los dos tercios de los votos, que la propia Resolución establecía para quedar sin efecto. No obstante, una correlación importante se puso en evidencia. De un total de veintiún Estados, que incluía a Trinidad y Tobago, un nuevo miembro de la Organización, doce votaron a favor, tres en contra y seis se abstuvieron. Había una mayoría de doce Estados que contestaban la decisión contenida en la Resolución I de la IX Reunión de Consulta, y solo tres de los otros miembros de la Organización expresaban a través de sus votos la posición en favor del mantenimiento de las sanciones.

Un año más tarde, el 29 de julio de 1975, la XVI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, actuando como Órgano de Consulta en Aplicación del TIAR, aprobó en San José (Costa Rica) un proyecto de Resolución presentado por once países que, en su parte resolutiva, dice lo siguiente: “2. Dejar en libertad a los Estados Partes en el TIAR para que, de acuerdo con la política e intereses nacionales de cada uno, normalicen o conduzcan sus relaciones con la República de Cuba al nivel y en la forma que cada Estado estimare conveniente». Era la misma fórmula que Carlos García-Bedoya había sustentado en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente, tres años antes. La Resolución fue aprobada por dieciséis Estados, con inclusión de los Estados Unidos; votaron en contra tres y se abstuvieron dos.

Los once países que presentaron el proyecto de Resolución no recurrieron al mecanismo establecido en la Resolución I de la IX Reunión de Consulta, sino a los términos contenidos en la propuesta que Carlos García-Bedoya había llevado a la Organización en 1972. Sus argumentos fueron repetidos en el texto y durante su discusión en la Reunión. Sólo que esta vez, el proyecto fue votado y no pasó a la Comisión General “para su estudio.” Se reveló otra vez, como en 1974, lo que García-Bedoya suponía: Que no existía un buen número de Estados que con su voto en contra apoyaran el mantenimiento de las sanciones. Por otro lado, estaba claro desde un comienzo que ya existía una mayoría de once Estados para ganar en la votación de un proyecto de Resolución que no necesitaba de catorce votos para ser aprobado, porque había sido formulado en los términos contenidos en la propuesta de Carlos García-Bedoya. Aun si se hubieran sumado los otros Estados, no habrían alcanzado sino diez votos. Estos hechos forzaron el resultado final y, ante la ausencia de una alternativa posible, indujo a que cinco Estados más, incluidos los Estados Unidos, se adhirieran a esa mayoría.

La Resolución I de la IX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de 1964, que decidió el rompimiento de relaciones diplomáticas de los países del Sistema con Cuba, no quedó sin efecto dentro del marco del procedimiento que ella misma establecía, sino del planteamiento de Carlos García-Bedoya, quien había propuesto aprobar una resolución que dejara a los países en libertad de reanudar sus relaciones diplomáticas con Cuba si así lo considerasen conveniente. Así lo planteó Carlos García Bedoya en 1972 y así fue resuelto en 1975, superándose un serio problema político para la OEA, desde que otros Estados más estaban dispuestos a seguir el camino abierto por el Perú en julio de 1972, cuando restableció sus relaciones diplomáticas con Cuba al margen de la Organización y en ejercicio de su voluntad soberana. No fue casualidad que cinco Estados, incluidos los propios Estados Unidos, votaran a favor del proyecto de Resolución presentado en 1975, porque vieron que era obvio que la Resolución I de la IX Reunión de Consulta había devenido doblemente ilegítima, primero, con el desarrollo de la política mundial y hemisférica; y, segundo, con las decisiones tomadas por varios Estados de restablecer sus relaciones diplomáticas con Cuba y la voluntad manifiesta de otros de actuar en el mismo sentido. Fue resuelto el problema de procedimiento para el levantamiento de las sanciones y se terminó con una etapa de rigidez en el Sistema Interamericano. A no dudar, una de las gestiones más brillantes de Carlos García Bedoya.

4. La Declaración de Ayacucho

El Perú, siendo Carlos García-Bedoya Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, convocó a los países de la región que habían participado en la gesta emancipadora en contra del dominio colonial español, con motivo de la conmemoración del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, proponiéndoles una Declaración comprehensiva, en la medida en que abarcaba diferentes temas, aunque con especial referencia a la limitación de armamentos, en Lima, el 9 de diciembre de 1974.

La Declaración expresa, entre otros: “Nuestros países alcanzaron su independencia política, pero su incorporación a la economía mundial suscitó posteriormente distintas formas de dependencia, las cuales explican los obstáculos a nuestro desarrollo económico, social y cultural’. Por lo tanto: “Es urgente completar la tarea emancipadora promoviendo la construcción del destino propio en el campo socioeconómico…» El destino final es la plena realización de la voluntad libre y consciente del hombre americano.

Los países, luego de adherirse a los principios fundamentales de Derecho Internacional Público, afirman:

Nos comprometemos a propiciar y dar apoyo a la estructuración de un orden permanente de paz y cooperación internacionales y a crear las condiciones que permitan la efectiva limitación de armamentos y ponga fin a la adquisición con fines bélicos ofensivos, para dedicar todos los recursos posibles al desarrollo económico y social de cada uno de los países de América Latina.

Más adelante hay otro componente en favor de la paz y seguridad en la región, que bien podría ser un antecedente de la hoy UNASUR, el cual convoca a la acción concertada para la solución de amenazas a las buenas relaciones de los países firmantes: “…nos comprometemos solemnemente a actuar de inmediato y en forma conjunta por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores ante cualquier situación que pudiera afectar la convivencia pacífica entre nuestros países».

Para lograr la paz regional y contribuir a la paz mundial no es suficiente la limitación de armamentos ni la acción concertada para situaciones que pongan en peligro la convivencia pacífica entre los países de la región, sino que es menester “establecer un sistema de seguridad económica colectiva” que haga posible el “desarrollo integral” de los pueblos y cree un “clima de estabilidad […] a fin de lograr un nuevo orden económico internacional que deberá fundarse en la equidad, la igualdad, la soberanía, la interdependencia, el interés común y la cooperación…”

El mismo año en que se suscribe la Declaración de Ayacucho, el 1 de mayo de 1974, la Asamblea General de las NN. UU. aprueba otras dos importantes resoluciones. La 3201(S-VI): Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, y la 3202 (S-VI): Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional.

5. El reconocimiento de los rebeldes en Nicaragua como beligerantes

El Perú llevó una iniciativa importante al Pacto Andino para que reconociera en su conjunto como beligerantes a las fuerzas populares que combatían con el Gobierno de Anastasio Somoza en Nicaragua, el 16 de junio de 1979. La dictadura de Somoza en Nicaragua se había extendido por más de cuarenta años y, entre 1978 y 1979, después de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional atacara varios cuarteles de la Guardia Nacional en las principales ciudades del país, tomó represalias a través de bombardeos, asesinatos masivos de jóvenes y ejecuciones sumarias de civiles durante los allanamientos de sus viviendas, tal como lo registra el segundo Informe de la CIDH sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua.

El conflicto entre el gobierno de Somoza y la oposición se había deteriorado al extremo de causar la muerte de centenares de personas, como lo registra la Declaración Presidencial Andina, del 28 de mayo de 1979, reconociendo la urgencia de permanecer en consulta permanente.

El Pacto Andino emitió tres declaraciones en Cartagena sobre Nicaragua. En la tercera, suscrita el 16 de junio de 1979, a nivel de Cancilleres, en su parte constitutiva se señala:

Que, […] la lucha armada que actualmente se desenvuelve entre el Gobierno actual y vastos sectores del pueblo nicaragüense ha asumido tales características de permanencia, profundidad y acción bélica abierta, que ponen de manifiesto un verdadero estado de beligerancia.

Que esta situación bélica, considerada objetivamente, obliga a reconocer como beligerantes a las fuerzas populares que en este momento se encuentran en pugna con el Gobierno de Nicaragua, lo que así comunicamos oficialmente a los efectos de que tales fuerzas gocen del tratamiento y las prerrogativas que, con arreglo al Derecho Internacional, le corresponden y cumplan con las obligaciones que éste impone a los combatientes legítimos.

Con el reconocimiento, el Pacto Andino adoptó una medida, si bien “con arreglo a las normas del Derecho Internacional», de carácter evidentemente político, como correspondía a la naturaleza del embajador García Bedoya, su promotor en el Pacto, que tuvo grandes repercusiones en el desarrollo ulterior de la política interna en Nicaragua. Los insurgentes, para los cinco países andinos, pasaron a ser tratados como beligerantes y no como delincuentes, tal como lo hacía el presidente Somoza desde el inicio de la insurrección. Es decir, hacía ilegítima la aplicación del código penal nicaragüense a los revolucionarios. Desde este punto de vista, la medida estuvo orientada, evidentemente, a la defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua.

Mientras tanto, los países del Grupo Andino reconocieron el estado de beligerantes a los rebeldes nicaragüenses el 16 de junio de 1979, como se ha expresado y, pocos días después, el 23 de ese mismo mes, la XVII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó una Resolución “..que, por primera vez en la historia de la OEA y quizás por primera vez en la historia de cualquier organismo internacional, declaró como carente de legitimidad a un gobierno en el poder de un Estado Miembro de la Organización, basándose en las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por ese gobierno contra su propia población”, como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La parte declarativa precisaba cuatro bases para una solución de la situación: 1. El reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista; 2. La instalación de un gobierno democrático que incluya a los principales grupos opositores; 3. El respeto a los derechos humanos; y, 4. La realización de elecciones libres.

Washington vio con desagrado que los países del Grupo Andino reconocieran el estado de beligerancia en Nicaragua, lo cual no se ajustaba a su política dilatoria. Debe tenerse en cuenta que Costa Rica había convocado la Reunión de Consulta XVIII, de acuerdo al Artículo 6 del TIAR, ante las declaraciones de Somoza contra ese país, la cual tuvo lugar en diciembre de 1978. Presuntamente, los Estados Unidos pensaban utilizar esa reunión para crear una fuerza de intervención en Nicaragua. Fue el Gobierno de Managua, dentro de este mismo espíritu, el que pidió la reapertura de la Reunión de Consulta XVIII para tratar «nuevos hechos relacionados con las invasiones procedentes de Costa Rica», la que se llevó a cabo en junio de 1979.

Para el desarrollo de la reunión, no obstante, había una duda jurídica. Había un problema que resultaba de la cuestión de si para el caso de Nicaragua debía aplicarse el TIAR o la Carta de la OEA. Una reunión del Órgano de Consulta conforme al TIAR viene a ser de naturaleza ejecutiva. Tiene la facultad de decidir sobre las medidas coercitivas colectivas que deban tomarse por los Estados miembros en cualquier controversia o situación que llegue a alcanzar un estado tan grave que pueda constituir un peligro para la paz en el hemisferio. Sus decisiones son legalmente obligatorias para sus miembros. Por estas razones, la Reunión que impulsaba Nicaragua no podía constituirse en un tribunal de jurisdicción obligatoria para ese país y Costa Rica, y aun en el caso de que hubiese tratado la controversia en esos términos, tendría que haber adoptado recomendaciones no obligatorias para ellos por la naturaleza de su conflicto.

En cambio, el Art. 39 de la Carta de la OEA se refiere a “problemas de una naturaleza urgente y de interés común para los Estados americanos», lo cual impide la adopción de medidas coercitivas para una controversia que no se encuentre dentro de las condiciones del Tratado de Río, es decir, de una que amenace la inviolabilidad, integridad del territorio, soberanía o independencia política de un Estado americano.

Ante la precipitación de los acontecimientos, fueron los mismos Estados Unidos los que solicitaron la reapertura de la XVII Reunión de Consulta, convocada de acuerdo al Artículo 39 de la Carta de la OEA. Era evidente que la crisis en Nicaragua no había cobrado las dimensiones internacionales que pusieran en peligro la paz y la seguridad del continente. Por otro lado, no se había hallado evidencias de que las invasiones que supuestamente sufría Managua proviniesen de Costa Rica, cuyo Gobierno aseguró enfáticamente a los países andinos que se había abstenido, y que seguiría haciéndolo, de cualquier acto que pudiera poner en peligro la paz en la región. Costa Rica no solo contó con las muestras de solidaridad del Grupo Andino, sino también de México y Panamá.

La preferencia por la XVII Reunión de Consulta, en lugar de la XVIII, mostró que el TIAR es un tratado que puede entrar en conflicto con los principios de libre determinación de los pueblos, el derecho de cada Estado a darse el sistema social y político que crea conveniente y el principio de no intervención. El Derecho Interamericano prohíbe el empleo de intervenciones, salvo cuando la OEA actúa dentro de los términos del Tratado de Río. Sin embargo, de acuerdo al TIAR, pueden adoptarse varias medidas, incluido el empleo de la fuerza armada, en el entendido de que son medidas de seguridad colectiva hemisférica o medidas de legítima defensa colectiva. En cuanto a su naturaleza, encuentran su justificación en el Art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que permite que se ejerza el derecho de legítima defensa colectiva hasta que el Consejo de Seguridad tome las medidas necesarias para conservar la paz y la seguridad internacionales. En resumen, la adopción de medidas coercitivas mediante el empleo de la fuerza física es prerrogativa del Consejo de Seguridad, con la sola excepción de la legítima defensa individual o colectiva.

Los Estados Unidos, como se ha expresado, pidieron la reapertura de la XVII Reunión de Consulta e1 18 de junio, seguramente tomando en cuenta las consideraciones jurídicas señaladas, que estaban claras para los países andinos.

Lo más importante de la Resolución que aprobó la XVII Reunión de Consulta el 23de junio de 1979 fue que contó con el voto a favor de los Estados Unidos, junto con aquellos de dieciséis Estados latinoamericanos y del Caribe de la Organización, con la participación singular y decisiva de los países miembros del Grupo Andino. García-Bedoya destacó que los Estados Unidos votaran junto con los países latinoamericanos y caribeños, calificando este hecho como histórico y trascendente para el futuro de las relaciones hemisféricas.

6. Visita del Presidente del Perú al Brasil

Una visita especialmente importante para la política exterior del Perú fue la que realizaron el Presidente y el Canciller del Perú al Brasil entre los días 15 y 17 de octubre de 1979. Durante los preparativos, Carlos García-Bedoya nos dijo que tenía respeto por Brasil y que se debía confrontar a Brasilia con la misma dimensión de sus argumentos. Describió la importancia de la relación bilateral y partió de la premisa de que el Perú tenía más que dar al Brasil de lo que podría recibir de él, dada la fuerte posición negociadora que teníamos.

El objetivo inicial de García Bedoya, entonces, era orientar el encuentro dentro del marco de lo que Lima podía ofrecer a Brasilia para su redimensionamiento. Partía del presupuesto de que el Perú era un país llave para el acceso del Brasil a la región andina, a la Cuenca del Pacífico y a la parte alta del río Amazonas.

García Bedoya pensaba que, mientras tanto, las condiciones políticas necesarias para la visita ya se habían producido. Ella no sería el resultado de una casualidad o de la gestión diligente de un embajador, sino de una situación política cuidadosamente trabajada. El Grupo Andino se encontraba dando un salto cualitativo a través de la institucionalización de su política exterior, una dimensión de formidables perspectivas, que el Canciller del Centenario impulsaba, a través de la participación altamente creativa del Perú.

Con anterioridad, el canciller ya había propuesto a sus pares andinos la realización de una reunión de cancilleres GRAN-Brasil en Lima para la suscripción de un acuerdo que tuviera características bilaterales, así como llevar al Brasil la personería del Pacto Andino, una de las realizaciones políticas más avanzadas de la región. Para el Canciller era fundamental que Brasil aceptara la propuesta y viniera a Lima para una reunión con el GRAN, pues ella constituiría un salto enorme por su carácter político, especialmente porque elevaría el trato bilateral amazónico al nivel de una cooperación amazónica GRAN-Brasil. García-Bedoya consideraba que sería muy importante que todos los países del GRAN participaran de una relación dimensionada de cooperación con Brasilia, siendo el Perú, además de un país andino, el segundo amazónico en importancia, después del Brasil y, sin embargo, un interlocutor débil frente a este país cuando actuaba aislado.

García-Bedoya concebía el diálogo GRAN-Brasil como un mecanismo de consulta política para tratar asuntos mundiales y la política frente a los Estados Unidos y otros polos de poder, así como para trabajar especialmente dentro del marco de la cooperación amazónica. A la luz de las posiciones disímiles en el NOAL, el Perú también estimularía al Brasil a convertirse en una autoridad que equilibrara las tendencias en el Movimiento. La cohesión en el GRAN debía ser fuerte para que el diálogo fuera proporcionalmente eficaz.

De la visita resultaron dos documentos de gran importancia política: La Declaración Conjunta Perú-Brasil y el Acta de Brasilia, ambos firmados el 16 de octubre.

En la Declaración Conjunta, un documento de trece páginas, Perú y Brasil, con gran sentido político “… se declaran convencidos de la necesidad de una mayor participación de los países en vías de desarrollo en las decisiones que afectan a la comunidad internacional en su conjunto.»

También “reafirman la adhesión de sus países al principio de la soberanía permanente e inalienable de los Estados sobre sus recursos naturales”; así como el compromiso para el fortalecimiento del Grupo de los 77 y la necesidad de «que las naciones del Tercer Mundo desarrollen formas de cooperación horizontal […] a efectos de plantear sobre bases sólidas el diálogo norte sur y las metas más urgentes de un nuevo ordenamiento internacional político, social, económico y tecnológico, más justo”. En otros términos, para que pudiera desarrollarse el diálogo norte sur era imprescindible contar con un marco de poder equilibrado de negociación, el cual para los países en vías de desarrollo pasaba por el fortalecimiento de la cooperación horizontal.

Con respecto a la trascendencia del diálogo GRAN-Brasil, en la Declaración Conjunta hay tres párrafos completos que acogen el proyecto político de Carlos García Bedoya. Haremos un resumen de los tres:

Expresan honda satisfacción por el ‘Acta de Brasilia’ que el Presidente del Brasil y el Presidente del Perú, investido por el Mandato de Panamá de la representación de los Jefes de Estado de los países del Grupo Andino, han suscrito en esta misma fecha, y que sienta las bases para la vinculación entre el enriquecido aporte del Grupo Andino y la activa participación del Brasil, en el proceso hacia la unidad latinoamericana.

… el Presidente del Brasil aceptó, con especial agrado e interés, la invitación para que el Canciller del Brasil se reúna en Lima con el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Andina, a crearse próximamente; asimismo, hizo mención a la invitación que ha extendido a la Junta del Acuerdo de Cartagena para que sus integrantes visiten el Brasil.

Ambos Mandatarios expresan su seguridad de que los vínculos por establecerse, […]conducirán a niveles superiores de concertación que los proyecten con renovado vigor en la escena mundial.

La reunión de cancilleres GRAN-Brasil en Lima nunca tuvo lugar. El embajador García Bedoya, ya muy enfermo, dejó la Cancillería un mes después de regresar de Brasilia. Él había pensado que en esa reunión debieran firmarse dos convenios: uno entre el GRAN y el Brasil, y otro entre el Perú y el Brasil. Si así hubiera sido, el Perú habría sido reconocido por Brasil como protagonista del proceso amazónico y como interlocutor del GRAN.

7. El Acta de Brasilia

Fue el segundo documento que resultó de la visita al Brasil que acabamos de reseñar. La más clara concreción del objetivo de Carlos García Bedoya quedó registrada en el Acta de la siguiente manera:»… el Presidente de Brasil manifestó que acepta, con especial agrado e interés, la invitación para que el Canciller del Brasil se reúna, en Lima, con el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Andina, a ser instituido próximamente.

8. Carlos García-Bedoya y el Grupo Andino

El Acuerdo de Integración Subregional Andino o Acuerdo de Cartagena fue suscrito por Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú en Bogotá, el 26 de mayo de 1969. Venezuela se adhirió al Acuerdo en 1974, y Chile se retiró de él en 1976.

El Acuerdo de Cartagena fue original en su concepción, pues antes de limitarse a la creación de un mecanismo tradicional de desgravación arancelaria previó el empleo de otros más audaces como son los siguientes: La programación conjunta del proceso de industrialización subregional y la ejecución de Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial; la canalización de recursos de dentro y de fuera de la Subregión para financiar las inversiones que sean necesarias en el proceso de integración; la integración física; y los tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y Ecuador.

Pero el Grupo Andino que Carlos García Bedoya vivió como Secretario General y Canciller de la República fue aquel tal como estaba establecido normativamente en el Acuerdo de Cartagena original de 1969, sin el desmontaje que había empezado cuando él ingresaba al ocaso de su vida.

El 30 de julio de 1970, cuando fue nombrado Secretario General de Relaciones Exteriores, el Acuerdo de Integración Subregional andino era una institución de integración de apenas un año de existencia. Como hombre de naturaleza política, vio en el Grupo Andino, sin embargo, una potencialidad formidable de concertación y fortalecimiento políticos. Cabía perfectamente en su concepción sobre el espacio histórico del hombre peruano.

De nuestro territorio, los Andes generan uno de los grandes temas de la política exterior del Estado. La más grande realización política del Imperio de los Incas tuvo lugar en los Andes y no ha sido reemplazada por otra de semejantes dimensiones. Las cumbres andinas son fuente de la vida porque originan los grandes sistemas fluviales y porque inspiran la unidad política y las formas de organización social. Como lo señala el Embajador José Guzmán Herrera, la más grande hazaña del imperio de los incas fue concebir el territorio andino en su totalidad, haciendo posible que a una sola estructura territorial corresponda una realización política. El carácter del Perú como país polimetálico, que lo coloca en el tercer lugar del mundo en reservas de oro, plata, cobre y zinc, se da en los Andes.

El Perú, en los términos de Carlos García-Bedoya, era heredero de “una suerte de participación acumulada de sus habitantes en la creación de su historia», pero no era suficiente ser “leal al pasado”, sino que, a través de una diplomacia participativa, había que “crear condiciones nuevas» para que su proyección fuera trascendente, “acorde con lo que es la dimensión de nuestros tiempos.» Esas “condiciones nuevas” tenían que crearse en el estadio inmediato del espacio andino.

La Comunidad Andina se convirtió para Carlos García-Bedoya, entonces, en la concreción de una de las más grandes proyecciones políticas de nuestra realidad histórica y geográfica. Los objetivos y mecanismos que expresaban la voluntad política de los miembros de la Comunidad Andina en el Acuerdo de Integración sub regional contaron con su participación activa como Secretario General y, luego, Canciller de la República. Como correspondía a su naturaleza política, él creó una dimensión nueva en la CAN, hizo de ella una realidad política, la proyectó en el medio internacional regional y mundial como un actor subregional, con la calidad de un proceso de integración con una política exterior común.

Siendo Canciller de la República, los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, reunidos para conmemorar el X Aniversario del Acuerdo de Cartagena, aprobaron el Mandato de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, que:

Subraya la resolución de proyectar la presencia activa del Pacto Andino en la comunidad internacional y parte de “la necesidad de persistir en el esquema de integración subregional iniciado en 1969″.

El mandato enriquece cualitativamente el Acuerdo de Integración sub regional, del 26 de mayo de 1969. Incorpora y desarrolla el rubro I, Parte Política, que trata de manera separada a aquel (II), que se refiere a la parte económica.

Relatar la vida en acción de un multifacético peruano siendo uno de los encargos más complejos, aunque gratos, que se me hayan podido entregar, en una grata conversación con el doctor Arias Stella, así le llamaba entonces, quedó muy en claro su entusiasmo deseo de ejercer el cargo de Canciller de la República, no sólo para aportar su conocida cultura política, sino rememorando que era sucesor de prestigiados cancilleres que le habían antecedido en el cargo, especialmente los tres últimos. Fue patente entonces su interés por conocer todos los detalles de la política exterior peruana que, como era tradicional, buscaba la paz y la seguridad en las relaciones internacionales.

Es así que aprovechando un breve descanso al final de la tarde, me acerqué a visitarlo para no solamente rememorar nuestros treinta y cuatro años de amistad, pues mi respeto y agradecimiento hacia él serán invalorables, sino para poder actualizar en estas breves cuartillas una vida que ha estado siempre al servicio de la ciencia, de la política y la cultura del país.

Es así que esa tarde conversamos largamente, y de ese coloquio ha quedado lo que narro a continuación.

En la ciencia

Comienza Javier Arias Stella rememorando los comienzos de su carrera como científico. Cuenta que se graduó en la Facultad de Medicina de San Fernando, obteniendo su bachillerato en 1951, y 1959 el doctorado (M.D.) logrando sus postgrados en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Inicio así una carrera dedicada al profesorado y a lo que es su pasión, la investigación científica, que se desarrolló muy sólidamente en el transcurso de los años. En su rol de maestro ejerció como profesor visitante en diversas universidades de Estados Unidos, Brasil, México, Argentina y Venezuela. Todo ello hace que su prestigio fuera cada vez más sólido, el cual lo lleva a ser profesor fundador y principal de Patología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, galeno en el Hospital Arzobispo Loayza, presidente en 1975-1977 de la Academia Nacional de Medicina, y aún más; ser elegido Presidente de la Sociedad Latinoamericana de las Academias Nacionales de Medicina en 1975.

Esta amena conversación nos lleva a un tema sobre el cual considero que es muy importante explayarse, ya que fue un hito en la historia de la medicina: Producto de sus profundas y extensas investigaciones descubre un complejo proceso en la patología ginecológica que es mundialmente conocido como el “Fenómeno Arias Stella», aunque a él, con su conocida modestia, le cueste un poco identificarlo con su nombre. Pero es así como ha sido bautizado en el mundo científico. En el papel se cuenta fácil, pero no se crea que esta reacción fue descubierta de la noche a la mañana. Muchos meses le tomaron hasta que, revisando literatura, antecedentes, preguntas y agotando toda posible fuente de información en Lima y en Nueva York y, sobre todo, convenciendo a sus maestros, que le habían asegurado que tenía un problema que resolver, recién en 1954 se pudo dar a la luz algo que no había sido jamás descrito; publicó, en un prolijo estudio, los ejemplos necesarios para valorizar el descubrimiento: El fenómeno Arias Stella, ya sin comillas, que desde entonces ha salvado cuantiosas vidas humanas. Más adelante, aprovechando su estancia en el Memorial Sloan Kettering, en Nueva York, realizó su investigación inmuno histoquímica y ultra estructural en la llamada verruga peruana o fiebre de La Oroya.

De regreso al Perú, con premios y distinciones tales como el premio “Roussel Perú», por el descubrimiento al que nos hemos referido, en 1960; el premio nacional de Fomento de la Cultura «Hipólito Unanue», en 1959; el premio Fred W. Stewart, del Memorial Sloane Kettering Cancer Center, en 1991; el premio Avantis Roussel al mejor trabajo de Investigación sobre la Epidemiología del Helicobácter Pylori en el Perú, análisis de 3,005 casos, en 1999, que le valió el premio Robert F. Grover de la American Thoracic Society de Nueva York. Otras distinciones médicas adornan su brillante trayectoria, como la Gran Cruz de la Orden Hipólito Unanue, en 1963; la Gran Cruz de la Orden Daniel A. Carrión, en 1964 y otras distinciones honorarias del mundo entero. Pero a mi entender, la presea más original fue el lanzamiento de la Estampilla y Matasellos Postal Conmemorativo de la serie “Personajes Ilustres doctor Javier Arias Stella, en agosto de 2008.

En la política

Es evidente que la política vino hacia Javier Arias Stella como su karma que no le fue posible eludir. Cuenta que cuando regresó a Lima en 1955 después de lograr su postgrado, amigos suyos miembros de Acción Popular (partido nacido a la acción política bajo el liderazgo del Arquitecto Fernando Belaunde Terry) que conocían su calidad de estudioso de la salud pública en el Perú lo invitan a integrarse al movimiento para preparar el programa de gobierno, lo que acepta. En su primera entrevista con Belaunde Terry hablan poco del tema de la sanidad para tocar otros también de interés, pero ya germina en su pensamiento la necesidad de preparar un estudio sobre la Salud Pública, el que realiza con un equipo especialmente convocado. Aprobado el mencionado programa, Arias Stella es designado, casi sin saberlo, como miembro del plenario nacional del partido, a cargo de los asuntos de salud pública, lo que lo lleva, como era de esperar, a que el electo presidente lo invite a asumir el cargo de Ministro de Salud Pública en dos oportunidades, de 1963 a 1965 y de 1966 a 1968.

Una cosa y otra, y de pronto se vio en la responsabilidad de asumir la Secretaría General de Acción Popular en momentos cruciales para la vida democrática del país, desaparecida en 1968 con el golpe militar al Arquitecto Belaunde en el mes de octubre. A partir de ahí, la clase política que aun sobrevivía desarrolla una larga etapa de creatividad activa para hacer regresar al Perú a la institucionalidad, difícil tarea cuando se estaba rodeado de dictaduras militares en los países limítrofes, unas más cruentas que las otras y que, de acuerdo todas, tenía en su programa hacer desaparecer todo indicio de actividad política.

Por su parte, el arquitecto Belaunde Terry, exiliado en los Estados Unidos, soñaba con poder regresar al Perú y, mientras tanto, prestigiaba al país como profesor emérito en la Universidad de Washington. Un breve recuerdo personal: Tuve el honor de encontrarlo en la capital estadounidense y su afabilidad de trato con nosotros ganaba todas las voluntades, más aún cuando afirmaba que ese episodio castrense no duraría mucho. Pero sí duró, y como se sospechaba, su lema “Los últimos serán los primeros» hizo que, en 1980, con la Constitución en la mano y el voto masivo de la ciudadanía, Fernando Belaunde Terry fuese reelegido en su segundo período de gobierno, y Javier Arias Stella, una vez más al lado del Presidente, es llamado a asumir el cargo de Canciller de la República. Al leer lo anterior, no debemos olvidar que la política, a diferencia de la ciencia, le deparó a Javier Arias Stella, repito, destierros y agravios. Con su valiente esposa, Nancy Castillo, a su lado, nunca se dejó llevar por la amargura o la desesperanza porque, aunque cueste creerlo, siempre regresó sabio y ecuánime sin nunca abandonarle su manera de ser juguetona y una filosofía de enfrentar los problemas conservando siempre dos atributos indesligables: su pasión por la obra y su envidiable buen humor, invariable al enfrentar los problemas que se le presentaban, como dice el título: Como científico, maestro, político y diplomático.

En la Diplomacia

En el campo de la diplomacia hay también mucho que decir, pues entremezclado con sus otras actividades, Javier Arias Stella emerge a la actividad internacional, en la que debían estar incluidos otros elementos de juicio y de situaciones que acaecían en el mundo y que era de necesidad prioritaria tener siempre muy bien enfocados, al recordar que, si bien el Jefe del Estado dirige constitucionalmente la política exterior, es el Canciller con su equipo quien lo asesora, recomienda y la ejecuta.

Otro hecho muy importante, que viene a su mente y me lo relata es que cuando asumió la Cancillería, el Perú no tenía Embajador en Chile. El descubrimiento de un episodio de espionaje a fines de 1978 había determinado que el Gobierno del General Francisco Morales Bermúdez interrumpiera las relaciones bilaterales con la declaración de “persona no grata” del embajador Francisco Bulnes a principios de 1979. Por lo tanto, su primera tarea fue restablecer esa relación, lo que se logra en los primeros meses, agrega, gracias a la buena sintonía que lograra con el Canciller chileno, don René Rojas Galdames, con quien acuerda el intercambio de embajadores en 1981. Don José Luis Bustamante y Rivera y Don José Miguel Barros fueron los nominados, y llegaron con instrucciones precisas de normalizar los vínculos bilaterales afectados por tan desgraciado suceso.

En la guerra del “Falso Paquisha»

Si bien por mi cargo de entonces fui espectador privilegiado de los acontecimientos que se desarrollaron, prefiero dejar que sea el propio Javier quien nos relate el incidente, pues es uno de los que sabe perfectamente lo ocurrido. Recuerda él que gracias a una operación de abastecimiento aéreo aparecieron los primeros indicios de que en la vertiente oriental de la Cordillera del Cóndor se había verificado la infiltración de tropas ecuatorianas en ese lado del territorio peruano, donde habían instalado un puesto militar de vigilancia, los llamados PV, construido con material noble, madera y calamina. La reacción ecuatoriana al sentir el sobrevuelo del helicóptero fue disparar traicioneramente con fuego de artillería a la nave, que logra evadir el ataque e iniciar su retorno. Esto, cuenta el Canciller, le permite verificar que los ecuatorianos habían establecido, además, puestos militares en varios puntos de la frontera nor oriental de la Cordillera del Cóndor e instalado tres puestos de vigilancia, dos a orillas del río Comaina y el otro muy cerca del río Campana. Militarmente estaba comprobado, pero había que hacerlo desde el lado político por lo que, al día siguiente, en un helicóptero artillado sobrevolábamos la zona invadida comprobando con la simple vista una bandera ecuatoriana que flameaba entre los gigantescos árboles.

Y lo que sigue parece de fábula: Recuerda Arias Stella que el Ecuador, para engañar a la comunidad internacional, denuncia que un helicóptero peruano había sobrevolado y atacado el puesto de vigilancia de Paquisha, hiriendo a un soldado. La astucia llegaba al máximo, pues usando doble toponimia para confundir, asignaron el nombre de Paquisha al puesto de vigilancia que había sido sobrevolado el día 22. En ese momento, y ya han pasado treinta y tres años, sigue contando, se supo que el verdadero poblado de Paquisha estaba en la vertiente occidental de la Cordillera del Cóndor, al lado ecuatoriano, rodeada de cantones internos, es decir, en pleno Ecuador.

Recuerdo que fue en el Despacho Ministerial, en presencia de miembros de las Fuerzas Armadas, donde con los mapas desplegados se verificó, por lo que fue fácil concluir, dice Javier, que todo era parte de una estrategia política, diplomática, militar y, obviamente, geográfica del gobierno que presidía entonces el señor Jaime Roldós Aguilera, destinada, de manera infantil aunque peligrosa, a engañar a la comunidad nacional en su entonces porfiada campaña de declarar la invalidez del Protocolo de Rio de Janeiro de 1942; olvidando  que dicho instrumento había sido aprobado solemnemente por los dos países ese mismo año y puesta de inmediato en ejecución la delimitación limítrofe.

Ecuador lo hizo inevitable. Como si fuera ayer, trae a la memoria que organizó la primera operación de “envolvimiento vertical”, que era el desembarco helitransportado con apoyo de fuego desde helicópteros MI-8. Continúa Javier mencionando que el día 29 de enero -simbólicamente el mismo día que treinta y nueve años atrás se había firmado en Río de Janeiro el Protocolo de límites, el Presidente de la República se constituyó en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para reiterar sus instrucciones sobre la inmediata recuperación de los territorios ocupados desalojando al invasor. Yo, que acompañaba al Canciller Arias Stella en esa ocasión, recuerdo que el Presidente dio un golpe en el escritorio y dijo: ¡Ni un día más! Le pregunto a Javier que me explique el porqué de la fuerte reacción del Presidente y me dice: Belaunde era, en el trato personal, hombre respetuoso y afable, tanto con sus pares, partidarios y aun adversarios políticos, sin embargo, en casos como este, sabia ser igualmente firme y enérgico como correspondía al Jefe de Estado que era.

Me sigue contando que esa orden tuvo efecto inmediato, y esa misma tarde se capturó el PV-22 o lo que se llamó «Falso Paquisha». Es así que no se perdió un instante: El día 30, al mediodía, el Presidente Belaunde, acompañado de los Ministros de las Fuerzas Armadas y el de Transportes, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Comandante General del Ejército, levantó el pabellón nacional mientras todos entonaban el himno nacional.

A esa misma hora, rememora Javier,»…habría querido estar al lado del Presidente, pero me encontraba en la sede de la Organización de Estados Americanos, en Washington, asistiendo a la reunión de consulta convocada. Al tomar la palabra, los países miembros tuvieron la ocasión de escucharme desenmascarar la patraña urdida por el gobierno ecuatoriano sobre el Falso Paquisha mostrando mapas en donde las coordenadas geográficas reflejaban perfectamente las verdaderas posiciones geográficas de la localidad de Paquisha en el Ecuador y del inventado Paquisha en territorio peruano, el inolvidable PV-22. Quedó así terminado un conflicto con el retiro total de las tropas ecuatorianas regresando Ecuador, derrotado en los hechos, a la vertiente occidental de la Cordillera del Cóndor y el Perú a la vertiente oriental de la misma cordillera, cuando se habilitó otros puestos fronterizos para evitar una repetición de acciones ecuatorianas en esa región”. Fue sin duda, termina Javier, un gran triunfo de la causa peruana.

Ha anochecido, le preguntó a Javier si podemos dejar para otro momento esta conversación y me responde: «Por qué? si nos falta aún tratar otros temas interesantes de los años 80 que estuvieron al tope de nuestra agenda; la candidatura y posterior elección del Embajador Javier Pérez de Cuéllar al más alto sitial internacional, las Naciones Unidas; el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas y nuestra mediación; la firma del Tratado Antártico a cuyo capítulo consultivo era difícil de ingresar y, finalmente, contar algunos hechos de mi gestión como representante permanente en las Naciones Unidas, allá por 1983 etapa en la cual estabas ya como embajador en Yugoslavia».

En el Tratado Antártico

Le pido que recuerde la gestión sobre el Tratado Antártico establecido en 1959 y en vigencia desde 1961, junto con acuerdos y otras convenciones afines, y al que el Perú se adhirió en abril de 1981. Javier, con apuntes y recortes en mano, recuerda los esfuerzos de la Cancillería peruana para convencer de la necesidad de poder formar parte del Club de los 50 países firmantes, pero, más aún, para acceder al exclusivo capítulo de las 28 naciones con estatus consultivo, reflejando lo que se pensaba en 1981, año de su firma. Javier, como buen científico que es, piensa un momento para explayarse después sobre el tema.

Se adujo entonces, recuerda, dos elementos: Uno, el de la continuidad geológica, y el otro, el de la aplicación de los vínculos históricos derivados del uti possidetis. Bueno, los resultados son extraordinarios, termina Javier, recordando como el sueño que se inició hace veintitrés años, en 1981, tiene hoy como realidad el establecimiento desde 1989 de la Base Machu Picchu, instalada en la Bahía Almirantazgo en la ensenada Mc Kellar de la Isla Rey Jorge de las Shetlands del Sur (en la parte izquierda superior), con quince misiones ya realizadas, en las que el buque Humboldt, premunido de un programa científico y logístico, se desplaza hacia el continente polar para cumplir una agenda científica, todo ello bajo el planeamiento y programación del Instituto Antártico Peruano, que dirige Torre Tagle. Esta actividad se refuerza con su participación activa en las reuniones consultivas, así como en las del Tratado Antártico. Como lo ha explicado Javier, este fue otro de los temas que sobre la paz y seguridad mundial tenía delineada la política exterior de entonces y que, gracias a declaraciones emanadas de las Constituyentes de 1979 y 1993 e introducido en el Acuerdo Nacional, se ha transformado en una política de Estado. Un gran éxito histórico de nuestra Diplomacia recuperar un área importante de territorio polar inédito hasta entonces, concluye el doctor Javier Arias Stella.

En la elección del Embajador Javier Pérez de Cuéllar

Es otro de los capítulos que me tocó vivir in situ. Ocurrió el año 1981, con la gestación, candidatura y las gestiones que tanto en Lima como en Nueva York llevaron a la elección del embajador Javier Pérez de Cuéllar al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas. Sobre lo que tanto se ha escrito desde entonces, entre otras la memoria del doctor Celso Pastor De La Torre, que tituló Cómo un peruano fue elegido Secretario General de las Naciones Unidas, que describe detalladamente lo que se vivió en los pasillos de la organización, con todos los complejos prolegómenos y procesos que terminaron en tan feliz resultado con especial mención a la labor de apoyo desarrollada por el representante permanente, Embajador Juan José Calle, y todo el personal diplomático que integraba la Misión.

Para continuar esta gama de recuerdos, esta es otra de las tareas que Javier, en la parte que le correspondía, condujo desde Lima. Al tocar el tema se nota el entusiasmo de Javier Arias Stella, que comparto, ya que fue en el despacho rojo donde nació por primera vez la idea de presentar a don Javier Pérez de Cuéllar a tan alto sitial internacional, muy poco después de que el Senado rechazara su designación como Embajador en la República Federativa del Brasil. Algo importante, y que es poco conocido, es que, ante una decisión política de esa gravedad, el Ministro presentó su renuncia al cargo, asumiendo la responsabilidad de la decisión parlamentaria. La luctuosa mano política se vio cuando la propuesta, que había sido aprobada con honores en la Comisión de Relaciones Exteriores, se vio trunca pues al día siguiente el plenario la rechazó, dejando a todos, más aún a nuestro Servicio, atónitos al constatar que el propio partido del Gobierno, del cual Javier Arias Stella era miembro, había cometido tamaña acción contra nuestro más prestigiado colega, ocasionando un insospechado daño a la política exterior del Perú. Por fortuna, el Presidente de la República, el mismo 8 de octubre, no aceptó la renuncia ministerial conminándole a retirarla y a continuar dirigiendo la Cancillería.

Es así, continúa Javier, “…que en la cancillería se trabaja el mejor procedimiento para dar el segundo paso, y el que se encuentra resultó el mejor de todos: el gobierno pondrá en manos del doctor Celso Pastor De La Torre, la gestión en Nueva York, designándosele Jefe de la Delegación del Perú a la XXXVI Asamblea General con el cargo de ‘Enviado Especial, para promover en Nueva York la candidatura”. Celso Pastor, mi Jefe en Washington en los años 60, era el mejor conocedor del medio internacional, pues había sido, de 1963 a 1968, nuestro embajador en los Estados Unidos de América, conocedor de una lista de personalidades de las grandes potencias que, en primer lugar, serían los que decidieran la elección del nuevo Secretario General.

A estas alturas de la conversación, Javier me dijo: «… no es el propósito hacer toda una memoria de lo ocurrido entre octubre y diciembre porque el libro del doctor Celso Pastor De La Torre, cuyo texto final me lo entregó para su lectura, contiene todos los detalles de una epopeya, única en la historia diplomática del Perú, ya que desarrolla detalles inéditos hasta entonces para la opinión pública y la prensa, con hincapié en sus contactos conmigo y, principalmente, con el Embajador Pérez de Cuéllar, quien contra todos los consejos permaneció inamovible en Lima mientras los otros candidatos hacían antesalas largas y tediosas para conseguir ‘los votos sin vetos’; sigue luego con la campaña, su ejecución, el desarrollo de las votaciones en el Consejo de Seguridad; mis contactos con todos los cancilleres latinoamericanos; las entrevistas de Celso Pastor con todos los representantes permanentes: Unión Soviética, Francia, China y Gran Bretaña y Estados Unidos, cuya Secretaría de Estado, señora Jeane Kirkpatrick, tenía una especial admiración por el candidato peruano; los retiros de Salim y Waldheim, Illueca y Ramphul, todos víctimas de vetos inamovibles; hasta llegar a la votación y la elección”.

Aún me emociono cuando recuerdo, ya era de noche, esa trascendental conversación entre don Celso Pastor y don Javier Arias Stella, que definió lo que ocurrió el viernes 11de diciembre a las 13:13 horas, cuando el Consejo de Seguridad, en sesión privada, eligió unánimemente al nuevo Secretario General de las Naciones Unidas para el período 1982-1986. El martes 15 de diciembre, la XXXVI Asamblea General aprobó por aclamación la designación del Embajador Javier Pérez de Cuéllar como Secretario General de las Naciones Unidas para el período de 1982 a 1986.

Como noble colofón de esta historia, Javier Pérez de Cuéllar no terminó en esos momentos su continuo servicio a la humanidad y, particularmente al Perú. El congresista Valentín Paniagua Corazao, designado Presidente de la República en noviembre del año 2000, tuvo la feliz idea de convocar al Embajador Javier Pérez de Cuéllar como Presidente del Consejo de Ministros y, al mismo tiempo, el destino le daría otro cargo que él recibió con el mayor orgullo: el de Ministro de Relaciones Exteriores, un Canciller de lujo para el Perú. Culminado dicho Gobierno en el plazo previsto, don Javier rindió su último servicio a la República al asumir la Embajada del Perú en Francia, del año 2002 al 2004, cuando renunció para retornar al país en donde hoy es el peruano más respetado y consultado.

Las Malvinas en guerra

Cronológicamente debíamos seguir avanzando en los recuerdos que sellan una gestión ministerial de un poco más de treinta meses en Torre Tagle, en los cuales quedó impreso el estilo “Javier Arias Stella» sobre algunos retos realmente dramáticos, como los que ya hemos descrito más el conflicto de las Islas Malvinas. Amanecía el 2 de abril de 1982, siempre las crisis son al albor de la mañana, cuando fuimos despertados con la noticia de que fuerzas militares de Argentina habían tomado las dependencias de Georgia del Sur y las islas Sándwich del Sur. Ello pese a que, ante ciertas señales de un movimiento argentino, el Reino Unido denuncia en el Consejo de Seguridad y lleva al Presidente del Consejo a emitir una declaración instando a las dos partes a abstenerse al uso de la fuerza. Y también a que, como leímos el día 2, caía en saco roto por la invasión argentina, que reclamaba desde el siglo XIX la soberanía de las Islas Malvinas.

Las fechas en el almanaque corren, ya pasaron el 3, 5, 6 y 9 de abril, y la inminencia de la llegada de la flota británica a las islas se acrecienta día a día. La noticia del viaje del Secretario de Estado, Alexander Haig, a Londres, nos da la idea, dice Javier, de conversar el 10 de abril con el Presidente de la República para que regrese a la carga, lo que lleva a Belaunde a hacer una invocación oficial, a los Gobiernos argentino y británico, que es difundida en el mundo entero, invitándolos a una tregua, propuesta que es aceptada por Argentina, mas no por el Reino Unido, que pone como condición el retiro de las fuerzas argentinas. Nada parecía detener la explosión del conflicto con el ataque británico a las islas ocupadas malamente, ya que los equipos y material argentino no se condecían con los cinco grados bajo cero de temperatura existente en dicha región.

Y viene lo que tenía que venir, cuenta Javier, con quien viajamos a Washington D.C., a la sede de la OEA, para tratar el tema: “Grave situación planteada en el Atlántico» que se  examinaría el 26 de abril en la XX reunión de Consulta bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que, como se sabe, fue firmado en Río de Janeiro en setiembre de 1947 para repeler cualquier ataque al continente americano por parte de una potencia extra continental, léase entonces la Unión Soviética, ¡mas no el Reino Unido! Iniciada la asamblea, le cabe a la delegación peruana un rol protagónico ya que, luego del debate de estilo en que las delegaciones hablaron de buscar canales de paz y aplicar los mecanismos permitidos, presenta, junto con Brasil, un proyecto de resolución cuyo contenido está cuidadosamente enmarcado en los principios de la OEA y sujeto al contenido del TIAR. La inminencia del ataque británico hacía que el documento tuviera una urgencia de primer orden, ya que producido este solamente quedaba aplicar el pedido de tregua contenido en un artículo del proyecto. La idea medular de un cese de hostilidades, con un período de compromiso de las partes, tenía que ser refrescada puesto que las misiones emprendidas por Alexander Haig no habían tenido el éxito esperado y para lograrlo estaban dirigidos los puntos básicos centrados en la resolución peruana. Recuerda Javier que, en esas instancias, Haig estuvo en contacto telefónico con él y con el presidente Belaunde.

Durante los días 26 y 27, nuestra delegación tocó todas las puertas a fin de escuchar observaciones y cambios, los que se van aceptando manteniendo el fondo jurídico del texto original, sobre todo escuchando los anhelos argentinos que sabían la situación real del conflicto en el sur, momento en el cual el presidente de la reunión puso a votación el proyecto peruano, que señalaba claramente que los países de América reconocían el derecho de la Argentina a la soberanía de las Islas Malvinas. La resolución, que fue aprobada por diecisiete votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, mostró que por primera vez América estaba unida en un foro político. Recuerdo, sigue contando Javier, que me sonreí “…cuando la delegación norteamericana explicó su abstención diciendo que no estaba en contra del proyecto, sino que lo había hecho así porque el Secretario de Estado se desempeñaba todavía como mediador. Ya sabía que esa razón ya estaba superada, porque Haig había reconocido la inutilidad de sus gestiones». Lo positivo es que, además de la resolución adoptada, se decidió que la reunión permaneciera abierta «con el objeto de velar por el fiel cumplimiento de la Resolución y otras medidas adecuadas que se convengan para preservar la solidaridad y la cooperación interamericana.

Hasta ahí todo bien en el plano de la gestión interamericana, pero el 30 de abril, muy temprano, me entero, sigue contando, “… que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos nos sorprende con un comunicado en el que hace conocer su posición de apoyo franco y decidido al Reino Unido, responsabilizando a la Argentina de haber sido el obstáculo para el buen final de las negociaciones». Siento entonces que el TIAR ha sido tirado por los suelos, pues no solamente un país miembro de la OEA y del tratado se ponía del lado de una potencia extra continental, sino que, peor aún, declaraba que aplicaría medidas económicas contra la Argentina. Y más grave si cabe, declaraba explícitamente que daría apoyo a la fuerza armada de Gran Bretaña en su misión a las Malvinas. Esa misma tarde, siguiendo instrucciones del Jefe del Estado, “… contacté al Secretario Haig fijando nuestra posición y nuestro asombro por esa declaración inédita y anti histórica que, le agregué, daba la espalda al Sistema Interamericano pues, sobre todo al declarar la decisión de Estados Unidos de apoyar la invasión, que era violatoria de la decisión 502 de las Naciones Unidas, las explicaciones de Haig no fueron convincentes ni sinceras».

Y la gestión tuvo resultados porque poco después Alexander Haig llamó al Presidente de la República, con quien se armonizaron puntos de vista acordando un plan de siete puntos: 1. Cese inmediato de las hostilidades; 2. Retiro mutuo de fuerzas; 3. Presencia de representantes ajenos a las partes involucradas en el conflicto para gobernar temporalmente las islas; 4. Los dos gobiernos reconocen la existencia de reclamaciones discrepantes y conflictivas sobre la situación de las Islas Malvinas; 5. Los dos gobiernos reconocen que las aspiraciones y necesidades de los habitantes locales tienen que ser tomadas en cuenta en la solución pacífica del problema; 6. El grupo de contacto que intervendría de inmediato en las negociaciones para implementar este acuerdo, estaría compuesto por Brasil, Perú, República Federal de Alemania y los Estados Unidos de América; 7. Antes del 30 de abril de 1983 se habrá llegado a un acuerdo definitivo, bajo la responsabilidad del grupo de países mencionados.

El Perú había puesto la bola en movimiento y ahora sólo quedaba, tarea nada sencilla, que el Presidente Belaunde trasmitiera al Presidente Galtieri este texto en castellano e inglés, lo que así hizo. Siguiendo el hilo de la historia, Galtieri le respondió: «Agradezco muchísimo el esfuerzo de conciliación de su gobierno y desde mi punto de vista creo que esta propuesta es factible, la encuentro viable, pero presidente, yo también tengo mi Senado, que es la Junta de Generales, y vamos a reunirlo a las 17:00 horas” (15:00 de Lima).

El Presidente, junto con el Primer Ministro Manuel Ulloa y yo, esperamos la respuesta todo el domingo en la tarde. En mi despacho de Torre Tagle, mi equipo permanecía inamovible, preparando los pliegos y textos para una eventual firma del acuerdo de siete puntos, que podrían suscribirlos preliminarmente los embajadores de Argentina y Gran Bretaña en Lima. No estábamos enterados aún de que esa misma tarde, a las 16:00 horas (14:00 de Lima), el crucero General Belgrano fue hundido por tres torpedos cuando se preparaba a atacar con misiles a los barcos británicos que se encontraban al sur de las Malvinas, murieron trescientos veintitrés y sobrevivieron ochocientos de sus tripulantes. Con el anochecer Ilega el ocaso y, simbólicamente, esa noche la espera terminó cuando en un ambiente de gran desilusión nos enteramos de la gran tragedia marina que había sufrido Argentina y, como era de esperar, a primera hora del día siguiente, el lunes 3 de mayo, recibí la llamada del Canciller Costa Méndez, quien me dio los detalles de la recepción del documento recibido por la Junta, «y avanzaba favorablemente en la mayoría de los puntos cuando, dijo, interrumpió un Almirante y en alta voz anunció el hundimiento del Belgrano. Nos corrió un escalofrío al ver que todo lo caminado era destruido y más aún cuando el 4 de mayo, tan solo dos días después del Belgrano, llegó otra noticia trágica: Argentina no se quedó atrás pues dos misiles Exocet destrozaron al destructor HMS Sheffield ocasionando veinte tripulantes muertos. El 10 de mayo toda la estructura del barco se hundía en el fondo del océano.

Y es así que en 1982 da esos pasos, uno, la Argentina, en carta  al Secretario General de las  Naciones Unidas, le acepta su ofrecimiento para ayudar a comenzar nuevas negociaciones en torno a las Malvinas; y dos, propusimos la continuación de la XX reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, de acuerdo al artículo 6° y 13° del TIAR, para seguir examinando todas las otras posibilidades a nuestro alcance para evitar la invasión de las fuerzas británicas de las islas y, con ello, salvar cientos de vidas de toda una juventud argentina que se perderían en la contienda al estar sin protección logística para resistir por más tiempo los cuatro o cinco grados bajo cero reinantes entonces.

Efectivamente, la sesión se realizó el 27 de mayo. El debate fue muy amplio, matizado con gestos de solidaridad hacia la República Argentina, cuando se discutió una resolución que pasaba revista a todo lo ocurrido hasta esa fecha, expresaba el grave sentir de los países, pedía que eran necesarios gestos definitivos por parte del Reino Unido para que suspendiera las acciones militares y revocara la ilegal «zona de exclusión» por ir en contra del Derecho Internacional; y a Estados Unidos para que contribuyera a esa decisión, recalcando una vez más la necesidad de un arreglo urgente para preservar y fortalecer el Sistema Interamericano. El proyecto presentado por Argentina, con algunas enmiendas, fue aprobado por diecisiete votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. En su intervención final en la reunión de consulta, el Canciller argentino Costa Méndez rindió un cálido homenaje al Perú en la figura del Presidente Fernando Belaunde Terry, de quien dijo ser. «Uno de los hombres más destacados de América, un ejemplo de gobernante americano […] quien tomó este caso con pasión de hermano […]», para agregar: «Si no hubiera sido por el hundimiento del Belgrano, su propuesta de paz hubiera prevalecido…”

Javier me dice que el tema es infinito porque hay mil y un detalles que ocurrieron en el periodo comprendido del 2 de abril al 14 de junio de 1982, día en que cesan las hostilidades con la rendición argentina. Fue una dura pelea con el Derecho Internacional en la mano y en contra de una potencia como el Reino Unido, que contaba con aliados dentro del Consejo de Seguridad como para lograr decisiones a su favor y en contra de Argentina. Solo dos permanentes, China y Rusia, se abstuvieron en todo momento, permaneciendo críticamente expectantes acerca de la posición que adoptaría Estados Unidos.

Trascendió después, recuerda Javier, que el Perú apoyó militarmente a Argentina con acciones de inteligencia y con el envío de aviones Mirage M-5P, en ese entonces casi nuevo, eludiendo radares chilenos que actuaban apoyando a la inteligencia británica. Además, con pilotos instructores, pertrechos militares, cohetes-misiles Exocet y medicinas. Es así que el Perú del Mariscal Castilla reverdeció más de un siglo después, pues nuestro país fue una de las pocas naciones que, como aliadas, apoyó solidaria y abiertamente a Argentina dando una lección de hermandad americana.

Javier termina este capítulo con su sonrisa de siempre para hacer una reflexión histórica: «No cabe duda que, al igual que en el conflicto del “falso Paquisha”, la gestión del Tratado Antártico, la exitosa y abrumadora elección de Javier Pérez de Cuéllar a las Naciones Unidas y la mediación en el conflicto de las Malvinas, el Perú estuvo en las muy buenas manos de su Jefe de Estado, el Presidente Fernando Belaunde Terry, quien lució en esos cuatro episodios su liderazgo y talla de estadista continental. Así fue reconocido entonces con las múltiples muestras de agradecimiento del pueblo argentino. Fue un orgullo estar a su lado en todo momento.»

En la Representación Permanente del Perú en las Naciones Unidas

Pero nos queda un punto de mi agenda que es de la mayor importancia, este es, su gestión como Representante Permanente en las Naciones Unidas, y que la modestia de Javier quiere pasar por alto. Le pido que me cuente algunos detalles desde que llegó a Nueva York en 1983 hasta su partida en 1985 y, como es su forma de ser, recuerda el trabajo en equipo con el personal diplomático y administrativo de la Misión en Nueva York, quienes le acogieron con el mayor respeto y cariño después de la partida del Embajador Juan José Calle, a quien reemplazó en tal difícil cargo.

Sobre detalles de su permanencia en las Naciones Unidas, echa la mirada hacia atrás y cuenta: “Los temas que traté fueron innumerables pero recuerdo uno en especial y es la experiencia más grande que me ha pasado en toda mi vida: y es el que tiene que ver con la elección del Perú al Consejo de Seguridad en 1984, una posición diplomática que nos ponía en el centro de la acción internacional, pero sin duda, la Presidencia del Consejo, que ejercí en nombre del Perú en dos oportunidades, sentado en la mesa que representaba al Mundo y teniendo al lado a un peruano tan admirado y querido como era y es Javier Pérez de Cuéllar. Ahora recuerdo vagamente los temas de la agenda, uno de ellos el proyecto de prohibición del uso de armas químicas en la guerra Iraq-Irán- pero todos tenían que ver con la paz y seguridad y la urgencia que existía de preservar la autoridad e influencia de las Naciones Unidas en el concierto mundial».

Epílogo

Ha llegado la hora de despedirnos, las luces del Instituto se están apagando pues es muy tarde ya, aunque la conversación ha permitido un sinceramiento de a dos que siempre es tan necesario y que la redacción de una vida, resumida, por cierto, de Javier Arias Stella lo imponía. De la lectura de los hechos que presidieron su gestión, mi experiencia me dice que muy pocos cancilleres en nuestra historia diplomática tuvieron que bregar con la seriedad y algunos con la gravedad en los temas expuestos, que nos lo ha relatado con la mayor objetividad posible, mejor aún con su reconocida modestia que tienen los grandes  hombres, que es el caso del doctor Javier Arias Stella en vida plena y dedicado plenamente a su actividad científica, sin olvidar me dice: “los cinco años que pasó en Torre Tagle y en las NN. UU, cuando supo de la amistad y el respeto de excelentes profesionales dedicados a defender el más alto interés del país»

El presente artículo trata sobre la gestión del Embajador Allan Wagner como Canciller en las dos gestiones que le cupo cumplir; en el primer Gobierno de Alan García, desde el 28 de julio de 1985 hasta el 16 de mayo 1988; y posteriormente, en el Gobierno de Alejandro Toledo, del 12 de julio de 2002 al 15 de diciembre de 2003.

Primer período ministerial (28/07/1985-16/05/1988)

Introducción

Para comentar este período nos basamos principalmente en el artículo “en la senda de García Bedoya, gestión Ministerial de un discípulo (poco) aprovechado”, que forma parte del volumen Carlos García Bedoya: una visión desde los años 90 (Mosca Azul editores, Lima, 1993). En él, Allan Wagner hace un pormenorizado recuento de esa gestión, lo que nos proporciona una fuente histórica directa, con muchas ventajas sobre las tradicionales memorias institucionales

La designación al cargo de Canciller

El 28 de julio de 1985 asumió la Presidencia de la república del Perú Alan García Pérez. El hecho marcaba un hito histórico por muchas razones, y se producía en medio de una gran efervescencia popular.

La transferencia de poder por parte de un gobierno constitucional a otro no era un hecho muy frecuente en el Perú. Hay que recordar que el primer Gobierno de Fernando Belaunde Terry, que había sido antecedido por dos Juntas Militares, fue a su vez interrumpido por el golpe militar del 3 de octubre de 1968, cuando un nuevo régimen castrense se instaló en el poder por once años. El Perú ofreció un desagravio a Belaunde reeligiéndolo en 1980. Y la transferencia de poder de Belaunde a Alan García en 1985 constituía, como se ha dicho, un acto de especial valor simbólico para el Estado de Derecho, pero sobre todo despertaba la esperanza de que esta vez el retorno a la democracia pudiera ser algo permanente.

Allan Wagner era diplomático de carrera, y tenía la categoría de Ministro en el Servicio Exterior, que es uno de los escalones de esta jerarquizada carrera; el último peldaño antes de la categoría de embajador. Acceder al puesto de Canciller lo convertía en Jefe de funcionarios que tenían más antigüedad en la carrera, a veces mucho mayor antigüedad y, en algunos casos, lo convertían en superior jerárquico de funcionarios que habían sido sus jefes en el pasado. En una carrera casi militarizada, esto podía parecer inconcebible. Pero no era la primera vez que una cosa así ocurría. Según cuenta el propio Allan Wagner, el día de la juramentación, durante el saludo de los asistentes al acto, ocurrió el siguiente episodio: “El Embajador Juan Miguel Bákula, Presidente de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos en Retiro, quien se encontraba presente en el acto, me acotó en un aparte, con la erudición, amistad y sentido de la oportunidad que lo caracterizan: ‘No te preocupes. Alberto Ulloa fue también Canciller siendo Ministro en el Servicio. ”Y más adelante, luego de ver que todos los colegas lo habían reconocido sin retaceos como Ministro de Relaciones Exteriores, Wagner exclamaba “iUn Ministro en el Servicio Diplomático sí podía ser Canciller!” La realidad así lo confirmaba, pero desde luego el de Allan Wagner era un caso especial, porque su formación académica y su personalidad le daban un rigor intelectual característico, y su ejercicio profesional de diplomático, su desempeño como profesor de Macroeconomía en la Academia Diplomática y otras instituciones, le habían ganado el respeto de sus alumnos y de sus colegas nacionales y extranjeros, así como un prestigio que calzaba perfectamente con el cargo de Canciller.

En el aspecto económico, hay que recordar que la de 1980 ha sido denominada “La década perdida» para los países subdesarrollados, y en especial para los latinoamericanos. Una inusual combinación de recesión e inflación, conformando un círculo vicioso del que parecía imposible escapar, llevó a los economistas a acuñar un neologismo la “estanflación”, fenómeno que además llevó a nuestros países a la crisis de balanza de pagos y a la crisis de la deuda externa. La fórmula impuesta por el FMI y el Banco Mundial, consistente en recortar el gasto público y las importaciones, redujeron sustancialmente la cooperación y el comercio intrarregional y acarrearon la desinversión y la desindustrialización.

En el plano económico internacional venían ganando terreno las políticas de desregulación, liberalización del comercio, privatización y reducción del Estado, aplicadas por Margaret Thatcher y Ronald Reagan desde principios de la década; y ellas conducirían ultimadamente a la forma de globalización que conocemos hoy día cuando, en la década de 1990, surgiera llamado “Consenso de Washington» y los países en desarrollo se integraran a esas políticas. En cuanto a las relaciones entre el Presidente y su Canciller, el trabajo en equipo no la característica inicial. Ellos no se conocían de antemano, y sólo mantuvieron un par de conversaciones antes de la designación de Allan Wagner para la cartera de Relaciones Exteriores. Como resultado, el discurso de inauguración de Alan García tuvo algunos puntos que constituyeron una sorpresa para el flamante Canciller. El primero y más importante ellos fue la decisión de Alan García de limitar el pago de la deuda externa al diez por ciento de los ingresos por exportaciones.

La visión y el diseño de la política exterior

Es interesante recorrer la secuencia que el propio Wagner propone para entender cómo se tradujeron los postulados del discurso inaugural de Alan García en la práctica de la acción exterior. Para ello comenzaremos por citar las prioridades de política exterior contenidos en el mensaje inaugural del Presidente García, tal como las resume Allan Wagner:

Es interesante recorrer la secuencia que el propio Wagner propone para entender cómo se tradujeron los postulados del discurso inaugural de Alan García en la práctica de la acción exterior. Para ello comenzaremos por citar las prioridades de política exterior contenidas en el mensaje inaugural del Presidente García, tal como las resume Allan Wagner:

• La denuncia del problema de la deuda externa como la expresión del intercambio desigual en las relaciones económicas internacionales , el llamado a la unión de América Latina para, a través del trato político, encontrar “una solución histórica y definitiva” al problema, el rechazo a las recetas económicas y a la intermediación del Fondo Monetario Internacional en las tratativas con los acreedores, y el anuncio, como una reivindicación de soberanía económica, de la limitación unilateral del servicio de la deuda externa al diez por ciento de los ingresos por exportaciones;

• El rescate de la posición del Perú como país No Alineado, la solidaridad con los pueblos amenazados por uno u otro imperialismo y el objetivo de lograr que a ninguno de los países de América “se trasladen las fronteras ideológicas o militares de las grandes potencias”;

• El respaldo al Grupo de Contadora, en resguardo de la soberanía latinoamericana “cuyo destino se juega hoy en Centroamérica y Nicaragua» y la propuesta de formar un “frente de países latinoamericanos que apoye al Grupo de Contadora»;

• El freno al armamentismo y la propuesta de un acuerdo regional para la reducción de los gastos en armamento y el congelamiento de nuevas adquisiciones, recogiendo el espíritu de la Declaración de Ayacucho, a fin de dedicar esos recursos al desarrollo económico “garantizando así la defensa integral de nuestra población y nuestro territorio, sustentada en su bienestar” y, como expresión de esa voluntad, el anuncio de la decisión de recortar el número de aviones Mirage adquiridos durante el gobierno anterior;

• El llamado a la convocatoria de una Cumbre de Presidentes Latinoamericanos rememorando el Congreso Anfictiónico de Panamá, para echar “las bases de la gran Indoamérica libre y unida”, “afirmarnos en un gran mercado de bienestar» y lograr que, frente a una historia de dependencia, subordinación e injusticia, “América Latina entre en escena, eleve su conciencia histórica y culmine, 150 años después, su gesta emancipadora»;

• La reivindicación de la integración latinoamericana como una decisión política y la afirmación del Acuerdo Subregional Andino; y

• La lucha contra el narcotráfico a través de un acuerdo internacional con énfasis en la cooperación regional.

Como se ve, el Jefe de Estado planteó temas multilaterales exclusivamente. Además, aparte del tema de la deuda y, en mucha menor intensidad, el del narcotráfico, todos los otros apuntan a la creación de movimientos subregionales, regionales o interregionales que aseguren la independencia de sus miembros frente a las potencias dominantes, y especialmente frente a Estados Unidos. Y aun los temas de la deuda y el narcotráfico son planteados en términos de cooperación multilateral.

El nuevo Canciller y su equipo incorporaron estos lineamientos a un contexto en el que los “intereses nacionales permanentes» se vieran reflejados. Es necesario reiterar que la política exterior parte por identificar los intereses nacionales permanentes, para luego formular los respectivos objetivos. Los objetivos pueden ser también permanentes, o tener un horizonte temporal dado. No hay que olvidar, sin embargo, que la realización de objetivos de política exterior requiere casi siempre de largos procesos de negociación y también, a menudo, cambios sociales y culturales en varios países, por lo que no suele ser muy eficaz plantear para el corto plazo objetivos verdaderamente trascendentes. En este caso, la política exterior adoptada por la administración de Torre Tagle para el nuevo Gobierno es descrita por Allan Wagner en los siguientes términos:

• Dar prioridad a las relaciones con los países vecinos y, en un segundo circulo, al resto de América Latina para mantener una “paz activa” en las fronteras, rica en iniciativas de distensión y complementación bilateral, y cimentar vínculos de cohesión política y cooperación económica de largo plazo que contribuyeran a obtener para el Perú un rol significativo en la progresiva definición de la estructura de las relaciones y el desarrollo regionales, utilizando como factores de poder su triple condición de país andino, amazónico y de la Cuenca del Pacífico, y su potencial articulador de una proyección transversal bioceánica del continente y factor de soldadura longitudinal entre el norte y el sur del mismo, atributos que, no siendo exclusivos, requerían, para hacerlos efectivos, de una dinámica política de concertación de intereses;

• Lograr un respaldo político internacional a los principios sustentatorios de la posición del gobierno sobre el problema de la deuda externa, que hiciera más manejable la confrontación con el “sistema”, trabajando primero a nivel de los países en desarrollo y luego en los foros políticos mundiales;

• Defensa de los fundamentales principios de no intervención y libre determinación y como una afirmación de capacidad de acción política regional, participar activamente en la búsqueda de una solución pacífica, democrática y latinoamericana, sin injerencias externas, a la crisis centroamericana, a través del Grupo de Apoyo a Contadora que habíamos tenido la iniciativa de crear. Conscientes de que esto añadía un segundo frente de confrontación con Estados Unidos, pero resueltos a afrontarlo, tanto por las razones principistas señaladas como por su importancia para los pueblos centroamericanos y por las graves repercusiones políticas que hubiera tenido al interior de nuestros propios países un conflicto generalizado en Centroamérica con intervención foránea, que hubiera motivado fuertes tendencias de involucramiento armado indirecto;

• A fin de fortalecer nuestra capacidad de gestión, apoyar los procesos de integración y cooperación subregional y regional, y promover la creación de instancias de concertación política a nivel latinoamericano, dinamizar nuestras relaciones con las distintas regiones del mundo en desarrollo y nuestra participación en los mecanismos que los congregan, así como con los países desarrollados con mayor tradición de cooperación con nuestro país;

• Establecer un claro deslinde entre la posición peruana en diversos temas (deuda, crisis centroamericana, etc.) con la sostenida por Cuba, a fin de evitar confusiones sobre la ideología e intenciones que las inspiraban y, en general, sostener relaciones simplemente normales con los países de la órbita comunista; y

• Mantener con los Estados Unidos un diálogo político lo más fluido posible, procurando evitar factores adicionales de confrontación y más bien resolver problemas puntuales de las relaciones bilaterales, incluyendo la cooperación para la lucha contra el narcotráfico.

Otros de los lineamientos que acabamos de transcribir, como aquellos que se refieren a la defensa de principios jurídicos y políticos, también son permanentes, aunque deben ser defendidos contra distintas amenazas, en distintas coyunturas históricas. Ellos tienen que ser defendidos porque son parte consustancial del Estado peruano, desde la proclamación de la Independencia por el General San Martín, pero también porque ellos dan unidad a la nación y sustentaron el reconocimiento oficial del nuevo Estado por parte de las potencias de la época. Estos principios son compartidos por otros países de nuestro continente y, por lo tanto, pueden y deben constituir la base de cualquier proceso de integración regional.

Finalmente, la estrategia de incrementar nuestra influencia o capacidad de negociación en la escena internacional mediante la asociación con otros grupos de países – NOAL, G-77, G-15, G-8, entre otros, también es un factor permanente, que puede ser utilizado para coadyuvar al logro de cualquiera de nuestros objetivos. Pero requiere de un trabajo coherente de largo plazo, y una inversión que no siempre tiene una tasa de retorno económico rápida. Hay que tener en cuenta que lo que se busca es un rédito político, que en ocasiones puede repercutir en el bienestar de la población de un país, y en otras puede ser incluso un factor de supervivencia. Hacia el final de su período de gobierno, el Presidente García declaraba a la prensa que evaluaría el trabajo de nuestras embajadas en función a las exportaciones que lograran, lo que es diametralmente opuesto a lo enunciado más arriba.

Resultados

Una vez planteado lo que se deseaba hacer podemos pasar a examinar lo que efectivamente se hizo. Hay que subrayar que el tiempo que duró este mandato, poco menos de tres años, es demasiado corto para obtener resultados durables en política exterior. Aun así, como se verá, en esta etapa Allan Wagner logró poner en marcha procesos que continuaron mucho tiempo después, lo que demuestra la profunda huella que dejó su gestión de política exterior.

Por esta razón, sólo mencionaremos algunos temas que nos parecen particularmente destacables, a la luz de la evolución histórica posterior. Para hacer esa exposición seguiremos el esquema que hace Allan Wagner en homenaje a Carlos García Bedoya.

1. El territorio: Las relaciones vecinales

1. Bolivia

Visita oficial del Canciller del Perú a Bolivia, del 1 al 3 de junio de 1986. Primera visita de un Canciller después de cuarenta años. Declaración Conjunta. Se consiguió que el tema de la mediterraneidad boliviana no generara tensiones en la subregión ni dominara la agenda peruano-boliviana. Se acordó el relanzamiento de la Comisión Mixta de Cooperación, foro en el que se ha podido tratar, y a menudo resolver, numerosos temas de la densa trama de relaciones bilaterales.

Visita Oficial del Canciller de Bolivia, Guillermo Bedregal Gutiérrez, a Lima, el 20 de febrero de 1987. Canje de instrumentos de ratificación de las Convenciones sobre aprovechamiento de las aguas del Lago Titicaca, que el Congreso de Bolivia acababa de aprobar, treinta años después de su firma. Se consolidó así el condominio peruano-boliviano sobre el Lago Titicaca, aspecto de la mayor trascendencia histórica. También fue creada la Autoridad Binacional para la administración de los recursos compartidos.

Reunión de trabajo de cancilleres en Puno, el 13 y 15 de julio de 1987. Aprobación del Programa de Acción bilateral. Santa Cruz de la Sierra, 20 de diciembre de 1987: Cancilleres de Argentina, Bolivia y Perú firman Acta sobre compromiso de establecer el Corredor Ferroviario de los Libertadores Matarani – La Paz-Buenos Aires, con proyecciones a Brasil Paraguay y Uruguay.

1. Brasil

Visita Oficial del Canciller de Brasil, Roberto de Abreu Sodré, a Lima, el 21 y 22 de mayo de 1987. Encuentro Presidencial García – Sarney, el 2 y 3 de julio de 1987, en las ciudades de Río Branco y Puerto Maldonado.

Compromisos sobre la interconexión Ilo – Santos a través de Iñapari y sobre una Zona de Integración Fronteriza entre el Estado de Acre y el Departamento de Madre de Dios.

• Colombia

Visita Oficial Visita oficial del Canciller de Colombia, Augusto Ramírez Ocampo, a Lima, del 5 al 7 de febrero de 1986.

Visita Oficial del Canciller del Perú a Bogota, setiembre de 1987. Canje de instrumentos de ratificación del Tratado de Cooperación Amazónica peruano-colombiano. Declaración Conjunta sobre interconexión de los ríos Napo y Putumayo; sobre la creación de una zona de integración fronteriza binacional; y sobre un estudio de la interconexión terrestre intermodal Olmos-Marañón-Pantoja.

Encuentro Presidencia García – Barco, el 24 de abril de 1988, en el río Amazonas, punto San Antonio, a bordo de las cañoneras Ucayali y Araucana. No había habido una reunión presidencial del Perú y Colombia desde 1942.

1. Ecuador

Proceso de distensión, luego del incidente del falso Paquisha (1981). Los nuevos Gobiernos, de León Febres Cordero y Alan García, buscan profundizar “lo que los une, dejando de lado lo que los divide». 24 y 26 octubre de 1985: Primera visita oficial de un Canciller del Perú a Ecuador en la historia de ambos países. Declaraciones a la prensa del Presidente Febres apoyando la iniciativa de Alan García de una limitación de los gastos militares en la región. Restitución de la línea de frontera, ante el desvío del cauce del Río Calvas, por fenómenos naturales.

1. Chile

Con Chile, la agenda del Canciller Wagner, desde los días inmediatos a su juramentación, tuvo tres puntos fundamentales:

• La ejecución de los aspectos pendientes del Tratado de 1829ysu Protocolo Complementario;
• Distensión en el plano militar;
• Delimitación marítima.

Ejecución de cláusulas pendientes del Tratado de 1829 y su Protocolo Complementario en el marco de la ceremonia de transmisión de mando, el Canciller de Chile, Jaime del Valle, que presidió la delegación de su país, sostuvo una audiencia privada con el Presidente Alan García, en la que decidieron reiniciar las negociaciones conducentes a la total ejecución del Tratado de Lima de 1829. Esto se refería básicamente a los derechos de puerto y servidumbre de ferrocarril establecidos en el artículo 5° del Tratado y 2° del Protocolo. Posteriormente, los cancilleres acordaron que un diplomático, un jurista y un técnico de cada lado se reunieran para examinar esta cuestión. Durante un encuentro de Cancilleres en Arica, en noviembre de 1985, el Embajador Eduardo Ponce, el jurista de familia tarapaqueña señor Roberto Mc Lean y el Capitán de Navío AP Jorge Brousset, Director de Hidrografía y Navegación de la Marina, recorrieron junto con el Canciller Wagner el muelle que Chile había construido para el Perú, así como los demás espacios en donde habría de construirse el resto de las instalaciones.

Como resultado de ese trabajo, la parte peruana llegó al convencimiento de que debía proponer a su contraparte chilena que las instalaciones al servicio del Perú configuraran un sistema integrado de servicios con autonomía operativa y de explotación, en el cual la estación del ferrocarril estuviese integrada con el edificio de aduanas, el local de migraciones, y así sucesivamente. De otro modo, existía el riesgo de que esas instalaciones estuviesen dispersas, afectando seriamente su operatividad, y de que por razones e infraestructura física no pudiera el Perú ejercer “la independencia propia del más amplio puerto libre». Este enfoque presidió la mayor parte de las conversaciones bilaterales.

El Canciller chileno se mostró abierto a esta posibilidad, pero había oposición de parte de la Marina de Chile, personificada en el Almirante Merino, según trascendió en la prensa chilena, quien consideraba que el Perú estaba pretendiendo un enclave en Arica, más allá de lo que estipulaba el Tratado de 1929. La negociación incluía la eventualidad, de ser necesario, de canjear parte del terreno El Chinchorro, de propiedad del Perú, por los terrenos requeridos para la construcción del sistema integrado de servicios. Esta eventualidad fue consignada en un Acta de la reunión que, por ser un documento de trabajo, en una fase muy preliminar de la negociación, no tenía carácter vinculante, y era mantenida en reserva. Sin embargo, ese documento se hizo público y la sola idea de este canje suscitó también muchas críticas en el Perú.

Asimismo, Wagner considera que las negociaciones de esos años constituyeron un valioso precedente para retomar el tema posteriormente. Dado que eso sucedió en 1995 y 1999, no nos corresponde entrar en esa materia en el presente artículo. Solamente dejamos constancia de que, aun cuando no se logró el objetivo buscado en ese momento, este tema pertenece al grupo de los objetivos nacionales permanentes, que todos los gobiernos deben perseguir, promover y proteger, cualquiera sea su signo ideológico; y de que Allan Wagner hizo esto tratando de aportar una visión fresca y pragmática y obtener de estas obras el mejor provecho para la población de Tacna.

Distensión militar

En la reunión que sostuvo el Canciller Wagner con su homólogo chileno, Jaime Del Valle, con ocasión de la transmisión de mando, el canciller peruano propuso incluir en la agenda bilateral «otros temas», entre ellos el de la distensión militar y le solicitó, como muestra de buena voluntad, una declaración del Presidente Pinochet adhiriendo al planteamiento efectuado por el Presidente García sobre limitación de armamentos a nivel regional. Pocos días después el General Pinochet hizo la declaración solicitada.

Durante la reunión de Arica, a comienzos de noviembre 1985, se firmó un Comunicado Conjunto en el que, además los temas relacionados al Tratado de 1929, se consignaba el acuerdo de “desarrollar la iniciativa del Presidente del Perú para la concertación de un acuerdo regional sobre limitación de armamentos, que ha sido compartido por el Presidente de Chile», y de “iniciar un proceso de consultas que […] conduzca a dicha limitación de gastos, fomente la confianza mutua y desarrolle una concepción de seguridad que responda a una estrecha amistad y creciente cooperación entre sus naciones.»

Se acordó crear un mecanismo de reuniones periódicas de altos mandos de las Fuerzas Armadas, acompañados de representantes de ambas cancillerías. Ese mecanismo es el origen remoto de las reuniones «2+2» – Viceministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de los dos países-, que han venido realizándose ya iniciado el siglo XXI.

Vale la pena mencionar que esta modalidad luego cobró popularidad, como lo demuestra la siguiente cita:

Luego nos viene a la memoria la célebre Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA),llevada a cabo en Salinas (Ecuador) en el año 1997, donde el Jefe del Ejército chileno-curiosamente elegido en ese foro como Decano de sus pares- señaló en su discurso el carácter pionero que tuvo para la región la instauración peruano-chilena de las conferencias bilaterales entre ambas Fuerzas Armadas a partir de 1985 y 1986, coincidentemente con las propuestas presidenciales de Alan García para la reducción de los gastos militares en la región.

Sin perjuicio de la conveniencia de mantener abiertos los canales de diálogo, hay que constatar que esas reuniones si bien han constituido un mecanismo de distensión y fomento de la confianza entre las Fuerzas Armadas, no han tenido resultados tangibles hasta hoy. En gran medida, ello obedece a las diversas percepciones que cada Estado tiene de su seguridad nacional. Por ejemplo, un autor chileno atribuía la iniciativa del Presidente García al hecho de que, si bien Chile tenía mayores gastos militares que el Perú en esos años, su principal rubro, en un 70%, era el de personal, mientras que el Perú de los ’70 había gastado más en importación de armamentos.

Delimitación marítima

La agenda bilateral planteada por el Canciller Wagner incluía el punto relativo a la delimitación marítima. Este tema no fue mencionado por Wagner en la entrevista sostenida con su homólogo chileno en Lima durante la transmisión del mando presidencial, sino que, en ocasión de su visita oficial a Santiago de Chile, estuvo acompañado por el Embajador Juan Miguel Bákula. En las reuniones en Santiago planteó al Canciller Del Valle la necesidad de concertar un tratado que estableciera el límite marítimo entre ambos países y le pidió que recibiera al Embajador Bákula para que le hiciese una exposición al respecto. Por conducto de la Embajada, se solicitó una audiencia para él, la cual tuvo lugar el 23 de mayo de 1986. Según el Embajador Bákula, se trataba de una gestión amistosa que no debía interferir con las otras negociaciones en curso (la ejecución de las cláusulas pendientes de ejecución del Tratado de 1929 y las medidas de confianza). Se trataba de «poner el tema sobre el tapete, sin dejar de considerar que su tramitación no estaba en las posibilidades inmediatas de estudio y de discusión.» El objetivo era colocar el tema en la agenda bilateral.

La conversación fue cordial; la respuesta del Canciller Del Valle consistió en que ese tema sería estudiado más adelante, y solicitó al embajador Bákula un texto escrito sobre lo abordado. El embajador Bákula satisfizo dicho pedido el mismo día 23 de mayo, a través de un aide – mémoire remitido por Nota de la Embajada del Perú en Santiago. La Cancillería chilena emitió el 19 de junio de 1986 un Comunicado dando cuenta de la reunión, señalando que, además de tratar de la CPPS y OLDEPESCA, el embajador Bákula “dio a conocer el interés del gobierno peruano para iniciar en el futuro conversaciones entre ambos países acerca de sus puntos de vista referentes a la delimitación marítima”, a lo cual el canciller chileno había respondido que “oportunamente se harán estudios sobre el particular». No se volvió a tratar de ese tema durante esta gestión ministerial del Canciller Wagner, pero sirvió para dejar sentado un precedente diplomático y jurídico.

El General Pinochet habría recibido a Siles Salinas una vez y, según Rodríguez Elizondo, habría estado bien dispuesto, pero chocaba con la resistencia del Almirante José Toribio Merino, quien, como se ha indicado líneas arriba, también se oponía a los acuerdos de ejecución del Tratado de 1929 y cuyo apoyo necesitaba Pinochet para su pretensión de ser candidato a la presidencia. En junio de 198, Chile declaró inadmisible la propuesta boliviana; el cónsul boliviano renunció a su cargo y, días después, Del Valle salió de la Cancillería de Chile.

En cuanto a la delimitación marítima, como lo menciona Bákula, ese tema era una genuina preocupación para el Perú desde mucho antes, y el canciller Wagner, al iniciar su gestión, tenía también un legítimo interés en hacer al menos el planteamiento inicial del problema. Este antecedente resultaría sumamente valioso para la posición peruana décadas más tarde, cuando este asunto fue sometido a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

2. El mar

En el esquema metodológico de García Bedoya, al aspecto territorial le sigue el tema del mar. El punto que hemos tratado en el párrafo anterior, por lo tanto, debería entrar en este acápite, pero nos ha parecido más pertinente observarlo en el contexto de las conversaciones con Chile de aquellos años, en lo que concierne a la delimitación marítima con ese país. Más en general, la Cancillería trató de impulsar la adhesión del Perú a la Convención del Mar de 1982. No tuvo éxito en este intento, debido, en primer lugar, a que el propio Presidente de la República no tenía la convicción para ello. Siendo diputado, durante el Gobierno anterior, Alan García y la representación parlamentaria aprista habían votado en contra de firmar dicha Convención.

Bajo el título de esta sección, Allan Wagner incluye el tema de la Antártida. Durante su gestión se realizó la primera expedición científica peruana a la Antártida, en el verano austral de 1988, lo que dio sustento a nuestra solicitud de acceder a la condición de miembros plenos del Tratado Antártico (habíamos adherido cinco años antes, pero no teníamos estatuto consultivo). Esa solicitud fue acepada algún tiempo después. El objetivo de esta política era el de participar en la gestión de los recursos antárticos cuando llegara el momento.

Ese objetivo pudo haberse frustrado porque en junio de 1988 los miembros consultivos del Tratado Antártico adoptaron la Convención para la Regulación de Actividades Mineras Antárticas. Esa convención permitía la minería en la Antártida, y otorgaba privilegios a los países con reclamos territoriales, que eran los encargados de otorgar licencias mineras en las zonas que habían reclamado. Es decir, que había llegado el momento de la repartición, pero solo participaban en ella los estados signatarios originales del Tratado que hubieran proclamado su soberanía sobre partes de la Antártida antes de 1959, fecha en que fue adoptado el Tratado Antártico, que prohíbe nuevas reclamaciones. Es decir, el Perú estaba fuera, al igual que todos los demás países adherentes.

3. La integración y cooperación regional

Las condiciones imperantes durante la década de 1980 no permitieron obtener resultados importantes en el aspecto de la cooperación regional. Las crisis de la deuda, la recesión y los programas de austeridad y de ajuste fiscal impuestos por el FMI provocaron una fuerte contracción del comercio intrarregional e inhibieron a los gobiernos de la región de emprender proyectos de integración que requirieran inversiones importantes.

Por ello, en el discurso de toma del poder de Alan García se invoca abundantemente a la voluntad política de los gobiernos, y se sugiere dejar de lado los criterios puramente técnicos. García invoca a los Libertadores, al Congreso Anfictiónico de Panamá, a los orígenes republicanos, y no a argumentos basados en la convergencia de políticas económicas.

Así las cosas, la Cancillería hizo esfuerzos para revitalizar al Grupo Andino, esfuerzos cuyo principal resultado parece haber sido una reunión en Cuenca (Ecuador) el 22 y 23 de febrero de 1988, de la que emanó “una declaración de 33 puntos, en la que se reafirmó la dimensión eminentemente política deI proceso de integración subregional…»

Se dio impulso al SELA, logrando que el Consejo Latinoamericano de ese órgano se reuniera fuera de su sede, por primera vez en su historia, y la reunión fuese en Lima en octubre de 1986. El Canciller Wagner tenía en mente convertir al SELA en el máximo organismo para la coordinación, integración y cooperación latinoamericana y caribeña, e incorporarle una instancia de diálogo político sobre la base del Grupo de los Ocho, convirtiéndolo en un Sistema de Estados Latinoamericanos. Esta meta encontró dificultades y fue reemplazada por la creación del Grupo de Río, también por iniciativa peruana.

En lo referente a la lucha contra el narcotráfico, se suscribió un convenio marco regional de cooperación, el 30 de abril de 1986, en Lima. Se le denominó “Convenio Rodrigo Lara Bonilla», en homenaje al ministro de Justicia colombiano asesinado por narcotraficantes.

4. Potencia dominante

Las relaciones con EE. UU. no fueron auspiciosas en esos años. Tanto la política en materia de deuda externa-EE. UU. era nuestro principal acreedor bilateral – como en materia de lucha contra el narcotráfico o en lo referente a la actitud antiimperialista del Presidente García, la posición del Perú era confrontacional con ese país. Wagner da cuenta de que hubo buenas relaciones a nivel personal con algunos funcionarios de la embajada estadounidense y del Departamento de Estado, pero en cuanto a las relaciones bilaterales sólo fue posible resolver algunos problemas puntuales, como el del transporte aéreo o marítimo, y tratar de evitar erosionar aún más esas relaciones.

5. Aproximaciones convergentes y aproximaciones divergentes

Aquellos países con los que se buscó una aproximación basada en orientaciones convergentes fueron principalmente países desarrollados como Canadá, Holanda, Francia, otros países europeos y Japón. Pero con la mayoría de ellos había contenciosos comerciales bilaterales, de modo que sólo con Italia fue posible desarrollar un nivel importante de cooperación. El Canciller hizo visitas oficiales a Seúl y Beijing (las primeras de un canciller peruano), y una visita de trabajo a Hong Kong, subrayando la importancia de las oportunidades que esos países ofrecían para captar inversiones.

6. Aproximaciones coincidentes

En cuanto a los países con los que podíamos compartir emprendimientos multilaterales, se dio prioridad tanto al Movimiento No Alineado como al Grupo de los 77, participando en sus reuniones a nivel presidencial y ministerial. Más específicamente, se llevó a cabo un acercamiento a los países del África subsahariana “como una inversión política inmediata y económica a futuro», para lo cual se tomó como eje central la acción contra el apartheid en Sudáfrica. En esa línea, el canciller Wagner presidió la Conferencia Internacional de Sanciones contra Sudáfrica (París, junio de 1986).

En lo referente a los países árabes, se decidió reabrir la Embajada en Marruecos “sin perjuicio de nuestro apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui», fortalecer las relaciones con Argelia y Egipto y, asimismo, el gobierno envió una misión comercial presidida por Miguel Ángel Mufarech.

7. Organismos internacionales

El problema de la deuda

En cuanto a las acciones de carácter multilateral, la primera de la que da cuenta el Embajador Wagner en su artículo es la que se refiere al tema de la deuda, para lo que señala principios de la posición peruana sobre la crisis de la deuda: Prioridad del desarrollo de los países deudores frente a los intereses de los acreedores; corresponsabilidad entre países deudores y acreedores en el origen y solución del problema de la deuda; y derecho de los países deudores a limitar el servicio de su deuda externa a las necesidades de su desarrollo.

Sobre ellos se concibió y ejecutó una estrategia en cuatro etapas: Primero, en el movimiento NOAL, en donde, a pesar de las reticencias de los Estados petroleros del Golfo, se logró la aceptación de los principios que sustentaban la posición peruana, tanto en la Conferencia Ministerial de Luanda (Angola) en septiembre de 1985, como en la Cumbre de Jefes de Estado en Harare (Zimbabwe), en agosto de 1986.

En tercer lugar, se llevó el tema a la reunión del G-77 en septiembre de 1986 en Nueva York, en donde ese Grupo adoptó los mencionados principios e hizo incluir este tema en la agenda de la Asamblea General.

Finalmente, la Asamblea General, en su XLII período de sesiones, adoptó el 9 de noviembre de 1987 la resolución intitulada “La crisis de la deuda externa y el desarrollo”, con un solo voto en contra, el de EE. UU., y 131 votos a favor, coronando así un trabajo diplomático de dos años.

La crisis centroamericana

Como se ha dicho, el Presidente García dio el lineamiento de contribuir a la pacificación de Centroamérica evitándola injerencia de Estados Unidos y de la URSS, tanto por razones principistas en defensa de la autodeterminación de los pueblos y de la no intervención, cuanto para evitar que ese conflicto trascendiera sus fronteras y se propagara a otros países.

La idea era que los cuatro países del Grupo Contadora, Colombia, México, Panamá y Venezuela, recibieran el refuerzo de un grupo de países de la región, cuando el primero de ellos perdiera fuerza ante las dificultades del problema. En ocasión de su asistencia a la toma de posesión de Alan García, los cancilleres de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay constituyeron el Grupo de Apoyo, mediante declaración suscrita en Lima el 29 de julio de1985.

El Grupo de Apoyo realizó múltiples gestiones entre 1985 y 1987 que, en palabas de Wagner, permitieron «… evitar la guerra y la injerencia externa en Centroamérica, y abrió paso al proceso de Esquipulas a través del cual los propios países centroamericanos encontraron la paz y fortalecieron su democracia. Esta primera experiencia latinoamericana de buscar soluciones propias a problemas regionales, sin el mecenazgo de terceros y más bien resistiendo vigorosamente su desquiciadora injerencia, rindió frutos que la historia recordará.

Por su parte, el Secretario General de la OEA nombró para la misma función a otro peruano, Harry Belevan. De modo que no sólo hubo una sensible participación latinoamericana en la mediación en este problema, sino también, y especialmente, peruana. El 18 de diciembre de 1986, los cancilleres de los Grupos de Contadora y de Apoyo habían constituido en Río de Janeiro el Mecanismo de Consulta y Cooperación Política, también conocido como el Grupo de los Ocho, que, al ampliarse a los demás países latinoamericanos, posteriormente se transformó en lo que se denominó el Grupo de Río.

El Grupo de los Quince

Con la misma visión e intención, pero proyectándose fuera de la región, el Canciller Wagner decidió promover otro agrupamiento de países que no fuese tan numeroso y difícil de manejar como el NOAL o el G-77; que permitiera promover intereses y posiciones comunes en los organismos internacionales.

Con esa intención, contactó en primer lugar a Yugoslavia y Argelia, países que visitó en marzo de 1988. Posteriormente se hizo gestiones con el Gobierno de la India. Pero el mandato de Allan Wagner terminaría antes de que el grupo quedara conformado. El presidente García dio ese encargo a José Antonio García Belaunde, quien continuó la tarea hasta que, en 1990, en la Cumbre NOAL de Belgrado, quince países de ese Movimiento adoptaron el acuerdo de constituir el Grupo Cumbre de Consulta y Cooperación del Sur, también llamado Grupo de los Quince, con intenciones de balancear la influencia del Grupo de los Siete países más industrializados.

Conclusión del primer período

Entre el 28 de julio de 1985 y el 16 de mayo de 1988 Allan Wagner llevó al Perú a una etapa de distensión con los países vecinos, multiplicando las posibilidades de cooperación vecinal con ellos, sentando las bases de lo que décadas más tarde sería el Plan IIRSA o el Grupo de Río, la Comunidad de Naciones Sudamericanas o la CELAC; al mismo tiempo que llevaba la presencia del Perú a los planos interregional y mundial, haciendo sentir su presencia desde el África negra hasta la Antártida.

En un contexto adverso, tanto por los graves problemas internos del Perú como por la crisis económica que afectó a casi todos los países en desarrollo durante los años 1980, la diplomacia peruana fue capaz de generar iniciativas de coordinación política y económica a nivel sub regional, regional e internacional, con el canciller liderando la lucha contra el apartheid en África, la pacificación en Centroamérica o la creación del Grupo de los Quince.

Segundo período ministerial (12 de julio de 2002 al 15 de diciembre de 2003)

El segundo mandato ministerial de Allan Wagner duró un año y medio. Como se ha mencionado antes, las acciones de política exterior requieren un largo proceso de maduración, pero resaltaremos algunas de las acciones emprendidas en esta gestión ministerial tratando, como hicimos con respecto al primer período, de entender la visión que se encuentra detrás de esas acciones, y de identificar en ella la percepción de los intereses nacionales prioritarios.

Por esta razón, Allan Wagner fue el primer Ministro de Relaciones Exteriores encargado de ponerlo en ejecución, en lo que es competencia de la Cancillería. Para recordar lo que estipula ese marco conceptual, reproducimos a continuación los objetivos generales del Acuerdo:

Las políticas que hemos acordado están dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos:

• Democracia y Estado de Derecho
• Equidad y Justicia Social
• Competitividad del País
• Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado

Con relación al primero de estos objetivos, compete al Ministerio de Relaciones Exteriores:

1.3.   Consolidar una nación peruana integrada, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural.

1.6.   Adoptar medidas orientadas a lograr el respeto y la defensa de los derechos humanos, así como la firme adhesión del Perú a los Tratados, normas y principios del Derecho Internacional, con especial énfasis en los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y la del Sistema Interamericano.

1.7.   Mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y salvaguarda de los intereses nacionales.

En materia de paz y seguridad internacionales, el Perú planteó iniciativas de desarme en América Latina, que en el ámbito bilateral se han traducido, por ejemplo, en la creación de instancias y el inicio de negociaciones con Ecuador y Chile sobre medidas de fomento de la confianza y homologación de gastos militares. Con ligeras variantes, esto es en realidad la continuación (o reanudación), mediante el 2+2 (viceministros de RR. EE. y de Defensa de cada país), del mecanismo instituido por Allan Wagner en su primer mandato.

Desarrollo e Integración

El Perú suscribió acuerdos de integración profunda con Bolivia y Ecuador; de asociación estratégica con Chile y México; y una alianza estratégica con Brasil. También promovió el fortalecimiento de la Comunidad Andina de Naciones y la suscripción de acuerdos comerciales entre esta y el MERCOSUR, lo que llevaría a la creación, en 2004, de la Comunidad Sudamericana de Naciones, establecida en una cumbre presidencial en el Cuzco. Por otro lado, buscó formas de profundizar las relaciones con América del Norte y la Unión Europea, desarrollando el diálogo político y promoviendo las negociaciones con miras a lograr Tratados de Libre Comercio; y con APEC, dentro de una perspectiva de regionalismo abierto y de conformidad con las normas de la OMC. En este sentido, el Canciller Wagner alcanzó a concluir, durante este período, acuerdos de asociación estratégica con China, Corea del Sur y Tailandia. Adicionalmente, obtuvo para el Perú la sede de la Cumbre APEC de 2008.

La iniciativa para la integración de la Infraestructura Regional Sudamericana -IIRSA- había sido adoptada en una Cumbre Sudamericana en Brasil en 2000, pero el Perú no había dado ningún paso en esa dirección. La administración Wagner la convirtió en una de sus principales prioridades. Esta iniciativa contempla desarrollar nueve Ejes de Integración y Desarrollo (EID) para todo el sub continente. Ellos consisten, en primer lugar, en construir las vías de comunicación geográfica; pero suponen al mismo tiempo dotarlos de energía, telecomunicaciones, servicios y, en general, incluyen la realización de una serie de proyectos de desarrollo e integración económica y social, por lo que los EID dejan atrás el viejo concepto de corredores viales.

En el prólogo de una reciente publicación que da cuenta de los avances en este proyecto, Allan Wagner escribe:

Fue la incorporación de los Ejes de Integración y Desarrollo de IIRSA, como uno de los tres pilares de la alianza estratégica peruano-brasileña que se firmó con motivo de la visita de Estado del presidente Lula da Silva a Lima en el año 2003, lo que consagró a la integración física sudamericana como una política de Estado para nuestro país y aseguró su puesta en ejecución, la cual ha proseguido desde entonces bajo el impulso de las administraciones posteriores. No cabe duda de que dicha alianza estratégica con Brasil es uno de los hechos más importantes de la política exterior peruana de las últimas décadas, ya que consolidó el papel del Perú junto con Brasil como los países centrales de Sudamérica, lo que luego dio paso a la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones y finalmente a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Se puede decir que estos dos factores, la asociación estratégica Perú-Brasil a partir del potencial que les da su ubicación geográfica, y la integración sudamericana a partir de la integración de esa dupla de países, constituyen el núcleo central de la visión de Allan Wagner sobre la política exterior del Perú en el plano regional. En esto hay una continuidad, ya que, como consta en la cita que hicimos anteriormente sobre el diseño de la política exterior en su primer mandato, Wagner escribía -lo volvemos a citar, por la trascendencia de la idea:

• Dar prioridad a las relaciones con los países vecinos y, en un segundo círculo, al resto de América Latina, para mantener una «paz activa” en las fronteras, rica en iniciativas de distensión y complementación bilateral, y cimentar vínculos de cohesión política y cooperación económica de largo plazo que contribuyeran a obtener para el Perú un rol significativo en la progresiva definición de la estructura de las relaciones y el desarrollo regionales, utilizando como factores de poder su triple condición del país andino, amazónico y de la Cuenca del Pacífico, y su potencial articulador de una proyección transversal bioceánica del continente y factor de soldadura longitudinal entre el norte y el sur del mismo, atributos que, no siendo exclusivos, requerían, para hacerlos efectivos, de una dinámica política de concertación de intereses;

En dicho memorándum se decide, entre otras cosas, crear un Centro de Concentración Logística Avanzada Bioceánica (CLAB) en Paita; y crear en Iquitos un Centro de Concentración Logística, Transformación y Exportación. Ambos centros estarían integrados al Polo Industrial de Manaos.

En esa visita el gobierno brasileño también se comprometió a dar al Perú acceso progresivo al Sistema de Protección/Vigilancia de la Amazonía (SIPAM/SIVAM), cuyos satélites podrían proporcionar muy útil información al Perú.

Coincidentemente con la visita del Presidente Lula a Lima, ese 25 de agosto de 2003 se firmó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y el Mercosur, lo que convertía al Perú en un interesante punto de entrada a Sudamérica para los países del Asia Pacífico, con lo cual la visión de Wagner plasmada en el diseño de su política exterior de 1985 y que acabamos de transcribir líneas arriba, tomaba contornos de realidad.

Asuntos marítimos y antárticos

Para guardar cierta analogía con el esquema de Carlos García Bedoya utilizado para exponer sobre el primer período ministerial de Allan Wagner, cabe señalar aquí que, mediante Decreto Supremo de 2003, expedido por la Cancillería, se creó la Comisión para elaborar las líneas de base rectas que servirían para fijar los límites marítimos del Perú, lo que era indispensable para resolver la delimitación marítima con Chile.

El resultado de ese trabajo fue de la Ley N° 28621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, del 3 de noviembre de 2005. El proyecto de ley había sido previamente aprobado por el Consejo de Ministros Descentralizado que se realizó nada menos que en la ciudad de Tacna, el 27 de septiembre de 2005.

En cuanto a la Antártida, el 20 de noviembre de 2002, durante la gestión de Wagner, fue creado el Instituto Antártico Peruano (INANPE), como organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público y autonomía técnica, económica y administrativa. El INANPE posee, además, autonomía científica.

Como se recordará, en la anterior gestión de Wagner, en 1988, el Perú fue admitido como miembro consultivo del Tratado Antártico. Esto le daba voz y voto en el sistema antártico. Pero según el Tratado, los países que adhirieron después de su entrada en vigor, lo que es el caso del Perú, solo tienen estatus consultivo mientras realicen actividades científicas importantes. Lo que significa organizar expediciones todos los años, y/o mantener bases científicas en la Antártida.

Organismos Internacionales

El hecho más resaltante, probablemente, consistió en la ratificación por el Perú del Estatuto de la Corte Penal Internacional en noviembre de 2001. El Perú tuvo una activa y sostenida participación apoyando la suscripción del Estatuto y el funcionamiento mismo de la Corte, política que lo llevó a lograr su elección en septiembre de 2002 como miembro del Primer Buró de la Asamblea de Estados Parte de la CPI.

Epílogo

La principal lección de este resumen ha quedado ya expuesta, y podría formularse señalando que Allan Wagner dio muestras de tener una visión de la política exterior y del país que, por su solidez, se ha ido abriendo camino a través de las décadas, y que él mismo ha tenido la ocasión de continuar o, en alguna ocasión, de culminar con éxito. Su gestión en los dos períodos que hemos comentado dio sustento al prestigio de Torre Tagle como una institución eficiente, con raíces de una gran tradición, pero al mismo tiempo con un espíritu creativo e innovador, que permite atender mejor los intereses de una nación en permanente evolución.

Allan Wagner culminaría su carrera diplomática como agente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia sobre delimitación marítima con Chile, en un proceso que tuvo lugar entre el 16 de enero de 2008, en que el Perú presentó la demanda ante la Corte y el 27 de enero de 2014, en que la Corte emitió su fallo, estableciendo un límite marítimo que reconoció los derechos del Perú sobre más de cincuenta mil kilómetros cuadrados que se incorporaron al mar de Grau, o sea, el 75% de los espacios marítimos que el Perú había demandado ante la Corte. Ello sucedió veintiocho años después de la gestión primigenia que el entonces Canciller Wagner realizó en 1986 ante el canciller de Chile.

La vida del Embajador Luis Marchand Stens es mejor comprendida desde la lectura filosófica de la historia realizada por Ortega y Gasset. Su trayectoria como diplomático, en sintonía con sus colegas de generación, permitió la constitución de una política exterior a largo plazo de acuerdo con la defensa de los derechos del Perú.

Luis Marchand perteneció a una generación de diplomáticos muy destacada en la historia reciente del Perú.  Ellos entregaron su vida personal y profesional para defender los intereses nacionales, gracias al desarrollo de una política exterior coherente y sólida de la que hoy somos herederos. La profesionalización del cuerpo diplomático del Perú es un logro para la política nacional que debe mucho a personas como el Embajador Luis Marchand Stens. Como afirmó el ex Canciller Rafael Roncagliolo, junto a él se encuentran otras distinguidas personalidades como Javier Pérez de Cuéllar, Juan Miguel Bákula, Carlos García Bedoya, Carlos Alzamora, Alfonso Arias Schreiber, Alberto Wagner de Reyna. Todos ellos fueron una generación que “amplió horizontes y transformó conceptos en la diplomacia peruana y la llevó a forjar nuevas alianzas por los confines del mundo, aprovechando en beneficio del país la estructura bipolar de la época» de la Guerra Fría.

Vida personal y estudios

Luis Marchand Stens, nació en la ciudad de Lima el 5 de abril de 1930. Estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde recibió la formación de servicio y compromiso con el país que demostró con creces en el desempeño de su labor como diplomático. Durante sus años: Como estudiante del Colegio Leoncio Prado consideró seguir la carrera militar, muy en el espíritu de servir a la nación. Sin embargo, optó por la Facultad de Derecho y Ciencia Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde obtuvo el grado de Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y el título profesional de abogado. Fue en la universidad decana de américa donde adquirió su gran capacidad jurídica, que lo caracterizó como miembro del Cuerpo Diplomático del país.

Gracias a su formación jurídica ingresó a la carrera diplomática, aunque trabajaba desde los diecinueve años en la cancillería. Sus años de formación de Derecho en la UNMSM y los estudios de Diplomacia consolidaron su formación jurídica en Derecho Internacional, que fue el área de mayor especialización. Se casó con la también diplomática y abogada doctora Cecilia Pastor y fruto de su unión tuvieron un hijo llamado Michel, graduado en leyes, como sus padres.

Construyendo la política exterior: Su labor como diplomático

San Ignacio de Loyola propone vivir la vida en clave de “magis”, es decir, que las actividades que se realizan deben estar enmarcadas en el mayor servicio y entrega posibles. En este sentido, la labor diplomática del Embajador Luis Marchand debe comprenderse bajo la misma clave del “magis’. Desde los inicios de su carrera siempre puso todas sus capacidades personales, académicas y profesionales al servicio del país. Por ello, en sus primeros diecisiete años en el Servicio Diplomático logró ascender desde Tercer Secretario hasta la posición de Embajador en una carrera excepcional y destacada. A los cuarenta años se convirtió en uno de los embajadores más jóvenes, dinámicos y preparados que tuvo el Perú en la compleja coyuntura de la guerra fría. La vida diplomática de Luis Marchand Stens se desarrolló en diversas misiones internacionales como parte de la representación que tuvo en países como Estados Unidos de América, Chile, Ecuador y Venezuela, además de varios organismos internacionales donde cabe destacar su labor de representante ante la Misión de las Naciones Unidas en las ciudades de Ginebra, Suiza y su misión como Embajador del Perú ante la OEA en dos ocasiones.

Recorrer la larga trayectoria del embajador Luis Marchand requeriría extendernos varias decenas de páginas, por ello se ha organizado su vida en tres momentos claves: La colaboración sobre temas de justicia social en la Organización de Estados Americanos; el compromiso con la carrera diplomática a inicios del primer Gobierno de Alberto Fujimori; y la extraordinaria contribución a la historia diplomática en el diferendo marítimo con Chile.

La lucha por la justicia como embajador del Perú ante la OEA

Especialmente destacada, fue su importante labor en la construcción de políticas sobre justicia social para América Latina, sobre todo como embajador representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí contribuyó a la reforma del sistema interamericano con propuestas en torno al acceso a la justicia, modernización del Estado, infraestructura y servicios para la población con menos recursos en la región. Igualmente, una de sus grandes preocupaciones fue la educación cívica y cultural de las poblaciones más deprimidas de la región.

Ejemplo de ello se produjo, tras las reuniones en la capital de Estados Unidos que dieron forma al Consenso de Washington en 1989 y a las políticas neoliberales que tuvieron la finalidad de resolver la crisis económica que hundía a los países del tercer mundo. En este contexto neoliberal, el Embajador Luis Marchand logró que se incorporase en la agenda de los países de América Latina que la modernización política del Estado debía ser tan prioritaria como la reforma del mercado. Se trataba de modernizar las estructuras económicas y sociales y, también, las políticas de manera que se rompiese las desigualdades sociales en los Estados de la región. Como afirmó posteriormente en 1999, en muchos países del tercer mundo “un vasto sector humano está imposibilitado, en razón de su precariedad, de participar en las ofertas del libre mercado”. De esta manera, Marchand Stens no desvinculaba el libre mercado de la necesidad de reformar el Estado para el bien de los más pobres.

Como representante del Perú ante la OEA promovió acciones para que los sectores marginales conocieran sus derechos judiciales, contasen con asistencia legal y se promoviesen las garantías del debido proceso. Sobresale, también, su labor como miembro del Comité Jurídico Interamericano (CJI) de la OEA entre los años 2000 y 2007. La labor de Luis Marchand en dicho Comité se enmarcó en el objetivo de las Naciones Unidas por erradicar la pobreza como parte de las políticas de desarrollo.  Por ello, las propuestas de reforma hechas como miembro del CJI tenían una doble finalidad: Reestructurar el sistema judicial y permitir el acceso de las poblaciones en extrema pobreza a dicho sistema. Con ello, se podía superar la desconfianza y el temor de los sectores más pobres de la región frente a la estructura judicial. La labor diplomática de Marchand Stens en la OEA se volcó prioritariamente en responder a los desafíos que reclamaba la realidad socio-económica existente en América Latina. Nuevamente, su vocación de servicio y su diligencia cristiana lo impulsaron en la inclusión de las clases más deprimidas.

Como parte de su preocupación por el acceso a la justicia de los sectores pobres y la modernización del Estado, Luis Marchand vinculó sus propuestas de reformas con dos conceptos claves del lenguaje jurídico contemporáneo: La justicia y la gobernabilidad. En este sentido, en el Comité Jurídico Interamericano, el 20 de enero de 1999 afirmó que el acceso a la justicia no sólo debía ser un hecho igualitario de derecho, sino “fundamentalmente, también, un hecho real”. Por ello, afirmó ante el Comité, en la 54° reunión, que toda modernización de sistema de justicia tiene como objetivo central “poner al alcance de toda la población, especialmente de los sectores de escasos recursos, incluyendo, en determinados países, a las colectividades indígenas, el acceso a un sistema confiable, justo, eficiente y expeditivo».

El documento presentado por el Embajador Marchand en la 54° reunión del Comité fue fundamental para poner en debate la necesidad de trabajar en la reforma de la justicia en la región en beneficio de los sectores más deprimidos. Volverla inclusiva con todos los sectores de la sociedad. En este sentido, se promovieron propuestas para eliminar las condiciones judiciales que impedían el acceso a los pobres al sistema. Se reconoció, por tanto, como una prioridad fundamental buscar los mecanismos para poner la reforma y modernización del sistema de justicia al servicio de los desfavorecidos de la región.

Breve período como Canciller durante el primer Gobierno de Fujimori

Tras la elección de Alberto Fujimori en 1990 como Presidente de la República, Luis Marchand Stens fue designado como Ministro de Relaciones Exteriores en el primer gabinete ministerial, presidido por Juan Carlos Hurtado Miller. Decía sobre su designación que era “no por sus méritos», sino «por razones circunstanciales'». No obstante, sus méritos se manifestaron en el abierto compromiso de mantener la continuidad profesional de Torre Tagle. En su discurso a los diplomáticos en el Palacio de Torre Tagle anunció las claves de su trabajo como Canciller, que consistieron, como narra la Embajadora Liliana de Olarte, en la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional y el afianzamiento de las relaciones con países vecinos y la comunidad internacional. Además, dio relevancia a la ampliación de los mercados de exportación, la captación de inversiones y la cooperación para el desarrollo, todo ello con la finalidad de combatir la pobreza extrema en la que estaba sumergido el país.

En el ejercicio del cargo, también se comprometió a profundizar la profesionalización y fortalecer la política exterior del Perú, justo en el período de mayor crisis política y económica que ha atravesado el país en toda su historia republicana. Por ello, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, afirmó en una visita a los pocos días de la elección de Marchand como Canciller que sería “el mejor defensor de la carrera diplomática”. Sin embargo, Luis Marchand estuvo poco tiempo a la cabeza de Torre Tagle; renunció a inicios de 1991 para evitar ser el verdugo de sus compañeros en el Ministerio. Regresó a sus labores diplomáticas como Embajador ante la OEA, donde promovió junto a otros representantes la Resolución 1080 de junio de 1991, sobre la Defensa de la Democracia en la región.

Sin embargo, tras el golpe de Estado de Alberto Fujimori ocurrido el 5 de abril de 1992, en un acto de enorme dignidad y de compromiso con sus inquebrantables valores democráticos renunció a su cargo de Embajador ante la OEA, en la carta de renuncia afirmaba que la nueva situación política del Perú requería de un embajador “…que no esté, como yo, comprometido ineluctablemente con la posición en defensa de la democracia que, como he dicho, he sustentado y defendido en diversas oportunidades, con plena conciencia ante todos los Representantes Permanentes de la Organización Hemisférica”. Concluía que su decisión está ausente de todo interés político, del que a lo largo de mi carrera y por razones inherentes a mi profesión, me he mantenido al margen de manera invariable. Ello, por lo demás, es la norma que preside el comportamiento alturado de todos los que hemos sido formados en Torre Tagle, Institución a la que profeso entrañable afecto y respeto.

En represalia, el 29 de diciembre de 1992, por órdenes del Gobierno de Alberto Fujimori fueron, en forma arbitraria e injusta, cesados de sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores ciento diecisiete miembros del Servicio Diplomático Peruano, entre los que se encontraban los embajadores Luis Marchand Stens, José Antonio García Belaunde, Allan Wagner, Manuel Rodríguez Cuadros, Felipe Valdivieso Belaunde, entre otros destacados diplomáticos. Para legitimar la nueva situación política, el Gobierno de Fujimori convocó al Congreso Constituyente Democrático luego de intervenir el Poder Judicial y cerrar el Congreso de la República. Entre los años 1992 y 2000, el Embajador Luis Marchand Stens estuvo alejado de la vida diplomática y comprometido en diversos trabajos, especialmente sobresale su labor en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington D.C.

Gradualmente, Marchand se abrió camino en la Cancillería con esfuerzo, inteligencia, seriedad, alternaba sus tareas oficinescas con estudios de abogacía, que coronó en San Marcos suma-cum-laude, al tiempo que sus inquietudes académicas, a la par que las jurídicas, le hicieron incursionar en campos tales como historia, literatura, economía, arte y cultura en general.

Tras vencer en segunda vuelta en los comicios de 1990, el presidente electo Alberto Fujimori, entre varias opciones, propuso a Luis Marchand, a la sazón Embajador en Chile, que se integrara a su gabinete como Ministro de Relaciones Exteriores. No se descarta que Mario Vargas Llosa, quien se alzó con la victoria en el primer round electoral, de haber sido en definitiva el candidato triunfador, también hubiese ofrecido a Marchand la cartera de Relaciones Exteriores.

En sus primeras palabras de saludo en Torre Tagle, el 30 de julio de 1990, dijo que “todos sus miembros son importantes, cada uno en su función. Expuso cuáles eran sus líneas de pensamiento. Con su habitual modestia, no se refirió a un plan suyo de política exterior, aunque en realidad sí lo era; se trataba de diez puntos que pudo avanzar notablemente durante sus escasos cinco meses como Canciller. Posteriores gobiernos democráticos han continuado implementando ese programa.

Lo que podríamos considerar como “el decálogo Marchand” consistía en las siguientes acciones u “orientaciones”, como humildemente las consideraba¹²:

1. Reinserción del Perú en el esquema financiero internacional, dentro de una negociación que signifique la disminución de la deuda y el incremento positivo del flujo de recursos foráneos. La palabra “negociación” es muy importante, pues de suyo denota dialogar con acreedores, no darles la espalda y mucho menos impugnar a los mismos.

2. Una política de promoción de la amistad, de beneficio mutuo y del incremento de los vínculos económicos y financieros con los países industrializados de occidente, con los de la cuenca del Pacífico y Europa del Este. Aquí se observa la coherencia de Marchand con los postulados de Carlos García Bedoya, en el contexto del esquema de este último en materia de política exterior.

3. Máxima captación de la cooperación internacional proveniente de los Estados industrializados, de los organismos internacionales y de las entidades no gubernamentales. En este tercer rubro, el pensamiento de Marchand enfatiza que los recursos obtenidos deben priorizar el combate de la pobreza crítica en el Perú. En otras palabras, Marchand fue adalid de la justicia social. Al desarrollar ese punto, también resalta que debe imponerse “una sanción rigurosa, severa”, a quienes desvíen esos recursos a destinos “que sean indebidos a lo pactado», indudablemente muestra de su transparencia.

4. Promoción integral del comercio exterior del Perú, para procurar más exportaciones y captación de nuevos mercados. El calificativo “integral” demuestra la concepción de Marchand de establecer una política de trabajo conjunto gobierno, sector privado, para aumentar y diversificar nuestra corriente exportadora.

5. Estrechamiento de relaciones con los países vecinos, a través de la constitución de comisiones de vecindad; del estímulo a las medidas de fomento a la confianza; de una mayor dinamización de los programas de integración fronteriza; de un mayor tono a la complementación económica. Ese enunciado del Canciller Luis Marchand empezó a aplicarse con rapidez, proceso que continúa hasta nuestros días.

6. Revalorización de los esfuerzos de complementación, de cooperación y de integración latinoamericana, pero teniendo presente que el motor, el agente principal de esta integración, es el sector privado, con el cual es necesario concertar. Esta noción de Marchand pone de manifiesto la importancia que asigna al sector empresarial y a la facultad que debe tener para desarrollar políticas comerciales y de cooperación, al margen de burocráticas sujeciones al aparato del Estado.

7. Establecimiento a nivel latinoamericano de una seguridad colectiva regional, sustentada en el derecho internacional, en el principio de no, intervención y en la solidaridad latinoamericana. Establecimiento de una zona de paz dentro de ese esquema de seguridad colectiva. En este renglón de su decálogo, el Canciller Marchand se basa en estudios realizados por él con rigor científico, además de su amplia experiencia en esa importante temática; revisando su producción bibliográfica, podemos encontrar propuestas formuladas por él hacia tales direcciones.

8. Desarrollo de una política pragmática, seria, rigurosa, en los organismos internacionales, distante del dilectantismo, de cualquiera de las expresiones de tipo genérico, e inconducente aun objetivo determinado. Aquí, el flamante Canciller demuestra nuevamente su actitud de hacer que las cosas funcionen, sin improvisar, con debido conocimiento, ajeno al amateurismo, sin divagaciones, en los organismos internacionales; Marchand había trabajado en nuestras representaciones de Naciones Unidas, en Ginebra y en la OEA en Washington, de modo que bien sabía diferenciar el trabajo serio del otro informal, dirigido a las tribunas, a camarillas.

9. Lucha permanente contra el narcotráfico y el terrorismo, para hacer más efectiva su erradicación. Esta premisa de su gestión estaba encaminada no sólo a nivel interno, sino en el más amplio contexto internacional, para que los países unan esfuerzos para hacer frente a tales flagelos, para eliminar esos crímenes de lesa humanidad.

10. Promoción y defensa de los derechos humanos, con esclarecimiento de todas las violaciones contra las libertades individuales y principios fundamentales del ser humano. Al mencionar esta línea de acción de Marchand, contenida en sus palabras de inauguración como canciller, hay que precisar que los puntos de su decálogo no son taxativos, dada la amplitud del espacio de la política exterior. El orden en que fueron señalados no necesariamente corresponde a un criterio de prelación. Nótese la posición de Marchand sobre la necesidad de esclarecer las violaciones a los derechos humanos que se hallaban pendiente de investigación, es decir, su firme determinación de asegurar que no prescriban tales delitos contra los seres humanos.

En la última semana del siguiente mes, el 25 de setiembre de 1990, ante la 45ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el Canciller Luis Marchand Stens explicaba cuatro «tendencias” en torno a las cuales discurría entonces la situación internacional:

1. La dicotomía excluyente de la guerra fría. Dijo Marchand que esa situación estaba siendo sustituida “por realidades que han tornado obsoletos los dogmas bloquistas y se expresan en el surgimiento de una esperanzadora lógica de la conciliación, el diálogo, el entendimiento y la cooperación entre las grandes potencias»; precisó que el Perú saludaba y acogía esos vientos de distensión.

2. El fin de la guerra fría aún carece de efectos positivos para las naciones en desarrollo. Al formular esa apreciación, Marchand reveló que lo hacía con una visión desapasionada y equilibrada de la situación económica y social en el mundo. Destacó que era desigual el impacto de la globalización y que los países en desarrollo enfrentaban tendencias de una acentuada marginalización.

3. A los desequilibrios en el Sur contribuye una «incontrolada proliferación del comercio de armas». Al lado de las tendencias hacia el desarme y a la distensión, enfatizó Marchand, se observa la multiplicación de centros de producción de armas, cada vez más sofisticadas, con el riesgo de nuevos conflictos.

4. Las ideologías dogmáticas son cuestionadas por los propios pueblos. La única ideología de consenso universal es la de los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos, la cabal observancia de las libertades individuales, institucionales, cívicas, dentro y fuera del Perú, constituyeron una constante en el pensamiento de Marchand. Ello se trasunta no sólo en el contenido de su rica producción bibliográfica, sino en su accionar como funcionario junior, hasta llegar al más alto cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores; por otra parte, siempre se manifestó como liberado del dogmatismo; eligió el camino de conducir conceptualmente y con sentimiento de comprensión humana.

Sabiendo ya que faltaban pocos días para dejar el cargo de Relaciones Exteriores, en la ceremonia de clausura del año lectivo 1990 de la Academia Diplomática, el Canciller hizo una invocación a los estudiantes. Manifestó que no basta la formación académica, sino que es necesario tener una muy aguda conciencia nacional. Precisó que hay que ser peruano no sólo con patriotismo, sino identificándose «con los problemas y las angustias de esa mayoría nacional que sufre los estragos de la pobreza». Esas expresiones de Marchand son espejo de su profunda sensibilidad humana. De su decidida postura a favor de la inclusión social. Constituyen un hermoso legado a los alumnos de la Academia y a todos los funcionarios diplomáticos.

De otro lado, el primer convenio de cooperación que firmó el Ministro Marchand fue con el embajador norteamericano Anthony Quainton apenas había asumido la cartera de Relaciones Exteriores. En tal virtud, se obtuvo la expansión de programas alimenticios de los Estados Unidos hacia el Perú, destinados a sectores deprimidos de la población.

Días después, el Canciller Marchand suscribía en Lima con su homólogo de la República Popular China un convenio sobre otorgamiento de una línea de crédito al Perú, sin intereses, para suministro de equipos y asistencia técnica.

Igualmente, siendo Canciller el Embajador Marchand se logró que en octubre de 1990 el Perú fuese admitido como miembro pleno de la Pacific Economic Cooperation Conference (PECC), en la que tenía estatus de observador desde 1983. La PECC constituye una especie de antesala del Asia Pacific Economic Forum (APEC), al que el Perú accedería antes de que terminara el siglo XX.

A mediados de noviembre de 1990, el Perú fue elegido para el período 1991-1993 al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el más importante órgano de la Organización luego del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General.

En la última semana de 1990, en vísperas de su retiro como Canciller, el Embajador Marchand tuvo la satisfacción de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara una resolución propuesta por él sobre apoyo a países en desarrollo que estaban aplicando programas de estabilización económica. Debe resaltarse que se trataba de la primera vez que las Naciones Unidas invocaban al mundo desarrollado y a la comunidad internacional a cooperar activamente con países que estaban aplicando programas de ajuste estructural, como era el caso del Perú.

Al dejar el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, en un mensaje fechado el 7 de enero de 1991 el Embajador Luis Marchand recordaba que generosamente había sido recibido en Torre Tagle como Canciller, cinco meses atrás, y que entonces sólo podía vaticinar que llegaría el momento del adiós. Precisó que ese momento había llegado. Con sencillez, humildad de él muy propia, manifestó que se había limitado a ser un “canalizador» de voluntades, de ideas y proyectos. Agradeció profundamente a todos en el Ministerio por la colaboración que le habían brindado.

Un día después de ese mensaje, el 8 de enero, presentaba en el patio de Torre Tagle a su sucesor, Vicealmirante Raúl Sánchez Sotomayor. Indicó que era difícil decir adiós, pero que partía “… con el sentimiento que uno de mis sueños cuando asumí esta casa se ha cumplido: Ver a todos unidos, solidarios, juntos, con la visión de que lo ético, lo moral, la preparación, la versación, deben ser siempre la piedra fundamental de esta Casa”.

Fue aún menor la gestión ministerial de Sánchez Sotomayor, quien había laborado en la Junta Interamericana de Defensa, en Washington, cuando Marchand era nuestro embajador representante ante la Organización de Estados Americanos. En ese mismo año de 1991 habrían de juramentar otros dos cancilleres. O sea, que en un mismo año calendario el Perú llegó a tener cuatro sucesivos Ministros de Relaciones Exteriores. Los aires que soplaban contra Torre Tagle pronto habrían de ser huracanados.

Al empezar el siglo XXI, con un nuevo amanecer, Luis Marchand vuelve a Relaciones Exteriores, aunque en realidad siempre había pertenecido a su alma mater torre tagliana, como él mismo lo afirmara. Al retornar a Torre Tagle bien podría haber musitado las famosas palabras del renacentista español Fray Luis de León: Como decíamos ayer…siguió dando lo mejor de sus conocimientos, de su rica experiencia, para cargos y misiones que se le encomendara dentro y fuera del país.

Una larga experiencia en las relaciones peruano-chilenas

Una mención especial merece la importante función que cumplió Luis Marchand en la construcción de la política exterior del Perú frente a la República de Chile. El 17 de febrero de 1976, siendo Secretario General de Relaciones Exteriores del Ministerio, Luis Marchand fue designado como representante especial del Perú en las dos conversaciones con Chile sobre el intento boliviano de obtener una salida al mar. Por el Tratado de 1929, el Perú debía otorgar su aprobación a cualquier intento chileno de permitir una salida marítima soberana a Bolivia por territorios que habían sido peruanos antes de 1883. El 18 de noviembre de 1976, el embajador Marchand trasmitió la posición política del Perú, que consistía en un corredor marítimo para Bolivia al norte de Arica, un área de soberanía compartida chilena-peruana-boliviana en territorio entre ese corredor y el mar, y la soberanía boliviana exclusiva sobre el mar adyacente al territorio compartido. Sin embargo, la propuesta peruana fue rechazada por la cancillería chilena el 26 de noviembre de ese año.

Años más tarde, durante el primer gobierno de Alán García se planteó en términos de la política exterior peruana el problema de la delimitación marítima con Chile. Por ello, el gobierno peruano se propuso plasmar este problema en un reclamo diplomático concreto. El 23 de mayo de 1986, el Canciller chileno Jaime del Valle recibía al Embajador Juan Miguel Bákula como enviado especial del Embajador Allan Wagner Tizón, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú.

Durante cerca de cuarenta minutos, Bákula presentó a Del Valle el problema de la delimitación marítima y advirtió que la suya era “la primera presentación por los canales diplomáticos” del reclamo peruano ante el gobierno chileno. Tras la conversación entre el Canciller Del Valle y el Embajador Bákula, fue Luis Marchand Stens, entonces embajador peruano en Chile, el encargado de oficializar, con sello y número, el reclamo nacional ante la cancillería sureña. Ese mismo día, unas cinco horas después del encuentro entre Del Valle y Bákula, llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile la nota 5-4-M/147 de Torre Tagle. El “Memorándum Bákula”, presentado por Luis Marchand, recogía la propuesta peruana para la delimitación del espacio marítimo entre Perú y Chile.

El problema marítimo con Chile, tras infructuosas negociaciones bilaterales, obligó al gobierno peruano a llevar el contencioso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2008. En un claro gesto de continuidad política y muestra de la profesionalidad de la diplomacia peruana, el equipo peruano ante La Haya se mantuvo entre el cambio de gobierno del Presidente Alan García al del Presidente Ollanta Humala. Por ello, en 2011, el Gobierno del Presidente Humala designó al embajador Luis Marchand, ya en retiro, como abogado nacional del Estado Peruano ante la Corte de La Haya debido a su enorme experiencia jurídica y diplomática sobre el tema de la delimitación marítima, así como su experiencia de largo aliento en las relaciones entre Perú y Chile. Desde su nombramiento como abogado nacional se entregó afanosamente, en coordinación con sus colegas del equipo jurídico, en el análisis y redacción de documentos para los alegatos del Perú en la Corte de La Haya. Su nombramiento fue un claro reconocimiento a su gran capacidad y a su vocación de servicio al país que lo caracterizó desde muy joven. Paradójicamente, fue el último encargo recibido desde Torre Tagle, pues la muerte lo sorprendió el 1 de agosto de 2012.

Legado humano y académico del embajador Luis Marchand Stens

El mejor espacio para compartir lo aprendido durante la vida personal y profesional siempre serán las aulas. El Embajador Marchand fue un excelente profesor universitario vinculado, por casi una década, a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la Academia Diplomática del Perú, donde fue profesor desde la década de 1960 y llegó a integrar su Consejo Directivo. Incluso dictó algún semestre en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Dada su labor como diplomático, dictó cursos de especialidad como Derecho Internacional Público, Organismos Internacionales, Política Exterior, entre otros. El Embajador Marchand no era un profesor ceñido con dureza a los contenidos del sílabo, más bien siempre compartía sus experiencias y conocimientos adquiridos durante su servicio diplomático.

El 21 de junio de 2012 disertó, en lo que sería su última conferencia en la Academia Diplomática, sobre el futuro de las relaciones peruano-chilenas tras el proceso de La Haya. En dicha conferencia, la Embajadora De Olarte recuerda que Marchand, escapando del tema, se tomó un tiempo para proponer algunos “tips” sobre el arte de negociar. Estos consistían en siempre “promover, sustentar y defender los altos intereses nacionales” y recomendó a los futuros diplomáticos aprender a mantener la serenidad a pesar de las dificultades y situaciones de peligro.

Una personalidad cristiana y nacional

El legado personal del Embajador Luis Marchand quedaría incompleto si no se recogiesen los testimonios de diversos compañeros de camino personal y profesional que recuerden en él la presencia de profundos valores cristianos y humanos como la solidaridad, la sensibilidad social, la búsqueda de la justicia, la humildad y el fino sentido del humor. Luis Marchand no sólo enalteció la vida del Perú formando parte, como se ha visto, de la construcción de una política exterior coherente y sólida, sino que, además, enriqueció a aquellas personas que entretejieron su vida con la suya.

Para el profesor César Candela, de la Universidad Católica, el gran legado del embajador Marchad ha sido su “modelo de servicio público al país” expresado en los cargos que ocupó a lo largo de su carrera diplomática y que distinguió con su conocimiento y experiencia. El padre Armando Nieto S.J. recuerda que la “prudencia, sensatez, ánimo de concordia, sentido de responsabilidad, conocimiento histórico y jurídico, serenidad y firmeza: Todo ello y mucho más es lo que nos deja como legado Luis Marchand Stens». Finalmente, el Embajador Pérez de Cuéllar, compañero y amigo de generación, recuerda que Luis Marchand era un hombre dueño de una gran sabiduría siempre discreta y tenía una cristiana actitud de humildad con sus colegas. En los diversos encargos que compartieron, afirma el Embajador Pérez de Cuéllar, “pude confirmar mi admiración por él como embajador en misiones tan importantes como Santiago, Washington y Venezuela, entre otras».

Nació en Lima el 26 de octubre de 1946, estudió en esta misma ciudad en los colegios católicos Inmaculado Corazón y Santa María, y contrajo matrimonio en 1973 con Verónica Díaz Núñez, con quien tuvo cuatro hijos. Descendiente de una rama de destacados académicos, profesionales y políticos, Eduardo Ferrero se distinguió en los estudios mostrando temprano interés y decidida vocación por los asuntos internacionales. En su formación académica fue Bachiller en Derecho, Abogado y Doctor en Derecho con grados obtenidos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde por décadas fue profesor principal en Derecho Internacional Público, al igual que en la Academia Diplomática y en otras universidades del país y del extranjero.

La vocación por los asuntos internacionales y el Derecho del Mar

Desde el inicio de su carrera profesional y docente, Ferrero evidenció un particular interés en los asuntos del Derecho del Mar, habiendo dedicado buena parte de su vida a la defensa de la soberanía marítima del Perú hasta las 200 millas. Su tesis de doctorado fue sobre ese tema y al término de sus actividades de postgrado en la Universidad de Wisconsin, en 1972 fue invitado a participar con un distinguido grupo de especialistas extranjeros en una investigación interdisciplinaria en el prestigioso Scripps Institution of Oceanography, en California, como producto de lo cual en 1973 publicó su primer trabajo en defensa de la tesis peruana de las 200 millas. Entre sus diversas publicaciones en esta materia destaca su libro El Nuevo Derecho del Mar: EI Perú y las 200 Millas, publicado en 1979.

Cuando Ferrero renunció a su cargo en la Cancillería en 1982 ocupaba yo el cargo de Director de Asuntos Políticos y Diplomáticos y, apenado por su decisión, hice un pequeño almuerzo de trabajo al que asistió también el Embajador Alejandro San Martín. Para nuestra sorpresa, pues nunca se había intentado antes en el Perú, nos indicó que proyectaba crear una institución para el estudio de los asuntos internacionales. Poniéndose a la obra, poco después inauguraba el Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI), que es la institución que en más de tres décadas mayor tarea ha realizado en materia de investigación y difusión de las cuestiones más relevantes para las relaciones internacionales y la política exterior del Perú. Fue muy grato acompañarlo desde el inicio, junto con un distinguido grupo de profesionales que hicieron y siguen haciendo contribuciones académicas y políticas de gran importancia para las relaciones internacionales del país. Por tres lustros, Ferrero fue el incansable promotor de tales actividades, compartiendo su tiempo con la enseñanza universitaria y la publicación de sus propios trabajos. Además de los temas sobre el Derecho del Mar, Eduardo Ferrero fue autor y/o editor de diversos libros y trabajos académicos sobre temas de Derecho Internacional, relaciones internacionales y política exterior peruana.

A inicios de 1995, el conflicto con Ecuador exigió la participación de todos quienes tuvieran competencias para ayudar a que, más allá de cualesquiera diferencias políticas, se lograra detener las hostilidades primero y encontrar luego una solución definitiva al cincuentenario diferendo.

Lo primero fue lograr un alto el fuego y cese de hostilidades en la enmarañada geografía fronteriza, donde en 1995 habían ingresado a territorio peruano tropas ecuatorianas. El Ministro Efraín Goldenberg y el Vice Canciller Eduardo Ponce fueron actores principales en esa peligrosa y angustiosa etapa. Trabajaron denodadamente con sus contrapartes ecuatorianas y los representantes de los Países Garantes, alcanzando el 17 de febrero en Río de Janeiro el fin de las acciones armadas con la Declaración de Paz de Itamaraty. Derivada de esta y, no sin dificultades, se estableció una Misión de Observadores Militares Ecuador Perú de los Países Garantes (MOMEP) que, instalada en la zona de conflicto, verificó la separación de tropas y aseguró la realización de patrullas y otras tareas. La Declaración dispuso también que más adelante se realizarán «…conversaciones sustantivas» para solucionar las diferencias que llamó de “impases subsistentes»

Poco tiempo después asumió la Cancillería el Dr. Francisco Tudela Van Breugel-Douglas, quien inició con el Canciller Galo Leoro, del Ecuador, y los altos representantes de los Países Garantes una etapa en la cual se avanzaron considerablemente asuntos relativos a la manera como debía conducirse un proceso complejo que condujera a “…una paz justa y definitiva” entre los dos países. Múltiples reuniones jalonaron esa etapa procesal que concluyó con el Acuerdo de Santiago del 29 de octubre de 1996, en el cual los gobiernos del Ecuador y del Perú se comprometieron a iniciar conversaciones de naturaleza sustantiva con el fin de lograr una solución definitiva a los impases subsistentes identificados por las partes, estableciéndose expresamente que estas conversaciones se realizarían conforme al Protocolo de Río de Janeiro. La gestión de Tudela fue esencial para encaminar lo que empezó a denominarse el “Proceso de Brasilia».

La gestión como canciller y las negociaciones con Ecuador

Ya en esa época se inició la valiosa participación de Ferrero en el proceso de paz con el Ecuador. Primero, como uno de los embajadores en misión especial enviados en 1995 a numerosos países para explicar a los gobiernos la posición del Perú luego del conflicto armado. Más adelante, como miembro de nuestra delegación en las negociaciones que se iniciaron a fines de 1996, y, finalmente, desde julio de 1997 como Ministro de Relaciones Exteriores hasta prácticamente las vísperas de los acuerdos de Brasilia de octubre de 1998.

En la gestión del Canciller Ferrero se realizó lo sustantivo de las negociaciones con Ecuador, en el marco del denominado “Proceso de Brasilia”. Este fue un período de extraordinaria actividad política y diplomática. Al comienzo de la gestión del canciller Ferrero se continuó con las conversaciones entre las delegaciones de las dos partes, que seguían presentando sus posiciones sobre los impasses subsistentes. Sin embargo, Ferrero advirtió que se trataba de posiciones paralelas muy distantes entre sí y sin ningún punto importante de encuentro.

En estas circunstancias, un momento determinante fue cuando el 9 de octubre de 1997 el Canciller Ferrero declaró que el Perú no aceptaba la pretensión ecuatoriana contenida en los impases de conversar sobre el “acceso libre y soberano al Marañón-Amazonas», por tratarse de territorios peruanos que no estaban en negociación.  La firme posición asumida públicamente por Ferrero obviamente fue mal vista en el Ecuador y criticada por algunos en los círculos políticos peruanos, calificándola de riesgosa y contraria a los usos diplomáticos. En realidad, esta acertada posición fue un punto de quiebre que permitió reencauzar las negociaciones de manera realista y dio a entender a Ecuador que su pretensión extrema, invocada ya por décadas, era imposible de lograr. Con ello se liquidó, aunque no fuera inmediatamente reconocido, una pretensión que carecía de asidero en el Protocolo de Río y, por ende, en el Derecho Internacional.

Con ese entendimiento, en la Declaración de Brasilia del 26 de noviembre de 1997 se convino en ampliar las negociaciones para que incluyeran, además del elemento central cual era la fijación en el terreno de la frontera común, los temas ya mencionados: Un tratado de comercio y navegación, un acuerdo amplio de integración fronteriza y el establecimiento de una comisión binacional sobre medidas de confianza mutua y seguridad. La Declaración encomendó la preparación de un “cronograma” que incluiría la metodología y plazos tentativos para alcanzar acuerdos en los cuatro temas. A su vez, la elaboración del cronograma encontró serias dificultades por la pretensión ecuatoriana de utilizar lenguaje, por veces equívoco, que podría desnaturalizar el propósito y alcance de la Declaración de Brasilia. Siguiendo instrucciones precisas del canciller Ferrero, la delegación peruana acordó finalmente con la delegación ecuatoriana un texto del cronograma que resguardaba los derechos e intereses del Perú, el cual fue aprobado en Río de Janeiro el 19 de enero de 1998.

Se empezaron entonces a tratar los dos temas pendientes del Protocolo de Río de Janeiro, o sea, la demarcación total y definitiva de la frontera terrestre y el acuerdo de comercio y navegación. Asimismo, se iniciaron las negociaciones de dos temas nuevos que apuntaban al cambio de la relación bilateral con perspectiva de futuro: La cooperación y desarrollo fronterizo y la confianza mutua en el área militar. En el primero, se trataba de potenciar con beneficio recíproco una histórica vinculación de vecindad repleta de valiosos elementos sociales, comerciales, culturales y demás; y que adicionalmente era el mayor anhelo de las comunidades fronterizas. En lo militar, debía tenerse presente la significación de ese factor en el ámbito interno ecuatoriano; asunto que debe dejarse a la tarea de los historiadores.

En apretada síntesis, los Gobiernos del Ecuador y el Perú, bajo la dirección de sus Cancilleres José Ayala Lazo, de Ecuador y Eduardo Ferrero Costa, del Perú, y con el apoyo de los Países Garantes, redireccionaron las negociaciones mediante un abordaje no solamente de las cuestiones pendientes, sino del conjunto de la relación bilateral, especialmente teniéndose en cuenta que ambos pueblos, justificadamente, esperaban de sus gobiernos que encontraran el camino hacia la paz definitiva y nunca más se produjeran los enfrentamientos que costaron la vida y la sangre de sus hijos, animosidad por décadas, grandes gastos militares, confrontaciones políticas y diplomáticas en muchos ámbitos internacionales e innumerables oportunidades desperdiciadas.

Comprensiblemente, la mayor dificultad fue para la Comisión de Fijación en el Terreno de la Frontera Terrestre Común. Su trabajo debía ceñirse al procedimiento jurídico de solución de los desacuerdos establecido en el cronograma de Brasilia, con el concurso de los Países Garantes. Tal procedimiento contemplaba las “opiniones-pareceres» que emitirían dos grupos de expertos jurídico-técnicos sobre los impases de las partes relativas, ahora sí, exclusivamente a la “demarcación” de la frontera en las zonas en que no habían concluido los trabajos, debido a la suspensión de las tareas en el terreno por parte del Ecuador hacia 1947. El Canciller Ferrero condujo estas negociaciones con mucho detalle impartiendo las instrucciones necesarias a nuestra delegación, al igual que hizo también con especial interés con los trabajos de la Comisión para el Tratado de Comercio y Navegación. La firmeza de la posición peruana hizo que quedaran atrás las pretensiones ecuatorianas de modificaciones territoriales, de desconocer lo legítimamente actuado en las tareas demarcatorias o de adquirir derechos no contemplados en el Protocolo de Río de Janeiro. Con todos sus grandes problemas, se trataba ya de una nueva etapa en la solución del diferendo.

Ese fue, en cierta manera, el fin del contencioso ecuatoriano-peruano. A pesar de su rechazo inicial a los pareceres técnico-jurídicos, ya no había nada que, razonablemente, Ecuador pudiera alegar. A partir de ahí, el proceso pasó a tener carácter más político hasta su encausamiento al final en la llamada “diplomacia presidencial». En el Ecuador, el Gobierno difícilmente disimulaba su desazón y, paulatinamente, los pareceres jurídico-técnicos encontraron un camino hacia los medios de comunicación.

Ecuador pretendió entonces que culminara la negociación del tratado de comercio y navegación antes de dar su aprobación a los pareceres jurídico-técnicos sobre demarcación, a fin de conocer de antemano las facilidades que el Perú estaría dispuesto a otorgarle. El Canciller Ferrero consideró que ello no podía aceptarse y que las negociaciones de ambos temas deberían continuar y concluir en forma paralela. Algo después, Brasil, como coordinador de los Garantes, presentó sugerencias para la conclusión de lo pendiente, incluyendo el establecimiento de parques ecológicos en el Alto Cenepa, zona de los enfrentamientos armados de 1995; y facilidades adicionales inconvenientes en materia de comercio y navegación que el Canciller Ferrero no aceptó.

A partir de mayo de 1998 en que se entregaron los pareceres jurídico-técnicos, los cancilleres asumieron más directamente la negociación de los asuntos pendientes. Ferrero acordó con su par ecuatoriano, el distinguido diplomático y jurista José Ayala Lasso, reunirse en Washington el 15 y 16 de junio, con la participación de los representantes de los cuatro Países Garantes. Al inicio de la reunión, Ferrero sostuvo la necesidad de que Ecuador reconociera sin dilación los pareceres jurídico-técnicos; y la improcedencia de concesiones territoriales al Ecuador, inclusive simbólicas, en el Alto Cenepa. El Canciller Ayala sostuvo que los pareceres eran no vinculantes de conformidad con los términos del cronograma. Alegó también las dificultades políticas internas del Ecuador, en medio de un proceso electoral no desprovisto de turbulencia.

El segundo día fue mucho más positivo y provechoso. Ferrero no presionó para la terminación inmediata del proceso, vista la circunstancia electoral ecuatoriana; y el canciller Ayala aceptó un diálogo de fondo sobre los pendientes, sin admitir formalmente la hipótesis de los Garantes de que culminara la demarcación según las opiniones-pareceres de los expertos. A continuación, en el entendimiento de que Ecuador aceptaría culminar la demarcación conforme a los pareceres, Ferrero aceptó la sugerencia de los Garantes de establecer parques ecológicos, pero que fueren, según sus palabras, “dos parques adyacentes, bajo soberanía de cada Estado, separados por la frontera debidamente demarcada […] y declarados por cada país zonas de protección ecológica”. Se descartaba así la aspiración ecuatoriana de un parque binacional único, aunque con la frontera demarcada en su interior. En relación al tratado de comercio y navegación, Ferrero expresó la disposición peruana a otorgar dos “Centros de Comercio y Navegación» para uso por empresas privadas del Ecuador, resguardando los derechos e intereses del Perú con el pleno acatamiento de dispositivos legales ya existentes y la consecuente reciprocidad ecuatoriana. Aun sin concluir todos los detalles, lo avanzado en Washington constituía lo esencial del acuerdo global, que el canciller Ferrero denominó el “paquete de Washington».

Las acciones para evitar un nuevo conflicto armado

Incomprensiblemente, el Presidente Alarcón no se decidió a suscribir los acuerdos con el Perú y Jamil Mahuad fue elegido Presidente del Ecuador el 12 de julio de 1998, con escasa mayoría y capital político sumamente exiguo. En esta situación, en su mensaje ante el Congreso de la República del 28 de julio de 1998, el Presidente peruano Alberto Fujimori expresó que las conversaciones prácticamente habían concluido con acuerdos especialmente beneficiosos para ambos países y que solo restaban algunos aspectos menores del proyecto de tratado de comercio y navegación, que debían completarse conforme al Protocolo de Río de Janeiro, sin reabrir la negociación de textos ya negociados. Agregó el Presidente que confiaba en que el nuevo Gobierno de Ecuador percibiera que la solución de Derecho, ahora reconfirmada por los expertos de los Países Garantes, no era negociable y debía ejecutarse plenamente”.

Durante el proceso de transición entre la elección de Mahuad y su asunción a la Presidencia, entre mediados de julio y comienzos de agosto de 1998, se produjo un grave incidente militar debido a nuevas infiltraciones de tropas ecuatorianas en territorio peruano en la zona de la Cordillera del Cóndor. Este asunto fue manejado inicialmente de manera totalmente confidencial por el gobierno peruano, y en particular por el Canciller Ferrero, en cuya solución pacífica él personalmente ocupó un papel fundamental.

Frente a la infiltración de las tropas ecuatorianas, a fines de julio el Presidente Alberto Fujimori, siguiendo los consejos de su asesor en asuntos de seguridad y de los altos mandos militares, habría tomado la decisión de ocupar militarmente la zona ingresando por la parte occidental de la Cordillera del Cóndor en territorio ecuatoriano. Informado de esta situación, el Canciller Ferrero no la aceptó y propuso al Presidente la alternativa de una intensa y firme acción diplomática con la activa participación de los Países Garantes, para lograr la misma finalidad del retiro de las tropas ecuatorianas infiltradas en territorio peruano sin el uso de la fuerza. Frente a lo que hubiera podido significar una guerra de catastróficas consecuencias para los dos países, la propuesta de Ferrero fue aceptada por el Presidente. Así las cosas, el Canciller Ferrero asumió la responsabilidad, encargándosele la dirección de las correspondientes negociaciones, que él inició de inmediato de manera totalmente secreta.

Cuando ya se encontraban en marcha intensas negociaciones reservadas para el retiro de las tropas, y teniendo en cuenta las noticias que empezaban a aparecer en los diarios peruanos y ecuatorianos, el 6 de agosto Ferrero ofreció una conferencia de prensa, denunciando públicamente la infiltración de tropas ecuatorianas en territorio peruano e indicando que se había optado por la gestión diplomática al más alto nivel con los Países Garantes para lograr el retiro de las mismas. Declaraciones contradictorias de las partes y diversas propuestas de los Países Garantes para la separación de las tropas en la frontera ocurrieron en esos días de tensión.

En estas circunstancias, obviamente el Presidente Peruano y su Canciller no asistieron a la ceremonia de transmisión de mando del Presidente Mahuad el 10 de agosto. Por su parte, al día siguiente el Canciller Ferrero asistió al Congreso de la República para exponer en sesión secreta sobre la política seguida frente a esta delicada situación, habiendo recibido el pleno respaldo del Congreso. En la moción aprobada, además, se condenó la infiltración de los efectivos ecuatorianos en territorio peruano y se exigió su retiro “… como un elemento indispensable para restablecer el clima de confianza necesario para continuar el proceso de conversaciones y culminarlo a la brevedad con el acuerdo definitivo que anhelan los pueblos del Perú y del Ecuador».

El 13 de agosto, durante una conferencia conjunta en Brasilia con el Presidente Fernando Henrique Cardoso, el Presidente Fujimori anunció que el Ecuador y el Perú habían llegado a un acuerdo para la separación de fuerzas mediante el establecimiento de una zona de control bajo la supervisión de la MOMEP. Posteriormente, el 17 de agosto el Canciller Ferrero, quien había estado dirigiendo personalmente las complejas negociaciones, declaró a la opinión pública que, con el establecimiento de la zona de control y vigilancia, de carácter excepcional, transitorio y temporal, se había evitado un conflicto entre el Perú y el Ecuador. Tres días después la MOMEP entregó a las partes un plan de separación de fuerzas; luego, Ecuador intercambió la información solicitada sobre la ubicación de las minas colocadas en la zona.

Finalmente, el 31 de agosto el Canciller Ferrero informó del retiro de las últimas tropas ecuatorianas de la vertiente oriental de la Cordillera del Cóndor de soberanía peruana y su ubicación en la vertiente occidental de la Cordillera del Cóndor en territorio ecuatoriano. Al lograr el retiro de las tropas ecuatorianas de modo pacífico, mediante una intensa negociación y acción diplomática con el invalorable apoyo de los Países Garantes, el Canciller Ferrero cumplió con su compromiso ante el Presidente de la República y el Congreso.

El final de la gestión hasta los acuerdos de Brasilia

Superado el riesgo del conflicto militar, era el momento de regresar a las negociaciones con el Ecuador. Para el Perú se hacía bajo la premisa de que todo lo fundamental ya estaba negociado y que el tema demarcatorio se encontraba resuelto con los pareceres jurídico-técnicos de los expertos de los Países Garantes. No obstante, del lado ecuatoriano, frente al incuestionable hecho de que el proceso de negociaciones para resolver “los impases subsistentes» estaba concluido de acuerdo a Derecho, el Presidente Mahuad y políticos ecuatorianos deseaban obtener “algo más” que pudiera ser presentado como una compensación. Mahuad había sido elegido con escasa mayoría y su capital político era sumamente exiguo. Además, téngase presente que la situación política interna del Ecuador era sumamente compleja y la turbulencia política no favorecía la ordenada conclusión del proceso bilateral. A su vez, un buen sector de la opinión pública ecuatoriana ya había entendido y asumido que se trataba de un proceso concluido y que había que escribir nuevas páginas en la relación con el Perú. Retomando el hilo, tras superarse la nueva crisis creada por las actividades militares ecuatorianas, a partir de setiembre Ferrero reinició las negociaciones y la diplomacia presidencial empezó a ocupar buena parte del espacio negociador. Ferrero, basado en el dato irrefutable de la conclusión del proceso y atento a la compleja y decadente situación política y económica ecuatoriana, consideró que era solo cuestión de tiempo que Ecuador reconociese la realidad y suscribiese los compromisos tal como ya habían sido negociados. Habiendo sido embajador en Ecuador de mediados de 1995 a mediados de 1997, compartí enteramente esa opinión.

No obstante, el presidente peruano y otros asesores tenían una opinión diferente y consideraron que debía darse a Ecuador ese “algo más”; lo que finalmente negociaron con el Ecuador y lo tradujeron en la transferencia en propiedad privada al estado ecuatoriano, a perpetuidad, de un kilómetro cuadrado de territorio peruano en la zona de Tiwinza, territorio en el cual se había realizado el conflicto militar de 1995 y donde fallecieron soldados tanto peruanos como ecuatorianos.

Ferrero mantuvo su opinión de que era inconveniente e innecesaria cualquier “cesión” al Ecuador en territorio peruano, por simbólica que fuere y expresó al Presidente su opinión contraria a la entrega del kilómetro cuadrado en Tiwinza. Verificando que ya se había decidido dar ese “algo más” y luego de tratar infructuosamente de convencer al Presidente de la inconveniencia de hacerlo, por cuestiones de principio y de consecuencia con su posición, Eduardo Ferrero renunció irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores el 2 de octubre de 1998. En su carta de renuncia, hecha pública días después, Ferrero expresó al Presidente que existían “divergencias relativas al tratamiento de un asunto vital de nuestra política exterior». Al renunciar, Ferrero optó por no hacer pública la decisión presidencial de entregar Tiwinza, guardando silencio en esos días a fin de no hacer abortar un largo proceso de negociaciones que nos podría conducir a la paz definitiva con el Ecuador. Por delicadeza, no me informó previamente de su decisión, considerando que como diplomático profesional de larga carrera no debería comprometerme en su decisión. Ese mismo día, renuncié a mi cargo de Viceministro y Secretario General de Relaciones Exteriores y dejé el Servicio Diplomático por años.

La vasta agenda de política exterior

Llegados a este punto, cabría preguntarse si Ferrero fue Canciller de un solo tema. Asombrosamente, no lo fue e inventó tiempo y energía para ocuparse activamente de muchos otros. Concluir las negociaciones y suscribir la Convención de Ottawa sobre minas antipersona fue cuestión de alta urgencia, precisamente porque Ecuador había sembrado indiscriminadamente decenas de millares de estos artefactos que podrán seguir causando víctimas por muchos años; al igual que en el caso de Chile en nuestra frontera sur.

El fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los países de la región mediante visita oficiales al Perú de los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, México, Paraguay y Uruguay fue otra de las prioridades de su gestión. Igualmente lo fue la incorporación del Perú a la APEC, que nos abrió camino al espacio económico más dinámico del mundo y que cada día muestra más desafíos interesantes y posibilidades. Enfrentar las consecuencias del fenómeno de El Niño requirió gestiones binacionales y multilaterales. Reencauzar las deterioradas relaciones con España fue otra tarea realizada por el Canciller Ferrero, al igual que la búsqueda de la consolidación de los acuerdos de integración.

Por razones obvias cuando ocupaba el cargo de Embajador en el Ecuador, viajaba frecuentemente a Lima y en mii primera reunión con el Canciller Ferrero, en julio de 1997, me sorprendió al informarme que retornaría al país para acompañarlo en su gestión como Viceministro y Secretario General de Relaciones Exteriores. Efectivamente, me despedí de las autoridades ecuatorianas el 28 de julio de 1997, en recepción a la que asistió también el Presidente Alarcón. Dejé Quito convencido de que la relación bilateral era como un resorte comprimido por el conflicto y que algún día, liberado de este, mostraría su enorme potencial. Así fue, para dicha de todos.

Fue un tiempo extraordinario de exaltación, de reflexión, de entrega y compromiso: con el país y sus derechos, con la paz que requerían y anhelaban los pueblos, con el futuro de todos.

El recordado Canciller Carlos García Bedoya insistía en que el Perú debía hacer todo esfuerzo para levantar las dos “hipotecas” que por los casos de Ecuador y Chile lo ataban al pasado. Mucho le habría alegrado la terminación del diferendo con Ecuador y, tres lustros después, con Chile. No es pues el mismo Perú el que al dejar el cargo, e inclusive más adelante, tanto había aportado el Canciller Ferrero.

La contribución posterior al Perú

Como la vida continúa, Eduardo Ferrero siguió destacándose en el servicio público y en el ejercicio académico y profesional. Reinició su Cátedra de Derecho Internacional Público en la universidad peruana y recuperó su función como miembro del Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial. Durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, entre los años 2002 y 2004, fue Embajador Representante Permanente del Perú ante la OEA, habiendo participado activamente en el seguimiento de la Carta Democrática Interamericana y en la negociación de la Declaración Americana sobre Seguridad Hemisférica, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Seguidamente, desde comienzos del 2004 hasta julio del 2006 fue Embajador en los Estados Unidos, cargo en el cual contribuyó al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y donde adelantó considerablemente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, participando en el mismo acto de la firma del tratado, que fue el primer acuerdo de esta naturaleza celebrado por el Perú.

Al término de su función diplomática, de regreso en el Perú fue el primer Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y socio del Estudio Echecopar Abogados. Alcanzó merecido reconocimiento en sus actividades profesionales como abogado, consultor de empresas y árbitro. En esta última función, es hasta la fecha miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y Presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana en el Perú. En el campo del litigio internacional ha seguido defendiendo a nuestro país; fue el Procurador ad hoc del Estado Peruano en el juicio seguido contra la Universidad de Yale para la recuperación de los objetos de Machu Picchu que Yale poseyó ilegalmente durante aproximadamente cien años. Además, actualmente defiende exitosamente al Perú en arbitrajes internacionales de inversión ante el Centro de Arreglo de Diferencias entre Estados e inversionistas (CIADI), que administra el Banco Mundial.

Por último, pero no menos importante, desde que se inició el proceso en enero de 2008 hasta que terminó en enero de 2014, Eduardo Ferrero fue un destacado abogado integrante del equipo peruano que defendió al Perú en la controversia con Chile sobre delimitación marítima ante la Corte Internacional de Justicia, dedicando seis esforzados años a esta tarea nacional. Siguiendo una continua política de Estado por parte de tres gobiernos y con un distinguido y calificado equipo de abogados internacionales, abogados nacionales y diplomáticos peruanos, el Perú logró obtener una Sentencia muy favorable para el interés nacional.

Tal como el mismo Ferrero ha señalado, “el fallo fue de derecho, es histórico y respondió en gran medida al objetivo peruano de lograr una delimitación marítima con Chile aplicando el criterio de la equidistancia a fin de llegar a una solución equitativa, conforme al Derecho Internacional del Mar. El resultado fue muy positivo para el Perú al obtener el reconocimiento de la soberanía en un área de mar, su suelo y subsuelo y los recursos allí existentes, de un total de 50,172 kilómetros cuadrados. Ello equivale al 75% del área solicitada a la Corte en nuestra demanda».

Javier Pérez de Cuéllar, Ilustre Diplomático Peruano que prestigió al Perú a nivel mundial al ejercer durante diez años la Secretaría General de las Naciones Unidas, nació en Lima el 19 de enero de 1920, hijo de Ricardo Pérez de Cuéllar y Rosa Guerra. En sus Memorias informa que “…por haber sido hijo único de Ricardo Pérez de Cuéllar y Rosa Guerra y Zevallos, fui confiado por ellos, debido a sus constantes viajes, al cuidado de la tía Elvira, cuñada de mi padre, y de sus cuatro hijos, Carlos, Rosa, Consuelo y Águeda, a quienes, por ser bastante mayores que yo, llamaba tíos”. Compartió su niñez con sus primos Rosa y Carlos Pérez Cánepa Jiménez, hijos del tío Carlos. Realizó sus primeros estudios en el colegio de La Salle, siguiéndolos en el de San Agustín.

Los antecedentes de su vocación por la Diplomacia se remontan a su interés por lo extranjero durante su niñez y adolescencia. Tenía colección de monedas y de estampillas del mundo entero, que mejoraron su conocimiento de la geografía. Le atraían las revistas en francés e inglés, por lo que se esforzó en aprender idiomas, especialmente el francés. Salía con su primo Carlos a las calles de Lima para ver y contar las banderas de su país de origen que los comerciantes extranjeros izaban junto a la peruana en ciertos días festivos.

Ingresó a la Cancillería en 1940, a los veinte años, a la vez que continuó sus estudios en la Universidad Católica; y al Servicio Diplomático el 7 de diciembre de 1944 como Tercer Secretario.

Optó el grado de Bachiller en Derecho en octubre de 1944 con una tesis titulada Reconocimiento de Estados y de Gobiernos. Natural consecuencia de esa formación jurídica fue su convicción sobre la importancia del Estado de Derecho en todos los países, y en particular de los derechos humanos. Dos meses después, en diciembre de ese mismo año, obtuvo en la misma universidad el título de abogado.

Significativamente, sus primeros nombramientos en el exterior fueron en dos países miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Francia y Gran Bretaña. Llegó a París, en plena Segunda Guerra Mundial, pocos meses antes de la capitulación de Alemania, el 8 de mayo de 1945. A fines de diciembre de ese año fue integrado a la delegación peruana en la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas que se estaba reuniendo en Londres para estructurar la nueva organización mundial, fundada unos meses antes en San Francisco. Durante las cuatro semanas que desempeñó esas funciones negoció, conjuntamente con dos jóvenes colegas, igualmente Secretarios Adscritos, no ante las delegaciones de las grandes potencias que ya habían comprometido su voto, sino ante otras de menor importancia mundial, como las de los árabes, para que el Perú ocupara el único puesto para América Latina en la Comisión Económica. Cuando los embajadores que integraban la delegación peruana les preguntaron cómo habían logrado ese éxito, el joven Pérez de Cuéllar tuvo ganas de responder: “trabajando».

La carrera de Pérez de Cuéllar lo llevó a posiciones de creciente experiencia en Londres, La Paz y Río de Janeiro, así como en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde sirvió sucesivamente como Jefe de los Departamentos Legal, Administrativo y Político, y como Jefe de Protocolo. En 1964 obtuvo el primer nombramiento de Embajador en Suiza. Luego de dos años retornó a Lima para asumir el cargo de Viceministro y Secretario Genera1 de Relaciones Exteriores. Después que el General Juan Velasco Alvarado asumiera el gobierno en 1968 con un golpe de estado, Pérez de Cuéllar fue nombrado a exterior como Primer Embajador del Perú en la Unión Soviética. Sus esfuerzos en extender la amistad y buena voluntad del Perú, independientemente de consideraciones ideológicas, causaron una duradera impresión en las altas esferas soviéticas, que se manifestó cuando, ejerciendo el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas, fue recibido cálidamente por los líderes soviéticos.

En 1971 fue nombrado Representante Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, cargo que desempeñó hasta 1975 sirviendo dos veces como Presidente del Consejo de Seguridad. Sus intervenciones sobre temas vinculados con la temática del desarrollo y la pobreza del tercer mundo lo hicieron ampliamente conocido en la comunidad de países pertenecientes a dicho espacio mundial.

En 1978 fue llamado por el Gobierno del Perú para servir como Embajador en Venezuela. Un año después, Waldheim le propuso ser uno de los dos Secretarios Generales adjuntos para Asuntos Políticos Especiales. El Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de consultar con el Presidente de la República, le pidió que aceptara, pues convenía que el cargo fuera ocupado por un peruano. Desempeñó el cargo desde 1979 hasta 1981.

En 1981, Pérez de Cuéllar retornó al Perú a pedido del Presidente Fernando Belaunde Terry, para ser acreditado como Embajador en el Brasil. Pero ese nombramiento no recibió en el Plenario del Senado el número requerido de votos positivos para ser aprobado debido a manipulaciones, por motivos personales, de un Senador. Cuando llegó a Lima la noticia de que estaba siendo mencionado en la pugna para Secretario General de las Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar se hallaba en una posición “de alguna manera incómoda”.

No quería comprometer su independencia e imparcialidad, condiciones éticas indispensables para el ejercicio de la función de Secretario General de la ONU. Finalmente, el Consejo de Seguridad decidió, por catorce votos a uno, recomendar que la Asamblea General nombrara a Pérez de Cuéllar como Secretario General. La Asamblea accedió al pedido nombrándolo de inmediato y por consenso.

Frente al fracaso de las negociaciones de Alexander Haig, Secretario de Estado en el gabinete del Presidente Ronald Reagan, para encontrar solución al conflicto, la mejor alternativa que se encontró fue la mediación de un país latinoamericano que siempre hubiera sido un aliado histórico de Argentina, y ninguno mejor que el Perú, uno de los pocos países con un régimen democrático. La Casa Blanca, conociendo las relaciones muy estrechas entre el Perú y Argentina, solicitó al Presidente Peruano, Fernando Belaúnde Terry, que plantease la necesidad de negociaciones a la Junta Militar de Argentina, constituyéndose así como un posible intermediario entre Argentina y los Estados Unidos. El plan de paz que Belaúnde propuso a los argentinos difirió un poco de lo que había propuesto Estados Unidos; estipulaba «el cese inmediato de las hostilidades», el retiro simultáneo y mutuo de todas las fuerzas y la presencia de representantes ajenos a las dos partes involucradas en el conflicto para administrar temporalmente las islas, con el objeto de concluir las negociaciones antes de la fecha límite fijada el 30 de abril de 1983.

El día 2 de mayo, cuando Belaúnde propuso su plan de paz a los argentinos, estos lo tomaron muy en cuenta. Lamentablemente, el mismo día el submarino inglés Conqueror torpedeó el crucero argentino General Belgrano, hundiéndolo y provocando el fallecimiento de trescientos soldados argentinos. Como resultado de ello, el plan de paz de Belaunde fue dejado de lado. Se produjo una escala en los combates, y una serie de ataques y contra ataques que fueron favorables a los británicos por tener la superioridad militar. Con el fracaso de la intervención del Perú, fracasaron las últimas esperanzas de Estados Unidos para reconciliar a sus dos aliados.

Pérez de Cuéllar había dirigido el 19 de abril a argentinos, británicos y estadounidenses una nota informal, pidiéndoles que utilizaran el marco de las Naciones Unidas para resolver el conflicto, llamado reiterado el 26 de ese mes. Finalmente, el 2 de mayo presentó a argentinos y británicos un plan con condiciones de un alto al fuego y retiro de las tropas. A pesar de la intervención del Perú como mediador en el conflicto, Pérez de Cuéllar no detuvo su mediación. Cuando la mediación norteamericana y peruana llegó a su fin con la destrucción del crucero argentino, quedó la ONU como único intermediario. Con el apoyo de todas las potencias del Consejo de Seguridad, Pérez de Cuéllar propuso su plan a dicho Consejo el 12 de mayo. Pero a pesar de sus denodados y exhaustivos esfuerzos, no tuvo éxito; el 18 de mayo terminó su mediación. El Secretario General de la ONU declaró oficialmente el fracaso de las Naciones Unidas en la solución de este conflicto el 21 de mayo de 1982.

Sus conversaciones con el novísimo Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, quien lo invitó a Moscú, abordaron el nuevo papel que iba a asumir Naciones Unidas. Pérez de Cuéllar creyó entender que la Unión Soviética ya no podía competir con el poderío tecnológico de los Estados Unidos. Gorbachov quería resolver los problemas que enfrentaba la Unión Soviética mediante negociaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ello condujo a Pérez de Cuéllar a procurar enfocar en el Consejo de Seguridad los temas más arduos, que se encontraban estancados, donde el casi sistemático veto soviético había sido la regla. El consenso que Pérez de Cuéllar logró para encontrar solución a los serios problemas internacionales, a través del diálogo, en el Consejo de Seguridad, uno de cuyos cinco miembros permanentes era la Unión Soviética, constituyó uno de los orígenes del fin de la Guerra Fría.

Seis acciones constituyeron el éxito de su segundo período como Secretario General de la ONU: El retiro de las fuerzas soviéticas de Afganistán; el término del largo conflicto bélico entre Irak e Irán; la independencia del valeroso pueblo de Namibia, última colonia africana; su intervención en la invasión de Kuwait por Irak, con el apoyo del Consejo de Seguridad, en especial de Estados Unidos, lográndose la total independencia de Kuwait; la firma, en su presencia, del Acuerdo de Paz en El Salvador; y la liberación, en territorio libanés, de cinco rehenes, periodistas de Estados Unidos e Irlanda, capturados por terroristas supuestamente árabes. Estos resultados positivos dieron a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y a la opinión internacional la prueba de que la Organización de las Naciones Unidas era un mecanismo eficaz, siempre que sus miembros coordinaran esfuerzos entre ellos a través del Consejo y con la participación indispensable del Secretario General.

Al finalizar su segundo y último mandato, Pérez de Cuéllar había logrado un cambio considerable. No sólo la Organización de las Naciones Unidas había adquirido una considerable importancia. No solo se habían resuelto los problemas ya mencionados, sino que el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas se había convertido en parte activa en todas las grandes cuestiones internacionales. En 1998 se otorgó el Premio Nobel de la Paz a las Fuerzas de Mantenimiento de Paz de la ONU, reconocimiento que Pérez de Cuéllar recibió de manos del Rey Olaf V de Noruega. Tomada su decisión de no ejercer como Secretario General por tercer mandato, Pérez de Cuéllar se esforzó durante los meses que le quedaron en avanzar lo máximo posible en la solución de algunos problemas. Su última satisfacción fue dejar resuelto, en su último día, el grave asunto que enfrentaba El Salvador.

Finalizado el mes de abril de 1992, después de varios meses de permanencia en Nueva York Pérez de Cuéllar y su esposa, Marcela Temple, iniciaron la tarea de organizar su traslado definitivo al Perú. Interrumpió sus planes la noticia de la ilegítima disolución del Congreso por el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, en flagrante violación de la Constitución, rompiendo así el régimen democrático en el Perú. Como debía viajar a Washington para participar en una reunión del Inter, American Dialogue logró, con el apoyo del vicepresidente Máximo San Román, a quien Fujimori había ilegalmente separado de su cargo y que estaba de paso también en Washington, que esa prestigiosa institución protestara públicamente por el atropello jurídico cometido por el Gobierno de Fujimori. En vista de la instalación de una verdadera dictadura, Pérez de Cuéllar decidió, en 1992, no regresar al Perú e instalarse con su esposa en París, en espera del retorno a la democracia.

A fines de 1992 aceptó la invitación del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Federico Mayor Zaragoza, y del nuevo Secretario General de la ONU, Butros-Ghali, para asumir a título honorario la Presidencia de la Comisión Nacional de Cultura y Desarrollo, que acababa de ser establecida, con sede en París y cuya noble meta era preservar el patrimonio cultural de todos los países en vías de desarrollo, incluyendo, desde luego, al Perú.

Pérez de Cuéllar señala en sus Memorias que la lucha fue desproporcionada y, por consiguiente, desafortunada. Entre las diversas razones de ello menciona: a) Que él no era un buen candidato; b) Que los partidos supuestamente de oposición al régimen decidieron no apoyar su candidatura, como fue el caso del Partido Aprista y de otros, que presentaron candidatos sin opción alguna; c) La ausencia del necesario respaldo del sector empresarial, adicto al régimen; y d) El hecho que se enfrentara a un régimen dictatorial que tenía el control del poder electoral y de las fuerzas armadas. Reconoce que él y sus colaboradores incurrieron en el gravísimo error de no retirar su postulación cuando se hizo público un inicial y premonitorio fraude electoral en el departamento de Huánuco.

El 22 de noviembre de 2000, Pérez de Cuéllar recibió una llamada telefónica del Presidente del Congreso y nuevo Presidente Constitucional de la República, doctor Valentín Paniagua, para invitarlo a colaborar con el gobierno que estaba constituyendo. Le propuso que asumiera la Presidencia del Consejo de Ministros. Pérez de Cuéllar aceptó de inmediato. A su llegada a Lima, el 24 de noviembre, trató con Paniagua del nombramiento de un equipo ministerial apolítico, como requería la situación del país. Desde un inicio, quedó acordado que Pérez de Cuéllar asumiría, además de la Presidencia del Consejo de Ministros, la cartera de Relaciones Exteriores.

José Antonio Arróspide, Secretario General y Viceministro durante su gestión como Canciller, al que Pérez de Cuéllar se refiere especialmente como inmediato colaborador de excelente preparación e insuperable lealtad, dirigió a la autora de este ensayo un mensaje por Internet, el 24 de julio de 2013, que, a la letra, afirma:

El retorno a la plena vigencia democrática que caracterizó la gestión de Javier Pérez de Cuéllar, como Primer Ministro y Canciller significó una reinserción del Perú en base a una nueva realidad y, consecuentemente, nuevas posibilidades de actuación exterior y presencia internacional.

El Perú era una democracia renovada y activamente comprometida en la lucha contra la corrupción. Ello se expresó, además de muchas gestiones en el ámbito bilateral, en la propuesta y gestión de la Carta Democrática Internacional que sin duda constituye uno de los pilares de la OEA. Así mismo, es destacable la persistente inquietud por lograr la adhesión a la Convención del Mar, en cuya gestión el Perú había tenido un importante papel.

En efecto, desde el inicio de su mandato como Ministro de Relaciones Exteriores, Pérez de Cuéllar dejó claramente sentado que el objetivo prioritario de su labor era “estructurar una política exterior destinada a restaurar la presencia del Perú en la comunidad internacional”. Pues al iniciarse el gobierno de transición, la política exterior del Perú “se encontraba afectada por los efectos de la crisis política e institucional y por una actitud de abierto desafío a los valores democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos”, impuesto por el Gobierno anterior.

Una de las acciones que tuvo mayor repercusión internacional fue la inmediata regularización de las relaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 30 de enero de 2001, primer paso hacia la normalización de las relaciones políticas con la comunidad internacional, meta anunciada en su exposición como Primer Ministro y Canciller ante el Congreso, el 11 de diciembre de 2000. Así, el 30 de enero, el Perú reconoció en su plenitud los fallos de dicha Corte, volviendo todos los peruanos a “estar protegidos por nuestra Constitución, por nuestras leyes, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos». Al día siguiente, el Congreso del Perú adoptó la Resolución Legislativa 27401, que derogó aquella, la 27152 – aprobada en julio de 1999 durante el Gobierno de Alberto Fujimori, para el retiro del Perú del “reconocimiento de la competencia contenciosa» de dicha Corte.

Pérez de Cuellar anunció también al Congreso que, estando él convencido de que la protección de los derechos humanos requería la conjunción eficaz de las instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales, había procedido, el 7 de diciembre de 2000, a «suscribir el tratado que establece la Corte Penal Internacional». Solicitó al Congreso la pronta aprobación de ese importante acuerdo internacional para proceder de inmediato al depósito del instrumento de ratificación.

La iniciativa que reforzó la determinación del Perú de reinsertarse en la comunidad democrática internacional fue llevada a la III Cumbre de las Américas, realizada en Quebec del 20 al 22 de abril de 2001, lo que constituyó una nueva estrategia pues presentarla directamente a la OEA hubiera implicado una negociación difícil y larga de aproximadamente siete años. En Quebec, Pérez de Cuéllar propuso en nombre del Perú a los jefes de Estado de todo el continente la adopción de una Carta Democrática Interamericana. Todos los jefes de estado presentes otorgaron su unánime aceptación. Aprobaron un párrafo mandatario dirigido a la OEA para que los presidentes y embajadores negociaran la Carta Democrática. La Cancillería del Perú tuvo un papel determinante en el proceso negociador con las otras cancillerías del continente para la preparación de la Carta.

A su regreso a Lima el 9 de junio, Pérez de Cuéllar destacó el triunfo diplomático obtenido por el Perú durante la Asamblea General de la OEA en Costa Rica y anunció que, antes del 30 de setiembre, se firmaría en Lima la Carta Democrática.

La Carta Democrática Interamericana fue aprobada por aclamación el 11 de setiembre de 2001 por los estados miembros de la OEA, durante el vigésimo octavo período de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, realizada en Lima. El 30 de mayo de 2001, el Canciller Javier Pérez de Cuéllar, convencido de lo indispensable y urgente que era para el Perú “ser parte del orden jurídico internacional del mar” remitió al Congreso de la República, para su aprobación, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en 1982 y que ya contaba con la adhesión de 135 Estados. Fue la primera vez que dicha Convención era enviada al Congreso.

Al asumir Pérez de Cuéllar la Cancillería, dejó claramente sentado que el principal asunto institucional y el más sensible era la solución justa y definitiva de la situación de los ciento diecisiete funcionarios diplomáticos cesados, en forma ilegal, por la Resolución Suprema N° 453 del 29 de diciembre de 1992, dentro del contexto de la arbitraria Ley 26117 de la misma fecha, expedida por el gobierno de Alberto Fujimori. Las acciones de Pérez de Cuéllar se iniciaron con la Resolución Suprema N° 557 del 5 de diciembre de 2000, que contuvo “la declaratoria de nulidad de la resolución que dispuso el cese de 117 funcionarios diplomáticos”. Además de la reincorporación de un cierto número de funcionarios diplomáticos cesados, la Resolución N° 557 nombró una Comisión Ad Hoc que elaboró un proyecto de ley entregado al Congreso después de un largo proceso de coordinación y consulta.

El 15 de junio, el Plenario del Congreso abordó el proyecto de ley; sin embargo, debido al debate que surgió en torno a indemnizaciones, optó por pasarlo a las Comisiones de Trabajo y de Presupuesto para su estudio. En ese contexto, y con el fin de resolver en forma definitiva la situación, Pérez de Cuéllar presentó a la Mesa Directiva del Poder Legislativo, el 11 de julio de 2001, pocos días antes de que dejara el cargo de Canciller, un nuevo proyecto de ley que incluyó, también, compensaciones por el pase al retiro en aplicación de los nuevos límites de edad y de tiempo de permanencia en las respectivas categorías. El proyecto de ley se convirtió en la Ley N° 27550, Ley Pérez de Cuéllar, el 6 de noviembre de 2001. Dispuso el procedimiento para la reincorporación, aún pendiente, de cincuenta y un funcionarios al servicio activo.

Testimonio concluyente del éxito del Canciller Javier Pérez de Cuéllar son las palabras pronunciadas por el Presidente Valentín Paniagua en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en el Congreso de la República, el 28 de julio de 2001:

En concordancia con su inalterable vocación democrática, el Perú ha logrado su plena reinserción en la Comunidad Internacional, regularizando sus relaciones y cumpliendo con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha suscrito, así mismo, convenios y tratados que acusan su claro compromiso en la defensa de los derechos humanos, y ha promovido, activamente, la suscripción de la Carta Democrática Interamericana como mecanismo de protección de la democracia en el hemisferio. Nos hemos esforzado, por fin, en reanudar y estrechar lazos y relaciones con todas las naciones del mundo, los organismos internacionales y, en especial, con nuestros vecinos, con los que hemos intensificado todos los procesos de integración en marcha.

En julio de 2001, poco después de conocido el resultado de las elecciones, el presidente electo Alejandro Toledo le ofreció a Pérez de Cuéllar, primero, que continuase como Primer Ministro y, luego, ante su reticencia, que permaneciera como Canciller. Frente a su negativa, expresada en la mejor forma, Toledo le propuso ser Embajador en Francia. Pérez de Cuéllar aceptó convencido de que podría en ese cargo “hacer algo más por mi país, sobre todo dar a conocer la plena recuperación de la democracia con la instalación de un Gobierno y un Congreso surgidos de un irreprochable proceso electoral”. Ello contribuiría a recuperar la fiabilidad perdida del Perú en Francia y, en general, en Europa.

Al cargo de Embajador se unió aquel de Representante Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en cuya sede ya antes había ejercido la presidencia de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. Pérez de Cuéllar ejerció ambos cargos hasta finales de diciembre de 2004. Desde un inicio se concentró en dar a conocer el profundo cambio del Perú hacia una democracia representativa. Comenta en sus Memorias que en sus actividades como representante del Perú ante la UNESCO “disfrutaba de una suerte de aureola, por decirlo así, por haber sido secretario general de la Organización de las Naciones Unidas»

La Academia Diplomática del Perú, que lleva el nombre del Embajador Javier Pérez de Cuéllar, se sumó a las numerosas y diversas expresiones y manifestaciones de homenaje por sus noventa años de vida con un Coloquio realizado e1 28 de enero de 2010 ante un numeroso público presidido por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor Popolizio; y por el Director de la Academia, Embajador José Antonio Meier. Fue interlocutor del embajador Pérez de Cuéllar el doctor Fernando Carvallo, filósofo, historiador y periodista.

Debo confesar que me honra el Embajador Pérez de Cuéllar con su amistad. En visita, en su casa en San Isidro, el 12 de abril de 2013, recordó que cuando él asistió a una reunión en casa de mi madre en Nueva York, camino a su primer puesto en París, cruzó breves palabras conmigo, “una niña sentada en un puff”. Y que pasé unos días con él y su primera esposa, Yvette Roberts, en su casa en París, en época anterior a mi ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En otra visita, el 24 de junio de 2013, a mi pregunta sobre cuáles fueron sus gestiones más importantes como Ministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Paniagua, me respondió que, en el ámbito hemisférico, fue la Carta Democrática Interamericana. Agregó que, en el ámbito institucional y personal, lo más importante fue la reincorporación de aquellos diplomáticos separados arbitrariamente del servicio activo por el Gobierno de Alberto Fujimori. En cuanto asumió la cartera inició gestiones para agilizar ese proceso, que culminó con la Ley N° 27550. Fue una obligación no solo moral, sino profesional.

Esa noche, el Embajador Pérez de Cuéllar se desplazó al Centro Cultural Inca Garcilaso, contiguo al palacio de Torre Tagle, a invitación de su entonces Director, Fernando Carvallo, a un concierto en la sala que porta su nombre y alberga las docenas de bellas condecoraciones que le fueron conferidas por los más altos dignatarios del mundo durante sus años como secretario general de las Naciones Unidas.

Pocos cancilleres del Perú han sido, a lo largo de su carrera diplomática, más brillantes; pocos, más polémicos. Pocos han dejado una impronta semejante en procesos importantes de nuestra política exterior. Y quizás ninguno haya tenido una trayectoria de vida con tantos avatares, conociendo el éxito y el poder, ora el ostracismo. Manuel Rodríguez Cuadros es un personaje de Balzac.

«Nos va a enseñar Manuel Rodríguez. Es la estrella de la promoción Túpac Amaru».

Así nos lo anunció un colega, habitualmente bien informado, su cuñado estaba en el Servicio, una mañana de 1983, en que cursábamos el tercer y último año de estudios en la Academia Diplomática del Perú.

Manuel Rodríguez Cuadros, a la sazón Primer Secretario recién retornado de París, nos enseñó Derecho Internacional del Desarrollo. Era, en efecto, brillante, aunque en honor a la verdad guardo precaria memoria de sus clases. Porque no fueron muchas; Manuel, por sus responsabilidades en la Dirección de Asuntos Económicos, andaba siempre de viaje o en ignotos encargos de la jerarquía de Torre Tagle. Y porque sus clases eran dictadas a primera hora de la mañana, momento en que yo, joven veinteañero, solía dormitar aún.

Manuel Rodríguez Cuadros nació en el Cusco el 17 de marzo de 1949. Su carta astral señala ya un rumbo de privilegio, pero por un camino no muy fácil, salpicado de momentos estelares y de períodos de oscuridad.

Es hijo de doña Elva Cuadros de Rodríguez y de José Gabriel Rodríguez Figueroa. La vocación de educador de su padre, quien fuera Director General de Educación Común, profesor secundario, catedrático sanmarquino e impulsor de la renovación en la educación nacional, influyó sin duda en uno de los rasgos más saltantes de Manuel, su permanente voluntad de hacer pedagogía.

En su tierra natal, el Cusco, inició su escolaridad en el Colegio Santa Ana, continuó su educación primaria en Tacna, donde su padre había sido trasladado como Director de Estudios de la GUE Francisco Bolognesi. Un nuevo traslado del educador, nombrado Director de Estudios y luego Director de la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma, en Surquillo, permitió a Manuel descubrir Lima. Aquí estudió el tercer año de primaria en el Colegio Gimnasio Peruano, de Santa Beatriz; y a partir del cuarto año de primaria hasta el 5to. de secundaria, en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma.

Toda mi secundaria la hice dentro de un plan piloto de reforma educativa, basado en la educación activa, recuerda Manuel. Terminé la secundaria en 1966 y, no obstante haber ganado una beca de la Universidad de Lima, por ser el número uno de la promoción, me presenté a San Marcos para seguir estudios de letras. Tenía, quizás por la profesión de mi padre y algunas lecturas de la historia de Basadre, la convicción de que mi educación superior no debía, sino que tenía que ser en San Marcos. Ingresé y entre 1967 y 1968 culminé mis estudios de letras, egresando con un puesto de honor. En ese tiempo se seguían cursos electivos, prerrequisitos para las carreras profesionales. Yo seguí los electivos que me habilitaban a estudiar derecho, filosofía o sociología. Allí se inició mi visión del derecho como ciencia social y mi inquietud sobre la filosofía del derecho. Tuve profesores que influyeron muy fuertemente en mi formación intelectual y en mi visión del Perú. El Perú siempre ha sido el referente de toda mi vida universitaria y profesional. Entre ellos a Augusto Salazar Bondy, Javier Pulgar Vidal, Juan Bautista Ferro, José Matos Mar, Augusto Tamayo Vargas, Ella Dumbar Temple, José Russo Delgado y Carlos Aranibar.

Sus años de letras estuvieron marcados por lo que, según sostiene, quizás haya sido la última fase de una universidad excepcional en su calidad académica, con una Facultad de Letras que acogía la vanguardia del pensamiento sociológico, literario y filosófico. Al mismo tiempo la política universitaria captó su atención, acentuando una tendencia que venía cultivando desde el colegio. “Me impactó, dice, la hegemonía que en ese momento tenía en la vida universitaria sanmarquina dos visiones muy dogmáticas, la marxista del FER y la del APRA. Formé una agrupación independiente, el Frente Unido de Estudiantes de Letras, vinculado a las visiones de izquierda democrática del social cristianismo. En ese tiempo asistía mucho a las reuniones de análisis de la realidad nacional que hacía la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, UNEC, cuyo local estaba a pocos pasos de Torre Tagle.»

Entre 1968 y 1974 estudió Derecho en San Marcos; desde 1971, de manera paralela a sus estudios en la Academia Diplomática. “Allí tuve un gran profesor, Mario Alzamora Valdez, y un excepcional maestro que guio toda mi formación jurídica y humana, Carlos Fernández Sessarego, él me abrió las puertas del razonamiento jurídico y me enseñó a conciliar el derecho como profesional con el derecho, como deber ser, de la vida y la sociedad”, Manuel integró el estudio del maestro desde el primer año de Derecho en San Marcos y durante todo el tiempo que estudió en la Academia Diplomática.

La Academia Diplomática, justamente. Período crucial en su vida, como en la de todos quienes hemos pasado por sus aulas. Allí estuvo entre 1971 y 1973; años de la mayor efervescencia de lo que era ese curioso experimento de gobierno nacionalista de militares de izquierda. El balance del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas puede ser muy controversial; lo es menos el desarrollo de una dinámica política exterior sostenida por un cuerpo de diplomáticos de carrera de enormes calidades, entre ellos destacaba Carlos García Bedoya, Secretario General de la Cancillería entre 1970 y 1976. “En su oficina”, recuerda Manuel, “casi a diario conversábamos sobre el Perú y la política exterior, él me introdujo en el campo de las Relaciones Internacionales como ciencia social». Al terminar la academia lo designó como profesor de su curso de Teoría de las Relaciones Internacionales.

Sus inicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 1974, los hizo como Tercer Secretario de Cancillería en el Departamento de América Limítrofe, a cargo de las carpetas de Ecuador, Colombia y Brasil. Pasó luego, sucesivamente, a la Dirección de Estudios de la Sub Secretaría de Planeamiento (1975) y, ya como Tercer Secretario, a la Jefatura del Departamento de Países No Alineados y Tercer Mundo (1976); eran puestos en ese momento muy importantes para la gestión de la política exterior, y en la práctica, Manuel Rodríguez Cuadros, pese a su categoría diplomática, era un asesor directo del Ministro de Relaciones Exteriores, General Miguel Ángel De La Flor, para celos de muchos, que tratarían de pasarle la factura cuando cambiaron los vientos y los personajes de la Revolución, a partir de agosto de 1975.

Manuel pudo sobrevivir a este, primero entre muchos, desencuentro con el poder, hubiera sido insensato privarse de un funcionario de esa capacidad. En 1977 asumió su primer puesto en el exterior, como Tercer Secretario en la Representación Permanente del Perú ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en Montevideo (Uruguay), allí contribuyó muy activamente en el proceso de transformación de la ALALC en una nueva organización de integración regional, hasta la creación, en 1980, de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Paralelamente, ya como Segundo Secretario, en los años 1979 y 1980, asesora al Embajador Carlos García Bedoya, ahora Ministro de Relaciones Exteriores, en la gestión de importantes procesos de la política exterior peruana. Participa así en iniciativas como el reconocimiento del estado de beligerancia en Nicaragua, que fue un factor que influyó en la caída de la dictadura de Somoza y la instauración de la democracia; el fortalecimiento institucional del Pacto Andino con la creación del Consejo Presidencial, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, o la negociación y aprobación del “Mandato de Cartagena”; decisivo para la proyección política de la comunidad andina y el impulso a la democracia, como se demostró con la suspensión de Bolivia ante el golpe militar del Coronel Busch en plena Asamblea General de la OEA en La Paz.

En 1980 es nombrado Segundo Secretario de la Embajada del Perú en Francia. Allí, poco después de ascender a Primer Secretario, participó en las complejas negociaciones con el gobierno francés cuando, en el contexto de la guerra de las Malvinas, este último embargó la entrega de misiles Exocet adquiridos por nuestro país. Como producto de dichas negociaciones se obtuvo compensaciones para el Perú.

En sus años de París también fue representante alterno del Perú ante el Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre (CIPEC), y continuó sus actividades académicas en la Universidad París V hasta obtener el Máster (D.E.A) en Derecho Internacional, con mención en Derecho Internacional del Desarrollo. Obtuve el grado, cuenta Manuel, con una tesis sobre El Proceso de Integración Latinoamericano: La sustitución de la ALALC por la ALADI. Una anécdota, mi profesor del curso de Relaciones Internacionales Financieras fue el profesor Alain Pellet. No imaginamos que nos encontraríamos treinta años después como abogados del Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En aquella primera mitad de los años ochenta la situación nacional distaba de ser alentadora, con Sendero Luminoso creciendo y la economía flaqueando (el 83, hasta donde recuerdo, con un Niño devastador el PBI cayó en más del 10%). La Cancillería no la pasaba mejor, en un ambiente moroso distante del dinamismo de la década anterior. Para colmo, el ingreso de mi promoción a la vida profesional, en 1984, se dio en circunstancias de conflicto entre el Servicio Diplomático y el Gobierno: La decisión del Canciller y Vicepresidente Fernando Schwalb de suprimir por un año el ingreso a la Academia Diplomática provocó la renuncia del Secretario General, Embajador Julio Ego-Aguirre, quien recibió la solidaridad de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático, presidida por el Subsecretario de Política Exterior, Embajador Hubert Wieland. El Canciller nombró a un Embajador en retiro como Secretario General y el Embajador Wieland cayó en relativa desgracia.

Una consecuencia de ello es que el eje principal de la política exterior, al menos institucionalmente, pasara a la Subsecretaría de Asuntos Económicos, dirigida por el Embajador José Carlos Mariátegui, quien contaba con la colaboración de dos personalidades de excepción: El recientemente ascendido Embajador Oswaldo de Rivero y el Primer Secretario Manuel Rodríguez. En el curso de 1984 Mariátegui pasó a ser Secretario General, con lo cual esta tendencia se fortaleció, y la influencia de Manuel también: Más allá de sus responsabilidades funcionales específicas como Director de Asuntos Económicos, el Secretario General le consultaba los más diversos temas y lo involucró directamente en el cumplimiento de uno de los objetivos más notorios de su gestión: La reformulación de los principales instrumentos reglamentarios que regían el funcionamiento de la Cancillería, incluyendo la Academia Diplomática.

Luego de ascender a Consejero en primer lugar, Manuel Rodríguez fue nombrado a la Representación Permanente del Perú ante las Naciones Unidas. Allí, entre 1986 y 1989, desempeñó diversas funciones importantes, como Presidente de la Comisión Social del ECOSOC, negociador del Grupo de Río sobre el conflicto centroamericano y la situación de los derechos humanos en El Salvador y Guatemala, miembro del Comité contra el Apartheid, o Presidente de la Task Force de Naciones Unidas sobre los prisioneros políticos en Sudáfrica. En aquellos años también obtuvo un diploma de post-grado en “American Politics» en la New York University.

En 1991 dicho Canciller tuvo que afrontar su primera crisis internacional sería con uno de los, en aquellos años, recurrentes incidentes con el Ecuador. Patrullas de ambos países estuvieron a punto de enfrentarse en la zona del hito Cusumasa Bumbuiza. El experimentado Canciller Ecuatoriano Diego Cordovez, en lo que se conoció como «Pacto de Caballeros», negoció telefónicamente con Torres y Torres Lara una solución que en la práctica dejaba en posesión ecuatoriana territorio considerado peruano. Manuel Rodríguez, en ese entonces Director de Límites, en cuya calidad había participado en la separación de fuerzas en la zona, se opuso a dichos arreglos. Una publicación periodística dio cuenta del tema alertando de la imprudencia del Canciller. La gestión de Torres y Torres Lara quedó herida de muerte, pero Manuel Rodríguez quedó marcado como un personaje “desleal” para el oficialismo, y pasó a ocupar un cargo de escasa relevancia para la gestión de la política exterior peruana, como Director de Asuntos Aéreos.

Este y otros procesos se quebraron con la ruptura del orden constitucional el 5 de abril de 1992.    Blacker Miller trató de erigirse inmediatamente en el vocero y figura principal del nuevo régimen. Pero perdió en el pulseo con el verdadero pilar del mismo, el Ministro de Economía Carlos Boloña Behr. Y a los pocos días tuvo que dejar la Cancillería en manos del flamante Presidente del Consejo de Ministros, Oscar De La Puente Raygada.

Entre esos funcionarios se encontraba Manuel Rodríguez Cuadros. Estaba entonces en El Salvador, trabajando para la Misión de Paz de las Naciones Unidas como Asesor Principal de la División de Derechos Humanos. Desde allí escribió una carta al Canciller De la Puente denunciando una decisión que violaba «las garantías constitucionales, las normas del debido proceso administrativo y obligaciones internacionales que constituyen normas de derecho interno”. Además de explicitar los vicios sustantivos y procesales de la medida, en su carta Manuel Rodríguez alertaba sobre la gravedad de las disposiciones adoptadas mediante los decretos leyes modificatorios de la Ley del Servicio Diplomático de la República y la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en su concepto significaban la disolución de la institucionalidad del Servicio Diplomático de la República. De acuerdo a la nueva legislación la diplomacia desaparece como profesión y como carrera pública. Se sustituye la concepción moderna y responsable, desde el punto de vista de la defensa nacional, que la sitúa al servicio del estado y del pueblo, por otra que se recupera de un pasado ya superado por casi todos los países del mundo. Tributaria de la concepción absolutista del Estado, en la que el Servicio Diplomático se pone al servicio del gobierno. Es decir, del ejercicio coyuntural del poder, politizando el proceso de elaboración y ejecución de la política exterior.

En febrero de 1995, el conflicto del Cenepa con el Ecuador y el inicio de conversaciones para resolver los “impases subsistentes” implicaron que Torre Tagle recuperase espacios: Después de todo, la diplomacia profesional demostraba su utilidad. Esto posibilitó cierta flexibilidad para el retorno progresivo de algunos de los funcionarios que fueran cesados arbitrariamente en 1992. Ese fue también el caso de Manuel Rodríguez, gracias a la intervención directa del Canciller Eduardo Ferrero en 1998. Manuel debía asesorarlo en cuestiones limítrofes, y especialmente en las negociaciones con el Ecuador. Sus diferencias con el coordinador del equipo negociador peruano, y posteriormente Canciller, Fernando de Trazegnies limitaron, empero, su influencia en el proceso. Al poco tiempo fue nombrado Representante Permanente Alterno del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza.

Allí fue elegido, a título personal, Miembro de la Sub Comisión de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, integrada por veintiséis expertos independientes provenientes de todas las regiones del mundo. Entre otras cosas, en el ejercicio de sus funciones en dicha subcomisión, de la cual llegó a ser Vicepresidente, presentó un proyecto de resolución, aprobado por unanimidad, sobre la detención, extradición y juzgamiento de altos funcionarios del Estado, incluidos los jefes de estado o de gobierno, responsables de crímenes de lesa humanidad. Otro proyecto de resolución suyo, sobre la protección internacional de la democracia, fue aprobado por la Sub Comisión y la Comisión de Derechos Humanos; en dicho documento por primera vez se reconoce los atributos o características de la democracia como régimen político.

En el ínterin se habían realizado las elecciones generales que designaron a Alejandro Toledo como nuevo Presidente Constitucional de la República.

El 28 de julio de 2001 asume el nuevo gobierno. El primer Canciller es Diego García Sayán, y Manuel Rodríguez, que había trabajado con él en Centroamérica, es nombrado Viceministro y Secretario General de Relaciones Exteriores.

En julio de 2002 Allan Wagner es designado Canciller por segunda vez. Manuel colabora con él en la promoción de la Alianza Estratégica con el Brasil, el impulso a los procesos de integración, en particular la Comunidad Andina y MERCOSUR, el fortalecimiento de mecanismos de cooperación con países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y México y el inicio de conversaciones conducentes al TLC con Estados Unidos. Además, respondiendo a una vocación compartida por el Canciller y su Viceministro, se formula la Política Cultural Exterior.

Cuando a fines de 2003 Allan Wagner dejó el cargo para asumir la Secretaría General de la CAN, la designación de Manuel Rodríguez Cuadros como Ministro de Relaciones Exteriores no fue una sorpresa.

El legado principal de su período tuvo su realización principal el 27 de enero de 2014, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile que acordó a nuestro país derechos de soberanía y jurisdicción sobre tres cuartas partes del área reclamada. Dentro del grupo de peruanos ilustres que hicieron posible este logro, liderados por el Embajador Allan Wagner Tizón, Agente del Perú ante la Corte, destaca Manuel Rodríguez Cuadros, fue él quien, luego de un exhaustivo y cuidadoso proceso de análisis en el que participaron funcionarios de la cancillería y juristas internacionales, decidió dar los pasos necesarios para llegar a una delimitación marítima con Chile. La estrategia diseñada implicaba recurrir al Pacto de Bogotá de 1948 para poder llevar a Chile a resolver la controversia marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Para ello era indispensable agotar la posibilidad de una solución negociada.

El 19 de julio de 2004 el canciller peruano dirigió a la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Soledad Alvear, una Nota Diplomática proponiendo la inmediata apertura de negociaciones para resolver la controversia marítima entre ambos países. La respuesta negativa de Chile abrió el camino para que el Perú pudiera entablar su demanda ante la CIJ., aún más: Manuel Rodríguez obtuvo que en un comunicado conjunto suscrito con el sucesor de Soledad Alvear, Ignacio Walker, el 4 de noviembre de 2004 en Río de Janeiro, se reconociera la existencia de la controversia por la delimitación marítima. El texto del comunicado consignaba: “Los cancilleres reafirman que el tema de la delimitación marítima entre ambos países, respecto del cual tenemos posiciones distintas, es una cuestión de naturaleza jurídica y que constituye estrictamente un asunto bilateral que no debe interferir en el desarrollo positivo de la relación entre Perú y Chile” Durante su gestión se inició también la elaboración de la ley de líneas de base, indispensable para sustentar la reivindicación peruana.

A nivel bilateral, y como una demostración más de su voluntad de descentralizar la gestión de la política exterior, con Brasil también se llevó a cabo la primera visita de un Canciller del Perú a un gobierno sub nacional, el del Acre. Se firmó en esa oportunidad un compromiso para que la parte brasileña construya el puente Assis Brasil -Iñapari, fundamental para la construcción de la carretera transoceánica.

En agosto de 2005 presentó su renuncia al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. Fue nombrado representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra, entre ellas la Organización Mundial del Comercio, la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En el ejercicio de sus funciones fue elegido Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el crucial período de transición entre ese organismo y el Consejo de Derechos Humanos. También fue Presidente de la Comisión de Desarme.

El retorno de Alan García al poder marca el inicio de un nuevo ciclo en la azarosa y singular carrera de Manuel Rodríguez Cuadros. En su discurso inaugural el Presidente criticó directamente al ex Canciller por el precio que el estado pagaba por la residencia del Representante Permanente en Ginebra. Manuel Rodríguez conseguiría probar luego que no había obrado en contra de los intereses del estado ni del marco administrativo regular, pero quedó en evidencia que no gozaba de la confianza del Ejecutivo. Discrepaba además de algunas de las posiciones que el gobierno estaba adoptando en política exterior. En noviembre del 2006 pidió su pase a la disponibilidad; volvió entonces a una de sus vocaciones centrales, fundando el Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional (Iladir), en la Universidad Tecnológica del Perú. El año 2008 publicó el libro Delimitación Marítima con Equidad: El caso del Perú y Chile (Editorial Peisa).

A fines del 2009 las relaciones entre Perú y Bolivia atravesaban por un momento particularmente complicado. El Presidente García y el Canciller José Antonio García Belaúnde decidieron entonces que los servicios del ex Canciller Manuel Rodríguez Cuadros podían ser útiles en la coyuntura, y le propusieron asumir la Embajada en La Paz. Manuel Rodríguez aceptó el reto, y a los pocos meses, los jefes de estado de ambos países, cuyos vínculos hasta entonces habían oscilado entre la frialdad y la agresividad, suscribían el 19 de octubre del 2010, los Acuerdos de Ilo negociados por el Embajador en un tiempo récord. Los acuerdos tuvieron que ser modificados luego para responder a las preocupaciones y atingencias de diversos sectores, sobre todo en el Congreso; pero se mantuvo el logro político clave de la recomposición de la relación bilateral.

La tentación política, siempre latente, regresó entonces con fuerza. El 31 de diciembre de 2010 Manuel Rodríguez renunció al cargo de Embajador del Perú en Bolivia para ser candidato de Fuerza Social a la Presidencia de la República. Ya en las elecciones anteriores algunos sectores, incluyendo el partido de gobierno Perú Posible, habían sondeado la posibilidad de la presentación de su candidatura.

Su austera campaña, pese a haber puesto de manifiesto su capacidad y cualidades para dirigir la gestión del Estado, no pudo superar a otras fuerzas y personalidades políticas de mayor trayectoria en lides electorales. Manuel Rodríguez renunció antes de que se realizaran las elecciones, y se concentró en continuar sus aportes al tema central de nuestra política exterior en estos años: La delimitación marítima con Chile.

En 2010 había publicado su segundo libro sobre la materia, La soberanía marítima del Perú (Derrama Magisterial, 2010), con base en el cual se realizó, en coordinación con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana y la Derrama Magisterial, una campaña nacional para difundir las tesis peruanas en todos los colegios de la República. A esta publicación seguiría una tercera obra en 2012: Derecho Internacional de la Delimitación Marítima. Mientras tanto, durante la fase escrita del proceso ante La Haya había sido convocado a ser miembro de la Comisión Consultiva Ad Hoc que asesoró a la Cancillería. Para la fase oral fue integrado al equipo jurídico como abogado del estado peruano. En esa calidad estuvo presente en las sesiones de sustentación de los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia, en diciembre de 2012, y en la lectura del histórico fallo, el 27 de enero de 2014.

Con miras a esta publicación le pregunté a Manuel qué consejos daría a los jóvenes diplomáticos; opio su respuesta:

1. La devoción al Perú, en el sentido basadrino. La diplomacia no es una profesión liberal ni una actividad de servicio público en torno a la aplicación de políticas sectoriales, como es el resto de la administración pública. Es un servicio público dirigido a la preservación y defensa de los intereses nacionales, en relación a los intereses nacionales de otros países. Eso le da un carácter único en la administración. Por ello para ser buen diplomático, lo primero que se requiere es una formación en el Perú. Entender su historia, su pluralidad, su devenir político, social, económico y cultural. Lo que se llamaba antes La Realidad Nacional, con mayúsculas, como el título del libro de Víctor Andrés Belaunde. El diplomático tiene que tener, como decía García Calderón, una visión del Perú. Yo añado una visión, una adhesión y una conducta por el Perú.

2. El diplomático conjuga un saber académico, las relaciones internacionales como disciplina científica, y una práctica o acción política, que es la diplomacia propiamente dicha. Los jóvenes diplomáticos deben entender bien que la ciencia y la acción van de la mano en esta profesión. Más aún en un mundo global donde la política ha dejado ya de ser sectorial y centralista para tornarse intersectorial y descentralizada. Esto implica estudio permanente y disciplina académica. El diplomático no es ni un tramitador ni un gestor de lujo. Es un negociador y como tal debe tener el conocimiento especializado de las materias objeto de la negociación. Y eso se obtiene estudiando y estudiando. Mi segundo consejo a los jóvenes diplomáticos es que estudien a profundidad, durante toda su carrera. El diplomático es también un analista y no se puede analizar lo que no se conoce.

El Embajador Óscar Maúrtua de Romaña fue Ministro de Relaciones Exteriores del Perú entre el 16 de agosto de 2005 y el 27 de julio de 2006. Fue sucedido en el cargo por el Embajador José Antonio García Belaunde, en el contexto de la transmisión de mando entre los gobiernos de los presidentes Alejandro Toledo Manrique (2001-2006) y Alan García Pérez (2006-2011).

Primeros años y comienzo de su actividad pública

Óscar José Ricardo Maúrtua de Romaña, nació en Lima el 7 de febrero de 1947. Por su rama paterna, está vinculado con ilustres personalidades ligadas a la historia de la cancillería, entre las que destacan los diplomáticos y juristas Víctor M. Maúrtua y Aníbal Maúrtua, de notable trayectoria en la defensa de las fronteras del Perú; lo mismo que Manuel Félix Maúrtua, quien fuera representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre 1952 y 1963 cursó sus estudios primarios y secundarios en el colegio jesuita La Inmaculada de la ciudad de Lima. En 1968 se graduó de Bachiller en Humanidades por la Pontificia Universidad Católica del Perú con la tesis titulada Chaumette des Fossés y el inicio de relaciones franco-peruanas (1825-1827). Es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1966-1970). Ingresó a la cancillería como empleado administrativo en 1965, asignado a la Dirección de Asuntos Políticos y Diplomáticos. En 1969, Maúrtua fue incorporado al Servicio Diplomático de la República, luego de ser alumno destacado en la Academia Diplomática del Perú, donde ingresó y egresó en el primer puesto entre 1967 y 1968, ingresó por concurso público al Servicio Diplomático de la República con el primer puesto de la promoción “Embajador Enrique González Dittoni». Su tesis en la ADP llevó por título La soberanía permanente del estado sobre sus riquezas y recursos naturales.

Dio inicio a su carrera sirviendo en las embajadas del Perú en los Estados Unidos de América (1971-1977), el Reino de Bélgica y la Unión Europea (1980). En Lima se desempeñó como Jefe del Departamento de Política Económica Internacional (1977-1979). De 1980 a 1985 fue Secretario General de la Presidencia de la República durante el segundo mandato del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry (1980-1985).

De 1985 a 1988 fue Embajador en Canadá; igualmente Embajador en Bolivia entre los años 1988 y 1993, promoviendo la suscripción con dicha nación de los Convenios de Ilo en 1992. Posteriormente, en Lima ejerció funciones como Director General de Planeamiento, Director General de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico de la Cancillería. Entre 1995 y 1999 fue Embajador ante el Reino de Tailandia, concurrente ante la República Socialista de Vietnam y la República Democrática y Popular de Laos, así como Representante Permanente ante la Comisión Económica y Social del Asia Pacífico (ESCAP). En 1999 fue designado Embajador del Perú en Ecuador y, al término en dicha misión en el año 2002, asumió la Dirección de la Academia Diplomática del Perú. Desde enero del 2003 ejerció el cargo de Sub Secretario para Asuntos de América del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en diciembre de ese año, fue nombrado Secretario de Política Exterior de la Cancillería. El 1 de julio de 2005, siendo Canciller el Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, Maúrtua juramentó en el cargo de Viceministro, Secretario General de Relaciones Exteriores, sucedía en esta posición al Embajador Armando Lecaros de Cossío.

Ministro de Relaciones Exteriores

El 16 de agosto de 2005, el Embajador Maúrtua fue incorporado como independiente y experto en materias de política exterior dentro del gabinete del Presidente Alejandro Toledo, en calidad de Canciller. Sucedía en estas funciones al señor Fernando Olivera, quien había tenido un breve paso como Ministro de Relaciones Exteriores en Torre Tagle luego de la gestión del Embajador Manuel Rodríguez Cuadros.

El contexto internacional de la gestión ministerial

En el tiempo en que el Embajador Maúrtua asumió el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, en agosto de 2005, la política exterior del Perú tenía ante sí escenarios, circunstancias y retos de gran hondura dentro de la compleja arena de las relaciones internacionales.

En el nivel de la seguridad global, además de la afirmación del poder unipolar de los EE.UU. continuaba claramente la tendencia, iniciada luego del final de la Guerra Fría, a la proliferación de conflictos al interior de varios estados (calificados por algunos analistas como países en violencia crónica o incluso inviables), con un efecto pernicioso para el mantenimiento de la paz y de la seguridad en el mundo. Focos de conflicto clásicos de ese momento, a mediados de 2005, eran, por ejemplo, la República Democrática del Congo en el África y la República de Haití en el Caribe.

Siempre en el plano de la seguridad mundial, la proliferación de nuevos conflictos luego del fin de la Guerra Fría venía motivando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde la década de 1990, no sólo a autorizar nuevos mandatos para distintas operaciones de mantenimiento de la paz en diversas partes del mundo, sino también a dotarlas de una naturaleza multidimensional, con el objetivo de trascender el mero fin de las hostilidades y avanzar hacia el establecimiento de bases sólidas para la paz.

En el ámbito sudamericano, la gestión de Maúrtua coincidió con la realización en Brasilia, en octubre de 2005, de la I Reunión de presidentes y jefes de estado de la entonces Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA). Constituida por doce países, había sido creada en el Cusco en diciembre de 2004. Entonces, la CASA avanzaba hacia el establecimiento de una zona de libre comercio entre sus miembros (que se buscaba lograr mediante la convergencia entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur o Mercosur).

En el plano de las relaciones bilaterales, al iniciarse la gestión de Maúrtua como Canciller, el Perú ya había planteado a Chile su convicción de que no existía un tratado de límites marítimos entre ambos países y que esta frontera estaba por delimitarse; la controversia había quedado claramente establecida en la época de la gestión del predecesor de Maúrtua, el Canciller Manuel Rodríguez Cuadros; también durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo. En el otro ámbito de las vinculaciones bilaterales, las relaciones económicas con Chile aumentaban de importancia y lo perfilaban como el primer socio económico latinoamericano del Perú.

Visita oficial a Chile

El 23 de agosto de 2005, el Canciller Óscar Maúrtua realizó una visita oficial a Chile, cumpliendo con el compromiso contraído el 6 de julio de dicho año durante la reunión del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política, conocido como “dos más dos». El énfasis de las conversaciones con su homólogo chileno fue puesto en los asuntos de naturaleza social, teniendo en cuentas las necesidades de la nutrida comunidad de peruanos que residen de manera permanente en Chile. Entre otras cosas, fue suscrito el Acuerdo Administrativo para la implementación del Convenio de Seguridad Social en materia previsional, que facilitaba el traspaso de los fondos de pensiones aportados por ciudadanos de cada uno de los países cuando se trasladaban a otro.

Nuevo Reglamento Consular del Perú

El 6 de octubre de 2005, al día siguiente de la publicación del Decreto Supremo 076-2005-RE en el diario El Peruano, entró en vigencia el nuevo Reglamento Consular del Perú, como parte de las iniciativas llevadas a cabo por el sector Relaciones Exteriores para modernizar la función consular y seguir mejorando, de esta manera, la atención de las comunidades peruanas que viven fuera del territorio nacional.

Elección del Perú como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Con el voto de 144 países, de 191, en la sede de la ONU en Nueva York y luego de múltiples y pacientes gestiones desplegadas por la diplomacia peruana en todo el mundo, el Perú fue elegido el 10 de octubre de 2005 como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de esa Organización para el período 2006-2007. El Embajador Maúrtua tuvo un rol muy importante en las labores de promoción de la candidatura peruana.

La participación en el Consejo de Seguridad se apreciaba también, en ese contexto, como un complemento directo del compromiso peruano con la seguridad internacional a través de su presencia militar, en ese entonces, en ocho Operaciones de Mantenimiento de la Paz (República Democrática del Congo, Eritrea y Etiopía, Liberia, Costa de Marfil, Burundi, Sudán, Chipre y Haití). Entre las crisis que debió afrontar el Consejo de Seguridad con participación del Perú durante la gestión del Canciller Maúrtua, cabe mencionar dos que estallaron en julio de 2006: El lanzamiento de misiles balísticos de prueba por Corea del Norte sobre el mar del Japón y el cruce hostil de la llamada Línea Azul por las milicias de Hezbolá, lo que desencadenó una guerra en gran escala a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano y se convertiría, a la postre, en una de las peores crisis del Medio Oriente de esa década.

Dentro y ya fuera del marco de la gestión del Embajador Maúrtua, el Perú afirmó su participación a través de la MINUSTAH-Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en los esfuerzos de estabilización de Haití, país considerado como el único foco vulnerable serio en materia de seguridad dentro del vasto espacio latinoamericano.

La Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú

El 24 de octubre de 2005, previa sustentación realizada por el Canciller Maúrtua y tras haber sido aprobado por el Consejo de Ministros realizado en Tacna, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú. El referido proyecto de ley fue el resultado de las labores de la Comisión Técnica de Líneas de Base, presidida por la cancillería y conformada por representantes de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, del Instituto Geográfico Nacional y del Servicio Aerofotográfico Nacional, así como por expertos en Derecho del Mar. El trabajo de esta Comisión Técnica se remontaba al año 2003. Este acontecimiento motivó, por esos días, la entrega por parte del gobierno chileno al entonces Embajador peruano en Santiago, José Antonio Meier, de una nota donde se afirmaba que el gobierno peruano supuestamente estaba conduciéndose en contradicción con el ordenamiento internacional. Como respuesta, el 1 de noviembre de 2005 el Canciller Maúrtua convocó al entonces Embajador chileno en Lima, Juan Pablo Lira, y le hizo, a su vez, entrega de una nota del gobierno peruano donde se señalaba que la postura chilena resultaba “inaceptable”, dado que atentaba contra la decisión soberana e independiente del Poder Legislativo peruano.

El 3 de noviembre de 2005 se aprobó en forma unánime en el Congreso de la República la Ley 28621 de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú. La noticia levantó una enorme reacción mediática en Chile, así como la continuación de manifestaciones de disconformidad de su gobierno. El 6 de diciembre de 2005, el Congreso de la República expresó su respaldo a la “…clara, firme, respetuosa y soberana actuación del gobierno peruano, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Oscar Maúrtua de Romaña», frente a los acontecimientos propiciados por el gobierno de Chile respecto al trámite de aprobación de la Ley de Líneas de Base. Por su parte, el 19 de diciembre de 2005, la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su total respaldo a las gestiones realizadas por el Canciller Maúrtua con relación a la controversia de delimitación marítima con Chile. Entre los firmantes del documento de respaldo se encontraban ilustres personalidades como el Embajador Javier Pérez de Cuéllar, el historiador José Agustín de la Puente Candamo, el internacionalista Eduardo Ferrero Costa y el Almirante Jorge Brousset Barrios.

Precisiones hechas por el Canciller Maúrtua sobre el tema de la Ley de Líneas de Base con relación al Ecuador

El 31 de octubre de 2005, el Canciller Maúrtua precisó ante la opinión pública que las coordenadas que figuraban en el (entonces todavía) proyecto de Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú consignaban de manera exacta el punto terminal de la frontera terrestre con el Ecuador en la Boca de Capones, de acuerdo con lo determinado por la Comisión de Demarcación en 1944, establecida por el Protocolo de Río de Janeiro.

En esa ocasión, Maúrtua recordó que en diversas ocasiones la cancillería peruana había expresado que, con relación al Ecuador, no se planteaba ningún asunto controversial ni polémico, puesto que existía una excepción exclusivamente aplicable a ese país en la Declaración de Santiago de 1952, cuyo artículo IV indicaba lo siguiente: “En el caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno de la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos».

IX Reunión de Cancilleres de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

El 25 de noviembre de 2005, el Canciller Maúrtua inauguró en Iquitos la IX Reunión de Cancilleres de los Estados Miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Se trataba de la primera cita de este nivel desde la institucionalización de esa organización en Manaos (Brasil) en septiembre de 2004. En esa oportunidad, los ocho países de la OTCA (Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela) buscaron reafirmar su compromiso de cooperación y concertación alrededor de los temas amazónicos, proyectando hacia el futuro inmediato acciones orientadas al desarrollo sostenible e integración de la región, en beneficio de sus respectivas poblaciones.

En su mensaje de inauguración, el Canciller Maúrtua formuló un llamado para realizar un esfuerzo conjunto que impulsara políticas comunes orientadas a la reducción progresiva y efectiva de la deforestación y de la contaminación ambiental en el espacio amazónico: «En ello se juega la propia credibilidad de nuestros Estados Miembros y la legitimidad misma del mensaje de protección que lanzamos al mundo.

Visita oficial a los EE.UU.

Los días 12 y 13 de diciembre de 2005, el Canciller Maúrtua realizó una visita de trabajo a los EE. UU., la primera que llevaba a cabo en tres años un Ministro de Relaciones Exteriores peruano. Cabe destacar que dicha actividad coincidió con la conclusión de las negociaciones del TLC Perú-EE.UU. (7 de diciembre de 2005), instrumento que fue calificado por la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, interlocutora del Canciller Maúrtua, como muy importante para profundizar el desarrollo peruano, y que fuera aprobado por el Congreso de nuestro país el 26 de junio de 2006. En ese entonces, el Perú acababa de ser elegido Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad y la Secretaria Rice saludó la participación del Perú con un contingente militar en Haití y resaltó las importantes coincidencias entre el Perú y Estados Unidos en asuntos de paz y seguridad, combate contra el terrorismo y no proliferación de armas nucleares, entre otros, sin perjuicio del mutuo respeto a las posiciones de ambos países.

Presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA)

El 14 de diciembre de 2005, el Canciller Maúrtua se presentó ante el Consejo Permanente de la OEA. En esa oportunidad, fue destacado el compromiso hemisférico existente para la lucha contra la corrupción y la impunidad (en alusión transparente al caso del ex Presidente Fujimori, entonces en Chile), al tiempo que advertía que la legitimidad de la democracia se veía minada por la injusticia y la desigualdad persistentes en nuestras sociedades. Maúrtua reiteró también la voluntad del gobierno peruano de llevar adelante un proceso electoral claro, transparente y justo para los comicios que tendrían lugar en el Perú durante el primer semestre de 2006, lo que significaba, en verdad, la etapa final de la agenda de consolidación democrática iniciada en el año 2000 con el apoyo de la OEA.

Condecoración al Embajador Javier Pérez de Cuéllar

El 16 de diciembre de 2005, el Canciller Maúrtua condecoró al Embajador Javier Pérez de Cuéllar, ex Secretario General de las Naciones Unidas, con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz con Brillantes, como “…nueva expresión del reconocimiento de Torre Tagle y del Estado Peruano a su trayectoria brillante e impecable».

Declaración de 2008 como Año Internacional de la Papa

A fines de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2008 como Año Internacional de la Papa, fruto del trabajo de la cancillería peruana orientado a revalorizar el rol que ha tenido este producto de origen andino en la historia de la alimentación mundial y en la lucha contra el hambre. En esa ocasión, la ONU otorgó a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el papel de punto focal de las actividades internacionales a realizarse durante 2008, con la participación del Centro Internacional de la Papa, con sede en Lima, y de otros organismos internacionales y no gubernamentales que se dedican a esta materia. En un sentido más amplio, la iniciativa abría una puerta para promover al Perú como área originaria de la papa y como poseedor de la mayor diversidad genética de este producto de fama y utilización mundial.

Relaciones bilaterales con el Brasil

Al iniciar Maúrtua su gestión como Canciller, la Alianza Estratégica Bilateral Peruano-Brasileña, forjada en tiempos de su antecesor, el Canciller Manuel Rodríguez Cuadros, tenía como punto de apoyo inicial los ejes de integración física, plasmados en los avances de la construcción de la carretera interoceánica. A partir de allí, se buscaba consolidar una dinámica interrelación comercial, la cooperación amazónica y la colaboración en terrenos tan diversos como la defensa y la ciencia. En otras palabras, la idea era redefinir la relación con el Brasil, la cual, por muchos años, no había tenido la dimensión que correspondía a su verdadero potencial. Durante su gestión, el Canciller Maúrtua mantuvo una estrecha y cordial relación con su par brasileño de entonces, el Ministro Celso Amorim, el 17 de febrero de 2006, Amorim fue recibido en Lima en visita oficial por el Canciller Maúrtua.

Visita oficial al Perú del Canciller de Bolivia David Choquehuanca

El 20 de febrero de 2006, el Canciller Maúrtua recibió en Lima, en visita oficial, al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Bolivia, señor David Choquehuanca Céspedes. En esa ocasión, ambos Ministros convinieron en otorgar un nuevo y decidido impulso a la integración energética acordada entre ambos países en 2004.

Relaciones bilaterales con Vietnam y temática APEC

A raíz de la visita oficial del Canciller Maúrtua a Vietnam, que tuvo lugar el 24 de febrero de 2006, ambos países acordaron desarrollar una agenda bilateral común que facilitara la coordinación de acciones dirigidas a alcanzar objetivos de interés mutuo. Asimismo, convinieron en la importancia de abrir embajadas residentes en los dos países. En el campo económico y comercial, coincidieron en la conveniencia de concentrar los esfuerzos de promoción en aquellos sectores con potencial para las dos naciones, tales como la agricultura, agroindustria y minería. Por otra parte, el 1 de junio de 2006, el Perú y Vietnam confirmaron su cooperación recíproca para la realización de las distintas actividades de las presidencias del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC), en Vietnam 2006 y Perú 2008.

Relaciones bilaterales con Tailandia

El 27 de febrero de 2006, el Canciller Maúrtua realizó una visita oficial a Bangkok, donde sostuvo un encuentro con su homólogo, Kantathi Suphamongkhon. Ambas naciones habían firmado un TLC el 8 de noviembre de 2005.

Relaciones bilaterales con el Ecuador

El 3 de mayo de 2006, se realizó en Lima la VI Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, mecanismo político y representativo encargado de impulsar, apoyar y coordinar en forma dinámica la cooperación e integración entre los dos países. En esa oportunidad, el Canciller Maúrtua y su homólogo ecuatoriano, Francisco Carrión Mena, recibieron detallados informes sobre la marcha del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza y sobre los entendimientos alcanzados por los Comités Técnicos Binacionales.

La Cumbre ALC-UE de Viena y avances en la integración de la CAN con la UE

Los países de la Comunidad Andina lograron en la IV Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y El Caribe-Unión Europea, realizada en Viena (Austria) los días 11 y 13 de mayo de 2006, un importante triunfo diplomático al obtener el compromiso por parte de la organización europea de iniciar durante el año 2006 un proceso conducente a la negociación de un acuerdo de asociación, previsto para incluir diálogo político, programas de cooperación y un acuerdo comercial.

Cabe destacar que, en la mencionada cumbre, el Perú asumió la Presidencia Regional de América Latina y el Caribe (ALC) y el compromiso de organizar en Lima, en mayo de 2008, la V Cumbre de Jefes de Estado ALC-UE.

Primera conferencia internacional especial a nivel ministerial de países en desarrollo con flujos sustanciales de migrantes

Los días 15 y 16 de mayo de 2006 se realizó en Lima la primera conferencia internacional especial a nivel ministerial de países en desarrollo con flujos sustanciales de migrantes, al término de la cual representantes de veintitrés países de América Latina, Asia y África suscribieron la Declaración de Lima. La reunión hizo posible que los países participantes acordaran colaborar para proteger a sus migrantes, en especial a las mujeres y los niños, así como prevenir todo acto ilegal o violento contra ellos, la discriminación racial, la criminalización de su condición migratoria y el tráfico de personas.

Proceso de extradición de Alberto Fujimori

El 18 de mayo de 2006, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Chile emitió una resolución otorgando libertad provisional al ex Presidente peruano Alberto Fujimori, ordenando su arraigo en dicho país y la disposición de una fianza. Por la tarde ese mismo día, como una clara reacción frente a lo anterior, el Canciller Maúrtua leyó una declaración pública del gobierno en donde se manifestaba que las autoridades peruanas confiaban en que sus contrapartes de Chile adoptarían todas las medidas necesarias para impedir la salida furtiva de Fujimori de Chile, como lo había hecho del Japón en noviembre de 2005. Posteriormente, el Canciller Maúrtua saludó la constructiva reacción del gobierno chileno sobre el particular, aclarando que no existía persecución política contra Fujimori.

Protesta por la intromisión del Presidente venezolano Hugo Chávez en los asuntos internos peruanos

El 29 de abril de 2006, ante las reiteradas declaraciones efectuadas por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sobre el proceso electoral peruano, el gobierno del Perú decidió el retiro inmediato de su embajador en Venezuela en razón de la persistente y flagrante intromisión en los asuntos internos del Perú, en clara violación de los principios y normas del Derecho Internacional. Por otro lado, la delegación del Perú que asistió a la XXXVI Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos estuvo encabezada por el Canciller Oscar Maúrtua, quien llevó a ese foro una enérgica denuncia y protesta ante las inadmisibles y sistemáticas manifestaciones de intromisión de Chávez a lo largo de todo el proceso electoral peruano. La Asamblea General de la OEA tuvo lugar en Santo Domingo (República Dominicana) entre el 4 y el 6 de junio de 2006.

Informe oral del ex Canciller del Canadá, Lloyd Axworthy, sobre los comicios en el Perú

El 12 de julio de 2006, el Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en el Perú (MOE), Lloyd Axworthy, presentó ante el Consejo Permanente de este organismo su informe oral final sobre los recientes comicios peruanos, transmitiendo su felicitación al pueblo y gobierno peruanos por haber llevado adelante una elección “transparente, creíble y legítima. Cabe destacar que Axworthy respaldó la posición del gobierno peruano orientada a condenar la intromisión que había sido protagonizada por el presidente venezolano.

Etapa posterior a la actividad del Embajador Oscar Maúrtua como Canciller de la República

Representante de la OEA en México (2007-2011)

En julio de 2006, concluido el período de gobierno de Alejandro Toledo y luego de la toma de mando del nuevo Presidente, Alan García Pérez, el Embajador Maúrtua fue reemplazado en el cargo de Canciller por el Embajador José Antonio García Belaúnde. Posteriormente, entre 2007 y 2011, el Embajador Maúrtua fue representante de la OEA en México, donde colaboró estrechamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Seguridad Pública para lograr el éxito de la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, además de coadyuvar en la instrumentación de los programas de cooperación científica, técnica, educativa y cultural entre México y la OEA.

Como producto de sus gestiones, la OEA firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), al mismo tiempo que con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se creó el Sistema de Información Migratoria de las Américas (SIMA); mientras que, por otro lado, se elaboró entre la OEA, la OIM, la OIT, así como con el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIEES), un Informe sobre las Migraciones y la Seguridad Social. La OEA también suscribió un Acuerdo de Cooperación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

Cargo actual

Desde marzo de 2012, el Embajador Oscar Maúrtua se desempeña como Director General de la Escuela de Relaciones Internacionales y Gobierno de la Universidad Tecnológica del Perú, en Lima.

Otros rasgos del Embajador Maúrtua

Premios, membresías y condecoraciones

El Embajador Maúrtua recibió el Premio Nacional de Cultura del Perú en 1969 y de Periodismo en México en 2009. Pertenece al Colegio de Abogados de Lima, habiendo sido en dos oportunidades presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y siendo en la actualidad vocal de la misma, a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, a la Oxford Society y al Center of International Understanding. Es miembro honorario de la Sociedad Boliviana de Historia, de la Academia Boliviana de Estudios Internacionales y de la Siam Society. Ha sido reconocido por diversos gobiernos extranjeros y también ostenta distintas condecoraciones peruanas, entre ellas la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz y la Orden al Mérito del Servicio Diplomático del Perú José Gregorio Paz Soldán, también en el grado de Gran Cruz. El 11 de julio de 2012 fue condecorado en Lima por el gobierno mexicano con la Orden Mexicana del Águila Azteca, por su labor como representante de la OEA en aquel país entre 2007 y 2011.

Otros estudios

Además de sus estudios universitarios y en la ADP en Lima, el Embajador Maúrtua tiene estudios de postgrado en la Universidad de Oxford y en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad de Johns Hopkins, de Washington D.C., así como en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA.

Distinciones académicas

Ha recibido los títulos de Doctor Honoris Causa en Derecho por la Universidad de Winnipeg de Manitoba (Canadá) en 1998 y por la Universidad de Assumption de Bangkok (Tailandia) en 1997. Es profesor honorario de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito (2001). En 2003 fue distinguido por la Universidad Privada Domingo Savio de Bolivia con el Doctorado Honorario en Educación.

Publicaciones

Durante toda su vida, consciente del rol crucial de los medios en nuestro tiempo, el Embajador Oscar Maúrtua ha escrito numerosos artículos en diarios y publicaciones periódicas del Perú y del extranjero. Es autor de los libros Derecho Internacional y Política Exterior (1995), Una Visión Latinoamericana del Asia Pacifico (1999), Las Nuevas Relaciones Bilaterales Perú-Ecuador (2000) y Perú y Ecuador: Socios en el siglo XXI (2001). Su Exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del 31 de agosto de 2005 -a poco de asumir el cargo de Canciller-fue publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese mismo año, bajo el título Lineamientos y objetivos de la política exterior del Perú. También ha escrito y editado los libros Apuntes sobre la Agenda Interamericana (México,2010) y Bitácora Interamericana (Lima, 2012), que tienen como referencia su actividad como representante de la OEA en México entre 2007 y 2011.

Contribuciones académicas y labor docente

En términos de los paradigmas de la disciplina de las Relaciones Internacionales, Maúrtua es un globalista en lo que se refiere al reconocimiento de la complejidad presente de la arena mundial, que trasciende largamente los temas de seguridad, abarcando el desarrollo y la interdependencia fructífera. Maúrtua es también un globalista en lo que se refiere a los aspectos éticos relativos a la necesidad de dar solución a problemas que vinculan a las naciones en un nivel regional y planetario, más allá del estrecho marco del simple interés estatal de corto plazo. En esta línea, ha puesto énfasis en el estudio de las relaciones del Perú con Ecuador y Bolivia, en la formulación de una visión peruana y latinoamericana del amplísimo espacio del Asia-Pacífico y en la renovación y permanente actualidad de la OEA y del Sistema Interamericano.

Cabe destacar que Maúrtua, quien es un decidido promotor de la integración bilateral y regional, fue Embajador del Perú en Ecuador durante los años que siguieron a la suscripción del Acta Presidencial de Brasilia de 1998, que puso fin al complejo conflicto limítrofe peruano-ecuatoriano iniciado en 1995. Desde esta posición única, fue promotor y testigo de excepción “…del creciente interés […] tanto en peruanos como ecuatorianos de ir aproximándose, entablar contactos e iniciar proyectos conjuntos sean empresariales, académicos, sociales, entre otros., lo que daba a su visión académica contenida en libros como: Las nuevas relaciones bilaterales con Ecuador, un contenido muy especial basado en su formulación de «convertir la paz en desarrollo.

El Embajador Maúrtua fue profesor auxiliar de Metafísica en la Pontificia Universidad Católica del Perú (1965-67), profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Nacional de San Marcos (1969) y de Derecho Diplomático en la Academia Diplomática del Perú (1977-79). También ha sido profesor honorario de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito (2002).

Vida personal

El embajador Óscar Maúrtua está casado con la señora Lourdes Briseño-Meiggs y tiene tres hijos.

Cuando José Antonio García Belaunde asumió el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores retornaba a su casa tras casi década y media de alejamiento forzado. En su discurso inaugural hizo notar que era el único diplomático que contaba con la “credencial” de haber permanecido tanto tiempo apartado de la Cancillería. Tal vez por eso mismo puso énfasis en mirar hacia adelante y dejar atrás las rencillas que subsistían por los difíciles tiempos que había vivido el Servicio Diplomático. Con ánimo ecuménico convocó el concurso de todos sus miembros para contribuir con la tarea de modernizar el país y hacer de la diplomacia peruana un instrumento eficaz de acción externa. Garantizó que actuaría con el apego a la ley y la devoción por la justicia heredados de su padre, el jurista Domingo García Rada. La sujeción a la norma, explicaría, evita injusticias y discriminaciones y afianza y preserva la institucionalidad.

Ser fieles a nuestra historia

Asociar a García Belaunde con la tradición de Torre Tagle no es un recurso retórico. La vinculación deriva de su vivencia personal y profesional. Él no percibe la tradición con una mirada pasadista, reaccionaria en última instancia, que conlleva a la inmovilización e incluso a la frustración frente al presente. La concibe, por lo contrario, como una fuente de estímulo mediante el ejemplo, como un espejo que sirve para reconocer falencias propias, remediarlas y actuar con mayor acierto ante los retos del presente. Dicha concepción ejemplificadora de la tradición diplomática nace de su herencia familiar de renombrados internacionalistas y juristas, en especial su abuelo Víctor Andrés Belaunde, y sobre todo de la singular naturaleza de su trayectoria profesional.

En 1969, al ingresar al Servicio Diplomático, García Belaunde integró el equipo conformado bajo la dirección de García Bedoya en la entonces recién inaugurado Sub Secretaría de Planeamiento. Ahí sería testigo y partícipe de la formulación del diseño político que García Bedoya impulsaría y conduciría con brillantez durante la década siguiente. Ese año de trabajo y reflexión, rememora García Belaunde, contribuyó a desarrollar una política exterior moderna que, recogiendo elementos esenciales del enfoque político previo, posibilitó diversificar el margen de maniobra del país, «jugar en diversos tableros», para que la acción externa peruana adquiriese proyección global.

Luego, García Belaunde trabajaría bajo la dirección de Javier Pérez de Cuéllar, su primer jefe en el exterior, en la misión peruana ante las Naciones Unidas, años de singular activismo que cimentarían su convicción de que negociar es la quinta esencia del quehacer diplomático. Él mismo describe su estada en Nueva York como una etapa de aprendizaje durante la cual presenció, de manera cotidiana, el arte de negociar que Pérez de Cuéllar desplegaba para lograr consensos y adhesiones en los temas más controvertidos, manejando con pericia complejos códigos, plazos y procedimientos y actuando con fina discreción para alcanzar resultados, con tenacidad, pero sin alardes.

El año 1979 volvió a Lima para trabajar de nuevo al lado de García Bedoya, ya entonces Canciller, lo apoyó encabezando la unidad de análisis creada por el Ministro para el manejo de las situaciones de crisis, el Gabinete Técnico. Durante ese período de intensa actividad colaboró decididamente con el canciller para concretar su iniciativa de conferir dimensión política al proceso de integración andino, objetivo que demostró su valía y eficacia a la hora de encarar la crisis nicaragüense. Como García Belaunde remarca con frecuencia, García Bedoya inventó la integración política andina al crear el Consejo Andino de Cancilleres, acto con el cual culminó su gestión ministerial.

Durante la década de los años 80 García Belaunde desempeñó sus actividades en calidad de experto en integración y economía internacional, además de ejercer funciones diplomáticas en las embajadas del Perú en España, Ecuador y Estados Unidos. En 1980 lo reclutó el Ministro de Economía y Finanzas Manuel Ulloa, quien lo nombró Director General de Negociaciones Comerciales, y pocos años más tarde encabezó la representación del Perú ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con sede en Montevideo. En 1988 sería ascendido a la categoría de Embajador, a la temprana edad de treinta y nueve años, y fue nombrado Sub Secretario de Asuntos Económicos e Integración de la Cancillería, cargo que ejerció hasta 1990. Ese sería el último puesto que ocuparía en el Ministerio de Relaciones Exteriores antes de ser nombrado canciller en julio de 2006.

Entre tanto, tras la temprana muerte de García Bedoya, en 1980, García Belaunde se impuso a sí mismo la tarea de recopilar, revisar y sistematizar los textos dispersos de su antiguo jefe y amigo. En un esfuerzo solitario publicó en 1981 el libro que reúne las principales contribuciones de García Bedoya a la política exterior peruana. Doce años más tarde colaboró con el grupo de especialistas que publicó en 1993 una evaluación global del papel medular de García Bedoya en la diplomacia peruana. Dichas publicaciones dejan constancia de la influencia indeleble del pensamiento de García Bedoya en la visión política de García Belaunde, sobre la base de la coincidencia de ambos en que la política exterior tiene que responder a su tiempo, que una política moderna se adecúa en consonancia a los cambios del escenario internacional, y que la diplomacia tiene que ser eficaz, encarando los cambios y desafíos externos en función a la consecución de los intereses nacionales.

García Belaunde subraya que permanece vigente el mensaje esencial de García Bedoya de mantener la política exterior sintonizada al ritmo de los tiempos. “Creo que Carlos por eso sigue siendo moderno,» explica, “porque nos ayudó y nos enseñó a pensar en los términos que debíamos relacionarnos con el mundo: Los términos del cambio, los términos de la modernidad. Saber escuchar el ruido de los tiempos. A eso agregamos: Ser fieles a nuestra historia, si queremos ser buenos diplomáticos.»

El diseño inicial

El tiempo que García Belaunde permaneció apartado de la Cancillería, el período que se extiende entre los años 1990 y 2006, además de abocarse a la docencia universitaria, trabajó en la Junta del Acuerdo de Cartagena y la Comunidad Andina (CAN), concentrando sus labores en la reestructuración del mecanismo de integración andino y ejerciendo diversos cargos directivos, incluyendo el de Director General de la CAN.

Asimismo, formuló la propuesta de articular una asociación latinoamericana, desde México hasta Chile, para proyectar conjuntamente los intereses políticos, económicos y de cooperación hacia la región Asia-Pacífico. La concepción de dicha propuesta ya había sido esbozada por García Belaunde en 1993, al analizar el papel del espacio en la reflexión política de García Bedoya. En dicha oportunidad caracterizó el enlace y la integración con la otra orilla del océano Pacífico como la redefinición estratégica de los intereses nacionales impuestos por nuestra matriz geográfica, la adaptación de la proyección del componente marítimo nacional a las nuevas características del panorama internacional.

También fijó el objetivo de buscar, de manera simultánea, diferentes vías de inserción internacional y asociación estratégica fuera del ámbito regional, mediante la puesta en marcha de tratados de libre comercio con nuestros principales mercados tradicionales, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), y negociando acuerdos similares con las potencias económicas asiáticas -China, Japón y Corea- con miras a impulsar su participación en el desarrollo del país. Calificó el lineamiento de negociar la obtención de ventajas en la inserción internacional, sin exclusiones, como una respuesta a los cambios producidos por la globalización económica y una apuesta por la modernidad.

El eje espacial: El dilema de la integración regional

A mediados del año 2006 la región estaba dividida en torno al papel del libre comercio, medio de inserción a la globalización y motor de crecimiento para unos, medio de penetración de la inequidad de la globalización para otros. Ante ese desencuentro cargado de retórica ideológica, el Canciller García Belaunde habría de recurrir a su amplia experiencia en el mundo de la integración regional para generar espacios viables de cooperación. Rescató la figura del pluralismo ideológico, empleada con éxito en la década de los años 70, para propiciar la integración mediante el principio del respeto a la diversidad, privilegiando los intereses concretos en común frente a las diferencias de opinión política sobre el comercio exterior y el desarrollo. Asimismo, promovió con decisión la reorientación del enfoque de la integración basado en la agenda comercial a uno que priorizase las necesidades socio-económicas de la población. Su objetivo era alentar la expansión de fórmulas concretas de integración efectiva.

La recuperación del principio del pluralismo ideológico resultó ser determinante para la redefinición de la integración regional en torno a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), entidad concebida como esquema de cooperación política e integración física. El respeto a la diversidad permitió desarrollar instancias de coordinación política mediante el diálogo, dejando de lado las discusiones en cuanto a los modelos de desarrollo, así como focalizar la cooperación en la ejecución de obras de infraestructura y la concertación de programas sociales. Sobre la base de la cooperación con pragmatismo en áreas específicas de interés común, como consolidación democrática, salud y educación, ciencia y tecnología, innovación productiva, y medidas de confianza militar, se logró avanzar en conjunto con decisión e institucionalizar el proceso de integración regional.

El eje temporal: Tiempo de decisiones

La coyuntura política confería prioridad a tratar de reorientar la relación con Chile. García Belaunde acompañó al Presidente Electo, Alan García, a Santiago, oportunidad en la cual propusieron concentrar los esfuerzos bilaterales en los temas de beneficio mutuo, enfoque que la mandataria chilena, Michelle Bachelet, acogió cuando asistió a la ceremonia de asunción de mando presidencial celebrada en Lima. Bajó esa óptica, durante el segundo semestre del año 2006 se llevó a cabo un conjunto de iniciativas dirigido a estrechar los vínculos entre ambos países, incluyendo la suscripción de un tratado de libre comercio, el reingreso de Chile a la CAN como miembro asociado y la reanudación de las reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa («2+2»). Durante ese activo semestre Chile también devolvió al Perú cerca de cuatro mil libros sustraídos durante la Guerra del Pacífico, y el Perú participó como invitado oficial en la feria internacional del libro de Santiago.

Mientras tanto, el Canciller García Belaunde exploraba la posibilidad de encontrar una solución a los problemas prácticos causados por el diferendo marítimo, enfocando su atención en buscar una fórmula que permitiese regular un régimen pesquero equitativo en la zona fronteriza. Consideraba plausible recurrir a la negociación para evitar la intensificación de la tensión bilateral y el consiguiente deterioro de la relación bilateral. Sin embargo, a inicios del año 2007, un nuevo episodio de aguda tensión cambiaría la dinámica de la relación.

La introducción en un proyecto de ley chileno, la ley de creación de la región Arica-Parinacota, de un acápite que modificaba un tramo del límite terrestre desencadenó la polémica. La propuesta legislativa alteraba la línea limítrofe fijada entre el mar y el primer hito de frontera, el hito número 1. La firme oposición del Canciller García Belaunde, con pleno respaldo presidencial, motivó que finalmente el Tribunal Constitucional chileno eliminara la cláusula en discusión, pero la tensa situación producida alteraría el curso de la relación entre los dos países.

La pretensión chilena de variar el límite entre el hito 1 y el mar nació como efecto colateral de la controversia marítima. Su objetivo inmediato era desconocer la ubicación del punto inicial de la frontera terrestre, el punto Concordia. Su objetivo mediato era tratar de fortalecer el argumento de que el paralelo geográfico de dicho hito constituía el límite marítimo hasta las 200 millas. En abril de 2001 Chile había intentado instalar en esa misma área una caseta de vigilancia persiguiendo ambos objetivos. En consecuencia, la modificación legislativa pretendida por Chile en enero de 2007 constituyó un nuevo intento de reforzar su posición marítima. Dicha acción provocaría como reacción la activación del proceso que desembocaría, un año más tarde, en la presentación de la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la controversia sobre la delimitación marítima con Chile.

Ahora que se conoce ampliamente el resultado exitoso que el Perú obtuvo gracias a la sentencia de la Corte de La Haya, en retrospectiva pareciera que no hubiese sido tan compleja la decisión de acudir a ese tribunal internacional para resolver la controversia. Sin embargo, sí lo fue. García Belaunde recoge una cita de García Bedoya en el epígrafe de uno de sus escritos sobre su antiguo maestro:»… no actúa quien no arriesga […] ello implica incursionar, conscientemente, en un campo en el cual el margen de incertidumbre es cierto». Dicho epígrafe describe con singular precisión el ambiente dentro del cual se adoptó la decisión de recurrir a la CIJ.

Hoy en día García Belaunde suele recordar un verso de Antonio Cisneros, “qué se ganó o perdió entre estas aguas», cuando explica los alcances del fallo dictado por la CIJ en enero de 2014. Otro verso del mismo poema describe con acierto el ambiente que imperaba el año 2007 cuando el Presidente García y él tomaron la decisión de demandar a Chile ante la Corte de La Haya. «El mar está muy cerca,» dice Cisneros, “pero nunca tendrás la certeza de sus aguas revueltas. La única certeza en ese entonces era que ambos incursionaban, conscientemente, por un camino de aguas revueltas, sin mayor certidumbre en cuanto al resultado final del juicio. No actúa quien no arriesga, recordando las palabras del maestro.

Tras analizar detenidamente los extensos informes del caso elaborados por una docena de reconocidos internacionalistas, el Canciller escogió y reclutó a los abogados extranjeros que defenderían los derechos peruanos, así como a los abogados nacionales que se sumarían al equipo. Después de una prolongada evaluación también seleccionó al jurista francés que integraría la Corte en nombre del Perú. Luego nombró al ex Canciller Allan Wagner como agente encargado de dirigir el equipo jurídico que representaría al Perú en La Haya, con el generoso apoyo de un dedicado grupo de diplomáticos y técnicos peruanos.

De manera paralela, García Belaunde se encargaría de asegurar que se consolidara el consenso nacional en torno a la decisión de recurrir a la Corte de La Haya. Para tal efecto, a lo largo del año mantuvo encuentros periódicos con las comisiones parlamentaria y consultiva y sostuvo una serie de reuniones con líderes políticos, autoridades judiciales y militares, directores de medios de comunicación y periodistas, analistas internacionales, académicos y especialistas, explicando las bases de la posición peruana y los derechos que asistían al Perú.

Hacia fines del año 2007 el Canciller García Belaunde participó en las reuniones celebradas en Lima para elaborar el texto de la demanda que precisó los alcances específicos de los derechos reclamados por el Perú a la Corte. Finalmente, tras un año de incesante labor, el Perú presentó la demanda ante la CIJ en enero de 2008.

De la integración efectiva a la integración profunda

La gestión ministerial de García Belaunde entraña una serie de aparentes paradojas. Una de ellas es que su actuación a cargo de la Cancillería está marcada por encarar una disputa limítrofe, mientras que uno de los principales legados de su gestión fue precisamente revalorar el papel político de la integración fronteriza. La paradoja es aparente porque la solución de disputas de límites suele desencadenar las fuerzas integradoras que caracterizan la dinámica de la vida cotidiana en las zonas de frontera. Uno de los ejemplos más claros de ello es justamente la fortísima integración fronteriza alcanzada entre Perú y Ecuador tras la firma de los Acuerdos de Brasilia de 1998.

Sobre la base del interés común de fomentar el desarrollo social de la zona de integración fronteriza, el Canciller García Belaunde impulsó la relación con Ecuador a niveles de cooperación y concertación política inéditos en la historia entre ambos países. El instrumento propicio para lograr dicha meta fue la celebración, en diferentes ciudades fronterizas, de encuentros periódicos de mandatarios acompañados de sus respectivos equipos ministeriales. La creación de la figura del Gabinete de Ministros Binacional aportó un mecanismo eficaz de diálogo político bilateral del más alto nivel que ha servido como modelo de integración para el resto de la región. Parafraseando al propio García Belaunde, podría decirse que él inventó la integración política fronteriza.

El modelo de integración más ambicioso diseñado por el Canciller García Belaunde combinó precisamente el ámbito vecinal y la proyección estratégica del país hacia el Pacífico. Su propuesta inicial de conformar una asociación de los países latinoamericanos con costas en dicho océano, tras un fino y paciente trabajo de coordinación y preparación técnica, se concretó el año 2011 con el lanzamiento en Lima de la Alianza del Pacífico, constituida por Colombia, Chile, México y Perú. El innovador esquema de integración profunda sobre el cual se funda la Alianza consolida la liberalización del comercio de bienes y servicios e incluye la libertad de tránsito de capitales y personas. El objetivo de proyectarse hacia el resto del mundo como un bloque unido en términos políticos y económicos descansa sobre la base de compartir visiones comunes en cuanto a valores democráticos y desarrollo económico y social. De esta forma se superó el enfoque tradicional que privilegia la vecindad como criterio de integración, optando por el de la comunidad de valores y visiones.

El logro de incorporar a Chile en la creación de la Alianza del Pacífico fue resultado del cuidadoso trabajo llevado a cabo por García Belaunde para evitar que la contienda por la delimitación marítima descarrilase el conjunto de la relación bilateral. La política denominada de “cuerdas separadas” que mantuvo con Chile reflejó su capacidad de diferenciar las concordancias de las discrepancias para persistir cooperando en las áreas de mutuo beneficio, como la complementación económica y la integración fronteriza. Si bien durante los años 2008 y 2009 hubo de encarar una serie de polémicas bilaterales, debido a la reacción inamistosa del Gobierno de Bachelet a la decisión peruana de someter el caso a la CIJ, el cambio de gobierno chileno en marzo de 2010, cuando asumió la Presidencia Sebastián Piñera, permitió reencauzar la relación política bilateral, dejando en manos de los equipos jurídicos de cada país el tema de la controversia marítima. Como resultado de ello, los mandatarios de los dos países intercambiarían visitas oficiales y ambos se encontrarían de nuevo en Lima en abril de 2011, en compañía de los presidentes de Colombia y México, para el lanzamiento de la Alianza del Pacífico.

Los diferentes caminos hacia el resto del mundo

La fuerte identificación de la imagen del Canciller García Belaunde con el juicio en La Haya expresa una paradoja adicional. Su figura ha quedado asociada en términos históricos a un litigio judicial, una instancia de naturaleza contenciosa que constituye, por definición, la antítesis de la negociación. Sin embargo, a lo largo de su gestión ministerial condujo una serie de iniciativas que demandaron intensas negociaciones, en las cuales con frecuencia intervino directamente, fiel a su convicción de que negociar es una de las funciones esenciales de la Diplomacia. La paradoja se acentúa si se toma en consideración que el ámbito eminentemente jurídico de la Corte de La Haya es ajeno a su formación universitaria literaria, ya su especialización profesional en temas económicos e integración.

De hecho, mientras García Belaunde dirigía la preparación de la demanda marítima, también participó en las complejas gestiones emprendidas para lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y, de manera paralela, inició la negociación dirigida a concluir un acuerdo de asociación con la UE, los primeros pasos para concretar su objetivo estratégico de impulsar la inserción ventajosa del Perú a la economía globalizada.

El cambio de mayoría republicana a demócrata en el Congreso de Estados Unidos ocurrido en noviembre de 2006 obligó a replantear la estrategia para lograr la aprobación del acuerdo comercial bilateral. Fue preciso renegociar los términos convenidos en los temas laborales y ambientales. Sin embargo, el reto más complejo fue vencer la reticencia demócrata a suscribir nuevos tratados de libre comercio. La tarea demandó coordinar los esfuerzos de un eficiente grupo multisectorial de representantes peruanos encargado de evitar que prevaleciesen las facciones parlamentarias proteccionistas a la hora de someter el acuerdo a votación. El negociador del tratado, Carlos Alzamora, señala que inesperados vínculos personales del canciller García Belaunde con influyentes líderes parlamentarios de Estados Unidos reforzaron la corriente a favor del Perú y contribuyeron al éxito del cabildeo efectuado en Washington. Finalmente, en noviembre y diciembre de 2007, las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron el Tratado de Libre Comercio con el Perú. La verdadera dimensión de dicho logró quedó demostrada por el hecho de que tan solo Perú consiguió que la mayoría demócrata respaldase un acuerdo comercial negociado durante el período legislativo anterior. Los Gobiernos de Colombia, Panamá y Corea no lograron alcanzar ese objetivo.

La conclusión del Acuerdo de Asociación con la UE requirió negociar en diferentes ámbitos y etapas a lo largo de tres años. El acuerdo perseguido incorporaba mecanismos de diálogo político y de cooperación a los temas comerciales para establecer una nueva relación más amplia y dinámica con el bloque europeo. El esquema original, planteado en abril de 2007, consistía en lograr la firma de un acuerdo birregional CAN-UE. Esa propuesta se desarticuló a mediados del año siguiente debido a inconsistencias al interior del bloque andino. La opción de reemprender las negociaciones con la participación exclusiva de Perú, Colombia y Ecuador tuvo un resultado similar, tras la retirada ecuatoriana del proceso. Quedó en evidencia que tan sólo Perú y Colombia estaban en capacidad de cumplir las condiciones que implicaba alcanzar un acuerdo de asociación con Europa.

Irónicamente, justo mientras se descomponía la negociación del bloque andino con la UE le cupo a la Cancillería peruana organizar la celebración, en mayo de 2008, de la Cumbre de América Latina, el Caribe y la UE, la Cumbre ALC-UE, evento que reunió a sesenta mandatarios de dichas regiones. El Canciller García Belaunde aprovechó la ocasión para afianzar sus gestiones con la Comisaria de Comercio europea, Benita Ferrero, y el Canciller Español, Miguel Ángel Moratinos, quienes demostraron ser infatigables para respaldar al Perú durante las diversas etapas de las negociaciones hasta lograr que se firmase el Acuerdo de Asociación con la UE.

Seis meses más tarde, en noviembre de 2008, se celebró en Lima la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con la participación de veintiún jefes de estado y miles de delegados de los sectores público y privado de las principales economías del mundo. La organización de dicha cumbre expresó la decidida apuesta del gobierno peruano de insertarse a la región Asia-Pacífico, el mare nostrum del siglo XXI. Además, proveyó la oportunidad propicia para que el mandatario chino efectuara una visita de Estado al Perú, en reciprocidad a la que el Presidente García había hecho a China en marzo de ese año, así como para que el jefe de gobierno japonés también realizase una visita oficial a nuestro país.

Por último, durante la gestión del Ministro García Belaunde se abrió el camino hacia la integración con el mundo árabe. El primer paso consistió en inaugurar misiones diplomáticas en Arabia Saudita, Qatar y Kuwait y un consulado con oficina comercial en el centro financiero y comercial mundial que constituye el emirato de Dubai. El segundo paso fue asumir el compromiso de celebrar en Lima la cumbre de países sudamericanos y árabes (ASPA) planificada para el año 2011, pero que finalmente se llevó a cabo el año 2012.

Pavimentando el camino hacia La Haya

Bajo la conducción del Canciller García Belaunde se llevó a cabo la etapa más prolongada del litigio seguido ante la Corte de La Haya, la fase de preparación y presentación de los alegatos escritos, etapa que comprendió el período que transcurrió desde enero de 2008 hasta julio de 2011. La fase escrita del proceso demandó meticulosos esfuerzos del equipo encabezado por Allan Wagner para identificar, recopilar, revisar y analizar a profundidad toda documentación relativa al caso, antes de proceder a su discusión y después a la elaboración cuidadosa de los voluminosos alegatos que se presentaron a los jueces. García Belaunde resalta que, gracias al concienzudo trabajo efectuado por el equipo peruano durante el desarrollo del juicio se fueron descubriendo nuevos elementos que fortalecían más los argumentos del Perú, así como debilidades imprevistas de la posición contraria. Además de ello, una gestión clave emprendida directamente por el Canciller García Belaunde resultaría fundamental para reforzar la posición jurídica peruana.

Mientras el equipo dirigido por Wagner llevaba a cabo sus tareas de investigación, análisis y elaboración de los alegatos jurídicos, un tema de naturaleza esencialmente política permanecía presente. El papel que adoptaría el gobierno del Ecuador constituía una preocupación constante a lo largo del desarrollo del litigio. El riesgo principal consistía en que ese país se sumase como parte del juicio, dado el carácter tripartito de los convenios marítimos de 1952 y 1954, respaldando la interpretación chilena de que dicho acuerdos eran de límites y establecían las fronteras marítimas a lo largo de paralelos geográficos. Una serie de declaraciones conjuntas de Chile y Ecuador, impulsadas por el gobierno chileno a partir del año 2000, apuntaban en esa dirección. El gobierno peruano mantenía su posición de que los acuerdos mencionados establecían un criterio delimitador con Ecuador, en función a la presencia de islas en la zona fronteriza, que no correspondía a la situación existente con Chile.

Las señales de alarma se encendieron el año 2010 cuando Ecuador publicó una carta náutica oficial que graficaba el límite marítimo con el Perú siguiendo un paralelo geográfico y haciendo mención expresa a los textos de 1952 y 1954, mapa cuya publicación causó regocijo en Chile. Ante ello, el Canciller García Belaunde planteó al gobierno de Ecuador una serie de medidas para asegurarle que el contexto legal y geográfico fronterizo con ese país no era comparable a la situación en contienda entre Perú y Chile. Si bien dichas opciones iniciales no fructificaron, la confianza desarrollada entre las más altas autoridades del Perú y Ecuador, gracias a la profunda integración bilateral lograda, abrió la posibilidad de encontrar una solución negociada entre ambos países.

El acuerdo de delimitación marítima con Ecuador negociado y suscrito por el Canciller García Belaunde resolvió el último asunto limítrofe pendiente con ese país. Asimismo, constituyó prueba inobjetable de que ningún instrumento jurídico previo había fijado el límite marítimo peruano-ecuatoriano. Esa prueba demostraba que la Declaración de Santiago suscrita en 1952 entre Perú, Ecuador y Chile no constituía un tratado limítrofe, tal como aducía Chile ante la Corte. El equipo de juristas que representó al Perú se encargaría de emplear dicha prueba durante la fase oral del litigio que se llevó a cabo en La Haya en diciembre de 2012, ocasión en la cual García Belaunde asistió a las sesiones ya en calidad de coagente de la delegación nacional.

El tiempo recuperado

Cuando José Antonio García Belaunde dejó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores cumplió un período sin precedentes de media década conduciendo la Cancillería. Además, adquirió la “credencial” de ser el único Canciller Peruano en haber permanecido en ese puesto a lo largo de un gobierno constitucional elegido democráticamente. Es obvia la paradoja de que el diplomático que estuvo más tiempo alejado forzadamente de la Cancillería haya sido, a la vez, el Canciller que ha desempeñado ese cargo durante la mayor cantidad de tiempo de manera ininterrumpida. Nada es casual, dicen algunos. No existen las casualidades, afirman otros. Kundera dice que azar y destino son dos palabras que tienen el mismo significado. Tal vez sea así, tal vez no lo sea. En todo caso, casualmente hay unas palabras de García Belaunde referidas a García Bedoya que haciendo una ligera modificación se aplican mejor al primero que al segundo: Con el tiempo se encuentra la historia, pues como buen proustiano García Belaunde sabía muy bien que el tiempo recuperado no es otra cosa que la historia revelada.